“El presidente Petro deberá ser más estratégico”: directora de Dejusticia

En este primer año de gobierno se ha creado una intensa convulsión política por la hiperactividad de la oposición y las investigaciones judiciales. A tal punto, que algunos comentaristas empiezan a pronosticar que el presidente no terminará su mandato. Para usted, ¿una interrupción de este cuatrienio es predecible o improbable?

La actual crisis está en una etapa muy temprana para poder predecir, razonablemente, cuál será su resultado. Todavía hay muchas cosas por esclarecer. Teniendo en cuenta lo que se conoce del proceso penal que se adelanta en contra de Nicolás Petro y Daysuris Vásquez, la evidencia disponible sugeriría que la campaña presidencial pudo haber superado los topes de financiación. Pero, de nuevo, eso todavía está por probarse. Tampoco es claro que haya responsabilidad penal de Gustavo Petro, lo que no excluiría su responsabilidad política. Mientras que no haya mayor claridad y aunque la política es impredecible en Colombia, Petro se mantendrá en la Presidencia.

Pero la sola posibilidad de que eso ocurra ya es grave para la democracia. Aunque sea pequeña, ¿cree que hay una ventana abierta a un retroceso histórico de 70 años cuando el general Rojas Pinilla se tomó el poder, en 1953?

No creo que estemos en un momento de peligro inminente para la democracia. La posibilidad que usted menciona sería lamentable si se presenta; y más que lamentable, sería catastrófica.

Ante la situación tan complicada que enfrenta y en beneficio de su margen de maniobra, ¿el mandatario tendrá que arriar algunas de sus banderas, desistir del grueso de sus reformas y cederles poder a los partidos o actores políticos tradicionales?

No es deseable que eso ocurra. Petro tiene que mantener, al menos, los elementos esenciales de su agenda de reformas. Sabemos que Colombia necesita cambios profundos en materia de educación, salud, sistema pensional y reforma agraria, entre otros. Si abandona sus propósitos reformistas, en el fondo, estaría dejando de lado su legado. No significa que no deba negociar y dedicarle imaginación a la creación de consensos políticos.

Pero, siendo realistas, con los líos que Petro enfrenta, puede verse obligado a darles partida de defunción a sus propuestas, no por gusto sino por imposibilidad de adelantar los cambios que prometió...

Espero que no. Las masivas movilizaciones sociales de 2019 y 2021 mostraron, con total claridad, que la gente está cansada de la desigualdad y la exclusión. En el mismo sentido, el debate público que se ha dado, en los últimos años, ha demostrado que la educación, el sistema de salud y el régimen pensional y laboral requieren reformas profundas. Y ni hablar de la importancia que tiene la tan anhelada reforma agraria. No contar con esas reformas sería una pérdida para Colombia. La pregunta clave es si el Gobierno podrá impulsar una nueva agenda con consensos.

Ningún mandatario colombiano ha tenido que enfrentar, emocional y políticamente, investigaciones penales en contra de su hijo quien, por si ya no fuera suficientemente grave, involucró la campaña de su padre. ¿Existen mecanismos institucionales previstos para enfrentar esta inédita situación desde la Casa de Nariño?

Nuestra Constitución tiene distintos mecanismos para enfrentar emergencias y crisis, destinados a evitar el rompimiento del régimen constitucional frente a la excepcionalidad. Sin embargo, frente a este tipo de problemas en que se mezcla lo político con lo personal, las herramientas son más reducidas. Ahora bien, cuando el deber de imparcialidad de las autoridades involucradas en la investigación se ve comprometido, los funcionarios públicos pueden declararse impedidos y se les aparta del caso. Aunque en el caso de Nicolás Petro no se ha presentado esta situación, el presidente Petro, quien ya envió la terna para la designación de una nueva fiscal general de la Nación, le pidió a la Corte Suprema que nombrara un fiscal ad-hoc para las investigaciones en contra de sus familiares, previendo que podría configurarse un conflicto de interés por cuanto la terna fue elaborada por el propio presidente.

