“El presidente decidirá a quiénes designa”: ministro de Justicia

Estuvo la semana pasada en Washington. ¿Con cuáles funcionarios del gobierno Biden se reunió y con qué objeto?

Estuve con funcionarios de la Secretaría de Estado, el Departamento de Justicia y la Casa Blanca. Acordamos conformar un grupo bilateral permanente de cooperación judicial para resolver casos “críticos” de extradición, si se llegaran a presentar. Por ahora no hay ninguno. Pero si lo hubiera, se trataría de escuchar las solicitudes del otro Estado para intentar resolver esos asuntos sin que se afecten las relaciones binacionales, en su conjunto. Es un mecanismo preventivo. También nos proponemos, junto con el embajador Luis Gilberto Murillo, que nuestro país tenga en Washington a un agregado judicial permanente en el equipo diplomático para hacer más fluida y eficaz la colaboración entre las dos naciones.

El presidente Petro sorprendió estos días cuando concretó su propuesta de liberar a jóvenes detenidos durante las manifestaciones, por supuestos delitos de terrorismo, mediante su nombramiento como “gestores de paz”. ¿Se trata de una especie de amnistía o indulto?

Desde cuando estaba en la campaña presidencial, el presidente Petro le había propuesto al electorado una solución alternativa para las personas privadas de la libertad por hechos ocurridos durante las protestas sociales de 2019 y 2021. De otro lado, en la reciente discusión de la reforma de la Ley 418 (antes conocida como Ley de Orden Público y ahora como Ley de Paz Total) se incluyó allí la facultad presidencial de designar como voceros o promotores de paz y convivencia a personas pertenecientes a organizaciones sociales y humanitarias que se encuentren privadas de la libertad. Así que el presidente ha hecho uso de esa atribución legal, que no es ni indulto ni amnistía por cuanto las personas que sean designadas como voceras o gestoras continuarán vinculadas a los procesos penales en su contra. Y, además, deberán cumplir con las tareas que les asigne la oficina del comisionado de Paz.

¿Se trata, entonces, de un recurso político para lograr la libertad inmediata de los jóvenes de la denominada “Primera Línea” por encima de las decisiones de los jueces?

Reitero que se trata de una atribución presidencial conferida por la ley que, ciertamente, les permitirá a los voceros o gestores defenderse en libertad en los procesos penales que se siguen en su contra. Tiene la finalidad de contribuir a la reconciliación y al restablecimiento de condiciones de convivencia que se han visto gravemente alteradas. Quisiera mencionarle que en la lista que tiene el Gobierno Nacional de personas privadas de libertad por hechos relacionados con la protesta social solo una mínima parte ha sido condenada. La gran mayoría está en cárceles o centros de detención a la espera de juicio, cuando la ley establece, por principio, que todas las personas tienen el derecho a defenderse en libertad y que únicamente de manera excepcional caben las medidas previas de detención personal.

Bueno, en esa condición están miles de detenidos. Pero ante todo hay que decir que la Rama Judicial no está cómoda con el anuncio de Petro. El magistrado Hugo Alexánder Ríos, presidente del Tribunal Superior de Bogotá, señaló como respuesta al presidente que “no hay detenciones ilegales de miembros de la ‘Primera Línea’”, que no se puede afectar la independencia de los poderes y que hay formas jurídicas a las cuales acudir si alguien cree que está detenido de manera irregular...

No hay ningún cuestionamiento sobre una posible ilegalidad de las capturas. Si estas o las órdenes de detención fueran ilegales, por supuesto que habría recursos que los afectados podrían interponer. Con la utilización de la figura conferida por ley al presidente no se cuestiona la legalidad de las decisiones judiciales, sino que en aras de la construcción o de la reconstrucción de una convivencia pacífica se permite solicitar la puesta en libertad de personas privadas de ella. Es una herramienta similar a la que emplearon los presidentes Uribe y Santos en sus gobiernos, también con personas detenidas, quienes pese a su tarea transitoria de gestoras de paz continuaron respondiendo en sus procesos judiciales.

¿Con cuál método el Ejecutivo escogerá a quienes proponga liberar? ¿Cuáles funcionarios tomarán esta espinosa decisión?

