El mundo político reacciona a la condena por narcotráfico del hermano de Marta Lucía Ramírez

La funcionaria salió en defensa de su honra como servidora pública y expresó que, aunque el hecho era ajeno a ella, "Los ataques contra mi familia hacen parte de una estrategia sistemática para desacreditarme".

Foto: Cortesía. - Andres Felipe Castano Jimenez

Hay perturbación en el mundo político. Este jueves se conoció que Bernardo Ramírez Blanco, hermano de Marta Lucía Ramírez, vicepresidenta de Colombia, fue capturado en 1997 y condenado en 1998, en Estados Unidos, por el cargo de conspiración para introducir heroína a ese país desde la Isla de Aruba. El caso, que estuvo oculto durante 23 años, salió a la luz pública este jueves, a través del portal La Nueva Prensa, con información que incluye los documentos del sistema judicial de EE. UU. que dan cuenta del hecho.

(Lea la historia completa de cómo se dio la captura de Bernardo Ramírez aquí)

El revuelo aconteció una vez se conoció el caso y el detalle de que la vicepresidenta, en compañía de su esposo, el empresario Álvaro Rincón, pagaron una fianza de $150.000 dólares para que el hermano Ramírez quedara en libertad mientras el proceso judicial avanzaba (que tuvo como resultado una condena de casi cinco años de prisión para Ramírez Blanco). Ante un caso de esa magnitud, por tratarse del hermano de la mujer que ostenta el segundo cargo más importante del Ejecutivo -y por tratarse de una figura pública que ha castigado fuertemente ese tipo de delitos que su hermano cometió-, desde el Congreso y de boca de funcionarios del Gobierno corrieron unas voces en contra, y otras a favor. Algunos pidieron que dejara la dirección de la vicepresidencia.

De inmediato, Roy Barreras, senador del Partido de la U, consideró le hecho una vergüenza para la imagen de Colombia, y le dedicó varios trinos rechazando lo sucedido. “Que los asesores norteamericanos que vienen a Colombia a ayudar a desmantelar las redes de complicidad y complacencia con el Narcotráfico lleguen directo a la Vicepresidencia de Colombia”, dijo.

Si bien Barreras no desconoció que la vicepresidenta Ramírez no tenía la culpa de “tener un hermano narcotráficante”, sí apeló a que antes de hacerse elegir debió hablar con transparencia del mencionado asunto. La tachó a ella y al expresidente Álvaro Uribe Vélez de tener “doble moral”.

Así mismo, Gustavo Petro, de la Colombia Humana, manifestó durante la plenaria de este jueves una fuerte crítica con la que reforzó su tesis de que el aliado del narcotráfico no es el campesino, sino los dirigentes de la Nación. “La sede del narcotráfico no es la choza del campesino al cual fumigan, golpean, disparan desde fusiles del Estado, al que sindican y llevan a las cárceles. Ahí no está la sede del narcotráfico, sino en el Congreso de Colombia, en los clubes sociales, en los Gobiernos. Muchos presidentes han pasado por la historia del país haciendo nexos para comprar votos, controlar electorado, con el narcotráfico. Y esa alianza es la que sustenta la oferta de cocaína de Colombia al mundo”, afirmó, recordando diferentes apartes de la historia nacional.

Y añadió: “El narcotráfico está en el poder más alto de Colombia y ahí reside su fortaleza. Por eso, permanece en las últimas cuatro décadas de la historia de Colombia. Ese nexo tan profundo no se rompe con fusiles”, haciendo, a partir del caso del hermano de la vicepresidenta, una reflexión sobre el rumbo de la política y las decisiones de los Gobiernos centrales frente a la violencia y a las drogas.

Pero las voces en contra fueron más hondo y ciertamente algunos congresistas relación este hecho como uno más de corte de dineros ilegales, y que se une al reciente caso de “Memo Fantasma” y lo conocido como la “Ñeñepolítica”. En ese sentido expuso su opinión Inti Asprilla, representante por el Partido Verde. ““Memo fantasma “ relacionado con la vicepresidenta, el hermano, relacionado con tráfico de heroína y ella pagándole la fianza en los Estados Unidos, aquí la pregunta es ¿quiénes son los atenidos? Esto es muy grave, una vicepresidenta que parece tan dura con el narcotrafico pero a la que no dejan de aparecerle nexos con el mismo, una investigación seria en este caso pero además un llamado a la conciencia de la vicepresidenta a que le diga la verdad a los colombianos”, aseveró.

