“El presidente debe estar por encima de todo”: exmagistrado José G. Hernández

Los colombianos piensan que la discusión pública es tan intensa y polarizada que no tiene antecedentes y sienten temor. ¿Deben estar preocupados o ha habido otras épocas políticas similares que concluyeron con tranquilidad?

Los colombianos piensan que la discusión pública es tan intensa y polarizada que no tiene antecedentes y sienten temor. ¿Deben estar preocupados o ha habido otras épocas políticas similares que concluyeron con tranquilidad?

Desde la Independencia hemos enfrentado diversas formas de polarización, a veces con violencia; y, también, crisis políticas, sociales y económicas, pero se han podido superar mediante procedimientos institucionales. Piense, por ejemplo, en las constituciones del siglo XIX, en el plebiscito de 1957, en el Frente Nacional o en la misma Constitución de 1991, que cumplirá, en julio, 32 años. Pero eso no implica que debamos bajar la guardia ante los hechos recientes, porque estos pueden conducir a situaciones indeseables, desde el punto de vista democrático. El temor de la gente es justificado. Las instituciones, que ofrecen suficientes instrumentos para solucionar conflictos y hacer justicia, deben operar pronto y con imparcialidad e independencia.

¿A cuáles instituciones se refiere?

La Constitución Política es el ordenamiento básico del Estado, y de ella emanan las sentencias básicas que son desarrolladas por los órganos y ramas del poder público, y por las leyes y demás normas que integran el orden jurídico. Estas instituciones deben ser el referente de quienes conforman el aparato estatal.

¿Usted recuerda que a alguno de los gobiernos posteriores a la Constitución del 91 le hubiera tocado sortear tanta polarización y oposición tan compacta como la que enfrenta la administración Petro por parte del denominado “establecimiento”; o sea, de las fuerzas políticas, económicas, sociales y mediáticas más tradicionales del país?

El gobierno de Samper enfrentó el “proceso 8.000” y el país se polarizó; el de Pastrana intentó adelantar un proceso de paz con las FARC y Colombia se polarizó; los gobiernos de Uribe dividieron a la sociedad por el auge del paramilitarismo y los falsos positivos; los de Juan Manuel Santos enfrentaron la polarización por el Acuerdo de Paz y por el no del plebiscito; y el de Duque polarizó por no desarrollar adecuadamente lo pactado en el Acuerdo de Paz, además de la extrema tensión expresada en la protesta social de 2021.

El escándalo Benedetti-Sarabia ha afectado a Petro por su cercanía de los dos involucrados. Con su experiencia de analista, exmagistrado y profesor, ¿ve la conformación de una conjura en contra del mandatario, según parece creerlo el presidente, a pesar de que se produjo en su propio entorno?

Aunque, propiamente, puede no ser una conjura o un complot, lo que se ha conocido es muy extraño: parece programado; es como si hubiera un libreto. Las autoridades judiciales y disciplinarias dirán la última palabra. Entre tanto, no me pronuncio porque, hasta ahora, no existe certeza de nada. Todo ha sido mediático y especulativo.

Pero, en cambio, sí puede decirme por qué le parece “extraño” y “programado”: ¿cuáles circunstancias o factores lo hacen dudar de lo que ha sucedido en el “affaire” Benedetti-Sarabia?

Extrañas pérdidas de dinero cuya verdadera cantidad se desconoce, tardías denuncias sobre el uso del polígrafo y, después de varios meses, inusitada denuncia sobre chuzadas; viajes de la niñera involucrada con el exembajador Benedetti, filtraciones de incoherentes conversaciones telefónicas, para mencionar solo algunos hechos sobre los cuales no hay fallo judicial. Repito, todo ha sido mediático. Y no podemos olvidar el principio constitucional de presunción de inocencia.

Con ese escándalo y otras acusaciones en contra del Gobierno, del presidente y de sus funcionarios, ¿se puede afirmar seriamente que “Petro está caído” y que solo es cuestión de tiempo para tumbarlo o para que él renuncie como creen, en privado, y sugieren, en público, unos opositores?

