El otro paro: la protesta que se vive en las regiones

El paro es uno solo. Sin embargo, no es el mismo ni se vive igual en todos los rincones del país. Si bien hoy no hay sector o población en Colombia a la que no le haya tocado el estallido social, no se siente ni ha golpeado a todos de la misma manera. Detrás de la coja mesa de negociación entre el Gobierno y el Comité del Paro, de los llamados del presidente Iván Duque para ponerles fin a los bloqueos o de los cálculos de los gremios por sus pérdidas económicas, hay territorios cuyas problemáticas superan -y si se quiere, desbordan- cualquier pronóstico, buena intención o programa. De allí que el paro sea para muchas poblaciones la única oportunidad de llamar la atención del Estado y, lo más importante, de lograrla.

“Para el Gobierno esto es un bloqueo, para nosotros es un punto de resistencia. Ojalá hubiera de otra, pero si no es así, desde Bogotá ni arriman las narices por acá. Y así llevamos 50 años”, dice con voz alta uno de los campesinos que participa en uno de los puntos de bloqueo en el municipio de Puerto Asís, en Putumayo. Como él, alrededor de 80 personas permanecen apostadas en un tramo de la vereda Brisas de Hong Kong. No es un punto cualquiera. Decidieron mantenerse allí para impedir el paso de los camiones cargados de crudo provenientes de varios pozos petroleros en el corredor Puerto Vega Teteyé.

Lo que logró allí el paro no es de poca monta. Dejando de lado sus diferencias, algunas incluso históricas, indígenas nasas, campesinos, afros, profesores, estudiantes y jóvenes se unieron alrededor de la protesta y aunaron esfuerzos para ser escuchados. Son muchos sus reclamos, pero justo la vía que decidieron tomarse y que desbloquean cada 50 minutos deja al desnudo varios de ellos. Pese a ser un corredor estratégico para el paso de hidrocarburos -Putumayo es considerada por la propia Agencia Nacional de Hidrocarburos como una de las cuencas de mayor actividad exploratoria-, el corredor es intransitable, sigue sin pavimentarse y el barro abunda tanto como los huecos. Si esa es la vía por donde salen los camiones cargados de crudo, no hay que ir más lejos para saber en qué estado están las vías en las veredas.

“Llegaron a invadir nuestros territorios con la promesa de progreso y regalías por el petróleo. Pero no nos dejan nada. Aquí hay pobreza, contaminaron nuestros territorios y ya hasta el agua llega negra. No hubo reconocimiento de nuestro territorio ancestral. Perforan con químicos nuestras fuentes de agua. Llegó el petróleo y llegó la militarización. Hay hasta restricciones para entrar a zonas que siempre fueron nuestras. ¿Y sabe qué es lo peor? Que aquí toda persona que habla en defensa de la vida y en contra del Gobierno es tildada de guerrillera”, reclama un gobernador indígena del pueblo nasa que, portando solo su bastón de mando, sigue haciendo resistencia en el punto.

Al dialogar con las comunidades que residen en inmediaciones del río Putumayo las quejas son las mismas. Sin embargo, Wilfredo Rosas** habla por los campesinos y da cuenta de las dificultades que viven para poder subsistir. “Aquí no hay carreteras en buen estado y no hay modo de sacar nuestros productos. Y si medio se logran sacar, los intermediarios se llevan todo y nos pagan cinco pesos. ¿Qué nos toca hacer? Hermano, le admito: sembrar coca. No hay de otra. Esa sí la compran y van a la puerta de su casa a recogerla. No hay de otra para sostener a la familia. Yo quisiera vender mis frutas, pero no hay cómo sacarlas ni nadie las compra”.

Por ello, hoy defiende el paro y justifica los bloqueos, alegando que para ellos no hay otra manera de que “les paren bolas”. Sus peticiones, a diferencia de lo que se demanda en las calles de las grandes ciudades, parecen básicas: vías en buen estado, acueducto, alcantarillado, una universidad pública para la región -para que sus hijos no apuesten por la coca- o seguridad para no ser presos de los armados. “Lo que vemos son promesas fallidas. En elecciones prometen inversión social y nunca llega. Nos han incumplido. Estamos en total abandono. Me arde la espalda de cargar y cargar las piñas que cultivo y que nadie compra”.