Está en curso la expedición de un decreto reglamentario en que se crea una comisión intersectorial que le remitirá al presidente las listas de candidatos para que él, en uso de la discrecionalidad que la ley le otorga, decida a quiénes designa como voceros o gestores. El decreto será firmado por el Gobierno Nacional que, para este caso, estará conformado por los ministros del Interior, de Defensa y de Justicia, y por el director del Departamento Administrativo de la Presidencia (DAPRE). La forma de operar y el tipo de trabajo que desarrollarán los voceros o los gestores serán decididos por el comisionado de Paz, cuya oficina será la coordinadora de este proyecto.

¿En el decreto se delimitarán los requisitos que deberán cumplir los candidatos a ser voceros o gestores de paz?

No, el decreto crea la comisión intersectorial, cuyos miembros determinarán los lineamientos generales y el presidente tomará las decisiones.

¿La independencia de la rama judicial queda comprometida con este propósito del presidente Petro y con las consecuencias que pueda traer la liberación de unos presos por otra vía diferente a la judicial?

De ninguna manera. Como le he dicho, los procesos judiciales siguen su curso y no se alterará ni su desarrollo ni su resultado.

En otro polémico propósito, el presidente se ha mostrado de acuerdo en la eliminación de la Procuraduría General, aunque haya muchos sectores que reconocen que ese organismo sobra en esta época. ¿El Ejecutivo presentará un proyecto al Congreso en ese sentido?

La Convención Americana sobre Derechos Humanos, que forma parte del bloque de constitucionalidad en nuestro país, prescribe que las personas elegidas por voto popular solo puedan ser destituidas o inhabilitadas por un juez, luego de un proceso penal con garantías plenas. Es decir, que alguien elegido democráticamente no puede ser destituido o inhabilitado, sino por la comisión de delitos. En Colombia se ha mantenido la destitución por simples faltas disciplinarias para los funcionarios de elección popular. Eso nos ubica en contravía de la Convención. En otras palabras, estamos vulnerando tanto el Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos como nuestro propio bloque de constitucionalidad.

De acuerdo. La solución, entonces, ¿es la de eliminar esa institución?

A ese estado de cosas tenemos que ponerle remedio pronto mediante las reformas necesarias a nuestro ordenamiento interno que, ciertamente, pasan por retirarle a la Procuraduría General las atribuciones sancionatorias frente a los funcionarios elegidos.

Por otra parte, es evidente que algunas de las funciones del Ministerio Público -como también se llama- se traslapan con atribuciones de otros órganos que han sido creados con posterioridad. Por tanto, han devenido en desuetas. La participación de la Procuraduría en procesos judiciales probablemente ya no cumple con las funciones que tenía cuando no existían la Fiscalía, la Agencia de Defensa Jurídica del Estado, el Sistema de Defensoría Pública y otras instituciones.

Insisto: ¿ustedes sí van a proponer la eliminación de esa entidad que hoy tiene cerca de 3.500 empleados?

No. El Gobierno no propondrá la eliminación de la Procuraduría, pero sí estamos trabajando en un rediseño de sus funciones y en una adecuación plena de nuestro ordenamiento interno a la Convención Americana. Ese proyecto no afectará a ningún servidor de la Procuraduría, pues lo que se propondrá será el incremento del Poder Judicial y el traslado al mismo, con plenas garantías, de quienes desempeñen funciones que se le retiren a la Procuraduría. El Congreso de la República tiene el poder de decisión.

El presupuesto adicional que su despacho logró para la Rama Judicial, en cuantía de $300 mil millones que se entregarán el próximo año, ¿en qué se invertirá?

Esa decisión le corresponde al Consejo Superior de la Judicatura. El Gobierno le presentó al Congreso la propuesta, el Congreso la aprobó y, ahora, le corresponde a la Rama Judicial determinar cómo se distribuirán esos recursos en ejercicio de su autonomía. El Gobierno respeta la división de poderes y, por tanto, no interviene en esos casos, aunque ciertamente tiene la expectativa de que la mayor parte de ellos se destine a la creación de nuevos juzgados, en especial en zonas en donde es precaria o inexistente la presencia judicial.

Siempre se ha insistido en que los recursos para la justicia son escasos, y eso explicaría el retraso o nulo desarrollo de los procesos. Pero al mismo tiempo los ciudadanos vemos el despilfarro grotesco en rumbas, fiestas y foros medio inútiles, pero a costos multimillonarios, por ejemplo el Consejo de la Judicatura que se gastó en dos días $2 mil millones en Santa Marta. ¿Cómo explica esa conducta dilapidadora?

