“El registrador debe crear confianza reforzada”, pide Alejandra Barrios

Faltando solo tres meses para las elecciones regionales, la turbulencia política en el país parece haber opacado el debate entre candidatos a alcaldías y gobernaciones; y ni qué decir de asambleas y concejos que nadie menciona. En su experiencia, ¿el enfrentamiento entre los partidarios del Gobierno y la oposición ha creado un ambiente más enrarecido que el vivido en las elecciones pasadas?

Efectivamente, lo que usted denomina “turbulencia política”, que incluye distintos sucesos y discusiones, ha concentrado, hasta ahora, la atención de los medios y la opinión pública. Sin embargo, es importante tener en cuenta que apenas este mes se inició el proceso de inscripción de candidaturas. Ya veremos cómo, a finales de julio, la agenda pública va a empezar a concentrarse en los nombres y perfiles de los aspirantes a ocupar los diferentes cargos. También comenzaremos a conocer las coaliciones variopintas que se armarán a lo largo y ancho del país.

Dada la agitación social que se nota, ¿le preocupa una disminución en la participación electoral tanto de candidatos como de votantes?

No tenemos, hasta ahora, una preocupación en ese aspecto debido a que, precisamente, en las elecciones locales hay una mayor expresión ciudadana en las urnas. Los promedios de participación para este tipo de certámenes se encuentran en alrededor del 69 %, llegando, incluso, a contar, en algunas alcaldías, concejos o gobernaciones, con tasas de participación del 80 %, como en 2019, para la Alcaldía del municipio de San Lorenzo (Nariño) y para la Gobernación de Casanare. Los mínimos en elecciones locales están por encima del 50 %.

¿La confrontación política tan acentuada es consecuencia de la proximidad electoral o, al contrario, se ha agudizado por la cercanía de las votaciones?

Se presentan las dos situaciones pero dependiendo de la región: en departamentos como Valle del Cauca o ciudades como Medellín y la propia Bogotá, la confrontación política e ideológica, que ha estado presente de manera permanente, se ha exacerbado por la cercanía del proceso electoral. En cambio, en departamentos como Chocó, Caquetá, Putumayo o Cauca, el aumento en los niveles de violencia está, claramente, relacionado con la proximidad de las elecciones debido a los intereses políticos y económicos asociados a los territorios, y a la importancia que tiene para los grupos armados ilegales (GAI) poder demostrar que cuentan con altos niveles de control territorial.

Es la primera vez que un gobierno de izquierda, y, más que de izquierda, de un sector diferente a los de poder tradicional, debe pasar la prueba de garantizar unas votaciones masivas y libres. ¿La falta de experiencia del Ejecutivo en estas tareas puede incidir en el clima electoral y en la sensación de seguridad y libertad para ejercer ese derecho?

Los procesos electorales no dependen de los gobiernos únicamente, porque en ellos participan varias instituciones del Estado: existe una coordinación de seguimiento electoral entre las comisiones nacionales, departamentales y municipales en las cuales participan las autoridades electorales, los organismos de control, la fuerza pública, las organizaciones políticas y las instituciones del Gobierno que tienen responsabilidades frente a este tipo de procesos. Estas instituciones cuentan con una enorme experiencia que debe, como en casos anteriores, compaginarse con las capacidades y experiencias propias de quienes ejercen los cargos en cada época. A modo de ejemplo, el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, que es el funcionario que convoca y coordina las comisiones de seguimiento electoral del orden nacional, tiene mucha experiencia en materia electoral; y, de manera particular, proviene de uno de los departamentos en que se han conjugado los mayores niveles y hechos de violencia debido a la presencia activa tanto de grupos como de economías ilegales.

Pero, por ejemplo, la Policía, que tiene el rol de garante del mantenimiento del orden público, parece estar en manos menos expertas por el gran revolcón interno que ha sufrido la institución. También hay temor por las directrices del Gobierno central relacionadas con las políticas de paz total y de convivencia entre uniformados y ciudadanos en lugar de choques y confrontación...