Ómar Ruiz**, otro de los campesinos que participa de las manifestaciones, explica no solo que no está tranquilo ni cómodo con su cultivo de coca -por la que le pueden llegar a pagar entre $900.000 y $1’400.000 por libra al cabo de tres meses de cosecha-, sino que reconoce que tener esas hectáreas trae consigo la constante presencia tanto de actores armados como de la Fuerza Pública. Eso implica, de paso, fumigaciones con glifosato, que en el pasado deterioraron sus otros cultivos de frutas y hortalizas, esos mismos que le sirven para alimentar a su familia. “Nos fumigaban indiscriminadamente y nadie respondía. Nos fumigaban la comida (...) La coca se acaba cuando realmente el Gobierno haga las cosas, como cumplir el Acuerdo de Paz. Si no, seguiremos en las mismas”.

En inmediaciones del campo petrolero Costayaco, manejado por la empresa Gran Tierra Energy, ubicado en el municipio de Villagarzón (Putumayo), hay otro punto de resistencia, encabezado mayoritariamente por indígenas nasas que se oponen a la operación de crudo y que reclaman garantías para poder protestar. Son alrededor de 50 personas las que permanecen a la entrada, relevándose constantemente y a la espera de noticias sobre seis de los suyos que ingresaron por la fuerza a las instalaciones y siguen allí como una forma de protesta, buscando ser atendidos por sus directivas. “Si acá no se toca la economía no pasa nada. Protestamos pacíficamente y nos recibieron con bala. Mire el caso de ese estudiante Jordany Rosero, que lo mataron por participar en la manifestación. Queremos que nos escuchen, que nos den soluciones ambientales. Aquí las autoridades actúan con un pensamiento criminal”, reclama uno de los indígenas.

Al notar la presencia de la prensa, del campo petrolero salen varios uniformados del Ejército adscritos al Batallón Domingo Rico, quienes custodian la zona. Uno de los de mayor rango se acerca e insistiendo en que la suya no es una declaración oficial, sino “una explicación” para tener un mejor contexto de la situación, asegura que en su arremetida los indígenas atacaron a varios soldados y que “de manera ilegítima invadieron propiedad privada”. Según el uniformado, la suya es una “misión institucional en defensa de la infraestructura energética”, mientras que, de lejos y con el recelo que salta a la vista, los indígenas se cuestionan esa noción de “propiedad privada” en un territorio que ancestralmente ha sido suyo.

A diferencia de lo que se vive en Puerto Asís o Villagarzón, en el municipio de Sibundoy -aún en Putumayo, pero fronterizo con Nariño- la protesta ha sido fundamentalmente de jóvenes. Si bien en la población también se siente con fuerza la voz de indígenas y campesinos, allí han sido los estudiantes los que han encabezado las manifestaciones y, a punta de tomas culturales, expresiones juveniles como el grafiti y hasta bailes han alzado su voz para llamar la atención de sus autoridades. Hay universitarios, colectivos feministas, estudiantes de bachillerato y jóvenes que, a la espera de una mejor educación, se quedaron trabajando en el pueblo. Calculan que son entre 200 y 300, cuando suman esfuerzos con otros pelados de municipios del valle alto del Putumayo, como San Francisco, Colón y Santiago.

“Aquí no ha habido vandalismo, ni desmandes. Ni siquiera enfrentamientos con la Policía o con autoridades. Todo ha sido muy pacífico. Nos expresamos con velatones, marchas, tomas artísticas y hasta una ‘pintatón’”, explica uno de ellos. ¿Sus peticiones? Muchísimas, pero todas se podrían sintetizar en una sola: una universidad pública en Putumayo para no tener que desplazarse hasta el Cauca. “Queremos que se invierta en educación, pero de calidad, con infraestructura. Aquí solo se puede trabajar por fuera y nosotros tenemos pertinencia social por el pueblo. El Gobierno tiene que escuchar”, dice otro de ellos.

