El punto ciego de la Registraduría: denuncias por errores en material electoral en lenguaje braille

Una de las frases más populares en el mundo político es que “quien escruta elige”. Por eso, en estos días de campaña electoral, todos los reflectores están puestos sobre la Registraduría Nacional del Estado Civil, cuya cabeza es Juan Carlos Galindo, un abogado bogotano de 56 años que hizo carrera principalmente en la Rama Judicial y que tras un fugaz, pero exitoso paso por la entidad —en los comicios locales de 2007—, se convirtió en un conocedor de los temas electorales. En diciembre de 2015, tras sacar el mayor puntaje en un concurso de méritos, fue elegido en el cargo por los presidentes de las cortes. Sólo que esta vez han sido varios los contratiempos y las duras.

Sobre Galindo recayó la responsabilidad por la falta de tarjetones de las consultas de los partidos, realizadas en las elecciones parlamentarias del 11 de marzo. En algunas mesas de votación de Bogotá, Medellín y Montería no fueron suficientes, lo que produjo un revuelo de grandes proporciones que, ante las protestas y los reclamos de las campañas del uribismo y de Gustavo Petro, se tuvieran que correr a fotocopiar tarjetones para que los electores pudieran ejercer su derecho.

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Y fue tal el escándalo, que la Fiscalía abrió investigación para determinar qué había ocurrido. Galindo explicó que la Registraduría había previsto la situación, pero que por restricciones de presupuesto sólo se habían impreso 15 millones de tarjetones. Y responsabilizó al Ministerio de Hacienda, asegurando que se le solicitaron $33.000 millones y que solamente les desembolsaron $26.450 millones. Ante la acusación, el ministro Mauricio Cárdenas respondió que no era cierta la versión de Galindo y sostuvo que su cartera giró exactamente los recursos solicitados por la Registraduría e incluso señaló que se imprimieron 30 millones de tarjetones y sólo se utilizaron 10.

Posteriormente, la Registraduría informó que la falta de tarjetones sólo se presentó en algunas mesas de votación que recibieron un afluente de electores mayor al esperado y que, según sus cuentas, sólo afectó a 26 de los 11.229 puestos establecidos en todo el territorio nacional. A pesar de las explicaciones, el episodio dejó un sinsabor en las campañas que llevaron a las urnas su consulta, pues consideraron que la participación ciudadana habría sido mayor de no haberse presentado la falta de tarjetones. Lo cierto es que al siguiente día de los comicios del 11 de marzo, la noticia no fue tanto el nuevo mapa políticos, sino la falla de la entidad en la impresión de las tarjetas de las consultas.

De las críticas por la falta de planeación en la impresión y distribución de éstas se pasó a las acusaciones de que la Registraduría planeaba entregar las actas de quienes participaron en las consultas de la derecha y la izquierda, como se les denominó, lo cual violaba el principio de la confidencialidad del voto, pero además, dijeron algunos, podría servir para un fraude excluyendo de las mesas de votación a quienes votaron por determinado candidato. El episodio mereció un pronunciamiento de la Misión de Observación Electoral (MOE), que exigió destruir el material apropiadamente. Lo propio hizo el Consejo Gremial y hasta el Consejo Nacional Electoral (CNE), el cual ordenó la quema por considerarlo “sensible”.

En las mismas elecciones parlamentarias, aunque sin tanto ruido mediático, ocurrió otra situación que pone en entredicho la preparación de la Registraduría para el proceso. Un grupo de ciudadanos invidentes elevó una denuncia ante los entes de control por lo que consideraron violó sus derechos a sufragar en las mismas condiciones que el resto de colombianos. La denuncia fue remitida a la Procuraduría, la Registraduría y hasta a la Presidencia de la República, y en ella unas 20 personas ciegas se quejaron del material electoral asignado para la comunidad con discapacidad visual. En dos largos memoriales aseguraron que para ellos no hubo material de pedagogía sobre cómo votar, que los tarjetones en lenguaje braille tenían defectos técnicos que hacían que los números no coincidieran con el candidato al que le correspondía la casilla y que para ellos no hubo tarjetones especiales de las consultas.

En efecto, según Tatiana Rodríguez, directora de la Fundación Sirius, organización que vela por los derechos de las personas ciegas, el tarjetón para las elecciones al Congreso tenía una grave falla: la letra en braille no coincidía con el número del candidato. Aunque lo correcto es que esté ubicado sobre los dígitos para que los votantes los puedan identificar, en esta ocasión no sucedió así. “Entonces, por ejemplo, si los votantes marcaban el 121, es muy probable que hayan marcado el 122”, cuenta.