No creo que se pueda hablar de “caída”, y no veo razón para que renuncie el presidente. Lo que observo es una absurda polarización, como comentamos antes. Hay dos extremos: el conformado por quienes quisieran tumbar al Gobierno, arrasando con la institucionalidad y la democracia —que los hay—; y el integrado por los que preferirían un Ejecutivo intocable al que no se le puede criticar ni controvertir, olvidando que hay libertad de expresión y de oposición y que, en el Estado de derecho, un gobernante tiene límites. Las otras ramas y órganos del poder público, en una adecuada separación funcional y con mutuo respeto, deben colaborar armónicamente para lograr los fines estatales, en interés y para beneficio de toda la sociedad. En ese orden de ideas, no es edificante la pelea, puramente personal, entre el presidente de la República y el fiscal general de la Nación, como si fueran candidatos en campaña.

Le iba a preguntar precisamente por el punto al que usted se refiere con la “adecuada separación funcional y con mutuo respeto” de los órganos de poder: ¿cuál es su opinión sobre las expresiones y afirmaciones deshonrosas del fiscal en contra del presidente y qué piensa de las respuestas que el mandatario le ha dado?

Las expresiones del fiscal, en distintos asuntos, han sido más propias de un opositor que de un funcionario. El presidente también se equivocó al tratar al fiscal como un subalterno suyo, aunque después corrigió.

A la impresión de crisis generalizada contribuye la conducta del fiscal en contra de la administración Petro, y la más silenciosa pero no menos hostil de la procuradora. Estos dos altos servidores llegaron a sus cargos por el expresidente Duque. ¿Hay desviación de funciones en sus poderosos organismos frente al actual Gobierno?

Como todos los órganos estatales, lo que se espera es que obren y se pronuncien solamente dentro de sus funciones, con imparcialidad y objetividad, con sujeción a las normas.

Permítame le insisto, desde otro ángulo: como es obvio que no se están pronunciando solo en lo que corresponde a sus tareas constitucionales o que, al menos, no actúan de la manera amistosa y silenciosa como lo hacían con el expresidente Duque, ¿están abusando de su poder?

Me abstengo de hacer calificaciones sobre comportamientos en concreto. Que lo definan las autoridades competentes, si se presentan denuncias en contra de ellos.

La posible comisión de delitos en el “affaire” Benedetti-Sarabia debe ser investigada por la Fiscalía actual. Aunque el investigador del caso no sea Barbosa, se sabe que él puede sugerirles a sus subalternos impulso y curso de las indagaciones. ¿Debería declararse impedido o que alguien lo recuse y que se elija un fiscal “ad hoc” como ocurrió con Martínez Neira?

Dado el público enfrentamiento con el presidente, que nunca ha debido darse, lo más indicado sería un fiscal ad hoc.

Del otro lado, ¿qué piensa de la afirmación presidencial de que se está gestando “un golpe blando” en su contra y de su llamado a que sus votantes salgan a la calle para sacar adelante las reformas? ¿Tiene derecho a defender sus programas y a sí mismo de esa manera o se equivoca?

Con independencia del término “golpe blando”, que no comparto, creo que los partidarios de las vías de hecho —para atacar o hacer imposible la gestión de un gobierno legítimamente elegido por el pueblo— deben entender que la inmensa mayoría de los colombianos somos demócratas y que jamás aceptaremos los procedimientos ajenos a la institucionalidad o al derecho. Ahora bien, la Constitución garantiza la libertad de reunión y manifestación pública, tanto para oponerse y protestar como para apoyar, respaldar o proponer, siempre y cuando todo ello se haga pacíficamente, como lo hemos visto recientemente.

¿Las manifestaciones son una buena vía para presionar al Congreso?

El pueblo tiene derecho a respaldar u oponerse a las reformas, pero no me parece que deba presionar al Congreso. Están previstos los debates, mayorías y procedimientos en las cámaras. El Gobierno, que tiene amplia iniciativa legislativa y de reforma constitucional, debe presentar y defender sus proyectos en el curso del trámite, en el Congreso. Y no olvidemos que, siendo Colombia una democracia participativa, hay iniciativa popular legislativa que está al alcance de la ciudadanía.