Eso depende mucho, como ya le dije, de la experiencia del Ministerio del Interior y de su capacidad de poder articular acciones con Policía y Ejército. En cuanto a los asuntos de negociaciones con grupos ilegales, la Oficina del Alto Comisionado para la Paz tiene una gran responsabilidad que se traduce en su asistencia permanente a las comisiones de seguimiento y en la obligatoriedad de incluir, en las negociaciones, garantías para el proceso electoral por parte del ELN y de las disidencias de las antiguas FARC o, como ellas se hacen llamar, del Estado Mayor Central.

¿Ustedes, en la MOE, han podido documentar índices más altos de violencia y en qué proporción con respecto a hechos de violencia regional o local que podrían obstaculizar la celebración de elecciones?

Las instituciones colombianas tienen amplia experiencia en desarrollar procesos electorales en medio de las dificultades producidas por la violencia y por la alta presencia de los grupos armados ilegales. Lamentablemente, la existencia de esos grupos en los territorios se ha venido incrementando desde 2016, lo mismo que la violencia contra los diferentes tipos de liderazgos de las comunidades. De manera particular, en los años en que hay elecciones locales, la violencia se concentra en ataques a los líderes políticos, entendiendo por estos, principalmente, a los alcaldes que están ejerciendo sus funciones, funcionarios públicos, concejales y precandidatos o candidatos. En los primeros siete meses del calendario electoral, la MOE registró 173 hechos de violencia, en particular amenazas contra estos ciudadanos. En este momento les estamos haciendo un ejercicio de acompañamiento a unas subregiones en Chocó, Cauca, Antioquia, Nariño y Valle del Cauca.

¿Quiénes son los más afectados con las amenazas: precandidatos a alcaldías y gobernaciones o los aspirantes a concejos y asambleas?

Recaen, sobre todo, en los precandidatos a alcaldías y concejos.

Según las mediciones de la MOE, ¿la violencia electoral se podría incrementar este año y en qué porcentaje teniendo en cuenta las amenazas de grupos sin identificación plena, de cuya existencia no se tiene comprobación, y los avances en sendas mesas de negociaciones con dos agrupaciones ilegales: el ELN y las disidencias.

En los años electorales la violencia, particularmente contra los líderes políticos, se incrementa 2,5 veces más que en períodos no electorales. De igual manera, las agrupaciones ilegales tratan de influir en el proceso de elecciones intentando demostrar que tienen control territorial y recursos ilegales para financiar campañas políticas, comprando acceso al poder político. Este panorama toma características especiales cuando, al tiempo, se inician procesos de negociación con diferentes grupos armados. Por eso la MOE le ha hecho un llamado a la Oficina del Alto Comisionado, Danilo Rueda, para que incluya, en las agendas de negociación con el ELN y las disidencias, el respeto irrenunciable a los derechos políticos de toda la ciudadanía.

Entonces, ¿a los temas por debatir y negociar con las agrupaciones ilegales se debe añadir el de la libertad de participación electoral?

Claro que sí. La legitimidad de nuestras instituciones radica en que se garanticen unas elecciones libres y creíbles, en las cuales todas las posturas ideológicas puedan competir en condiciones de seguridad e igualdad.

El desempeño del registrador Álex Vega ha sido muy controvertido. A cuestionamientos anteriores, hace poco ha surgido otra polémica por su conducta, presuntamente irregular, en el escándalo de Odebrecht. Además, está en el fin de su período, pues termina en diciembre. ¿Cuánto pueden incidir estas circunstancias en la confiabilidad de los resultados electorales?

Si bien la logística electoral en Colombia depende de la Registraduría, son muchas las instituciones y los funcionarios involucrados en la organización del proceso electoral, así como quienes intervienen en el proceso de escrutinio. Este, por ejemplo, está a cargo de jueces y notarios y, en las mesas de votación, las personas que han sido convocadas, aleatoriamente, para realizar esta función realizan el preconteo. El registrador debe brindar las garantías de acceso a la información de todas las organizaciones políticas, medios de comunicación y ciudadanía, en general, con el fin de crear confianza reforzada.

Permítame enfatizo: ¿las dudas públicas, fundadas o no, sobre la rectitud del registrador tienen efectos sobre la confianza y transparencia de los resultados?

