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La elección del nuevo gobernador de San Andrés y Providencia tiene como telón de fondo el escándalo de corrupción que se destapó en octubre de 2018, que implicó la captura de los dos últimos mandatarios del departamento: Ronald Housni y Aury Guerrero. Hoy son cuatro los aspirantes al poder en el archipiélago y algunas fuerzas políticas que apoyaron a los funcionarios capturados decidieron unirse para afianzar su participación en algunos de ellos, repitiendo en campaña que “el gran cambio se avecina”. Por las calles y playas corren rumores de juego sucio, compra de votos e incluso fraude. Advertencias que pone sobre la mesa Everth Hawkins, candidato de Mappa (Movimiento Amplio por el Progreso del Archipiélago), con el apoyo además de Cambio Radical y el Partido de la U, quien habló así con El Espectador.
¿Quién es Everth Hawkins?
Un raizal nacido el 17 de julio de 1976. Soy hijo de padres providencianos, abogado de la Universidad Libre, especialista en derecho administrativo y en gestión de entidades territoriales, y un doctorado 'honoris causa' en derecho público y derecho internacional humanitario. He sido secretario de Hacienda, secretario general dos veces y en 18 oportunidades gobernador encargado. Soy un hombre que quiere hacer las cosas diferentes, para que la política esté de verdad al servicio de la gente. Nuestro mayor anhelo es poder quitarles a las clases tradicionales el manejo que hasta ahora le han dado a San Andrés, Providencia y Santa Catalina, porque no van por buen camino. Tenemos muchos recursos, pero también una clase política que no ha ayudado mucho. No tenemos hospital, no tenemos acueducto, el sistema de alcantarillado no sirve, no hay cobertura cien por ciento, el basurero está llegando a su tope máximo, tenemos un turismo depredador y se nos están acabando nuestras playas.
Usted está avalado por un movimiento independiente, pero también lo apoyan Cambio Radical, la U, además del representante a la Cámara Jorge Méndez, que dicen es ficha de la Casa Char. ¿No representan ellos también esa política tradicional que usted cuestiona?
Jorge Méndez fue quien hizo a Cambio Radical en San Andrés y yo fui su opositor cuando hizo campaña a la Gobernación y quedó de segundo. Eso nos llevó a entender que debíamos hacer una alianza, primero, porque no tenemos maquinaria económica ni política, y sabíamos que teníamos la simpatía de la gente. Que él tenga el apoyo de los Char, se trata del apoyo del mejor alcalde del país.
¿Entonces usted es también el candidato de los Char en San Andrés?
Pues a mí no me disgusta que me digan si puedo tener ese respaldo. Barranquilla es la ciudad que actualmente más crece en Colombia, por encima de Bogotá y Medellín. Si sus asesores quieren sugerir cualquier cosa, serán bienvenidos, siempre y cuando sea desde nuestra óptica y cosmovisión del archipiélago. Quién va a gobernar seré yo, si Dios lo permite. En realidad, esa parte a mí no me preocupa porque los votos en San Andrés son por la persona, más que por un partido. Si a los isleños les atraen tus propuestas, votarán por ti.
Dice también que fue secretario general y de Hacienda, además de gobernador encargado, ¿en qué administración?
Fui secretario general de Álvaro Archbold, quien es hoy también candidato a la Gobernación. Fui su mano derecha dos veces: en 2001 y en 2005. Y fui secretario de Hacienda en el gobierno de Pedro Gallardo, siendo su opositor.
¿Cómo así que siendo su opositor trabajó con Gallardo?
Necesitaban de la ayuda y del empuje de una persona conocedora de la administración pública, sin querer decir que yo me las sepa todas, pero me invitaron a participar y logramos enderezar el gobierno, fortaleciendo las financias territoriales, dejando un ahorro operacional de más de $27 mil millones, cuando se debían $33 mil. Se recuperó la autonomía fiscal en 2012, pero desafortunadamente después de eso aumentó la corrupción.
¿No es contradictorio mostrarse hoy como independiente después de haber estado en los gobiernos se Archbold y Gallardo?
Como han sido los que han tenido hegemonía y necesitaron en su momento de mis servicios profesionales, no había otra forma. De lo contrario, nunca hubiese tenido la oportunidad de demostrar de lo que era capaz y tampoco hubiese adquirido la experiencia que hoy tengo, la cual quiero poner al servicio de la comunidad. Dentro del Partido Liberal quise ser un líder pero fue imposible, porque si no se tiene la bendición de uno o dos de sus líderes, no hay nada que hacer. En ese momento no podía tener un liderazgo propio. Fue entonces cuando ingrese al partido Integración Regional, apoyado por un amigo diputado, Fernando Cañón, de la U. Me necesitaron y ahí fui. Resperto mucho el tema de los partidos, pero en el fondo lo prioritario es mirar si la persona es capaz, si ama su tierra y quiere trabajar por ella. En San Andrés la gente lo que mira es lo que ha hecho y lo que representa el candidato.
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¿Qué paso en San Andrés, cuyos dos últimos gobernadores están hoy en la cárcel?
