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La muerte del abogado Javier Ordóñez a manos de uniformados, en un acto de abuso policial, trajo consigo una jornada de protestas que también estuvieron marcadas por varios casos de presunta violencia de miembros de la Policía. El saldo de la noche del 9 de septiembre fue de 6 jóvenes muertos por balas de armas de fuego y media centena herida en hospitales por el mismo tipo de armas.
La situación en el último tiempo frente a los posibles abusos policiales es preocupante. En lo que va del año, la ONG Temblores ha reportado 10 muertes en los que estuvieron involucrados miembros de la Policía, eso sin contar los casos ocurridos en la jornada de este miércoles en Bogotá y Soacha. En ese panorama, desde el Congreso se ha venido trabajando en un proyecto de ley para la “prevención y sanción de los abusos en la actividad de Policía”.
Esta iniciativa aún no se ha radicado, pero el representante Inti Asprilla, uno de sus autores, dio a conocer un borrador del articulado, que será llevado al Legislativo en los próximos días. Entre los puntos más importantes del proyecto están las restricciones del uso de la fuerza en los operativos policiales.
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La iniciativa consagra que antes de recurrir a la fuerza se deben agotar los medios preventivos y disuasivos. Solo al verse superado estos presupuestos es que se podrá recurrir a armas de fuego, cinéticas y a los bastones tipo tonfa, más conocidos como bolillos. El texto también advierte que la acción de la Policía debe ser de manera moderada y de forma proporcional a la amenaza, “escogiendo entre los medios eficaces, aquellos que causen menor daño a la integridad de las personas y sus bienes”.
Como parte de esta regulación en el uso de la fuerza, la propuesta contempla prohibir las maniobras de estrangulamiento -comprimir el cuello para quitar la respiración-. De incurrir en esta práctica, el uniformado estaría incumpliendo el artículo 35 de la ley 1015 de 2006, que establece las faltas graves en el régimen disciplinario de la Policía.
De igual manera, los bolillos, conocidos en este proyecto como bastón tipo tonfa, estarán limitados a la legitima defensa. Este tipo de objetos contundentes no podrán ser usados “para golpear en la cabeza a los ciudadanos a los que pretenda controlar por medio del uso de la fuerza”. También se le delegó al Ministerio de Defensa la labor de expedir un manual en el que se reglamente el uso de estos bastones, que en la jornada de este miércoles, según videos difundidos, fueron usados en varias ocasiones para agredir a los manifestantes.
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En cuanto a los taser o armas de control eléctrico, este texto contempla que solo se pueden usar en casos de legitima defensa. Además, este no podrá ser utilizado más de una vez. El uso irregular de este artículo también sería calificado como una falta grave y de igual manera se le da un plazo de seis meses al Ministerio de Defensa para que reglamente el uso de estas armas de menor letalidad. Es preciso señalar que fue con esta arma, activada en múltiples ocasiones, que los uniformados trataron de controlar al abogado Javier Ordóñez.
En el capítulo de la regulación del uso de la fuerza también se establece que las armas cinéticas no podrán ser usadas en manifestaciones pacíficas realizadas por la ciudadanía. Este punto cobra relevancia al recordar que fue por una munición de un arma cinética (bean bag) que Dylan Cruz murió en noviembre del año pasado. Este joven se encontraba en las protestas del paro nacional cuando un miembro del ESMAD disparó una escopeta con este tipo de munición cinética y esta se incrustó en la cabeza del manifestante.
Asimismo, el proyecto de la autoría de Inti Asprilla entra a legislar sobre casos de abuso policial que se han presentado recientemente. Por ejemplo, les prohíbe a los uniformados manipular los dispositivos electrónicos de los detenidos con el objeto de acceder a la información privada, a menos de que cuenten con orden judicial. En este punto se establece que mucho menos pueden borrar los archivos de este dispositivo.
La violencia verbal y el uso de vehículos no oficiales o sin identificación también quedan específicamente prohibidos. Solo se podrá usar vehículos que no sean de la institución para transportar personas cuando su vida dependa ello. Este punto recuerda a lo ocurrido en el paro de hace un año, cuando videos dieron cuenta de Policías que subieron a manifestantes a carros particulares y se los intentaron llevar con rumbo desconocido. Al final, con ayuda de la acción ciudadana, los detenidos fueron dejados en libertad.
Otro apartado importante es la protección contra el abuso sexual. Para este fin, se debe garantizar que las mujeres que fueron detenidas y sea trasladas a dependencias oficiales siempre lo hagan con personal femenino de la Policía. Para eso se destinarán vehículos especiales para ello.
Además de estas acciones, el proyecto del representante de la Alianza Verde contempla que se imparta una clase obligatoria a los uniformados sobre el uso de la fuerza y sus implicaciones. También se plantea que se elimine cualquier cuota de comparendos, para “prevenir comportamientos que afectan las relaciones entre las personas y la autoridad”.
Además, la iniciativa busca un mayor control a través de cámaras de las operaciones policiales. Por eso se propone que los uniformados tengan cámaras en el cuerpo y que se instalen sistemas de videovigilancia en los centros de traslado y los Comandos de Atención Inmediata (CAI). De esta forma puede quedar un mayor registro de las acciones de los uniformados, porque actualmente este depende de las cámaras de vigilancia que haya en la ciudad y en que cercanos puedan grabar con sus celulares los operativos.
Por último, se propone un sistema único en el que se consignen las denuncias de abusos de autoridad por parte de la Policía y la nominación de un Comisionado Nacional de Policía que será el que haga el seguimiento a estos casos. Además de velar por el cumplimiento de las normas en la Policía.