Obviamente, las dudas sobre los comportamientos de los funcionarios inciden en la confianza en la organización del proceso electoral y en los resultados. No obstante, también es importante tener en cuenta que, frente a un eventual fenómeno de desconfianza, la Registraduría deberá responder ampliando su acceso a la información, de un lado; y, del otro, los ciudadanos y las organizaciones políticas debemos recordar que la vigilancia de las elecciones no depende solo de la Registraduría, sino también de una comunidad activa.

Extrañamente, el cuestionado registrador afirmó que es probable que no se puedan celebrar las elecciones de octubre en 90 municipios por la “intervención de grupos armados ilegales”. No recuerdo a otro registrador que hubiera empezado a sembrar ese tipo de inquietudes sobre el proceso que él mismo dirigirá. ¿A la MOE le preocupa que Vega dude de la viabilidad de la jornada electoral?

La MOE tiene una experiencia de 17 años observando elecciones. Esto nos permite afirmar que solo una semana antes e, incluso, únicamente el mismo fin de semana electoral se pueden tomar decisiones sobre si de deben mantener o no determinados puestos de votación. Señalar la imposibilidad de realizar procesos electorales cinco o seis meses antes de la fecha prevista para esas jornadas en municipios enteros y en esa cantidad no es adecuado. Mucho menos, cuando todavía no hay un registro completo de candidaturas. Julio es uno de los meses más sensibles en la organización de las elecciones, debido a que simultáneamente con la entrega de firmas, avales e inscripción de candidaturas se adelanta el proceso de inscripción de cédulas por fuera de las registradurías. Es así que únicamente en agosto se puede hacer un balance nacional de garantías electorales y una primera aproximación a la viabilidad, en términos de seguridad, de los puestos de votación.

La existencia, por primera vez, de un número tan alto de partidos (35) y de 1.630 grupos significativos de ciudadanos puede conducir a confusión del elector, dispersión de votantes y falta de celeridad en los resultados. ¿El sistema está preparado para ese cúmulo de datos y su procesamiento?

Antes tuvimos alrededor de 70 organizaciones políticas con representación en el Congreso de la República. Ese fenómeno produjo, al menos, dos impactos en el sistema político colombiano: el primero, debilitó las organizaciones creando y fortaleciendo, en su lugar, los clanes políticos locales; y, el segundo, tendió la “autopista” que viabilizó la relación entre la representación política y la ilegalidad armada: lo que se calificó como la parapolítica. Obviamente, nos preocupa la diligencia con que las organizaciones van a analizar, seleccionar y avalar sus candidaturas teniendo en cuenta que los partidos de mayor tradición siguen sin haberse dotado de las capacidades para la selección objetiva y democrática de candidatos. En cuanto a los partidos de reciente creación, es de esperar que no tengan la robustez para poder hacer una selección adecuada. Quizá nuestra mayor preocupación es la capacidad de vigilancia y control del monto, origen y destino de los recursos con los que más de 120.000 candidatos, de listas abiertas, van a financiar sus campañas. Como píldora para la memoria, hoy tenemos 19 partidos más que hace cuatro años: pasamos de 16 a 35. Y el número de grupos significativos se incrementó en 23 %: de 1.253 pasamos a 1.630 inscritos.

Entonces, con esos números, ¿es imposible rastrear o controlar el origen lícito o ilícito de los dineros de financiación?

En Colombia ha sido siempre muy difícil hacer control efectivo de la financiación de las campañas políticas y no se ha implementado ningún tipo de reforma, en el actual proceso electoral, para que haya seguimientos eficaces. La realidad es que, lamentablemente, a más partidos y más grupos significativos de ciudadanos, más difícil conocer, con certeza, si el origen de la financiación de esas campañas es legítimo.

La existencia de más de 1.500 agrupaciones que pueden otorgar avales tendrá un efecto perverso en la calidad de los candidatos. El relajamiento ético es casi un hecho, además de que muchos de los actuales elegidos han dado lamentables muestras de su preparación moral y política. ¿Estoy exagerando?

No. Existe un incentivo perverso por parte de las organizaciones políticas que, para obtener una cantidad mayor de votos, relajan su revisión sobre la calidad de las candidaturas e, incluso, otorgan avales a aspirantes abiertamente cuestionados, a condición de que les lleven un volumen considerable de votantes.