Según tengo entendido, la celebración de la que usted habla no se hizo con dinero del Consejo Superior de la Judicatura. Sin embargo, provengan de donde provengan esos recursos, los principios de austeridad y de contención deben imperar en todas las manifestaciones del Estado.

Se dijo en el momento en que se reveló la rumba con vallenatos incluidos, para 650 personas, que el fiestón fue pagado con dineros de las direcciones seccionales de administración judicial. Igual que fiestas en el marco de foros en la Sala Laboral de la Corte Suprema en Cali, entrega de regalos del Consejo de Estado para 350 personas.... Y ahora, hasta la Contraloría... Sé que no depende de usted, pero al menos se puede enviar un mensaje de austeridad a nombre del Ejecutivo...

Este Gobierno se ha empeñado en una política de austeridad que practica internamente, pero sí llama la atención de los otros poderes para que destinen los recursos tan escasos que se tienen hoy en actividades que tengan real utilidad pública.

Usted también ha mencionado otras reformas a la justicia, por ejemplo despenalizar ciertas conductas. ¿Insistirá o desistirá?

El proyecto de ley que presentaremos permitirá a las personas condenadas reducir el tiempo efectivo de privación de la libertad a condición de que superen exitosamente un proceso de resocialización y de que reparen a las víctimas. Las cárceles no son un fin del sistema penitenciario, sino un mecanismo (muy poco exitoso) de resocialización, reparación y retribución. Estamos convencidos de que la privación de la libertad tiene que cumplir una finalidad distinta a la puramente retributiva, es decir, que el castigo no puede consistir, simplemente, en causarle sufrimiento a quien ha cometido un delito, sino que deben reducir los índices de reincidencia y tener una política penitenciaria que disminuya la criminalidad.

¿Es cierto que también propondrán la eliminación de algunos delitos hoy contemplados en el Código Penal?

Sí. Estamos pensando en la eliminación de algunos delitos, como la inasistencia alimentaria y la injuria, cuestión que ha sido sugerida, en conceptos previos, por la Comisión Asesora de Política Criminal. Estas conductas seguirán siendo contrarias al derecho, pero no acarrearán cárcel ni activarán el proceso penal. A cambio propondremos mecanismos civiles y administrativos de responsabilidad que protejan adecuadamente a las víctimas. Al final del día, la palabra la tendrá el Congreso.

En medio de la emotividad de las redes sociales, cuando se conoce algún hecho atroz, la gente pide más y más cárcel o lo que se llama el “populismo punitivo.” ¿Irá contra la corriente de opinión en esta materia?

Hay sectores políticos y de opinión pública que ciertamente le apuestan al populismo punitivo y obtienen réditos de ello, pero también hay ejemplos de justicia restaurativa ya vigentes, por ejemplo en el régimen de responsabilidad penal de adolescentes. Y pronto comenzaremos a recibir noticias sobre el sistema de sanciones propias de la JEP, con contenido restaurativo. Las medidas restaurativas ofrecen una mejor reparación a las víctimas de delitos. Las reformas que propondremos el próximo marzo estarán diseñadas para proteger adecuadamente a las víctimas del delito y lograr la reparación de los daños que han sufrido, así que creo que es infundado pensar que se trata de proteger a los delincuentes. En todo ello, de nuevo, el Congreso de la República tendrá la última palabra.

¿Las URI (Unidad de Reacción Inmediata) son peores lugares de detención que las cárceles en Colombia?

Las URI y las estaciones de Policía no son cárceles. No tienen esa capacidad ni la infraestructura arquitectónica y de servicios que se requieren para mantener a personas privadas de su libertad. En estos lugares ninguna persona debería permanecer detenida, salvo por un lapso máximo de 36 horas mientras un juez determina si debe ser confinada en un verdadero centro de detención o dejada en libertad. Lamentablemente, tanto esas URI como las estaciones de Policía están abarrotadas de personas que llevan meses consignadas allí en las peores condiciones de hacinamiento. Para responder puntualmente a su pregunta, sí, las URI y las estaciones de Policía son peores que las cárceles como lugares de detención.

Y, ¿qué se va a hacer?