Ante esta situación decidieron conformar un grupo para hacer control político y protestar por la equivocación. Como asegura Lina Marcela Múnera, abogada, ya han enviado varios derechos de petición, quejas disciplinarias y un memorando a la Procuraduría, a la Contraloría, a la misma Registraduría y al Instituto Nacional Para Ciegos (INCI), entidad encargada de imprimir los tarjetones. Sin embargo, hasta el momento no han recibido una respuesta concreta para solucionar la situación.

“No sabemos cuántos votos anularon. Tampoco sabemos si se va a tomar alguna medida sancionatoria. Hasta el momento no tengo ni idea si voté por el candidato que quería, si lo hice por otro o si mi voto fue anulado”, dice Múnera. Para ella, esta equivocación se pudo haber prevenido si la Registraduría hubiese hecho tareas de pedagogía antes del día de las elecciones. “Así, cualquiera de nosotros se hubiera percatado de los errores. Ojalá lo hagan antes de las presidenciales. Debido a estos errores, ahora perdimos la confianza para votar solos. No podemos hacerlo, estamos perdiendo nuestros derechos y a nadie parece importarle”.

El director del Instituto Nacional para Ciegos (INCI), Carlos Alberto Parra —entidad contratada para imprimir los tarjetones—, explicó que se hicieron 90 mil en braille y aseguró que no hubo errores en su impresión. “El papel electoral era de la Registraduría. Damos fe públicamente de que los tarjetones quedaron correctamente impresos. Si hubiéramos tenido algún error seríamos los primeros en reconocerlo, porque nosotros velamos por nuestra comunidad de ciegos. Asistimos a la Registraduría para saber si había votos anulados por defectos del braille, y nos dijeron que no. Estamos tranquilos, hacemos un trabajo con responsabilidad, porque de eso depende la participación de los ciegos en las elecciones”, explicó el funcionario.

Y para completar este cuadro de desaciertos en este camino electoral de 2018, esta semana la propia Registraduría reconoció que por un error cometido por una funcionaria, que al parecer omitió o engavetó la solicitud de cambio de logo de la campaña de Gustavo Petro, ese nuevo símbolo de la Colombia Humana, el movimiento del exalcalde, no será incluida en el tarjetón. El hecho provocó la renuncia del jefe de la Gestión Electoral, José Asdrúbal Zapata, y nuevamente los entes de control anunciaron investigaciones. Desde la campaña de Petro pidieron garantías en el proceso electoral, pues a muchos les ronda una pregunta: ¿si esto pasa en la Registraduría de Bogotá, que se podrá esperar en las mesas de Chocó?

Una de las frases más populares en el mundo político es que “quien escruta elige”. Por eso, en estos días de campaña electoral, todos los reflectores están puestos sobre la Registraduría Nacional del Estado Civil, cuya cabeza es Juan Carlos Galindo, un abogado bogotano de 56 años que hizo carrera principalmente en la Rama Judicial y que tras un fugaz, pero exitoso paso por la entidad —en los comicios locales de 2007—, se convirtió en un conocedor de los temas electorales. En diciembre de 2015, tras sacar el mayor puntaje en un concurso de méritos, fue elegido en el cargo por los presidentes de las cortes. Sólo que esta vez han sido varios los contratiempos y las duras.

Sobre Galindo recayó la responsabilidad por la falta de tarjetones de las consultas de los partidos, realizadas en las elecciones parlamentarias del 11 de marzo. En algunas mesas de votación de Bogotá, Medellín y Montería no fueron suficientes, lo que produjo un revuelo de grandes proporciones que, ante las protestas y los reclamos de las campañas del uribismo y de Gustavo Petro, se tuvieran que correr a fotocopiar tarjetones para que los electores pudieran ejercer su derecho.

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Y fue tal el escándalo, que la Fiscalía abrió investigación para determinar qué había ocurrido. Galindo explicó que la Registraduría había previsto la situación, pero que por restricciones de presupuesto sólo se habían impreso 15 millones de tarjetones. Y responsabilizó al Ministerio de Hacienda, asegurando que se le solicitaron $33.000 millones y que solamente les desembolsaron $26.450 millones. Ante la acusación, el ministro Mauricio Cárdenas respondió que no era cierta la versión de Galindo y sostuvo que su cartera giró exactamente los recursos solicitados por la Registraduría e incluso señaló que se imprimieron 30 millones de tarjetones y sólo se utilizaron 10.

Posteriormente, la Registraduría informó que la falta de tarjetones sólo se presentó en algunas mesas de votación que recibieron un afluente de electores mayor al esperado y que, según sus cuentas, sólo afectó a 26 de los 11.229 puestos establecidos en todo el territorio nacional. A pesar de las explicaciones, el episodio dejó un sinsabor en las campañas que llevaron a las urnas su consulta, pues consideraron que la participación ciudadana habría sido mayor de no haberse presentado la falta de tarjetones. Lo cierto es que al siguiente día de los comicios del 11 de marzo, la noticia no fue tanto el nuevo mapa políticos, sino la falla de la entidad en la impresión de las tarjetas de las consultas.