En poblaciones como San Bernardo, San Pablo o Pasto, en el departamento de Nariño, los jóvenes también han hecho suya la protesta. No obstante, entre la diversidad llama la atención la participación de las denominadas mamás de la primera línea. Flor de María Finlay Ocaña es una de ellas: “Los jóvenes son la energía, el fuego que calienta y anima. Reclaman su derecho a la vida, al trabajo. Quieren mantener a su familia sin tantas trabas. Y aquí estamos las mamás primera línea, para evitar malos tratos por parte de la Policía. No peleamos, no echamos piedra. Solo somos el escudo de los jóvenes”, sostiene.

De camino al Cauca, un territorio mayoritariamente indígena, hay otro punto de resistencia, a la altura del municipio de Piendamó. Allí decenas de manifestantes se tomaron el peaje de Tunía y destruyeron su infraestructura para ponerles fin a los cobros que calificaban de “injustos”. Ahora ese punto se llama “Nave de la resistencia”, explica uno de ellos, que ve con recelo el papel de la prensa y reclama al Estado atención: “Estamos luchando por una causa justa. No queremos más peajes. Sí más colegios. Aquí dicen que todos somos bandidos y guerrilleros, y eso no es cierto. Somos un pueblo que reclama salud y educación. Somos un pueblo pacífico, el problema es que no nos dejan vivir en paz”.

El paro nacional va a completar hoy 54 días. Mientras persiste la incertidumbre por la congelación de los diálogos entre el Gobierno y el Comité del Paro, en las poblaciones del suroccidente del país la llama ya está encendida. “Este es el sentir del pueblo. Es la única forma de reclamar nuestros derechos”, dice un habitante de Corinto. Aquí la consigna es persistir y lograr un asomo de Estado. A la larga, aseguran que esta oportunidad difícilmente se volverá a dar y a meses de elecciones solo reclaman alguien que los atienda y los escuche. “Más que resistencia, esto es una lucha”, concluye un manifestante en el Cauca.

*Este reportaje fue posible gracias a la invitación de la ONG Asociación Minga, en el marco de una misión de prensa entre el 4 y 12 de junio.

**Nombres cambiados por petición de las fuentes.

jgonzalez@elespectador.com

Twitter: @Currinche

El paro es uno solo. Sin embargo, no es el mismo ni se vive igual en todos los rincones del país. Si bien hoy no hay sector o población en Colombia a la que no le haya tocado el estallido social, no se siente ni ha golpeado a todos de la misma manera. Detrás de la coja mesa de negociación entre el Gobierno y el Comité del Paro, de los llamados del presidente Iván Duque para ponerles fin a los bloqueos o de los cálculos de los gremios por sus pérdidas económicas, hay territorios cuyas problemáticas superan -y si se quiere, desbordan- cualquier pronóstico, buena intención o programa. De allí que el paro sea para muchas poblaciones la única oportunidad de llamar la atención del Estado y, lo más importante, de lograrla.

“Para el Gobierno esto es un bloqueo, para nosotros es un punto de resistencia. Ojalá hubiera de otra, pero si no es así, desde Bogotá ni arriman las narices por acá. Y así llevamos 50 años”, dice con voz alta uno de los campesinos que participa en uno de los puntos de bloqueo en el municipio de Puerto Asís, en Putumayo. Como él, alrededor de 80 personas permanecen apostadas en un tramo de la vereda Brisas de Hong Kong. No es un punto cualquiera. Decidieron mantenerse allí para impedir el paso de los camiones cargados de crudo provenientes de varios pozos petroleros en el corredor Puerto Vega Teteyé.

Lo que logró allí el paro no es de poca monta. Dejando de lado sus diferencias, algunas incluso históricas, indígenas nasas, campesinos, afros, profesores, estudiantes y jóvenes se unieron alrededor de la protesta y aunaron esfuerzos para ser escuchados. Son muchos sus reclamos, pero justo la vía que decidieron tomarse y que desbloquean cada 50 minutos deja al desnudo varios de ellos. Pese a ser un corredor estratégico para el paso de hidrocarburos -Putumayo es considerada por la propia Agencia Nacional de Hidrocarburos como una de las cuencas de mayor actividad exploratoria-, el corredor es intransitable, sigue sin pavimentarse y el barro abunda tanto como los huecos. Si esa es la vía por donde salen los camiones cargados de crudo, no hay que ir más lejos para saber en qué estado están las vías en las veredas.