Quisiera aclarar que, según la ley, los centros de detención preventiva están a cargo de los departamentos y municipios, mientras que a la nación le corresponden los centros penitenciarios, es decir, las cárceles para quienes ya están condenados. Muchas veces los entes territoriales no cuentan con los recursos para construir y mantener esos centros de detención preventiva. Por eso, el Gobierno apoya un proyecto de ley recientemente presentado por “Asocapitales”, que busca distribuir la responsabilidad presupuestal de esos centros de detención preventiva de un modo razonable entre la nación, los departamentos y los municipios, y les asigna recursos. Si ese proyecto se aprueba, terminarán estas lamentables historias.

¿Se resigna a dejar las prisiones (con los condenados) en el nivel de hipercriminalidad en que se encuentran?

Es cierto que los recursos económicos son siempre escasos pero es importante tener en cuenta que el presupuesto del INPEC (Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario) y de la USPEC ( Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios) suman más de $3 billones de pesos al año y, dado que hay alrededor de 120 mil personas privadas de libertad, significa que el Estado le destina, a cada persona privada de libertad, alrededor de $2 millones 500 mil pesos cada mes. Eso es más de lo que ganan muchas familias colombianas. Con ese dinero, sin duda, se pueden hacer cosas mejores que mantener la situación actual. En el mes de marzo presentaremos al Congreso un proyecto de ley que propende por la resocialización de las personas y que propone racionalizar el uso del sistema penal y de la privación de libertad.

En estos días se publicó un artículo en que se revelan las “tarifas” que los guardianes de la cárcel Modelo les han impuesto a los presos: ingreso de una libra de marihuana, $1 millón; de un celular, entre $300 y $500 mil; de una botella de licor, $150 mil. Si esos datos se conocen, ¿por qué no hay capturas ni se pueden desarticular las bandas intercarcelarias?

Precisamente, en la cárcel Modelo de Bogotá se adelantó un operativo sorpresivo el pasado 23 de noviembre, entre la dirección del INPEC y la Fiscalía General de la Nación, fruto del cual fueron capturadas nueve personas: siete funcionarios del INPEC y dos particulares, con la sindicación de concierto para delinquir agravado con fines de extorsión. Las audiencias para definición de las medidas de aseguramiento en estos casos están en curso y concluirán el martes próximo, 13 de diciembre. Estamos actuando.

$300 mil millones más para la rama judicial en 2023

Hace poco se supo que su despacho consiguió una adición presupuestal importante para aumentar la capacidad de ejecución de la justicia cuya ineficiencia es legendaria ¿Cuánto dinero se adicionará y en qué se usará?

Desde el primer día de Gobierno recibí la instrucción del presidente Petro de propiciar un incremento del rubro presupuestal para la justicia. En cifras redondeadas, el poder judicial recibe $6.5 billones de pesos. Este año se logró una adición de 300 mil millones y la previsión de que algo similar pueda darse, cada anualidad, durante este cuatrienio. Por otra parte, estamos a la espera de una sentencia de la Corte Constitucional sobre una reforma de la ley estatutaria de la administración de justicia en la cual hay una disposición que obligaría al Estado a destinar de modo permanente, a la rama judicial, al menos el 3% del presupuesto anual. Si la Corte avala la constitucionalidad de esa disposición, presenciaremos un aumento mucho más significativo del presupuesto lo que permitirá, a su vez, una mayor expansión de los servicios de acceso a la justicia.

Asesinato en una URI con policías: “un hecho de barbarismo”

El asesinato, a golpes y patadas, del presunto abusador sexual de una joven víctima en una estación de Transmilenio, ocurrió en una URI, es decir, en un centro oficial de detenciones y delante de agentes de Policía ¿Qué opina usted de este aterrador caso en que el Estado también es victimario?

Todo lo sucedido en ese lamentable caso es deplorable: una mujer que fue víctima de un delito sexual no fue adecuadamente atendida por el Estado; no ha sido reparada y el crimen cometido en su contra sigue impune. El presunto autor del delito no tuvo la oportunidad de enfrentar un juicio en el que se pudiera discernir su responsabilidad conforme a la ley; y la sociedad presenció un hecho de barbarismo en el que imperaron la violencia y la sinrazón. Todo ello es la negación del Estado de Derecho. La detención de cinco miembros de la Policía Nacional, por orden judicial, acusados de tortura y homicidio agravado por estos hechos, nos proporciona, además, una muestra del estado de cosas inconstitucional que se vive en las URI y estaciones de Policía para las personas detenidas.