Entonces, ¿por qué nadie, empezando por la Corte Suprema, plantea que la posición política del actual fiscal general configura un impedimento para la entidad que él maneja y en la que todos los fiscales le obedecen en la tarea de adelantar las investigaciones que afectan a quien Barbosa ha tratado como su contradictor?

Yo creo que el fiscal Barbosa ha hecho un uso político de su cargo y se ha posicionado, casi, como un líder de oposición frente al presidente de la República. Sin embargo, también creo que, en este caso, ese no es el debate central debido a que Nicolás Petro ha llegado a acuerdos para hacer aportes a la justicia. Esta específica situación sustenta la idea de imparcialidad en la investigación en contra del hijo del mandatario.

Otras familias presidenciales han padecido investigaciones penales; por ejemplo, los Uribe Moreno, hijos de Álvaro Uribe, pero aunque se iniciaron procesos en su contra, se quedaron estancados en la Fiscalía desde hace años. ¿Por qué, en cambio, se acelera a fondo con los de la familia Petro?

Es cierto que el caso en contra de Nicolás Petro y Daysuris Vásquez ha avanzado con celeridad incluso considerando los altos niveles de impunidad que hay en el país y, en particular, si comparamos con otros casos que han producido gran revuelo como el de los Char. Pero, del otro lado, ha habido avances rápidos y contundentes, por ejemplo, en las investigaciones sobre la parapolítica o cuando personas muy cercanas a algunos presidentes fueron condenadas, como los jefes de campaña de Samper y Santos, y el propio Andrés Felipe Arias, exministro del círculo de Uribe. Aunque es verdad que casos en contra de familiares de presidentes y clanes políticos no siempre prosperan, lo importante no es tanto cuestionar la celeridad sino asegurar que la investigación se realice con independencia, con todas las garantías procesales, y que llegue a término.

Justamente, las reiteradas declaraciones del fiscal Barbosa, quien ha señalado al jefe de Estado hasta de tener un “pasado de delincuente”, no garantizan independencia en la etapa investigativa, como tampoco se ha garantizado la imparcialidad en el otro extremo, el del proceso por soborno a testigos que afecta al expresidente. ¿No se abrirá un boquete de legitimidad en la justicia por actuaciones tan contradictorias de la Fiscalía, a pesar de que el caso contra de Nicolás Petro sea contundente?

Sí hay un riesgo. Lastimosamente, como he dicho, las afirmaciones del fiscal muestran un uso político de su cargo. Eso podría tener el efecto de que se desestimen algunas decisiones judiciales en el futuro por considerar que tuvieron un carácter más político que jurídico aunque, en este caso (N. Petro), el material probatorio reduce esa posibilidad. La politización de la justicia siempre será un peligro para la democracia.

La oposición ha sido compacta y eficiente como pocas veces. Con sus errores, deficiencia de ejecución y ausencia en estrategia de comunicaciones, ¿el Gobierno ha facilitado la tarea de sus enemigos políticos o estos han ido más allá de su derecho legítimo a la contradicción?

Esta pregunta reconduce la discusión a un tema más general: el papel que juega la oposición en contra del gobierno de turno, en un régimen democrático. Desde Dejusticia hemos reiterado que una oposición seria y rigurosa es fundamental para promover un debate profundo, darles espacio a nuevas voces y crear mejores prácticas. Por eso hemos pedido siempre que haya garantías para los opositores. Pero, claro, no todas las formas de contradicción política son sanas para la democracia: noticias falsas, críticas infundadas, ataques a las personas en lugar de a sus argumentos son algunas de las acciones que afectan la calidad del debate e, incluso, debilitan la propia oposición, al menos en el mediano plazo.

Sin embargo, entre los voceros más publicitados de la oposición hay varios que compiten por ser el de mayor grado de insultos y expresiones discriminatorias. A ellos se les premia con fama en las redes y notoriedad en el Congreso. ¿El debate público ha perdido calidad desde cuando empezó el gobierno de izquierda?

El debate público se viene degradando desde antes, en parte porque se tramita a través de las redes sociales, en donde la emoción prima sobre la razón. Otra parte de la responsabilidad en esa degradación deriva de que la sociedad no les impone sanciones morales y políticas a quienes desprecian los argumentos y se interesa solo por tener miles de likes.