Ciertamente existe la iniciativa popular legislativa, pero poco se usa porque el método eficaz para que los proyectos tengan éxito consiste en la repartición de “mermelada”, de un lado, y en ejercer un oscuro tráfico de influencias, del otro. La gente de a pie no tiene, a su alcance, ninguna de esas deplorables armas…

De todas maneras, la Constitución le otorga al pueblo la posibilidad de presentar proyectos de ley y de reforma constitucional. Si se tramitan con “mermelada” y puestos no es culpa de las normas vigentes, sino de una forma corrupta de legislar.

El presidente ha confrontado a lo que ha denominado, genéricamente, “prensa” y “relato periodístico” y, también, a unos periodistas a los que responde por Twitter o de viva voz en sus discursos. ¿Es legítimo que el mandatario critique a los medios? ¿Sus enfrentamientos públicos con los medios arriesgan, como se sostiene, la libertad de prensa?

Todo gobierno, en cualquier parte del mundo, tiene críticos y opositores. Un jefe de Estado no debería estar enfrentándose, a diario, con medios o periodistas. Sus pronunciamientos, informaciones o decisiones oficiales deberían transmitirse por los canales tradicionales: por decretos, resoluciones, alocuciones y no mediante trinos. El presidente debe estar por encima de todo eso. A su vez, algunos periodistas deben recordar que, según la Constitución, la ciudadanía tiene derecho a contar con información veraz e imparcial. Y los medios también deben tener en mente que no pueden confundir las informaciones con sus opiniones particulares y que tienen responsabilidad social.

Según lo que ha visto, leído y escuchado, ¿la polarización también existe entre los periodistas?

Lo que hay en algunos medios no es polarización; es falta de ética periodística.

Los periodistas profesionales sabemos que tenemos que responder judicialmente por nuestras afirmaciones y que la libertad de prensa llega hasta donde empieza la violación objetiva de derechos ajenos. De acuerdo con esta premisa, ¿Petro tiene razón en sus reclamos a los medios o estos la tienen en sus respuestas al mandatario?

Ante todo, no debemos generalizar. Tenemos medios y periodistas excelentes, objetivos y ajustados a la ética. Lástima que haya otros abiertamente parcializados en contra del Gobierno, haga lo que haga y diga lo que diga; y que confundan la información con su propia inclinación política. A ellos se les exige ser veraces e imparciales. Pero descalificarlos a todos es injusto. En cuanto al presidente, pienso, con todo respeto, que no debe estar pendiente de los medios. Hay mucho por hacer y debe dedicarse a su función.

La Constitución garantiza y preserva la libertad de prensa, la investigación periodística, la posibilidad de denuncia pública y la libre expresión. Y, del otro lado, cuando se trata de informar, hay que hacerlo dentro de los postulados de la ética periodística, con veracidad, objetividad e imparcialidad, sin meterle a la noticia, repito, sus opiniones políticas personales.

El exfiscal Gómez Méndez publicó la semana pasada una columna titulada “Democracia bloqueada”. ¿Está de acuerdo en que la institucionalidad se encuentra, hoy, en una sin salida por el cruce de funciones y el pulso de poderes de unos y otros?

No creo que se trate de una crisis sin salida. Sí hay asuntos que deben ser investigados y resueltos por las autoridades competentes, pero la democracia no está bloqueada. Está la Constitución, están las leyes, está el Congreso, están los altos tribunales, están los órganos de control, están los mecanismos institucionales. Apliquemos sus reglas, dejando atrás ese pesimismo. El sistema democrático debe y puede funcionar.

Usted conformó la primera Corte Constitucional que hubo después de la promulgación de la carta política del 91. Vistos sus desarrollos en estas dos décadas, ¿reconoce que hubo equivocaciones en sus textos, como la creación de la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes, conocida, tristemente, como la “comisión de absoluciones”?