Estuvo la semana pasada en Washington. ¿Con cuáles funcionarios del gobierno Biden se reunió y con qué objeto?

Estuve con funcionarios de la Secretaría de Estado, el Departamento de Justicia y la Casa Blanca. Acordamos conformar un grupo bilateral permanente de cooperación judicial para resolver casos “críticos” de extradición, si se llegaran a presentar. Por ahora no hay ninguno. Pero si lo hubiera, se trataría de escuchar las solicitudes del otro Estado para intentar resolver esos asuntos sin que se afecten las relaciones binacionales, en su conjunto. Es un mecanismo preventivo. También nos proponemos, junto con el embajador Luis Gilberto Murillo, que nuestro país tenga en Washington a un agregado judicial permanente en el equipo diplomático para hacer más fluida y eficaz la colaboración entre las dos naciones.

El presidente Petro sorprendió estos días cuando concretó su propuesta de liberar a jóvenes detenidos durante las manifestaciones, por supuestos delitos de terrorismo, mediante su nombramiento como “gestores de paz”. ¿Se trata de una especie de amnistía o indulto?

Desde cuando estaba en la campaña presidencial, el presidente Petro le había propuesto al electorado una solución alternativa para las personas privadas de la libertad por hechos ocurridos durante las protestas sociales de 2019 y 2021. De otro lado, en la reciente discusión de la reforma de la Ley 418 (antes conocida como Ley de Orden Público y ahora como Ley de Paz Total) se incluyó allí la facultad presidencial de designar como voceros o promotores de paz y convivencia a personas pertenecientes a organizaciones sociales y humanitarias que se encuentren privadas de la libertad. Así que el presidente ha hecho uso de esa atribución legal, que no es ni indulto ni amnistía por cuanto las personas que sean designadas como voceras o gestoras continuarán vinculadas a los procesos penales en su contra. Y, además, deberán cumplir con las tareas que les asigne la oficina del comisionado de Paz.

¿Se trata, entonces, de un recurso político para lograr la libertad inmediata de los jóvenes de la denominada “Primera Línea” por encima de las decisiones de los jueces?

Reitero que se trata de una atribución presidencial conferida por la ley que, ciertamente, les permitirá a los voceros o gestores defenderse en libertad en los procesos penales que se siguen en su contra. Tiene la finalidad de contribuir a la reconciliación y al restablecimiento de condiciones de convivencia que se han visto gravemente alteradas. Quisiera mencionarle que en la lista que tiene el Gobierno Nacional de personas privadas de libertad por hechos relacionados con la protesta social solo una mínima parte ha sido condenada. La gran mayoría está en cárceles o centros de detención a la espera de juicio, cuando la ley establece, por principio, que todas las personas tienen el derecho a defenderse en libertad y que únicamente de manera excepcional caben las medidas previas de detención personal.

Bueno, en esa condición están miles de detenidos. Pero ante todo hay que decir que la Rama Judicial no está cómoda con el anuncio de Petro. El magistrado Hugo Alexánder Ríos, presidente del Tribunal Superior de Bogotá, señaló como respuesta al presidente que “no hay detenciones ilegales de miembros de la ‘Primera Línea’”, que no se puede afectar la independencia de los poderes y que hay formas jurídicas a las cuales acudir si alguien cree que está detenido de manera irregular...

No hay ningún cuestionamiento sobre una posible ilegalidad de las capturas. Si estas o las órdenes de detención fueran ilegales, por supuesto que habría recursos que los afectados podrían interponer. Con la utilización de la figura conferida por ley al presidente no se cuestiona la legalidad de las decisiones judiciales, sino que en aras de la construcción o de la reconstrucción de una convivencia pacífica se permite solicitar la puesta en libertad de personas privadas de ella. Es una herramienta similar a la que emplearon los presidentes Uribe y Santos en sus gobiernos, también con personas detenidas, quienes pese a su tarea transitoria de gestoras de paz continuaron respondiendo en sus procesos judiciales.

¿Con cuál método el Ejecutivo escogerá a quienes proponga liberar? ¿Cuáles funcionarios tomarán esta espinosa decisión?