De las críticas por la falta de planeación en la impresión y distribución de éstas se pasó a las acusaciones de que la Registraduría planeaba entregar las actas de quienes participaron en las consultas de la derecha y la izquierda, como se les denominó, lo cual violaba el principio de la confidencialidad del voto, pero además, dijeron algunos, podría servir para un fraude excluyendo de las mesas de votación a quienes votaron por determinado candidato. El episodio mereció un pronunciamiento de la Misión de Observación Electoral (MOE), que exigió destruir el material apropiadamente. Lo propio hizo el Consejo Gremial y hasta el Consejo Nacional Electoral (CNE), el cual ordenó la quema por considerarlo “sensible”.

En las mismas elecciones parlamentarias, aunque sin tanto ruido mediático, ocurrió otra situación que pone en entredicho la preparación de la Registraduría para el proceso. Un grupo de ciudadanos invidentes elevó una denuncia ante los entes de control por lo que consideraron violó sus derechos a sufragar en las mismas condiciones que el resto de colombianos. La denuncia fue remitida a la Procuraduría, la Registraduría y hasta a la Presidencia de la República, y en ella unas 20 personas ciegas se quejaron del material electoral asignado para la comunidad con discapacidad visual. En dos largos memoriales aseguraron que para ellos no hubo material de pedagogía sobre cómo votar, que los tarjetones en lenguaje braille tenían defectos técnicos que hacían que los números no coincidieran con el candidato al que le correspondía la casilla y que para ellos no hubo tarjetones especiales de las consultas.

En efecto, según Tatiana Rodríguez, directora de la Fundación Sirius, organización que vela por los derechos de las personas ciegas, el tarjetón para las elecciones al Congreso tenía una grave falla: la letra en braille no coincidía con el número del candidato. Aunque lo correcto es que esté ubicado sobre los dígitos para que los votantes los puedan identificar, en esta ocasión no sucedió así. “Entonces, por ejemplo, si los votantes marcaban el 121, es muy probable que hayan marcado el 122”, cuenta.

Ante esta situación decidieron conformar un grupo para hacer control político y protestar por la equivocación. Como asegura Lina Marcela Múnera, abogada, ya han enviado varios derechos de petición, quejas disciplinarias y un memorando a la Procuraduría, a la Contraloría, a la misma Registraduría y al Instituto Nacional Para Ciegos (INCI), entidad encargada de imprimir los tarjetones. Sin embargo, hasta el momento no han recibido una respuesta concreta para solucionar la situación.

“No sabemos cuántos votos anularon. Tampoco sabemos si se va a tomar alguna medida sancionatoria. Hasta el momento no tengo ni idea si voté por el candidato que quería, si lo hice por otro o si mi voto fue anulado”, dice Múnera. Para ella, esta equivocación se pudo haber prevenido si la Registraduría hubiese hecho tareas de pedagogía antes del día de las elecciones. “Así, cualquiera de nosotros se hubiera percatado de los errores. Ojalá lo hagan antes de las presidenciales. Debido a estos errores, ahora perdimos la confianza para votar solos. No podemos hacerlo, estamos perdiendo nuestros derechos y a nadie parece importarle”.

El director del Instituto Nacional para Ciegos (INCI), Carlos Alberto Parra —entidad contratada para imprimir los tarjetones—, explicó que se hicieron 90 mil en braille y aseguró que no hubo errores en su impresión. “El papel electoral era de la Registraduría. Damos fe públicamente de que los tarjetones quedaron correctamente impresos. Si hubiéramos tenido algún error seríamos los primeros en reconocerlo, porque nosotros velamos por nuestra comunidad de ciegos. Asistimos a la Registraduría para saber si había votos anulados por defectos del braille, y nos dijeron que no. Estamos tranquilos, hacemos un trabajo con responsabilidad, porque de eso depende la participación de los ciegos en las elecciones”, explicó el funcionario.

Y para completar este cuadro de desaciertos en este camino electoral de 2018, esta semana la propia Registraduría reconoció que por un error cometido por una funcionaria, que al parecer omitió o engavetó la solicitud de cambio de logo de la campaña de Gustavo Petro, ese nuevo símbolo de la Colombia Humana, el movimiento del exalcalde, no será incluida en el tarjetón. El hecho provocó la renuncia del jefe de la Gestión Electoral, José Asdrúbal Zapata, y nuevamente los entes de control anunciaron investigaciones. Desde la campaña de Petro pidieron garantías en el proceso electoral, pues a muchos les ronda una pregunta: ¿si esto pasa en la Registraduría de Bogotá, que se podrá esperar en las mesas de Chocó?