Por su lado, Katherine Miranda, su copartidaria, comentó que no lo conocido este jueves no era algo “para sorprenderse”. “Este episodio del pago de una fianza por parte de la vicepresidenta a su hermano condenado hace recordar la “Ñeñepolítica” y ambos nos deja en el peor de los mundos. De un lado, un gobierno que sigue negando su estrecha relación con el narcotráfico y de otro una Fiscalía que se dedica al tape tape y no a revelar la verdad. Mi pregunta es, ¿hasta cuándo vamos a dejar que el narcotráfico colme los espacios de la vida nacional?”, cuestionó.

De igual forma salieron las voces en favor de la honra de la vicepresidenta como funcionaria pública. El primero en salir a la defensa de Ramírez fue el jefe de Estado. El presidente Iván Duque, quien dijo que hace 23 años la servidora y su familia vivieron “una tragedia por el delito cometido por un ser querido. Sobreponiéndose a esa lamentable situación, le ha servido al país con honorabilidad y entrega patriótica", expuso, mientras aseguró que la revelación de la noticia era “enlodar a una mujer digna y valerosa” por la conducta de un familiar. Lo catalogó como “un acto de vileza y difamación”.

Y así, a través del numeral #ApoyoALaVice, como un batallón que está en la primera línea para defender, salieron varios otros funcionarios a rodear la transparencia de Ramírez. Ángela María Orozco, ministra de Transporte, fue uno de esos: “Conozco a la Vicepresidente hace años. He compartido con ella en múltiples escenarios, y se que es una mujer entregada, trabajadora, honorable y que ha dedicado su vida al servicio de Colombia. Reprochamos cualquier ataque en su contra”, comentó.

El expresidente Andrés Pastrana afirmó que él sí supo del caso. “Hace 22 años, a @mlucíaramirez no le acepté como impedimento para ser ministra los problemas de su hermano. Hoy, tras una carrera brillante y limpia, aún la apoyo”, expuso.

De igual forma lo hizo Diego Molano Aponte, director de la Presidencia de la República (Dapre), quien también apeló por la antigüedad en la relación con la vicepresidenta para afirmar que “es una mujer líder, emprendedora y entregada al servicio de Colombia. Como Vicepresidente trabaja incansablemente por el bienestar de todos los colombianos y la transparencia del sector público”.

Y a su turno, Gabriel Velasco, senador del Centro Democrático, reiteró en que no es “digno quién utiliza a la familia y se aprovecha de circunstancias ajenas a su función pública, para manchar su nombre”. Mientras, Humberto de la Calle, aseveró que el argumento del caso del hermano de Ramírez se sale de las orillas políticas y por ello no es un argumento sólido para ensuciar su trabajo público. “No me parece que la situación del hermano de Martha Lucía Ramírez sirva de argumento para descalificarla. Argumentos políticos contra ella por sus posturas son una cosa. Pero esta situación familiar más bien es una tragedia”, fueron sus palabras.

El senador y expresidente Álvaro Uribe, que fue su jefe cuando ella fue ministra de Defensa, recalcó en la transparencia de su labor y que no es responsable de las acciones de su hermano. “Pido que se precise quiénes de los senadores tienen vínculos con el narcotráfico. Pido una precisión: se dice que el presidente Duque llegó por fraude. Hay que respetarlo, la trayectoria del presidente es de absoluta honorabilidad. Si se refieren al caso del “Ñeñe” Hernández, habría que ver si obedece a pagos para comprar votos o si obedece a infamias e imprudencias”, dijo, mientras pidió que no se “mancillara” la honra del primer mandatario. Y recordó la actual investigación abierta al expresidente Juan Manuel Santos por presuntos dineros ilegales a su campaña de 2014 por parte de Odebrecht.

Pero es justo en esos puntos que abogan por la transparencia donde recae la defensa de la propia Marta Lucía Ramírez, quien por medio de un comunicado manifestó que en los diferentes momentos de su vida laboral ha dado la información entorno al caso, cuando ha considerado necesario. “Lamento que mis enemigos políticos decidan acudir a la bajeza de estos ataques contra una mujer que lo único que ha hecho es trabajar honestamente y sin descanso por Colombia. Los ataques contra mi familia hacen parte de una estrategia sistemática para desacreditarme”, dijo.

Con todo, la revelación de la información que por 23 años no conoció el país, deja aún muchas cuestiones sobre la mesa para el mundo político. Es sin duda, un hecho polémico, por tratarse de un familiar de la vicepresidenta que deja con preguntas a los ciudadanos y que entra en terrenos entre lo que se mantiene como personal y lo que enloda el trasegar político, ¿dónde estaría el límite? y ¿por qué el país no lo supo antes? son algunas de las inquietudes de muchos.