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El pasado 14 de septiembre se cumplieron 42 años del primer paro cívico nacional, que unió por primera vez en la historia a las cuatro centrales obreras del país: UTC, CTC, CGT y CSTC, dirigidas entonces por Tulio Cuevas, Apecides Alvis, Víctor Baena y Pastor Pérez. Fue un movimiento que contó con amplio apoyo popular y tuvo una duración de cinco días. Los acontecimientos vividos se encuentran relatados de primera mano en el libro El sindicalismo en Colombia, una historia para resurgir.
En el capítulo IV, página 143, “Primer Paro Cívico Nacional”, describo los acontecimientos que enmarcaron dicha jornada de protesta contra el gobierno del presidente Alfonso López Michelsen. Fueron cinco días en los cuales las actividades comerciales, industriales, educativas y del sector informal se paralizaron, logrando al final frenar medidas lesivas contra los trabajadores colombianos y se alcanzaron importantes reformas laborales, que hasta ahora siguen vigentes.
La inflación a finales de 1976 superaba el 45 %. La situación se había agravado al fracasar la aplicación de control de precios de los artículos de primera necesidad y al aumentar de manera exorbitante el índice de desempleados y subempleados en las principales ciudades. Las actividades delictivas se habían desbordado. Delitos como el secuestro, la extorsión y el tráfico de estupefacientes habían aumentado, hasta el punto de convertir a Bogotá y Medellín en los “Chicago” de los años 70.
Además, ya había surgido en Colombia una violencia política extremista. Si bien para esa época ya existían las Farc-EP, se recrudeció el terrorismo político extremo izquierdista, que comenzó con el secuestro y asesinato de líderes sindicales, como el de José Raquel Mercado, presidente de la CTC, y el de Rafael Bayona, presidente del Sindicato de Trabajadores de la Siderúrgica Acerías Paz del Río, entre otros.
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De igual forma, comenzaron las represiones, ejecuciones y desapariciones por parte de los agentes del Estado contra los líderes de izquierda y dirigentes sociales. La corrupción administrativa se incrementó considerablemente, los medios de comunicación a diario informaban sobre peculados, cohechos, concusiones y demás delitos contra la administración pública. Incluso la Corte Suprema de Justicia tuvo que destituir a un magistrado del Tribunal Superior de Aduanas y ordenar su detención.
La política educativa se debatía entre el caos y la anarquía, las huelgas en los centros educativos oficiales eran permanentes por la demora en el pago oportuno de los salarios a los maestros. La situación laboral se agravó por la clasificación como empleados públicos de algunos trabajadores oficiales, teniendo estos últimos derechos a la negociación colectiva y a ser vinculados contractualmente, mientras los primeros eran de libre nombramiento y remoción, y solo tenían derecho a la presentación de memorandos respetuosos.
El Comando Nacional Sindical pedía al Gobierno: prima móvil; convocatoria al Consejo Nacional de Salarios para la fijación del salario mínimo y que el derecho de huelga se extendiera a los trabajadores del Estado; jornada de ocho horas para todos los trabajadores; abolir en la reforma tributaria el régimen de ganancias ocasionales; rechazar los decretos de reestructuración del Seguro Social, y sancionar las leyes aprobatorias de los convenios internacionales 87 y 98 suscritos por Colombia con la OIT, relativos a contratación colectiva y libertad sindical.
Cabe aclarar que también fue la primera vez en Colombia que los trabajadores independientes y los desempleados participaron y se sintieron organizados. Los medios de comunicación estuvieron en contra, salvo los diarios La República y El Bogotano. El paro fue total. El 95 % de los trabajadores organizados estuvieron parados o no fueron a sus puestos de trabajo. El entonces alcalde de la ciudad, Bernardo Gaitán Mahecha, decretó el toque de queda en la capital.
Los choques entre la ciudadanía y la Fuerza Pública se suscitaron en varios puntos de la ciudad. Bogotá quedó desierta. A las 9:00 de la mañana, de los 11 mil buses que prestaban servicio, tan solo 300 estaban funcionando, en su mayoría pertenecientes a la Empresa Distrital de Transporte Urbano. El 90 % del comercio no abrió sus puertas. En el aeropuerto El Dorado tan solo habían despegado nueve aviones de los 130 acostumbrados.
El 15 de septiembre terminó en condiciones similares al día anterior, con la interrupción de actividades en colegios, almacenes e industrias. El toque de queda se extendió tres días más y el saldo de orden público fue de 4.000 personas privadas de la libertad, 2.000 de ellas sindicalistas; 200 heridos y 33 civiles muertos. Estos son los nombres de algunas víctimas: Jorge Alberto Arévalo, José Luis Pulido, Pablo Neftalí Monroy, Elda Jannete Morales, Cecilia González de García, Pablo Álvarez, Wilson Arizmendi, Josefina Rico, Hernando Pegote, Ismael León, Gloria Ayala Soto, todos entre los 15 y 24 años.
Entretanto, 42 boletines oficiales informaron que todo fue normal. El ministro de Trabajo calificó el paro como “el show de los dirigentes sindicales”. El país volvió a la normalidad cinco días después, el lunes 19 de septiembre. El paro cívico nacional terminó con un debate político citado por los parlamentarios Tulio Cuevas, Jorge Carrillo, Gustavo Rodríguez y Consuelo de Montejo a los ministros de Gobierno, Rafael Pardo Buelvas; Defensa, Abraham Barón Valencia, y Trabajo, Óscar Montoya, para que respondieran por la represión y por los muertos.
El ministro de Gobierno no se presentó al debate, logrando con esta actitud enojar aún más a los representantes a la Cámara citantes, a los dirigentes sindicales y al pueblo en general. Meses después, el 12 de septiembre de 1978, el exministro Pardo Buelvas fue asesinado por un comando guerrillero de la Autodefensa Obrera. Para terminar, Alfonso López Michelsen logró en minutos lo que no se había podido en muchos años: la unidad de la clase obrera en un acto de protesta.
*Autora del libro “El sindicalismo en Colombia, una historia para resurgir”, y viuda del líder sindical Tulio Cuevas.