Un lado de la crítica pública sostiene que algunos medios de comunicación se han pasado de la información al activismo político a favor o en contra del gobierno Petro. ¿Esto es cierta, falso o contiene verdades y mentiras?

El gobierno Petro-Márquez ha estado sometido a un escrutinio público intenso. Incluso mayor que el que tuvieron gobiernos en el pasado. Este escrutinio ha incidido, también, en un mayor cubrimiento negativo. Así lo muestra, por ejemplo, un informe del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (CELAG), en el que se ve, a partir de la medición de las portadas de medios gráficos como El Tiempo y El Espectador, que Gustavo Petro ha tenido una presencia mediática muy alta y, en el caso de Semana, con un alto grado de negatividad. Las razones para que se dé este nivel de escrutinio público tan intenso son múltiples. Pero algunas de las más importantes incluyen el hecho de que se trata del primer gobierno de izquierda y que el presidente y la vicepresidenta no pertenecen a las élites políticas tradicionales. Así que no descarto que haya un espíritu activista en algunos medios. Petro ha puesto su granito de arena en esta confrontación al profundizar, muchas veces a punta de trinos, sus desavenencias con periodistas y medios tradicionales. Sería ideal que estos aseguraran que harán un escrutinio con la mayor imparcialidad en los próximos tres años.

Además de que la Fiscalía y la Procuraduría tienen orígenes ideológicos y políticos contrarios a los del presidente, la oposición insiste en que los militares estarían insatisfechos y resentidos con la política de paz total. Al tiempo, hay reclamos crecientes por la inseguridad y el desorden público. ¿Qué consecuencias para el Estado de derecho se pueden derivar de un enfrentamiento interinstitucional como el que se desprende de esas informaciones?

La división de poderes, en una democracia, permite que las instituciones se controlen entre sí, en el ejercicio de sus funciones. Ese control mutuo puede generar desacuerdos. Sin embargo, cuando los desencuentros alcanzan niveles personales o se tramitan por vías que no son institucionales, llegan a confrontaciones que debilitan el sistema. Ahora bien, los desacuerdos Gobierno-militares no hacen parte del control mutuo propio de la separación de poderes porque las Fuerzas Armadas dependen orgánicamente de la Presidencia. Por tanto, las inconformidades, cuando existan, deberían resolverse, con mayor razón, por vías internas: un enfrentamiento en ese nivel sería muy riesgoso para el Estado de derecho. Varios países de América Latina han experimentado los efectos autoritarios que han derivado en golpes de Estado y episodios de violencia política generalizada.

¿Estamos en un punto de exacerbación de la confrontación militares vs. civiles o se trata más bien de un enfrentamiento de civiles vs. civiles con uso abusivo de estos del nombre de los militares?

Estamos en una confrontación de civiles vs. civiles y estos instrumentalizan a los militares.

De acuerdo con los análisis de Dejusticia, ¿es cierto que el Gobierno es aislacionista, incluso, dentro de la propia administración con el presidente, yendo hacia un lado y sus ministros y directores hacia el otro, sin coordinación?

Hay una percepción creciente de falta de articulación no solo entre el Gobierno y otras instituciones sino, incluso, dentro de la propia administración. Pero hemos visto variaciones importantes: hay ministerios e instancias con una clara identidad de propósitos y otros que aún luchan por encontrar su identidad. Tal vez una mayor estabilidad en el nivel de ministros pudiera ayudar a fortalecer la articulación oficial. Petro juega un papel clave en el liderazgo interno.

¿Encuentra usted, como varios analistas, que la personalidad solitaria y distante del presidente es un problema para la identidad colectiva de su gobierno?

Sí, puede ser.

Otra crítica común que se le hace a la personalidad del presidente es su tendencia a cancelar o no llegar a sus citas hasta en el más alto nivel diplomático ¿El incumplimiento del jefe de Estado es un problema grave o se exagera su importancia?

Creo que hay algo de las dos cosas. El incumplimiento parece ser más recurrente en Petro que en otros presidentes. Pero también es verdad que, frente a otros gobiernos, no ha habido un seguimiento de la agenda presidencial minuto a minuto como en este. Y aunque creo que el incumplimiento en citas y horarios es cierto, también puede haber una percepción exagerada al respecto por el grado de escrutinio público al que está sometido Gustavo Petro.

