El mundo político reacciona a la suspensión del cese al fuego con Clan del Golfo
Luego de que el presidente Gustavo Petro ordenó a la fuerza pública reanudar todas las operaciones militares contra esta estructura criminal, congresistas y analistas reaccionaron ante la decisión.
El cese al fuego con el Clan del Golfo duró apenas 78 días. En la noche del pasado domingo, 19 de marzo, el presidente Gustavo Petro dio la noticia y ordenó a la fuerza pública reanudar todas las operaciones militares en contra de esta estructura criminal. La decisión, que para muchos estaba cantada, se conoció en medio de acciones violentas que ocurrieron en el marco del paro minero en el Bajo Cauca. Según el ministro de Defensa, Iván Velásquez, el hecho determinante que llevó al presidente a suspender el cese al fuego ocurrió ese mismo día, cuando hombres del Clan del Golfo atacaron con fusil a una patrulla militar.
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El cese al fuego con el Clan del Golfo duró apenas 78 días. En la noche del pasado domingo, 19 de marzo, el presidente Gustavo Petro dio la noticia y ordenó a la fuerza pública reanudar todas las operaciones militares en contra de esta estructura criminal. La decisión, que para muchos estaba cantada, se conoció en medio de acciones violentas que ocurrieron en el marco del paro minero en el Bajo Cauca. Según el ministro de Defensa, Iván Velásquez, el hecho determinante que llevó al presidente a suspender el cese al fuego ocurrió ese mismo día, cuando hombres del Clan del Golfo atacaron con fusil a una patrulla militar.
(En contexto: Presidente Petro suspende cese al fuego con el Clan del Golfo)
Aunque el grupo criminal siempre ha sostenido que no tiene nada que ver con los hechos de orden público ocurridos en el Bajo Cauca, el noreste antioqueño y sur de Córdoba, el Gobierno insistió en que tiene pruebas “fehacientes”, en palabras de Velásquez, para señalar que el Clan del Golfo sí está detrás de los hechos violentos. Ante este panorama, el mundo político reaccionó ante lo sucedido. Por ejemplo, el senador Humberto de la Calle (Coalición Alianza Verde Centro Esperanza), y exnegociador del Acuerdo de Paz con las Farc, señaló que considera que la decisión del gobierno es “un revés para la situación de orden público”, pero al mismo tiempo respaldó al presidente.
Por esta misma vía se pronunció el senador David Luna (Cambio Radical), quien aseguró que fue acertada la posición del Ejecutivo y expresó que el Gobierno tiene el apoyo de millones de colombianos. Por su parte, la senador Angélica Lozano (Partido Verde) se refirió a la decisión del presidente Petro como una “dolorosa y correcta”, y agregó que “la violencia y sometimiento a la población civil amerita la ruptura de la generosa conversación en curso”, en referencia a los acercamientos de gobierno con el Clan del Golfo, en el marco de la política de paz total.
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Desde una orilla más crítica, la senadora María Fernanda Cabal (Centro Democrático) dijo que “lo que está pasando con el Clan del Golfo es lo mismo que con otros grupos terroristas que recibieron la garantía de un cese (unilateral) ordenado por ud (el presidente Petro) para que no los atacaran. La paz total es una monumental farsa. Hoy Colombia ha retrocedido 20 años en temas de seguridad”. Por su parte, el excandidato presidencial Federico Gutiérrez (Coalición Equipo por Colombia) señaló que el cese al fuego nunca existió.
El político antioqueño criticó que, pese a que en diciembre el gobierno decretó un cese al fuego con varias estructuras criminales, “el único que suspendió operaciones militares fue el Estado Colombiano, por orden de Petro. La mayor irresponsabilidad al dejar a la población civil indefensa durante tanto tiempo. Hoy vemos los desastrosos resultados”. Este mismo argumento lo expresó el exministro de Defensa, Diego Molano, quien agregó “Lo que hubo fue un cese en el deber del Estado de combatir la criminalidad ¡nunca debió ocurrir!”.
Por su parte, León Valencia, director y analista de la Fundación Pares, explicó que el sometimiento del Clan del Golfo a la justicia “llegará al sometimiento si se desata una presión sostenida en su retaguardia de Urabá, Córdoba y Bajo Cauca y se va tras sus finanzas y se le rompen los nexos con sectores de fuerza pública, políticos y empresarios”.
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