La Constitución de 1991 es excelente, como lo han reconocido tratadistas y juristas en el mundo. Desde luego, no es perfecta, porque es una obra humana. Tiene normas, como las relativas a la investigación y el juzgamiento de los altos funcionarios que deberían ser corregidas. Nunca he entendido por qué, cuando se trata de delitos, hay un proceso político previo a la competencia de la Corte Suprema, ni por qué el Senado es el llamado a establecer si hay lugar al seguimiento de causa. Pero, además, tenemos muchos fueros y varios sistemas penales. Mire el caso de los congresistas que renuncian cuando les conviene y escogen, a su gusto, a sus fiscales y jueces. Resulta aconsejable modificar las normas sobre postulación de fiscal general y titulares de los órganos de control, para que sean independientes de los gobiernos.

El denominado “bloqueo” democrático también se puede ver en las relaciones entre el Ejecutivo y el Congreso. La crisis de imagen que enfrenta el Gobierno ha sido aprovechada por las bancadas de la oposición para “bloquear” los debates sobre las reformas en curso: con el ausentismo impiden la conformación de quórum, y con la presentación de mil recusaciones paralizan la discusión. ¿Qué piensa de esta forma de oposición?

Es totalmente indebida y desvirtúa el papel que deben desempeñar los congresistas, cuyas funciones, se supone, se ejercen en representación y en bien del pueblo. El bloqueo por el bloqueo con el ánimo perjudicar al Gobierno afecta, en realidad, a la ciudadanía y al país. Según la Constitución, las bancadas deben deliberar y decidir democráticamente, no según lo que indiquen, desde fuera, los directivos partidistas. Y tienen que actuar buscando, como dice la Constitución, un orden jurídico, económico y social justo.

“En la democracia no puede eternizarse una sola orientación política”

Con esta sucesión de hechos tan conflictivos, ¿el país superará los choques institucionales o estamos a las puertas de un desastre?

Esperemos, procuremos y estimulemos la observancia de la institucionalidad. Y busquemos que, en el ánimo y la actividad de unos y otros, prevalezcan la sindéresis, el buen criterio, la razonabilidad, la búsqueda del interés general - no el personal, ni el partidista -, la igualdad, la justicia, la paz y los demás valores de nuestra democracia. La oposición debe ser leal y ética. A su vez, el Gobierno debe ser tolerante y evitar la permanente disputa. No hemos llegado a una crisis institucional. Pero llegaremos si no se modifican los aludidos comportamientos.

¿No cree que esta agitación, tanto del lado del presidente como de sus opositores, ha puesto a prueba la democracia misma, dado que este es el primer mandatario que representa a grupos distintos de los del poder tradicional?

Sin duda se está poniendo a prueba la democracia puesto que esta permite que lleguen al poder tendencias políticas de diferente orientación, según la voluntad del pueblo. Se trata de la llamada “ley del péndulo”, que ha tenido efecto en muchos países. En una democracia no tiene por qué eternizarse una sola orientación política.

Crisis continuada y un hecho inesperado: los niños vivos

A la convulsión política provocada por el escándalo Benedetti-Sarabia que ha afectado al Gobierno en días recientes, y a los choques casi permanentes entre el jefe de Estado y unos sectores de la oposición, las cabezas de dos organismos, y algunos medios, esta semana se sumaron otros hechos puntuales que parecen prolongar las disputas: las marchas, en varias ciudades del país, de respaldo a Petro el pasado 7 de junio que retan, en cierta forma, a quienes se enfrentan al Gobierno; la visita oficial del fiscal de la Corte Penal internacional (CPI), Karim Khan que atendió una invitación de la Casa de Nariño para instalar, aquí, una de sus oficinas, a disgusto del fiscal colombiano Barbosa quien ha dicho que las comisiones internacionales contra la impunidad “para lo único que sirven es para generar una crisis”; y el viaje del mandatario a Cuba para firmar un cese al fuego provisional con el ELN, en contravía de las posiciones de políticos militaristas que prefieren la rendición de los guerrilleros antes que los pactos de paz. Sin embargo, al terminar el viernes pasado, al gobierno Petro se le apareció la Virgen: los cuatro niños que cayeron en plena selva del Guaviare, cuando se accidentó el avión en que viajaban, fueron encontrados vivos.