La encuesta Invamer de agosto pasado muestra una desaprobación del desempeño del presidente del 61 % y una aprobación del 33 %. ¿Esta descolgada tan rápida y fuerte en 12 meses es normal o debería subsistir el “encantamiento”?

Considerando los problemas que ha enfrentado el Gobierno en este primer año, la disminución en el nivel de aprobación de Petro parece razonable, aunque no sea necesariamente previsible o normal. En el pasado, otros gobiernos han contado con una especie de efecto teflón pues, incluso, críticas bien fundadas no redujeron su popularidad. Lo importante, en todo caso, no es el incremento en la desaprobación a su gestión sino la forma como Petro va a enfrentar la situación. Deberá volver a su agenda de reformas sociales para responder a quienes lo eligieron sin discursos sectarios. Y es clave que le apueste a construir nuevos acuerdos que permitan avanzar hacia el pacto social de que tanto ha hablado.

A modo de conclusión, insisto en un punto clave: ¿la democracia colombiana resistirá esta complicada situación?

La democracia colombiana, con todas sus limitaciones, ha tenido más resiliencia de lo que uno podría esperar en un país desigual como este y con un conflicto armado de tan larga duración. La llegada al gobierno de Petro y Márquez demostró que ganar las elecciones no solo es posible, sino que se permite la alternancia en el poder además de que el sistema político, históricamente cerrado a las mismas élites, permite la apertura a nuevas voces y demandas sociales. No obstante, no podemos dar por consolidada nuestra democracia. La lucha por mantener los valores democráticos está más vigente que nunca y debe convocar tanto a las instituciones como a la sociedad.

“Petro tendrá que reconstruir alianzas y tender puentes”

Como se ven las cosas hoy para la administración Petro, con todo el establecimiento en contra y una oposición fortalecida y obsesiva, ¿las escasas condiciones de gobernabilidad podrían hacer insostenibles los negocios, las empresas, el desarrollo del país?

El gobierno Petro ha enfrentado varias crisis en este primer año de su administración empezando por los relevos ministeriales; pasando por la ruptura de la coalición con las bancadas del Congreso; siguiendo con el escándalo Benedetti – Sarabia , y hasta llegar al escándalo sobre los topes en la campaña. A pesar de ello, ha logrado que se aprueben algunas de sus reformas clave como la tributaria, y sentar bases relevantes, por ejemplo, en el Plan Nacional de Desarrollo. En todo caso, si Petro quiere terminar su periodo presidencial dejándole un legado importante al país en materia de justicia social y ambiental, tendrá que encontrar la manera de mejorar su gobernabilidad. Ese propósito implica fortalecer sus relaciones con el Congreso y otras instituciones, reducir sus tensiones con la prensa e, incluso, ser más estratégico en la priorización de sus reformas pendientes. También implica reconstruir alianzas y tender puentes con actores que serían claves para sus reformas.

Avances y deudas del gobierno Petro, a un año de su posesión

Dejusticia elaboró un balance del primer año del gobierno Petro en diferentes áreas. En sus hallazgos, ¿qué fue lo más positivo y lo más negativo de la administración?

El gobierno Petro-Márquez ha manifestado, desde la campaña, su compromiso con los derechos humanos, un cambio importante que se ha reflejado en el discurso, en el tono y en avances importantes en distintos frentes. Por ejemplo, es el Gobierno con mayor representación de miembros de pueblos indígenas y comunidades afro en cargos decisorios; creó el sistema nacional de cuidado, logró una reforma constitucional que crea la jurisdicción agraria con lo cual se empiezan a pagar deudas históricas del Estado. Sin embargo y del otro lado, los retos son múltiples pues sigue sin aclararse cómo se van a implementar algunas reformas que han sido aprobadas y cómo se va a asegurar la sostenibilidad fiscal de programas sociales como el plan de renta ciudadana. También hay unas alertas importantes: la inseguridad en las regiones es un problema creciente que afecta a las comunidades y también toca el éxito de la paz total.