Contratación por $1 billón para las elecciones

A tres meses de la jornada electoral del 29 de octubre, los preparativos para ese día, entre ellos, instalación de mesas, definición de nuevos puestos de votación, sistemas tecnológicos, contrataciones, etc., ¿se adelantan según el cronograma o hay atrasos, de acuerdo con el examen de la MOE?

La contratación más importante se hizo el pasado 29 de mayo por un valor total de un poco más de un $1 billón de pesos. Incluye el desarrollo del software para la selección y sorteo de jurados, la designación de testigos electorales, el preconteo, los escrutinios, entre otros. Significa que, tal como sucedió en los últimos procesos electorales, el grueso de la contratación se concretó a escasos cinco meses de las elecciones lo que hará imposible que las organizaciones políticas le hagan un adecuado plan de auditoría a esas adquisiciones. También significa que se deben adelantar esfuerzos, en paralelo, para fortalecer la capacidad del Consejo Nacional Electoral de ejecutar un control eficiente y de auditar los software contratados. Tanto la Registraduría como el Consejo Electoral tendrán que comprometerse, con toda seriedad, con procesos de transparencia.

Ventajas y riesgos del voto electrónico

La implementación del voto electrónico mixto, ¿da mayor seguridad contra el fraude?

Cada sistema de votación tiene ventajas y riesgos. El Código Electoral aprobado, establece que el voto electrónico mixto se aplicará a partir del 2029. Y es muy poco probable que la Corte Constitucional emita una decisión sobre ese proyecto que, si lo considera ajustado a la Constitución, permita su sanción antes del 29 de octubre próximo. Ahora bien, todas las nuevas reglas bajo examen, no son aplicables sino para elecciones futuras, como las atípicas posteriores al 2023 y las nacionales de 2026. Y frente a la utilización del voto electrónico, para la MOE es muy importante que antes de su adopción, se pongan sobre la mesa el análisis de costos que conlleva su implementación y los estudios de seguridad que permitan identificar su viabilidad en algunas zonas. De igual manera, es necesario que, para el momento de la puesta en marcha de cualquier sistema electrónico de votación, las diferentes organizaciones políticas tengan la capacidad de poder auditar con suficiente anticipación, las soluciones tecnológicas que se vayan a aplicar.

Faltando solo tres meses para las elecciones regionales, la turbulencia política en el país parece haber opacado el debate entre candidatos a alcaldías y gobernaciones; y ni qué decir de asambleas y concejos que nadie menciona. En su experiencia, ¿el enfrentamiento entre los partidarios del Gobierno y la oposición ha creado un ambiente más enrarecido que el vivido en las elecciones pasadas?

Efectivamente, lo que usted denomina “turbulencia política”, que incluye distintos sucesos y discusiones, ha concentrado, hasta ahora, la atención de los medios y la opinión pública. Sin embargo, es importante tener en cuenta que apenas este mes se inició el proceso de inscripción de candidaturas. Ya veremos cómo, a finales de julio, la agenda pública va a empezar a concentrarse en los nombres y perfiles de los aspirantes a ocupar los diferentes cargos. También comenzaremos a conocer las coaliciones variopintas que se armarán a lo largo y ancho del país.

Dada la agitación social que se nota, ¿le preocupa una disminución en la participación electoral tanto de candidatos como de votantes?

No tenemos, hasta ahora, una preocupación en ese aspecto debido a que, precisamente, en las elecciones locales hay una mayor expresión ciudadana en las urnas. Los promedios de participación para este tipo de certámenes se encuentran en alrededor del 69 %, llegando, incluso, a contar, en algunas alcaldías, concejos o gobernaciones, con tasas de participación del 80 %, como en 2019, para la Alcaldía del municipio de San Lorenzo (Nariño) y para la Gobernación de Casanare. Los mínimos en elecciones locales están por encima del 50 %.

¿La confrontación política tan acentuada es consecuencia de la proximidad electoral o, al contrario, se ha agudizado por la cercanía de las votaciones?

Se presentan las dos situaciones pero dependiendo de la región: en departamentos como Valle del Cauca o ciudades como Medellín y la propia Bogotá, la confrontación política e ideológica, que ha estado presente de manera permanente, se ha exacerbado por la cercanía del proceso electoral. En cambio, en departamentos como Chocó, Caquetá, Putumayo o Cauca, el aumento en los niveles de violencia está, claramente, relacionado con la proximidad de las elecciones debido a los intereses políticos y económicos asociados a los territorios, y a la importancia que tiene para los grupos armados ilegales (GAI) poder demostrar que cuentan con altos niveles de control territorial.