“Llegaron a invadir nuestros territorios con la promesa de progreso y regalías por el petróleo. Pero no nos dejan nada. Aquí hay pobreza, contaminaron nuestros territorios y ya hasta el agua llega negra. No hubo reconocimiento de nuestro territorio ancestral. Perforan con químicos nuestras fuentes de agua. Llegó el petróleo y llegó la militarización. Hay hasta restricciones para entrar a zonas que siempre fueron nuestras. ¿Y sabe qué es lo peor? Que aquí toda persona que habla en defensa de la vida y en contra del Gobierno es tildada de guerrillera”, reclama un gobernador indígena del pueblo nasa que, portando solo su bastón de mando, sigue haciendo resistencia en el punto.

Al dialogar con las comunidades que residen en inmediaciones del río Putumayo las quejas son las mismas. Sin embargo, Wilfredo Rosas** habla por los campesinos y da cuenta de las dificultades que viven para poder subsistir. “Aquí no hay carreteras en buen estado y no hay modo de sacar nuestros productos. Y si medio se logran sacar, los intermediarios se llevan todo y nos pagan cinco pesos. ¿Qué nos toca hacer? Hermano, le admito: sembrar coca. No hay de otra. Esa sí la compran y van a la puerta de su casa a recogerla. No hay de otra para sostener a la familia. Yo quisiera vender mis frutas, pero no hay cómo sacarlas ni nadie las compra”.

Por ello, hoy defiende el paro y justifica los bloqueos, alegando que para ellos no hay otra manera de que “les paren bolas”. Sus peticiones, a diferencia de lo que se demanda en las calles de las grandes ciudades, parecen básicas: vías en buen estado, acueducto, alcantarillado, una universidad pública para la región -para que sus hijos no apuesten por la coca- o seguridad para no ser presos de los armados. “Lo que vemos son promesas fallidas. En elecciones prometen inversión social y nunca llega. Nos han incumplido. Estamos en total abandono. Me arde la espalda de cargar y cargar las piñas que cultivo y que nadie compra”.

Ómar Ruiz**, otro de los campesinos que participa de las manifestaciones, explica no solo que no está tranquilo ni cómodo con su cultivo de coca -por la que le pueden llegar a pagar entre $900.000 y $1’400.000 por libra al cabo de tres meses de cosecha-, sino que reconoce que tener esas hectáreas trae consigo la constante presencia tanto de actores armados como de la Fuerza Pública. Eso implica, de paso, fumigaciones con glifosato, que en el pasado deterioraron sus otros cultivos de frutas y hortalizas, esos mismos que le sirven para alimentar a su familia. “Nos fumigaban indiscriminadamente y nadie respondía. Nos fumigaban la comida (...) La coca se acaba cuando realmente el Gobierno haga las cosas, como cumplir el Acuerdo de Paz. Si no, seguiremos en las mismas”.

En inmediaciones del campo petrolero Costayaco, manejado por la empresa Gran Tierra Energy, ubicado en el municipio de Villagarzón (Putumayo), hay otro punto de resistencia, encabezado mayoritariamente por indígenas nasas que se oponen a la operación de crudo y que reclaman garantías para poder protestar. Son alrededor de 50 personas las que permanecen a la entrada, relevándose constantemente y a la espera de noticias sobre seis de los suyos que ingresaron por la fuerza a las instalaciones y siguen allí como una forma de protesta, buscando ser atendidos por sus directivas. “Si acá no se toca la economía no pasa nada. Protestamos pacíficamente y nos recibieron con bala. Mire el caso de ese estudiante Jordany Rosero, que lo mataron por participar en la manifestación. Queremos que nos escuchen, que nos den soluciones ambientales. Aquí las autoridades actúan con un pensamiento criminal”, reclama uno de los indígenas.