Está en curso la expedición de un decreto reglamentario en que se crea una comisión intersectorial que le remitirá al presidente las listas de candidatos para que él, en uso de la discrecionalidad que la ley le otorga, decida a quiénes designa como voceros o gestores. El decreto será firmado por el Gobierno Nacional que, para este caso, estará conformado por los ministros del Interior, de Defensa y de Justicia, y por el director del Departamento Administrativo de la Presidencia (DAPRE). La forma de operar y el tipo de trabajo que desarrollarán los voceros o los gestores serán decididos por el comisionado de Paz, cuya oficina será la coordinadora de este proyecto.

¿En el decreto se delimitarán los requisitos que deberán cumplir los candidatos a ser voceros o gestores de paz?

No, el decreto crea la comisión intersectorial, cuyos miembros determinarán los lineamientos generales y el presidente tomará las decisiones.

¿La independencia de la rama judicial queda comprometida con este propósito del presidente Petro y con las consecuencias que pueda traer la liberación de unos presos por otra vía diferente a la judicial?

De ninguna manera. Como le he dicho, los procesos judiciales siguen su curso y no se alterará ni su desarrollo ni su resultado.

En otro polémico propósito, el presidente se ha mostrado de acuerdo en la eliminación de la Procuraduría General, aunque haya muchos sectores que reconocen que ese organismo sobra en esta época. ¿El Ejecutivo presentará un proyecto al Congreso en ese sentido?

La Convención Americana sobre Derechos Humanos, que forma parte del bloque de constitucionalidad en nuestro país, prescribe que las personas elegidas por voto popular solo puedan ser destituidas o inhabilitadas por un juez, luego de un proceso penal con garantías plenas. Es decir, que alguien elegido democráticamente no puede ser destituido o inhabilitado, sino por la comisión de delitos. En Colombia se ha mantenido la destitución por simples faltas disciplinarias para los funcionarios de elección popular. Eso nos ubica en contravía de la Convención. En otras palabras, estamos vulnerando tanto el Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos como nuestro propio bloque de constitucionalidad.

De acuerdo. La solución, entonces, ¿es la de eliminar esa institución?

A ese estado de cosas tenemos que ponerle remedio pronto mediante las reformas necesarias a nuestro ordenamiento interno que, ciertamente, pasan por retirarle a la Procuraduría General las atribuciones sancionatorias frente a los funcionarios elegidos.

Por otra parte, es evidente que algunas de las funciones del Ministerio Público -como también se llama- se traslapan con atribuciones de otros órganos que han sido creados con posterioridad. Por tanto, han devenido en desuetas. La participación de la Procuraduría en procesos judiciales probablemente ya no cumple con las funciones que tenía cuando no existían la Fiscalía, la Agencia de Defensa Jurídica del Estado, el Sistema de Defensoría Pública y otras instituciones.

Insisto: ¿ustedes sí van a proponer la eliminación de esa entidad que hoy tiene cerca de 3.500 empleados?

No. El Gobierno no propondrá la eliminación de la Procuraduría, pero sí estamos trabajando en un rediseño de sus funciones y en una adecuación plena de nuestro ordenamiento interno a la Convención Americana. Ese proyecto no afectará a ningún servidor de la Procuraduría, pues lo que se propondrá será el incremento del Poder Judicial y el traslado al mismo, con plenas garantías, de quienes desempeñen funciones que se le retiren a la Procuraduría. El Congreso de la República tiene el poder de decisión.

El presupuesto adicional que su despacho logró para la Rama Judicial, en cuantía de $300 mil millones que se entregarán el próximo año, ¿en qué se invertirá?

Esa decisión le corresponde al Consejo Superior de la Judicatura. El Gobierno le presentó al Congreso la propuesta, el Congreso la aprobó y, ahora, le corresponde a la Rama Judicial determinar cómo se distribuirán esos recursos en ejercicio de su autonomía. El Gobierno respeta la división de poderes y, por tanto, no interviene en esos casos, aunque ciertamente tiene la expectativa de que la mayor parte de ellos se destine a la creación de nuevos juzgados, en especial en zonas en donde es precaria o inexistente la presencia judicial.

Siempre se ha insistido en que los recursos para la justicia son escasos, y eso explicaría el retraso o nulo desarrollo de los procesos. Pero al mismo tiempo los ciudadanos vemos el despilfarro grotesco en rumbas, fiestas y foros medio inútiles, pero a costos multimillonarios, por ejemplo el Consejo de la Judicatura que se gastó en dos días $2 mil millones en Santa Marta. ¿Cómo explica esa conducta dilapidadora?