Ese es un tema que duele mucho. Conozco a las dos personas, no participé de esos gobiernos, pese a que me llamaron muchas veces e incluso di consejos y opiniones. Pero terminé lejos de ellos y creo que lo que los hundió fue la ambición. El departamento pasó de un presupuesto de $170 mil millones a $250 mil millones y después a $500 mil millones, es decir, medio billón de recursos propios, incluyendo los del Sistema General de Participación, y eso es algo que les quitó esa visión como gobernantes para buscar fortalecer a unos pocos económicamente. Le doy un ejemplo: en el deporte, de cada $100 millones, de frente se robaban 90, inventándose actividades soportadas por algunos mandos medios e interventores que se prestaban para eso. El Partido Liberal, que fue el de esos gobernantes, es el responsable de la debacle histórica de San Andrés. Aquí se robaron más de $267 mil millones en los últimos años, los cuales hubiesen cambiado radicalmente la calidad de vida de los cerca de 120 mil habitantes, aunque el DANE dice que somos 75 mil, estadística en la que no creo. El Partido Liberal con sus gobernantes tomó a San Andrés como el bolsillo de algunas familias que hoy quieren seguir haciendo lo mismo.
¿Qué propone usted para salir de ese atolladero en que está el archipiélago?
Nuestro programa de gobierno se llama “Todos por un nuevo comienzo”. Eso significa que debemos trabajar conjuntamente con la comunidad y los sectores sociales y económicos para sacar esto adelante. Tenemos tres ejes temáticos: un gobierno más saludable, un archipiélago sin miedo y mejores condiciones para todo. En el primero proponemos la creación de un nuevo hospital público, como única forma de poder garantizarle a la salud el acceso a recursos. Vamos a crear una estampilla pro hospital y a modificar el Estatuto Tributario para asignarle $20 mil pesos por turista a la salud, lo cual nos dará unos $23 mil millones para el sistema. Aquí debemos tener los cuatro niveles de atención básica, pero no es así. El segundo eje temático se trata de la seguridad, que es algo que toca el día a día y son muertes violentas que se quedan en el colectivo imaginario y la percepción ciudadana. Toca intervenir en eso y la mentalidad es hacer inversión social, que no ha habido en los últimos años, la cual debe apuntar a las escuelas de formación deportiva y social, temas de primera infancia, atacar la deserción escolar. Hay que implementar cámaras de seguridad, con software de reconocimiento facial, y modificar el sistema migratorio, de tal manera que ahora sea con una tarjeta digital con chip que incluya todos los datos del visitante. Hay que meterle mano también al tema de playas y al del agua. San Andrés está rodeado de agua y la gente tiene que hacer protestas porque no le llega el líquido. Aquí le prorrogaron la licencia a la empresa Veolia, la cual no va a garantizar en los próximos 15 años cobertura del cien por ciento a toda la población de una isla de 27 kilómetros cuadrados, por todas las complejidades que tiene. Desde 2012 hay una subcuenta creada en el gobierno Santos, que el presidente Duque tuvo a bien continuar, y hoy está garantizado de inversión para el archipiélago, en los próximos tres años, un presupuesto de $3,1 billones. ¿Se pueden imaginar cuál es el interés marcado de esa clase política tradicional en el manejo de las finanzas territoriales desde la Gobernación? Eso es algo que nos preocupa y esperamos que las elecciones en San Andrés estén bajo la lupa de todo el país, que haya veedurías y que los organismos de control estén atentos para que la voluntad popular se respete.
¿Cree que San Andrés ha sido la tierra del olvido para los gobiernos a nivel central y que solo se acuerdan cuando hay algún reclamo de Nicaragua?
Una parte es así, pero creo que el problema no es de recursos sino de malos gobernantes elegidos. San Andrés tiene asignados en el Fondo de Regalías más de $150 mil millones, fuera de la bolsa común en la que participamos todos los departamentos. Aun así, no hay proyectos presentados. San Andrés ocupa el puesto 29 en presentación de iniciativas, siendo de los más ineficientes e ineptos a nivel de administración pública en Colombia. Es cierto que hay cosas que no se han manejado bien desde el Estado a nivel central, pero del 2012 para acá, después de que hicimos el esfuerzo fiscal propio junto con el Ministerio de Hacienda, cuando se recuperó la autonomía fiscal, siguieron unos gobiernos corruptos que nos tiene como estamos hoy. Eso no es culpa de Santos ni de Duque, ni de ninguna entidad en Colombia, es culpa nuestra. La culpa de lo que está pasando es de nuestros habitantes que no han elegido bien, que han elegido a los mismos. Ese es el cáncer de San Andrés.
Pide que haya lupa sobre las elecciones, ¿hay riesgos de fraude?
El riesgo es latente, porque cuando nos enfrentamos a maquinarias económicas de gran magnitud se sabe que a lo único que pueden apelar es a comprar votos, meterle mano a la Registraduría y buscar por todos los medios impedir que alguien que no tiene ningún linaje político pueda convertirse en la primera autoridad del departamento. Sabemos que no se van a quedar quietos y nosotros a lo único que aspiramos es que no le metan la mano y que sea la voluntad popular la que se imponga para evitar que la corrupción continúe.