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Son muchos los frentes a abordar a la hora de hacer el balance de gestión de un gobierno. Sin embargo, en el caso del presidente Iván Duque, quien llega hoy a su tercer año de mandato y arranca lo que se considera la recta final de su gestión al frente del Estado, no hay duda que el tema de la implementación del Acuerdo de Paz con las desmovilizadas Farc es fundamental y marcará su legado. Sobre todo, teniendo en cuenta que en la campaña que lo llevó al poder, uno de los pilares fueron las críticas a lo pactado en La Habana, siendo premisa aquella frase de “ni risas, ni trizas”.
Por eso, la discusión de si se ha hecho o se está lo suficiente en esta materia sigue estando a la orden del día y la oposición reclama que lo se hizo fue ponerle “freno de mano” a la paz, lo que explica los los asesinatos de excombatientes que no cesan y los desplazamientos que se perpetúan en algunas regiones del país. En esta entrevista con El Espectador, el consejero presidencial para la Estabilización y la Consolidación, Emilio Archila, responde a las críticas, entrega un balance de lo realizado y recalca que gracias a la “Paz con legalidad” de Duque, Colombia es hoy un mejor país.
Dijo el presidente Duque en El Espectador que su gobierno había hecho más por la implementación del Acuerdo de Paz que el de su antecesor, ¿lo comparte?
Si uno mira los temas en los cuales hemos avanzado, las cifras hablan por sí solas. Las víctimas han sido la prioridad y cuando llegamos al Gobierno, en reparaciones colectivas, que son tan importantes, en toda la historia de la Ley de Víctimas se habían hecho tres y en estos 30 meses hemos hecho más de 20. Cuando se mira el presupuesto de reparaciones individuales, hemos tenido el más grande de la historia, con un $1 billón. Cuando llegamos existían solo dos proyectos productivos colectivos y ninguno individual para los excombatientes, y en este momento más de la mitad de ellos tienen proyectos y empleos fijos, prácticamente el 100 % está bancarizado y el 100 % en el sistema de salud y de pensiones. Recibimos para el Programa de Sustitución Voluntaria de Cultivos Ilícitos 100 mil familias con muchas promesas y hemos invertido $1,3 billones en ellas. Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) se habían terminado dos y nosotros hicimos 14. No había además ninguna fuente de financiación para estos y cambiamos las normas del Ocad-Paz y las de obras por impuestos e hicimos una focalización del Presupuesto General de la Nación, y en este momento tenemos $8 billones que se están ejecutando para cumplirles a las comunidades. Cuando llegamos había dos planes nacionales sectoriales, hemos formulado 14 y estamos terminando otros dos en tres meses. Ahí están las cifras. Esas son las cifras.
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Y mirando hacia delante, ¿cuáles son los grandes retos para este último año de mandato frente a esa implementación?
El principal reto es que el país nos acompañe. Aquí hay una oportunidad única, que es trabajar temas que debieron trabajarse hace mucho tiempo, con o sin Acuerdo, y hacerlo durante 15 años. El presidente Iván Duque ha sido responsable con su momento histórico y ha pedido que hagamos las planeaciones a largo plazo, robustas, juiciosas. Necesitamos que cuando llegue 2022 se construya sobre lo construido y que a nadie se le vaya a ocurrir volver a comenzar de cero.
¿Por qué dijo que hay sectores que están haciendo política con la vida y la seguridad de los excombatientes?
Es innegable el esfuerzo que ha hecho el Gobierno para la protección de los excombatientes. Cualquier persona que haga el análisis de la cantidad de medidas que se están adoptando entiende que nuestra dedicación es absoluta. Esas medidas se han analizado de manera juiciosa durante muchos meses, por parte de mucha gente, y se ha llegado a la conclusión de que se pueden dar instrucciones que son complementarias en uno o dos temas, sumados a las más de 60 que ya estamos avanzando. Pensar que el Gobierno haya sido negligente o perezoso no tiene ni pies ni cabeza, eso lo que hace es que desvía la atención de las verdaderas causas, que tienen que ver con los enemigos comunes que tenemos y quienes han sido los causantes de estos ataques. En cifras de la Fiscalía, esos son principalmente las disidencias, el Eln y el Clan del Golfo.
O sea, como lo dijo también el presidente: las disidencias son los grandes responsables de los asesinatos de excombatientes…
Quien lo ha dicho es la Fiscalía. Es la que lleva las estadísticas, es independiente y ha dicho que estos grupos de delincuentes que se dedican al narcotráfico son responsables de más del 25 % de los ataques.
Ataques que, lamentablemente, no cesan y ya son más de 280 excombatientes asesinados a la fecha. La misma JEP le ha llamado la atención al Gobierno varias veces para que garanticen su seguridad. ¿En qué va el tan anunciado Plan Estratégico de Seguridad y Protección?
Lo que hicimos fue articularlo con lo que ya veníamos trabajando en la Mesa Interinstitucional, de mucho tiempo atrás. Yo agradecí que la JEP hubiera confirmado que la competencia para ese plan integral le correspondía a la Consejería. Lo expedimos y ya está en marcha. Estuvimos en Villavicencio con la misma JEP haciendo un análisis de los avances y, en la medida en que lo pudimos explicar, entiendo que fue satisfactorio para ellos.