En este primer año de gobierno se ha creado una intensa convulsión política por la hiperactividad de la oposición y las investigaciones judiciales. A tal punto, que algunos comentaristas empiezan a pronosticar que el presidente no terminará su mandato. Para usted, ¿una interrupción de este cuatrienio es predecible o improbable?

La actual crisis está en una etapa muy temprana para poder predecir, razonablemente, cuál será su resultado. Todavía hay muchas cosas por esclarecer. Teniendo en cuenta lo que se conoce del proceso penal que se adelanta en contra de Nicolás Petro y Daysuris Vásquez, la evidencia disponible sugeriría que la campaña presidencial pudo haber superado los topes de financiación. Pero, de nuevo, eso todavía está por probarse. Tampoco es claro que haya responsabilidad penal de Gustavo Petro, lo que no excluiría su responsabilidad política. Mientras que no haya mayor claridad y aunque la política es impredecible en Colombia, Petro se mantendrá en la Presidencia.

Pero la sola posibilidad de que eso ocurra ya es grave para la democracia. Aunque sea pequeña, ¿cree que hay una ventana abierta a un retroceso histórico de 70 años cuando el general Rojas Pinilla se tomó el poder, en 1953?

No creo que estemos en un momento de peligro inminente para la democracia. La posibilidad que usted menciona sería lamentable si se presenta; y más que lamentable, sería catastrófica.

Ante la situación tan complicada que enfrenta y en beneficio de su margen de maniobra, ¿el mandatario tendrá que arriar algunas de sus banderas, desistir del grueso de sus reformas y cederles poder a los partidos o actores políticos tradicionales?

No es deseable que eso ocurra. Petro tiene que mantener, al menos, los elementos esenciales de su agenda de reformas. Sabemos que Colombia necesita cambios profundos en materia de educación, salud, sistema pensional y reforma agraria, entre otros. Si abandona sus propósitos reformistas, en el fondo, estaría dejando de lado su legado. No significa que no deba negociar y dedicarle imaginación a la creación de consensos políticos.

Pero, siendo realistas, con los líos que Petro enfrenta, puede verse obligado a darles partida de defunción a sus propuestas, no por gusto sino por imposibilidad de adelantar los cambios que prometió...

Espero que no. Las masivas movilizaciones sociales de 2019 y 2021 mostraron, con total claridad, que la gente está cansada de la desigualdad y la exclusión. En el mismo sentido, el debate público que se ha dado, en los últimos años, ha demostrado que la educación, el sistema de salud y el régimen pensional y laboral requieren reformas profundas. Y ni hablar de la importancia que tiene la tan anhelada reforma agraria. No contar con esas reformas sería una pérdida para Colombia. La pregunta clave es si el Gobierno podrá impulsar una nueva agenda con consensos.

Ningún mandatario colombiano ha tenido que enfrentar, emocional y políticamente, investigaciones penales en contra de su hijo quien, por si ya no fuera suficientemente grave, involucró la campaña de su padre. ¿Existen mecanismos institucionales previstos para enfrentar esta inédita situación desde la Casa de Nariño?

Nuestra Constitución tiene distintos mecanismos para enfrentar emergencias y crisis, destinados a evitar el rompimiento del régimen constitucional frente a la excepcionalidad. Sin embargo, frente a este tipo de problemas en que se mezcla lo político con lo personal, las herramientas son más reducidas. Ahora bien, cuando el deber de imparcialidad de las autoridades involucradas en la investigación se ve comprometido, los funcionarios públicos pueden declararse impedidos y se les aparta del caso. Aunque en el caso de Nicolás Petro no se ha presentado esta situación, el presidente Petro, quien ya envió la terna para la designación de una nueva fiscal general de la Nación, le pidió a la Corte Suprema que nombrara un fiscal ad-hoc para las investigaciones en contra de sus familiares, previendo que podría configurarse un conflicto de interés por cuanto la terna fue elaborada por el propio presidente.

Entonces, ¿por qué nadie, empezando por la Corte Suprema, plantea que la posición política del actual fiscal general configura un impedimento para la entidad que él maneja y en la que todos los fiscales le obedecen en la tarea de adelantar las investigaciones que afectan a quien Barbosa ha tratado como su contradictor?