Es la primera vez que un gobierno de izquierda, y, más que de izquierda, de un sector diferente a los de poder tradicional, debe pasar la prueba de garantizar unas votaciones masivas y libres. ¿La falta de experiencia del Ejecutivo en estas tareas puede incidir en el clima electoral y en la sensación de seguridad y libertad para ejercer ese derecho?

Los procesos electorales no dependen de los gobiernos únicamente, porque en ellos participan varias instituciones del Estado: existe una coordinación de seguimiento electoral entre las comisiones nacionales, departamentales y municipales en las cuales participan las autoridades electorales, los organismos de control, la fuerza pública, las organizaciones políticas y las instituciones del Gobierno que tienen responsabilidades frente a este tipo de procesos. Estas instituciones cuentan con una enorme experiencia que debe, como en casos anteriores, compaginarse con las capacidades y experiencias propias de quienes ejercen los cargos en cada época. A modo de ejemplo, el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, que es el funcionario que convoca y coordina las comisiones de seguimiento electoral del orden nacional, tiene mucha experiencia en materia electoral; y, de manera particular, proviene de uno de los departamentos en que se han conjugado los mayores niveles y hechos de violencia debido a la presencia activa tanto de grupos como de economías ilegales.

Pero, por ejemplo, la Policía, que tiene el rol de garante del mantenimiento del orden público, parece estar en manos menos expertas por el gran revolcón interno que ha sufrido la institución. También hay temor por las directrices del Gobierno central relacionadas con las políticas de paz total y de convivencia entre uniformados y ciudadanos en lugar de choques y confrontación...

Eso depende mucho, como ya le dije, de la experiencia del Ministerio del Interior y de su capacidad de poder articular acciones con Policía y Ejército. En cuanto a los asuntos de negociaciones con grupos ilegales, la Oficina del Alto Comisionado para la Paz tiene una gran responsabilidad que se traduce en su asistencia permanente a las comisiones de seguimiento y en la obligatoriedad de incluir, en las negociaciones, garantías para el proceso electoral por parte del ELN y de las disidencias de las antiguas FARC o, como ellas se hacen llamar, del Estado Mayor Central.

¿Ustedes, en la MOE, han podido documentar índices más altos de violencia y en qué proporción con respecto a hechos de violencia regional o local que podrían obstaculizar la celebración de elecciones?

Las instituciones colombianas tienen amplia experiencia en desarrollar procesos electorales en medio de las dificultades producidas por la violencia y por la alta presencia de los grupos armados ilegales. Lamentablemente, la existencia de esos grupos en los territorios se ha venido incrementando desde 2016, lo mismo que la violencia contra los diferentes tipos de liderazgos de las comunidades. De manera particular, en los años en que hay elecciones locales, la violencia se concentra en ataques a los líderes políticos, entendiendo por estos, principalmente, a los alcaldes que están ejerciendo sus funciones, funcionarios públicos, concejales y precandidatos o candidatos. En los primeros siete meses del calendario electoral, la MOE registró 173 hechos de violencia, en particular amenazas contra estos ciudadanos. En este momento les estamos haciendo un ejercicio de acompañamiento a unas subregiones en Chocó, Cauca, Antioquia, Nariño y Valle del Cauca.

¿Quiénes son los más afectados con las amenazas: precandidatos a alcaldías y gobernaciones o los aspirantes a concejos y asambleas?

Recaen, sobre todo, en los precandidatos a alcaldías y concejos.

Según las mediciones de la MOE, ¿la violencia electoral se podría incrementar este año y en qué porcentaje teniendo en cuenta las amenazas de grupos sin identificación plena, de cuya existencia no se tiene comprobación, y los avances en sendas mesas de negociaciones con dos agrupaciones ilegales: el ELN y las disidencias.