Usted ha abanderado la implementación de los PDET, pero las comunidades dicen que quedaron reducidos a una lista de pequeñas obras que no están generando la transformación del territorio, que era la promesa del Acuerdo de Paz…
Los municipios PDET tienen alrededor de 6,7 millones de colombianos. Es una población un poco menor que tiene Bogotá. Nosotros, en 30 meses, no solamente recogimos las adversidades, sino que focalizamos las fuentes de financiación y, como mencioné, en estos momentos se están ejecutando más de $8 billones en esos municipios. Esa cifra es posiblemente el valor de la primera línea del Metro de Bogotá, es una inversión que jamás habían visto. Tenemos vías en el Catatumbo que son las que se había anhelado en toda la historia, tenemos la interconexión de toda la Costa Pacífica, un proyecto de $300 mil millones. Obviamente también tenemos algunas que son pequeñas intervenciones de las que nos han pedido las comunidades para sus localidades, pero no es como que se trate de pequeñas obras, como dicen.
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El Gobierno se comprometió a cumplirles a las 99 mil familias inscritas al Programa de Sustitución Voluntaria de Cultivos Ilícitos (PNIS), pero lo cierto es que no tienen proyectos productivos. Arrancaron la coca, pero no tuvieron con qué reemplazarla, ¿cuál es la respuesta para ellas?
La premisa de la que parte esta pregunta no es cierta (difiero un poco). Cuando llegamos se había arrancado un poco más de 20 mil hectáreas de coca y el resto, más de 17 mil, se ha hecho durante este gobierno, luego nosotros hicimos prácticamente lo mismo que se había hecho antes solo con ese programa. Si sumamos los otros que tenemos, superamos lo que se había hecho antes. Adicionalmente, hemos invertido $1,3 billones en el programa, lo cual nos ha permitido llevar a esas familias por el camino de la asistencia técnica, proyectos de seguridad alimentaria, de ciclo corto y en algunas zonas ya hemos llegado a los proyectos de ciclo definitivo. No es exacto como se dice.
¿Y por qué los cultivos ilícitos siguen siendo un tema crítico y el área sembrada poco se reduce?
Es una pregunta más compleja, pero la razón no es definitivamente nada que tenga que ver con la sustitución voluntaria. Primero, dependiendo de cuáles de las formas como se hacen las mediciones, uno llega a la conclusión de que en el primer año lo que logramos fue que se cortara la tendencia que venía y era que cada año subía. Después tuvimos una disminución y prácticamente todas las familias se han mantenido dentro del programa. Luego una de las razones no es que no hayamos acompañado a esas familias.
¿En qué van colgados o a qué hay que meterle la ficha en esta recta final del Gobierno?
Necesitamos conseguir los recursos para avanzar en todo. Cuando llegamos, lo que había era la idea de cuánto se necesitaría y eso es lo que produjo el documento Confis, una previsión hacia el futuro de cuáles eran los recursos que se requerían para la implementación. Después, como gobierno, hemos tenido que salir a conseguirlos en cada uno de los frentes. Mencioné lo que se había hecho en el caso de los PDET; de la reincorporación, que hemos incrementado el presupuesto, y ahora vamos a contar el próximo año con el apoyo de la Comunidad Europea para financiar el Fondo del Catastro Multipropósito; además, conseguimos un crédito del BID. Como país tenemos el reto grande de entender que esta implementación, que está prevista a largo plazo, precisa de la focalización de los recursos.
¿Qué pasó con la Jurisdicción Agraria en el Congreso? Algunos culpan al Gobierno de su hundimiento…
Es curioso, el proyecto tuvo la iniciativa del Gobierno. Nosotros hemos acompañado la idea de esa necesidad y se hundió. El presidente ha señalado, y lo hizo en su política de Paz con Legalidad, que hay que resolver esta deuda, que es histórica y está dentro de sus prioridades. Seguramente de cara a la nueva legislatura habrá acciones en consecuencia.
¿El apoyo anunciado por parte del Gobierno a las curules de paz es por convicción o por obligación?
El presidente siempre fue claro, y es que cuando nosotros llegamos existía una demanda en contra de una decisión que había adoptado la mesa directiva del Congreso de la República, la cual fue resuelta por parte del Consejo de Estado y hay una sentencia de la Corte Constitucional que ordena cómo debemos proceder. Obviamente, las órdenes de las entidades jurisdiccionales son para acatarlas. En todos nuestros esfuerzos las víctimas están en el absoluto centro. Nunca ha habido ninguna duda de que las acciones que favorezcan a las víctimas no son algo de lo cual nos debamos convencer, es algo de lo cual estamos convencidos.
Pues pareciera que esa aceptación es a regañadientes…
No es así, la decisión estaba pendiente en las cortes y sin ello no hubiéramos poder hacer nada. Cuando se trata de las cortes, lo que es exigible de parte del Gobierno es el absoluto respeto a su independencia. Mientras las dos decisiones estaban pendientes, nosotros no teníamos margen para haber hecho nada distinto a lo que hemos hecho. La semana pasada estuve en el Congreso haciendo explícito el compromiso con toda la política de víctimas.