Yo creo que el fiscal Barbosa ha hecho un uso político de su cargo y se ha posicionado, casi, como un líder de oposición frente al presidente de la República. Sin embargo, también creo que, en este caso, ese no es el debate central debido a que Nicolás Petro ha llegado a acuerdos para hacer aportes a la justicia. Esta específica situación sustenta la idea de imparcialidad en la investigación en contra del hijo del mandatario.

Otras familias presidenciales han padecido investigaciones penales; por ejemplo, los Uribe Moreno, hijos de Álvaro Uribe, pero aunque se iniciaron procesos en su contra, se quedaron estancados en la Fiscalía desde hace años. ¿Por qué, en cambio, se acelera a fondo con los de la familia Petro?

Es cierto que el caso en contra de Nicolás Petro y Daysuris Vásquez ha avanzado con celeridad incluso considerando los altos niveles de impunidad que hay en el país y, en particular, si comparamos con otros casos que han producido gran revuelo como el de los Char. Pero, del otro lado, ha habido avances rápidos y contundentes, por ejemplo, en las investigaciones sobre la parapolítica o cuando personas muy cercanas a algunos presidentes fueron condenadas, como los jefes de campaña de Samper y Santos, y el propio Andrés Felipe Arias, exministro del círculo de Uribe. Aunque es verdad que casos en contra de familiares de presidentes y clanes políticos no siempre prosperan, lo importante no es tanto cuestionar la celeridad sino asegurar que la investigación se realice con independencia, con todas las garantías procesales, y que llegue a término.

Justamente, las reiteradas declaraciones del fiscal Barbosa, quien ha señalado al jefe de Estado hasta de tener un “pasado de delincuente”, no garantizan independencia en la etapa investigativa, como tampoco se ha garantizado la imparcialidad en el otro extremo, el del proceso por soborno a testigos que afecta al expresidente. ¿No se abrirá un boquete de legitimidad en la justicia por actuaciones tan contradictorias de la Fiscalía, a pesar de que el caso contra de Nicolás Petro sea contundente?

Sí hay un riesgo. Lastimosamente, como he dicho, las afirmaciones del fiscal muestran un uso político de su cargo. Eso podría tener el efecto de que se desestimen algunas decisiones judiciales en el futuro por considerar que tuvieron un carácter más político que jurídico aunque, en este caso (N. Petro), el material probatorio reduce esa posibilidad. La politización de la justicia siempre será un peligro para la democracia.

La oposición ha sido compacta y eficiente como pocas veces. Con sus errores, deficiencia de ejecución y ausencia en estrategia de comunicaciones, ¿el Gobierno ha facilitado la tarea de sus enemigos políticos o estos han ido más allá de su derecho legítimo a la contradicción?

Esta pregunta reconduce la discusión a un tema más general: el papel que juega la oposición en contra del gobierno de turno, en un régimen democrático. Desde Dejusticia hemos reiterado que una oposición seria y rigurosa es fundamental para promover un debate profundo, darles espacio a nuevas voces y crear mejores prácticas. Por eso hemos pedido siempre que haya garantías para los opositores. Pero, claro, no todas las formas de contradicción política son sanas para la democracia: noticias falsas, críticas infundadas, ataques a las personas en lugar de a sus argumentos son algunas de las acciones que afectan la calidad del debate e, incluso, debilitan la propia oposición, al menos en el mediano plazo.

Sin embargo, entre los voceros más publicitados de la oposición hay varios que compiten por ser el de mayor grado de insultos y expresiones discriminatorias. A ellos se les premia con fama en las redes y notoriedad en el Congreso. ¿El debate público ha perdido calidad desde cuando empezó el gobierno de izquierda?

El debate público se viene degradando desde antes, en parte porque se tramita a través de las redes sociales, en donde la emoción prima sobre la razón. Otra parte de la responsabilidad en esa degradación deriva de que la sociedad no les impone sanciones morales y políticas a quienes desprecian los argumentos y se interesa solo por tener miles de likes.

