El proyecto que busca crear salas especiales para juzgar militares en la JEP
El Centro Democrático radicó una iniciativa para que los miembros de la Fuerza Pública tengan un tratamiento diferenciado en el tribunal de paz.
-Redacción Política
El uribismo sigue en su empeño para crear un tratamiento diferenciado para los miembros de la Fuerza Pública dentro de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Este miércoles, en conjunto con el partido Cambio Radical, de Germán Vargas Lleras, el Centro Democrático radicó ante la secretaría del Senado un proyecto de acto legislativo que intentará crear salas especiales en el tribunal de paz para que a ellas lleguen los casos de los uniformados que tengan que ver con delitos cometidos en ocasión del conflicto armado en Colombia.
“Lo primero que hay que decir es que aquí no se están modificando los acuerdo de La Habana. Si miembros de la Fuerza Pública se quieren someter, lo harán en las salas especiales dentro de la JEP. Las salas están circunscritas a la JEP y reconocen la existencia de esta, pero tiene magistrados diferenciados”, explicó Valencia.
También señaló que estas salas tendrán un procedimiento que no favorece la confesión para obtener beneficios. "A un soldado le decían: 'Confiese el delito y queda libre. Pero si usted no lo confiesa, entonces, consiga un abogado, defiéndase y si llega a perder lo vamos a meter 20 años a la cárcel'. Eso obligaba a los miembros de la Fuerza Pública a confesar delitos, aunque no los hubieran cometidos, para poder garantizar su libertad".
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La propuesta es crear dos secciones de primera instancia, una sección de revisión de sentencias y una sección de apelación, integradas cada una por tres magistrados que serían escogidos por el presidente de la República y que deberán, como condición, conocer sobre el Derecho Internacional Humanitario (DIH) y sobre los manuales operacionales de las Fuerzas Armadas. La refrendación estará en manos de las mayorías simples del Congreso en pleno.
En ese mismo sentido, plantea la creación una sala de determinación de competencia, que se encargaría de establecer la competencia de las secciones que conocerán las acciones cometidas por los miembros de las Fuerza Pública y una Unidad de Investigación y Acusación para uniformados, integrada por un mínimo de ocho fiscales.
Los procesos que ya avanzan en la JEP podrán llegar a estas salas siempre que los interesados lo soliciten. Los nuevos procesos llegarán obligatoriamente a estas nuevas salas cuando entren en funcionamiento.
El proyecto incorpora un artículo nuevo en el acto legislativo 01 de 2017 que plantea que “quien haya cumplido un sexto de la pena por el delito imputado o al menos cinco (5) años de detención tendrá derecho a la libertad condicional, antes, durante o después de someterse a la JEP”.
Por otra parte, garantiza la defensa técnica para los miembros de la Fuerza Pública de forma permanente, un asunto que quedará a cargo del Estado. A renglón seguido, establecería una defensa institucional. “Todas las instituciones a las que pertenecen los miembros de la fuerza pública, deben tener un abogado que se encargue de la defensa del buen nombre de la institución que sea mencionada en los procesos. Además proveerán defensa técnica y especializada gratuita para los miembros de la fuerza pública que sean sujetos de procesos ante la JEP”, expone el artículo 6 del proyecto de acto legislativo.
El senador Álvaro Uribe Vélez expresó que este proyecto es “un paso importante para los integrantes de las Fuerzas Armadas porque tienen un beneficio antes, durante o después de someterse a la JEP, de que no estén privados de la libertad si ya cumplieron 5 años de condena”.
El uribismo sigue en su empeño para crear un tratamiento diferenciado para los miembros de la Fuerza Pública dentro de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Este miércoles, en conjunto con el partido Cambio Radical, de Germán Vargas Lleras, el Centro Democrático radicó ante la secretaría del Senado un proyecto de acto legislativo que intentará crear salas especiales en el tribunal de paz para que a ellas lleguen los casos de los uniformados que tengan que ver con delitos cometidos en ocasión del conflicto armado en Colombia.
“Lo primero que hay que decir es que aquí no se están modificando los acuerdo de La Habana. Si miembros de la Fuerza Pública se quieren someter, lo harán en las salas especiales dentro de la JEP. Las salas están circunscritas a la JEP y reconocen la existencia de esta, pero tiene magistrados diferenciados”, explicó Valencia.
También señaló que estas salas tendrán un procedimiento que no favorece la confesión para obtener beneficios. "A un soldado le decían: 'Confiese el delito y queda libre. Pero si usted no lo confiesa, entonces, consiga un abogado, defiéndase y si llega a perder lo vamos a meter 20 años a la cárcel'. Eso obligaba a los miembros de la Fuerza Pública a confesar delitos, aunque no los hubieran cometidos, para poder garantizar su libertad".
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La propuesta es crear dos secciones de primera instancia, una sección de revisión de sentencias y una sección de apelación, integradas cada una por tres magistrados que serían escogidos por el presidente de la República y que deberán, como condición, conocer sobre el Derecho Internacional Humanitario (DIH) y sobre los manuales operacionales de las Fuerzas Armadas. La refrendación estará en manos de las mayorías simples del Congreso en pleno.
En ese mismo sentido, plantea la creación una sala de determinación de competencia, que se encargaría de establecer la competencia de las secciones que conocerán las acciones cometidas por los miembros de las Fuerza Pública y una Unidad de Investigación y Acusación para uniformados, integrada por un mínimo de ocho fiscales.
Los procesos que ya avanzan en la JEP podrán llegar a estas salas siempre que los interesados lo soliciten. Los nuevos procesos llegarán obligatoriamente a estas nuevas salas cuando entren en funcionamiento.
El proyecto incorpora un artículo nuevo en el acto legislativo 01 de 2017 que plantea que “quien haya cumplido un sexto de la pena por el delito imputado o al menos cinco (5) años de detención tendrá derecho a la libertad condicional, antes, durante o después de someterse a la JEP”.
Por otra parte, garantiza la defensa técnica para los miembros de la Fuerza Pública de forma permanente, un asunto que quedará a cargo del Estado. A renglón seguido, establecería una defensa institucional. “Todas las instituciones a las que pertenecen los miembros de la fuerza pública, deben tener un abogado que se encargue de la defensa del buen nombre de la institución que sea mencionada en los procesos. Además proveerán defensa técnica y especializada gratuita para los miembros de la fuerza pública que sean sujetos de procesos ante la JEP”, expone el artículo 6 del proyecto de acto legislativo.
El senador Álvaro Uribe Vélez expresó que este proyecto es “un paso importante para los integrantes de las Fuerzas Armadas porque tienen un beneficio antes, durante o después de someterse a la JEP, de que no estén privados de la libertad si ya cumplieron 5 años de condena”.