Tres años después de la llegada del gobierno Duque y cinco de la firma del Acuerdo con las Farc, ni hay más paz ni más legalidad. Si bien el proceso está trazado a largo plazo, los desplazamientos continúan, al igual que los asesinatos de excombatientes. ¿Qué lectura hace de la actual realidad del país?
Usted me preguntaba por las cifras en cada uno de los temas de la implementación y son realmente ilusionantes no solo para el Gobierno, sino para el país. Ahora, estos temas de los que me indaga ahora, que forman parte de esa implementación, van más allá. Cuando el Estado colombiano firmó el Acuerdo con las extintas Farc ya existían el Eln, el Clan del Golfo, el Epl, los Pelusos, los Puntilleros, los Contadores. Pensar que la implementación del Acuerdo iba a ser por sí misma suficiente para lograr una paz estable y duradera, era un titular. El país debe asegurarse de terminar también esas otras fuentes de violencia. Si se analizan las cifras antes de que se iniciara la implementación, hay muchos menos homicidios, secuestros, ataques terroristas, personas víctimas de minas y reclutamiento de menores, luego gracias a los avances que tenemos en la Paz con Legalidad, no hay duda de que Colombia es hoy un mejor país.
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¿Usted no cree que ese término de ‘Paz con Legalidad’ es de por sí una negación al Acuerdo firmado por el pasado gobierno?
Soy un ejecutor de políticas públicas y lo que señaló la Corte Constitucional es que el Acuerdo debía implementarse por los siguientes tres gobiernos y que cada cual debía hacerlo en concordancia con el resto de sus políticas públicas. Para poder cumplir con ese mandato, la primera política pública que expidió el presidente Duque fue la de la implementación. Ese es el compromiso. Hemos sido transparentes y responsables al mostrar lo que se iba a hacer y los compromisos en estos cuatro años.
En una entrevista de enero pasado, usted dijo que a la oposición le conviene llegar a 2022 con la idea de que no se hizo lo suficiente. ¿Será inevitable que lo de la implementación sea tema de la campaña electoral que se avecina?
Lo que he dicho es que para el país y para las siguientes generaciones sería una tristeza inmensa que no se continuara con lo que se ha venido haciendo. Para lograr las transformaciones que Colombia necesita, tenemos que aprovechar la oportunidad que nos brinda la implementación durante 15 años. Cualquier posición, como argumentar que no se ha hecho nada o que no se debería seguir haciendo, sería una mala noticia y defraudar a esa siguiente generación de colombianos en esta oportunidad tan preciosa.
Ese tema de las disidencias, ¿qué tanto golpea ese tratar de llegar a buen puerto en la implementación?
Nos hace la vida un poco más complicada el hecho de que existan grupos armados, de que haya narcotráfico, que esos grupos tengan respaldo en Venezuela. Pero es dentro de ese marco en el que tenemos que trabajar y esos deben ser los frentes en los que nos unamos todos los colombianos. tenemos que entender que esos son los enemigos de la sociedad, no de un gobierno o de un partido, sino los enemigos de todos los ciudadanos.
Qué se ha avanzado con la JEP para las sanciones propias y la aplicación de los Trabajos, Obras y Actividades Reparadoras (TOAR) que harán los comparecientes de las Farc?
Hemos tenido un diálogo profundamente respetuoso, de colaboración. Desde hace varios meses atendimos el llamado de la JEP para plantearle nuestra visión sobre qué características deberían tener las sanciones propias. El presidente ha sido claro que para los que son los máximos responsables deben darse las máximas penas previstas legalmente y, en nuestra opinión, las sanciones propias deberían alinearse con las peticiones de las comunidades en los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial, en particular en el pilar ocho, que es de reconciliación. Además de eso, trabajamos con las Naciones Unidas, el presidente hizo la petición para que acompañe la aplicación de las sanciones propias y el Consejo de Seguridad ya expidió la resolución dando el visto bueno para que eso suceda.
Una pregunta suelta, por fuera del tema de la paz: ¿en qué quedaron las negociaciones con el Comité Nacional del Paro?
El Comité del Paro tomó unilateralmente la decisión de suspender la interlocución con nosotros. Eso no tuvo nunca ninguna justificación. Ahora han decido acudir al Congreso de la República, que es una vía democrática, y nosotros estudiamos las propuestas que se van presentando. Hemos acompañado al Consejo Nacional de Reactivación, en el que están presentes el Consejo Nacional Gremial, el Consejo Nacional de Competitividad, la Federación de Cafeteros y también estamos oyendo la opinión que tienen ellos sobre los puntos que ha planteado el Comité del Paro.
En lo personal, ¿se siente usted satisfecho con la tarea realizada en estos tres años?
No, en esto siempre hay mucho más que hacer. Quisiera que los días tuvieran 50 horas, que pudiéramos suspender el tiempo y avanzar mucho más rápido, pero salvo eso, siento que el presidente y su gobierno han cumplido con la labor histórica que les ha correspondido en este proceso.