El proyecto para fortalecer Consejos de Juventud tras quejas por falta de garantías

Los jóvenes representantes de los Consejos de Juventud (municipales, distritales y departamentales) continúan manifestando su inconformidad por cuenta de las deficientes garantías para la participación política: casi 11 mil consejeros fueron electos en diciembre del año pasado y, hasta el momento, según cuentan, tienen bastantes dificultades para ejercer su labor, relacionadas con falta de espacios para sesionar, incentivos, entre otras.

Los jóvenes representantes de los Consejos de Juventud (municipales, distritales y departamentales) continúan manifestando su inconformidad por cuenta de las deficientes garantías para la participación política: casi 11 mil consejeros fueron electos en diciembre del año pasado y, hasta el momento, según cuentan, tienen bastantes dificultades para ejercer su labor, relacionadas con falta de espacios para sesionar, incentivos, entre otras.

Al respecto, la consejera presidencial para la Juventud (Colombia Joven), Gabriela Posso, había dicho que uno de los pasos para profundizar en esas garantías sería el Encuentro Nacional de Juventud, con lo que los jóvenes colocarían sobre la mesa la construcción colectiva de una agenda desde la representatividad y diversidad social, cultural y política, de cara a una política pública de juventud y al Plan Nacional de Desarrollo (PND).

Así las cosas, el pasado fin de semana se llevó a cabo en Medellín ese evento, organizado por Colombia Joven, que convocó a consejeros de juventud de todo el país y lideres de procesos y organizaciones comunitarias. No obstante, no terminó como muchos esperaban y, surgieron múltiples quejas alrededor de la organización, lo que se sumó a que varios se intoxicaron con debido a un alimento que recibieron en mal estado. Para los jóvenes, todo eso demostraría una falta de voluntad del Estado con sus procesos.

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Por todo eso, piden que sean tomados en serio, no solo a nivel nacional sino también territorial. “Esto está pasando a nivel país, pero, en las entidades territoriales es mucho peor”, dice Alicia Rodríguez, consejera nacional por Boyacá, quien agrega que “no somos niños que están jugando a hacer política, somos totalmente capaces y nos tienen que brindar garantías. Muchos ya han desertado por la falta de compromiso”.

Los acuerdos para la representación de los jóvenes en Colombia están regulados por la Ley Estatutaria 1622 de 2013 modificada por la Ley Estatutaria 1885 de 2018 o el Estatuto de Ciudadanía Juvenil, que creo los Consejos de Juventud, para los que se hicieron elecciones en 2021. Por eso, ante la falta de garantías, una de las propuestas ha sido la reforma a esa norma, con el fin de fortalecer los procesos.

Precisamente, antes del receso legislativo, un proyecto de ley estatutaria del partido Alianza Verde para brindarle herramientas a los Consejos de Juventud a través de la reforma al estatuto de ciudadanía juvenil avanzó en su segundo debate en la plenaria del Senado. Es de autoría de la senadora Angélica Lozano (Alianza Verde) y cuenta con el apoyo de varios jóvenes.

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¿Cuál es la propuesta?

El proyecto, de acuerdo con Lozano, fue construido a través de varias “audiencias públicas, talleres y encuentros de zoom con los consejeros de juventud de todo el país” y, tiene como objetivo: definir incentivos como conectividad a internet, acceso a dispositivos tecnológicos y reconocimiento para transporte; disposición de un espacio físico; diseño de una ruta de prevención contra violencia política; posibilidad de presentar proyectos, entre otros.

Así pues, el proyecto pretende solucionar problemas como el que cuenta Juan David Barraza, consejero nacional por Atlántico y electo a través de curules de paz: “A las sesiones que hemos venido haciendo, de manera virtual y extraordinaria, no se conecta la mayoría por una sencilla razón: tenemos compañeros en Vaupés, Guainía, Vichada, Amazonía; en donde algunos no tienen computador o el Internet es inestable”.

El senador verde y ponente, Jonathan Ferney Pulido o ‘Jota Pe Hernández’ agrega que los jóvenes “no tienen acceso a la información por parte de las entidades públicas. Ahora, si ellos hacen una recomendación, no son vinculantes y no son tenidas en cuenta. Otro error que queremos corregir es que estos jóvenes son considerados servidores públicos y por eso no los pueden contratar, pero, igualmente no devengan un salario, no reciben un solo peso, pero sí les está causando una inhabilidad”, dice.

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Para los incentivos, el proyecto propone que sea reconocido el transporte y el acceso a Internet por el Gobierno Nacional y las entidades territoriales. “Reconocerán el valor de transporte para el desarrollo de las sesiones ordinarias, de comisión y extraordinarias, a los consejeros y consejeras de juventud en el nivel territorial correspondiente. (...) Adicionalmente, brindarán las herramientas tecnológicas y de conectividad a internet al respectivo Consejo de Juventud para su efectivo funcionamiento”, dice el texto.

Otro de los puntos clave tiene que ver con la eliminación de su condición de “servidores públicos”, lo que les causa inhabilidades para participar por otros cargos de elección popular. Así mismo, el proyecto fijaría una fecha específica para desarrollar las elecciones a los consejos: “La elección tendrá lugar el último domingo del mes de octubre del año de elección”, en este momento esa fecha es fijada por la Registraduría Nacional del Estado Civil, según el estatuto actual.

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Frente a la necesidad de un espacio para sesionar, especialmente en las regiones, la iniciativa busca que los Consejos de Juventudes sesionen en “las instalaciones de las Juntas Administradoras Locales, los Concejos Distritales, Municipales y en las Asambleas Departamentales y Congreso de la República. Para lo cual, estos órganos dispondrán de un espacio físico y equipado para el correcto funcionamiento de los Consejos de Juventud”.

Entre las múltiples quejas que recibió el senador Pulido, dice que “solicitan el acceso pronto a la información”, por lo que el texto también propone que las corporaciones públicas en un término de 10 días hábiles contesten sus derechos de petición. Igualmente, es importante mencionar que los consejeros no pueden presentar proyectos, sino que tienen que hacerlo a través de congresistas, concejales o diputados, así pues, el proyecto también los habilita para “presentar proyectos de acuerdo ante el respectivo concejo municipal o distrital, en materias relacionadas con sus atribuciones”.

Por el momento, la propuesta tiene buen apoyo y fue aprobada en la plenaria de senado con 67 votos a favor y ninguno en contra. Le faltan dos debates en la Cámara de Representantes, que se tramitaran en el próximo periodo legislativo, que empezará oficialmente el 16 de marzo del próximo año 2023.