En los años electorales la violencia, particularmente contra los líderes políticos, se incrementa 2,5 veces más que en períodos no electorales. De igual manera, las agrupaciones ilegales tratan de influir en el proceso de elecciones intentando demostrar que tienen control territorial y recursos ilegales para financiar campañas políticas, comprando acceso al poder político. Este panorama toma características especiales cuando, al tiempo, se inician procesos de negociación con diferentes grupos armados. Por eso la MOE le ha hecho un llamado a la Oficina del Alto Comisionado, Danilo Rueda, para que incluya, en las agendas de negociación con el ELN y las disidencias, el respeto irrenunciable a los derechos políticos de toda la ciudadanía.

Entonces, ¿a los temas por debatir y negociar con las agrupaciones ilegales se debe añadir el de la libertad de participación electoral?

Claro que sí. La legitimidad de nuestras instituciones radica en que se garanticen unas elecciones libres y creíbles, en las cuales todas las posturas ideológicas puedan competir en condiciones de seguridad e igualdad.

El desempeño del registrador Álex Vega ha sido muy controvertido. A cuestionamientos anteriores, hace poco ha surgido otra polémica por su conducta, presuntamente irregular, en el escándalo de Odebrecht. Además, está en el fin de su período, pues termina en diciembre. ¿Cuánto pueden incidir estas circunstancias en la confiabilidad de los resultados electorales?

Si bien la logística electoral en Colombia depende de la Registraduría, son muchas las instituciones y los funcionarios involucrados en la organización del proceso electoral, así como quienes intervienen en el proceso de escrutinio. Este, por ejemplo, está a cargo de jueces y notarios y, en las mesas de votación, las personas que han sido convocadas, aleatoriamente, para realizar esta función realizan el preconteo. El registrador debe brindar las garantías de acceso a la información de todas las organizaciones políticas, medios de comunicación y ciudadanía, en general, con el fin de crear confianza reforzada.

Permítame enfatizo: ¿las dudas públicas, fundadas o no, sobre la rectitud del registrador tienen efectos sobre la confianza y transparencia de los resultados?

Obviamente, las dudas sobre los comportamientos de los funcionarios inciden en la confianza en la organización del proceso electoral y en los resultados. No obstante, también es importante tener en cuenta que, frente a un eventual fenómeno de desconfianza, la Registraduría deberá responder ampliando su acceso a la información, de un lado; y, del otro, los ciudadanos y las organizaciones políticas debemos recordar que la vigilancia de las elecciones no depende solo de la Registraduría, sino también de una comunidad activa.

Extrañamente, el cuestionado registrador afirmó que es probable que no se puedan celebrar las elecciones de octubre en 90 municipios por la “intervención de grupos armados ilegales”. No recuerdo a otro registrador que hubiera empezado a sembrar ese tipo de inquietudes sobre el proceso que él mismo dirigirá. ¿A la MOE le preocupa que Vega dude de la viabilidad de la jornada electoral?

La MOE tiene una experiencia de 17 años observando elecciones. Esto nos permite afirmar que solo una semana antes e, incluso, únicamente el mismo fin de semana electoral se pueden tomar decisiones sobre si de deben mantener o no determinados puestos de votación. Señalar la imposibilidad de realizar procesos electorales cinco o seis meses antes de la fecha prevista para esas jornadas en municipios enteros y en esa cantidad no es adecuado. Mucho menos, cuando todavía no hay un registro completo de candidaturas. Julio es uno de los meses más sensibles en la organización de las elecciones, debido a que simultáneamente con la entrega de firmas, avales e inscripción de candidaturas se adelanta el proceso de inscripción de cédulas por fuera de las registradurías. Es así que únicamente en agosto se puede hacer un balance nacional de garantías electorales y una primera aproximación a la viabilidad, en términos de seguridad, de los puestos de votación.

La existencia, por primera vez, de un número tan alto de partidos (35) y de 1.630 grupos significativos de ciudadanos puede conducir a confusión del elector, dispersión de votantes y falta de celeridad en los resultados. ¿El sistema está preparado para ese cúmulo de datos y su procesamiento?