Un lado de la crítica pública sostiene que algunos medios de comunicación se han pasado de la información al activismo político a favor o en contra del gobierno Petro. ¿Esto es cierta, falso o contiene verdades y mentiras?

El gobierno Petro-Márquez ha estado sometido a un escrutinio público intenso. Incluso mayor que el que tuvieron gobiernos en el pasado. Este escrutinio ha incidido, también, en un mayor cubrimiento negativo. Así lo muestra, por ejemplo, un informe del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (CELAG), en el que se ve, a partir de la medición de las portadas de medios gráficos como El Tiempo y El Espectador, que Gustavo Petro ha tenido una presencia mediática muy alta y, en el caso de Semana, con un alto grado de negatividad. Las razones para que se dé este nivel de escrutinio público tan intenso son múltiples. Pero algunas de las más importantes incluyen el hecho de que se trata del primer gobierno de izquierda y que el presidente y la vicepresidenta no pertenecen a las élites políticas tradicionales. Así que no descarto que haya un espíritu activista en algunos medios. Petro ha puesto su granito de arena en esta confrontación al profundizar, muchas veces a punta de trinos, sus desavenencias con periodistas y medios tradicionales. Sería ideal que estos aseguraran que harán un escrutinio con la mayor imparcialidad en los próximos tres años.

Además de que la Fiscalía y la Procuraduría tienen orígenes ideológicos y políticos contrarios a los del presidente, la oposición insiste en que los militares estarían insatisfechos y resentidos con la política de paz total. Al tiempo, hay reclamos crecientes por la inseguridad y el desorden público. ¿Qué consecuencias para el Estado de derecho se pueden derivar de un enfrentamiento interinstitucional como el que se desprende de esas informaciones?

La división de poderes, en una democracia, permite que las instituciones se controlen entre sí, en el ejercicio de sus funciones. Ese control mutuo puede generar desacuerdos. Sin embargo, cuando los desencuentros alcanzan niveles personales o se tramitan por vías que no son institucionales, llegan a confrontaciones que debilitan el sistema. Ahora bien, los desacuerdos Gobierno-militares no hacen parte del control mutuo propio de la separación de poderes porque las Fuerzas Armadas dependen orgánicamente de la Presidencia. Por tanto, las inconformidades, cuando existan, deberían resolverse, con mayor razón, por vías internas: un enfrentamiento en ese nivel sería muy riesgoso para el Estado de derecho. Varios países de América Latina han experimentado los efectos autoritarios que han derivado en golpes de Estado y episodios de violencia política generalizada.

¿Estamos en un punto de exacerbación de la confrontación militares vs. civiles o se trata más bien de un enfrentamiento de civiles vs. civiles con uso abusivo de estos del nombre de los militares?

Estamos en una confrontación de civiles vs. civiles y estos instrumentalizan a los militares.

De acuerdo con los análisis de Dejusticia, ¿es cierto que el Gobierno es aislacionista, incluso, dentro de la propia administración con el presidente, yendo hacia un lado y sus ministros y directores hacia el otro, sin coordinación?

Hay una percepción creciente de falta de articulación no solo entre el Gobierno y otras instituciones sino, incluso, dentro de la propia administración. Pero hemos visto variaciones importantes: hay ministerios e instancias con una clara identidad de propósitos y otros que aún luchan por encontrar su identidad. Tal vez una mayor estabilidad en el nivel de ministros pudiera ayudar a fortalecer la articulación oficial. Petro juega un papel clave en el liderazgo interno.

¿Encuentra usted, como varios analistas, que la personalidad solitaria y distante del presidente es un problema para la identidad colectiva de su gobierno?

Sí, puede ser.

Otra crítica común que se le hace a la personalidad del presidente es su tendencia a cancelar o no llegar a sus citas hasta en el más alto nivel diplomático ¿El incumplimiento del jefe de Estado es un problema grave o se exagera su importancia?

Creo que hay algo de las dos cosas. El incumplimiento parece ser más recurrente en Petro que en otros presidentes. Pero también es verdad que, frente a otros gobiernos, no ha habido un seguimiento de la agenda presidencial minuto a minuto como en este. Y aunque creo que el incumplimiento en citas y horarios es cierto, también puede haber una percepción exagerada al respecto por el grado de escrutinio público al que está sometido Gustavo Petro.