Según tengo entendido, la celebración de la que usted habla no se hizo con dinero del Consejo Superior de la Judicatura. Sin embargo, provengan de donde provengan esos recursos, los principios de austeridad y de contención deben imperar en todas las manifestaciones del Estado.

Se dijo en el momento en que se reveló la rumba con vallenatos incluidos, para 650 personas, que el fiestón fue pagado con dineros de las direcciones seccionales de administración judicial. Igual que fiestas en el marco de foros en la Sala Laboral de la Corte Suprema en Cali, entrega de regalos del Consejo de Estado para 350 personas.... Y ahora, hasta la Contraloría... Sé que no depende de usted, pero al menos se puede enviar un mensaje de austeridad a nombre del Ejecutivo...

Este Gobierno se ha empeñado en una política de austeridad que practica internamente, pero sí llama la atención de los otros poderes para que destinen los recursos tan escasos que se tienen hoy en actividades que tengan real utilidad pública.

Usted también ha mencionado otras reformas a la justicia, por ejemplo despenalizar ciertas conductas. ¿Insistirá o desistirá?

El proyecto de ley que presentaremos permitirá a las personas condenadas reducir el tiempo efectivo de privación de la libertad a condición de que superen exitosamente un proceso de resocialización y de que reparen a las víctimas. Las cárceles no son un fin del sistema penitenciario, sino un mecanismo (muy poco exitoso) de resocialización, reparación y retribución. Estamos convencidos de que la privación de la libertad tiene que cumplir una finalidad distinta a la puramente retributiva, es decir, que el castigo no puede consistir, simplemente, en causarle sufrimiento a quien ha cometido un delito, sino que deben reducir los índices de reincidencia y tener una política penitenciaria que disminuya la criminalidad.

¿Es cierto que también propondrán la eliminación de algunos delitos hoy contemplados en el Código Penal?

Sí. Estamos pensando en la eliminación de algunos delitos, como la inasistencia alimentaria y la injuria, cuestión que ha sido sugerida, en conceptos previos, por la Comisión Asesora de Política Criminal. Estas conductas seguirán siendo contrarias al derecho, pero no acarrearán cárcel ni activarán el proceso penal. A cambio propondremos mecanismos civiles y administrativos de responsabilidad que protejan adecuadamente a las víctimas. Al final del día, la palabra la tendrá el Congreso.

En medio de la emotividad de las redes sociales, cuando se conoce algún hecho atroz, la gente pide más y más cárcel o lo que se llama el “populismo punitivo.” ¿Irá contra la corriente de opinión en esta materia?

Hay sectores políticos y de opinión pública que ciertamente le apuestan al populismo punitivo y obtienen réditos de ello, pero también hay ejemplos de justicia restaurativa ya vigentes, por ejemplo en el régimen de responsabilidad penal de adolescentes. Y pronto comenzaremos a recibir noticias sobre el sistema de sanciones propias de la JEP, con contenido restaurativo. Las medidas restaurativas ofrecen una mejor reparación a las víctimas de delitos. Las reformas que propondremos el próximo marzo estarán diseñadas para proteger adecuadamente a las víctimas del delito y lograr la reparación de los daños que han sufrido, así que creo que es infundado pensar que se trata de proteger a los delincuentes. En todo ello, de nuevo, el Congreso de la República tendrá la última palabra.

¿Las URI (Unidad de Reacción Inmediata) son peores lugares de detención que las cárceles en Colombia?

Las URI y las estaciones de Policía no son cárceles. No tienen esa capacidad ni la infraestructura arquitectónica y de servicios que se requieren para mantener a personas privadas de su libertad. En estos lugares ninguna persona debería permanecer detenida, salvo por un lapso máximo de 36 horas mientras un juez determina si debe ser confinada en un verdadero centro de detención o dejada en libertad. Lamentablemente, tanto esas URI como las estaciones de Policía están abarrotadas de personas que llevan meses consignadas allí en las peores condiciones de hacinamiento. Para responder puntualmente a su pregunta, sí, las URI y las estaciones de Policía son peores que las cárceles como lugares de detención.

Y, ¿qué se va a hacer?