Antes tuvimos alrededor de 70 organizaciones políticas con representación en el Congreso de la República. Ese fenómeno produjo, al menos, dos impactos en el sistema político colombiano: el primero, debilitó las organizaciones creando y fortaleciendo, en su lugar, los clanes políticos locales; y, el segundo, tendió la “autopista” que viabilizó la relación entre la representación política y la ilegalidad armada: lo que se calificó como la parapolítica. Obviamente, nos preocupa la diligencia con que las organizaciones van a analizar, seleccionar y avalar sus candidaturas teniendo en cuenta que los partidos de mayor tradición siguen sin haberse dotado de las capacidades para la selección objetiva y democrática de candidatos. En cuanto a los partidos de reciente creación, es de esperar que no tengan la robustez para poder hacer una selección adecuada. Quizá nuestra mayor preocupación es la capacidad de vigilancia y control del monto, origen y destino de los recursos con los que más de 120.000 candidatos, de listas abiertas, van a financiar sus campañas. Como píldora para la memoria, hoy tenemos 19 partidos más que hace cuatro años: pasamos de 16 a 35. Y el número de grupos significativos se incrementó en 23 %: de 1.253 pasamos a 1.630 inscritos.

Entonces, con esos números, ¿es imposible rastrear o controlar el origen lícito o ilícito de los dineros de financiación?

En Colombia ha sido siempre muy difícil hacer control efectivo de la financiación de las campañas políticas y no se ha implementado ningún tipo de reforma, en el actual proceso electoral, para que haya seguimientos eficaces. La realidad es que, lamentablemente, a más partidos y más grupos significativos de ciudadanos, más difícil conocer, con certeza, si el origen de la financiación de esas campañas es legítimo.

La existencia de más de 1.500 agrupaciones que pueden otorgar avales tendrá un efecto perverso en la calidad de los candidatos. El relajamiento ético es casi un hecho, además de que muchos de los actuales elegidos han dado lamentables muestras de su preparación moral y política. ¿Estoy exagerando?

No. Existe un incentivo perverso por parte de las organizaciones políticas que, para obtener una cantidad mayor de votos, relajan su revisión sobre la calidad de las candidaturas e, incluso, otorgan avales a aspirantes abiertamente cuestionados, a condición de que les lleven un volumen considerable de votantes.

Contratación por $1 billón para las elecciones

A tres meses de la jornada electoral del 29 de octubre, los preparativos para ese día, entre ellos, instalación de mesas, definición de nuevos puestos de votación, sistemas tecnológicos, contrataciones, etc., ¿se adelantan según el cronograma o hay atrasos, de acuerdo con el examen de la MOE?

La contratación más importante se hizo el pasado 29 de mayo por un valor total de un poco más de un $1 billón de pesos. Incluye el desarrollo del software para la selección y sorteo de jurados, la designación de testigos electorales, el preconteo, los escrutinios, entre otros. Significa que, tal como sucedió en los últimos procesos electorales, el grueso de la contratación se concretó a escasos cinco meses de las elecciones lo que hará imposible que las organizaciones políticas le hagan un adecuado plan de auditoría a esas adquisiciones. También significa que se deben adelantar esfuerzos, en paralelo, para fortalecer la capacidad del Consejo Nacional Electoral de ejecutar un control eficiente y de auditar los software contratados. Tanto la Registraduría como el Consejo Electoral tendrán que comprometerse, con toda seriedad, con procesos de transparencia.

Ventajas y riesgos del voto electrónico

La implementación del voto electrónico mixto, ¿da mayor seguridad contra el fraude?

Cada sistema de votación tiene ventajas y riesgos. El Código Electoral aprobado, establece que el voto electrónico mixto se aplicará a partir del 2029. Y es muy poco probable que la Corte Constitucional emita una decisión sobre ese proyecto que, si lo considera ajustado a la Constitución, permita su sanción antes del 29 de octubre próximo. Ahora bien, todas las nuevas reglas bajo examen, no son aplicables sino para elecciones futuras, como las atípicas posteriores al 2023 y las nacionales de 2026. Y frente a la utilización del voto electrónico, para la MOE es muy importante que antes de su adopción, se pongan sobre la mesa el análisis de costos que conlleva su implementación y los estudios de seguridad que permitan identificar su viabilidad en algunas zonas. De igual manera, es necesario que, para el momento de la puesta en marcha de cualquier sistema electrónico de votación, las diferentes organizaciones políticas tengan la capacidad de poder auditar con suficiente anticipación, las soluciones tecnológicas que se vayan a aplicar.