La encuesta Invamer de agosto pasado muestra una desaprobación del desempeño del presidente del 61 % y una aprobación del 33 %. ¿Esta descolgada tan rápida y fuerte en 12 meses es normal o debería subsistir el “encantamiento”?

Considerando los problemas que ha enfrentado el Gobierno en este primer año, la disminución en el nivel de aprobación de Petro parece razonable, aunque no sea necesariamente previsible o normal. En el pasado, otros gobiernos han contado con una especie de efecto teflón pues, incluso, críticas bien fundadas no redujeron su popularidad. Lo importante, en todo caso, no es el incremento en la desaprobación a su gestión sino la forma como Petro va a enfrentar la situación. Deberá volver a su agenda de reformas sociales para responder a quienes lo eligieron sin discursos sectarios. Y es clave que le apueste a construir nuevos acuerdos que permitan avanzar hacia el pacto social de que tanto ha hablado.

A modo de conclusión, insisto en un punto clave: ¿la democracia colombiana resistirá esta complicada situación?

La democracia colombiana, con todas sus limitaciones, ha tenido más resiliencia de lo que uno podría esperar en un país desigual como este y con un conflicto armado de tan larga duración. La llegada al gobierno de Petro y Márquez demostró que ganar las elecciones no solo es posible, sino que se permite la alternancia en el poder además de que el sistema político, históricamente cerrado a las mismas élites, permite la apertura a nuevas voces y demandas sociales. No obstante, no podemos dar por consolidada nuestra democracia. La lucha por mantener los valores democráticos está más vigente que nunca y debe convocar tanto a las instituciones como a la sociedad.

“Petro tendrá que reconstruir alianzas y tender puentes”

Como se ven las cosas hoy para la administración Petro, con todo el establecimiento en contra y una oposición fortalecida y obsesiva, ¿las escasas condiciones de gobernabilidad podrían hacer insostenibles los negocios, las empresas, el desarrollo del país?

El gobierno Petro ha enfrentado varias crisis en este primer año de su administración empezando por los relevos ministeriales; pasando por la ruptura de la coalición con las bancadas del Congreso; siguiendo con el escándalo Benedetti – Sarabia , y hasta llegar al escándalo sobre los topes en la campaña. A pesar de ello, ha logrado que se aprueben algunas de sus reformas clave como la tributaria, y sentar bases relevantes, por ejemplo, en el Plan Nacional de Desarrollo. En todo caso, si Petro quiere terminar su periodo presidencial dejándole un legado importante al país en materia de justicia social y ambiental, tendrá que encontrar la manera de mejorar su gobernabilidad. Ese propósito implica fortalecer sus relaciones con el Congreso y otras instituciones, reducir sus tensiones con la prensa e, incluso, ser más estratégico en la priorización de sus reformas pendientes. También implica reconstruir alianzas y tender puentes con actores que serían claves para sus reformas.

Avances y deudas del gobierno Petro, a un año de su posesión

Dejusticia elaboró un balance del primer año del gobierno Petro en diferentes áreas. En sus hallazgos, ¿qué fue lo más positivo y lo más negativo de la administración?

El gobierno Petro-Márquez ha manifestado, desde la campaña, su compromiso con los derechos humanos, un cambio importante que se ha reflejado en el discurso, en el tono y en avances importantes en distintos frentes. Por ejemplo, es el Gobierno con mayor representación de miembros de pueblos indígenas y comunidades afro en cargos decisorios; creó el sistema nacional de cuidado, logró una reforma constitucional que crea la jurisdicción agraria con lo cual se empiezan a pagar deudas históricas del Estado. Sin embargo y del otro lado, los retos son múltiples pues sigue sin aclararse cómo se van a implementar algunas reformas que han sido aprobadas y cómo se va a asegurar la sostenibilidad fiscal de programas sociales como el plan de renta ciudadana. También hay unas alertas importantes: la inseguridad en las regiones es un problema creciente que afecta a las comunidades y también toca el éxito de la paz total.