Quisiera aclarar que, según la ley, los centros de detención preventiva están a cargo de los departamentos y municipios, mientras que a la nación le corresponden los centros penitenciarios, es decir, las cárceles para quienes ya están condenados. Muchas veces los entes territoriales no cuentan con los recursos para construir y mantener esos centros de detención preventiva. Por eso, el Gobierno apoya un proyecto de ley recientemente presentado por “Asocapitales”, que busca distribuir la responsabilidad presupuestal de esos centros de detención preventiva de un modo razonable entre la nación, los departamentos y los municipios, y les asigna recursos. Si ese proyecto se aprueba, terminarán estas lamentables historias.

¿Se resigna a dejar las prisiones (con los condenados) en el nivel de hipercriminalidad en que se encuentran?

Es cierto que los recursos económicos son siempre escasos pero es importante tener en cuenta que el presupuesto del INPEC (Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario) y de la USPEC ( Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios) suman más de $3 billones de pesos al año y, dado que hay alrededor de 120 mil personas privadas de libertad, significa que el Estado le destina, a cada persona privada de libertad, alrededor de $2 millones 500 mil pesos cada mes. Eso es más de lo que ganan muchas familias colombianas. Con ese dinero, sin duda, se pueden hacer cosas mejores que mantener la situación actual. En el mes de marzo presentaremos al Congreso un proyecto de ley que propende por la resocialización de las personas y que propone racionalizar el uso del sistema penal y de la privación de libertad.

En estos días se publicó un artículo en que se revelan las “tarifas” que los guardianes de la cárcel Modelo les han impuesto a los presos: ingreso de una libra de marihuana, $1 millón; de un celular, entre $300 y $500 mil; de una botella de licor, $150 mil. Si esos datos se conocen, ¿por qué no hay capturas ni se pueden desarticular las bandas intercarcelarias?

Precisamente, en la cárcel Modelo de Bogotá se adelantó un operativo sorpresivo el pasado 23 de noviembre, entre la dirección del INPEC y la Fiscalía General de la Nación, fruto del cual fueron capturadas nueve personas: siete funcionarios del INPEC y dos particulares, con la sindicación de concierto para delinquir agravado con fines de extorsión. Las audiencias para definición de las medidas de aseguramiento en estos casos están en curso y concluirán el martes próximo, 13 de diciembre. Estamos actuando.

$300 mil millones más para la rama judicial en 2023

Hace poco se supo que su despacho consiguió una adición presupuestal importante para aumentar la capacidad de ejecución de la justicia cuya ineficiencia es legendaria ¿Cuánto dinero se adicionará y en qué se usará?

Desde el primer día de Gobierno recibí la instrucción del presidente Petro de propiciar un incremento del rubro presupuestal para la justicia. En cifras redondeadas, el poder judicial recibe $6.5 billones de pesos. Este año se logró una adición de 300 mil millones y la previsión de que algo similar pueda darse, cada anualidad, durante este cuatrienio. Por otra parte, estamos a la espera de una sentencia de la Corte Constitucional sobre una reforma de la ley estatutaria de la administración de justicia en la cual hay una disposición que obligaría al Estado a destinar de modo permanente, a la rama judicial, al menos el 3% del presupuesto anual. Si la Corte avala la constitucionalidad de esa disposición, presenciaremos un aumento mucho más significativo del presupuesto lo que permitirá, a su vez, una mayor expansión de los servicios de acceso a la justicia.

Asesinato en una URI con policías: “un hecho de barbarismo”

El asesinato, a golpes y patadas, del presunto abusador sexual de una joven víctima en una estación de Transmilenio, ocurrió en una URI, es decir, en un centro oficial de detenciones y delante de agentes de Policía ¿Qué opina usted de este aterrador caso en que el Estado también es victimario?

Todo lo sucedido en ese lamentable caso es deplorable: una mujer que fue víctima de un delito sexual no fue adecuadamente atendida por el Estado; no ha sido reparada y el crimen cometido en su contra sigue impune. El presunto autor del delito no tuvo la oportunidad de enfrentar un juicio en el que se pudiera discernir su responsabilidad conforme a la ley; y la sociedad presenció un hecho de barbarismo en el que imperaron la violencia y la sinrazón. Todo ello es la negación del Estado de Derecho. La detención de cinco miembros de la Policía Nacional, por orden judicial, acusados de tortura y homicidio agravado por estos hechos, nos proporciona, además, una muestra del estado de cosas inconstitucional que se vive en las URI y estaciones de Policía para las personas detenidas.