Al notar la presencia de la prensa, del campo petrolero salen varios uniformados del Ejército adscritos al Batallón Domingo Rico, quienes custodian la zona. Uno de los de mayor rango se acerca e insistiendo en que la suya no es una declaración oficial, sino “una explicación” para tener un mejor contexto de la situación, asegura que en su arremetida los indígenas atacaron a varios soldados y que “de manera ilegítima invadieron propiedad privada”. Según el uniformado, la suya es una “misión institucional en defensa de la infraestructura energética”, mientras que, de lejos y con el recelo que salta a la vista, los indígenas se cuestionan esa noción de “propiedad privada” en un territorio que ancestralmente ha sido suyo.

A diferencia de lo que se vive en Puerto Asís o Villagarzón, en el municipio de Sibundoy -aún en Putumayo, pero fronterizo con Nariño- la protesta ha sido fundamentalmente de jóvenes. Si bien en la población también se siente con fuerza la voz de indígenas y campesinos, allí han sido los estudiantes los que han encabezado las manifestaciones y, a punta de tomas culturales, expresiones juveniles como el grafiti y hasta bailes han alzado su voz para llamar la atención de sus autoridades. Hay universitarios, colectivos feministas, estudiantes de bachillerato y jóvenes que, a la espera de una mejor educación, se quedaron trabajando en el pueblo. Calculan que son entre 200 y 300, cuando suman esfuerzos con otros pelados de municipios del valle alto del Putumayo, como San Francisco, Colón y Santiago.

“Aquí no ha habido vandalismo, ni desmandes. Ni siquiera enfrentamientos con la Policía o con autoridades. Todo ha sido muy pacífico. Nos expresamos con velatones, marchas, tomas artísticas y hasta una ‘pintatón’”, explica uno de ellos. ¿Sus peticiones? Muchísimas, pero todas se podrían sintetizar en una sola: una universidad pública en Putumayo para no tener que desplazarse hasta el Cauca. “Queremos que se invierta en educación, pero de calidad, con infraestructura. Aquí solo se puede trabajar por fuera y nosotros tenemos pertinencia social por el pueblo. El Gobierno tiene que escuchar”, dice otro de ellos.

En poblaciones como San Bernardo, San Pablo o Pasto, en el departamento de Nariño, los jóvenes también han hecho suya la protesta. No obstante, entre la diversidad llama la atención la participación de las denominadas mamás de la primera línea. Flor de María Finlay Ocaña es una de ellas: “Los jóvenes son la energía, el fuego que calienta y anima. Reclaman su derecho a la vida, al trabajo. Quieren mantener a su familia sin tantas trabas. Y aquí estamos las mamás primera línea, para evitar malos tratos por parte de la Policía. No peleamos, no echamos piedra. Solo somos el escudo de los jóvenes”, sostiene.

De camino al Cauca, un territorio mayoritariamente indígena, hay otro punto de resistencia, a la altura del municipio de Piendamó. Allí decenas de manifestantes se tomaron el peaje de Tunía y destruyeron su infraestructura para ponerles fin a los cobros que calificaban de “injustos”. Ahora ese punto se llama “Nave de la resistencia”, explica uno de ellos, que ve con recelo el papel de la prensa y reclama al Estado atención: “Estamos luchando por una causa justa. No queremos más peajes. Sí más colegios. Aquí dicen que todos somos bandidos y guerrilleros, y eso no es cierto. Somos un pueblo que reclama salud y educación. Somos un pueblo pacífico, el problema es que no nos dejan vivir en paz”.

El paro nacional va a completar hoy 54 días. Mientras persiste la incertidumbre por la congelación de los diálogos entre el Gobierno y el Comité del Paro, en las poblaciones del suroccidente del país la llama ya está encendida. “Este es el sentir del pueblo. Es la única forma de reclamar nuestros derechos”, dice un habitante de Corinto. Aquí la consigna es persistir y lograr un asomo de Estado. A la larga, aseguran que esta oportunidad difícilmente se volverá a dar y a meses de elecciones solo reclaman alguien que los atienda y los escuche. “Más que resistencia, esto es una lucha”, concluye un manifestante en el Cauca.

*Este reportaje fue posible gracias a la invitación de la ONG Asociación Minga, en el marco de una misión de prensa entre el 4 y 12 de junio.

**Nombres cambiados por petición de las fuentes.

jgonzalez@elespectador.com

Twitter: @Currinche