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Las hojas de vida ya están apiladas en los escritorios de la Presidencia y los despachos de la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado. En esas reseñas, los aspirantes condensaron sus cualidades, trayectorias académicas, triunfos en el litigio y la mayor cantidad de logros de sus carreras profesionales y vida pública. El objetivo es que sean suficientes para ser postulados al cargo de Procurador, Defensor del Pueblo o magistrado de la Corte Constitucional. Tres elecciones trascendentales para estas instituciones y los balances del poder. Por eso, más allá del bagaje profesional, ya se vive un juego político para alquilar balcón.
La primera partida de este ajedrez institucional arranca oficialmente esta semana con la salida de Carlos Negret de la Defensoría del Pueblo por la finalización de su mandato. En este caso, por mandato constitucional, las fichas son exclusivas del gobierno y en sus manos está la tarea de presentar a la Cámara de Representantes una terna de candidatos para reemplazarlo. Salvo consideraciones de última hora, en círculos cercanos a la Casa de Nariño se da por hecho que la primera postulada por el presidente Iván Duque sería su actual consejera para los derechos humanos y exministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez.
(Aquí puede consultar la lista de los inscritos a la Corte Constitucional)
Según fuentes de la Presidencia, su contrincante mayor parece ser el director ejecutivo de la Federación Nacional de Departamentos, Carlos Camargo, el mismo dirigente que renunció el año pasado a su aspiración para ser Registrador Nacional ante señalamientos en su contra por supuestos manejos irregulares en tema de contratación. Sin embargo, su ventaja frente a la consejera Nancy Patricia Gutiérrez radica en su cercanía con el Partido Conservador y con las autoridades departamentales que tienen alta injerencia en las decisiones de los representantes a la Cámara.
Hay otros nombres en el sonajero. Como el de Andrés Santamaría, expersonero de Cali y exdefensor del Pueblo del Valle. Y un asesor del Partido de la U contó a este diario que esta colectividad tiene un acuerdo con el presidente Duque para ocupar ese cargo, a cambio de su apoyo incondicional al resto de su mandato asegurando así las mayorías del Congreso. Según la fuente, la U envió una lista con cuatro nombres: Carlos Eduardo Gechem, hijo del exsenador Jorge Eduardo Gechem; Carolina Carrillo, directora administrativa de la Cámara; Angelino Lizcano, exmagistrado del Consejo Superior de la Judicatura; y Elizabeth Martínez, secretaria de la Comisión Tercera de la Cámara.
Los representantes esperan elegir el reemplazo de Negret antes del 31 de agosto y, después de esta elección, el camino quedaría despejado para la segunda movida: la elección del procurador. Una partida con más jugadores. Elige el Congreso, pero la terna debe surgir de candidatos de la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado y la Presidencia. Es ahí donde el juego se pone interesante. “Duque no quiere perder por ningún motivo la Procuraduría. Ya tiene la Fiscalía con su amigo de universidad, Francisco Barbosa, y no se quiere dejar quitar el Ministerio Público”, señaló un asesor cercano al mandatario.
Por eso, señaló la fuente, su posible candidata lleva buen tiempo haciendo campaña. Se trata de la ministra de Justicia, Margarita Cabello, quien renunció a su toga de magistrada de la Corte Suprema de Justicia para aventurarse en el mundo político. Aunque su paso por el ministerio ha estado marcado por momentos críticos, como la crisis carcelaria por falta de protocolos para enfrentar la pandemia por el COVID-19, con un fallido motín en la cárcel La Modelo en Bogotá que dejó 23 muertos y 80 heridos, ella es la carta del gobierno y los partidos que lo respaldan.
El abanico de sus contrincantes no es claro, aunque la Corte y el Consejo de Estado hacen cuentas para que sus elegidos tengan cómo pelear en el Senado. Por el lado de la Corte, la balanza se inclina hacia un viejo conocido de las ternas, el exmagistrado de la Judicatura Wilson Ruiz quien, señalaron fuentes del alto tribunal, cuenta con el respaldo de varios togados con quienes siempre ha tenido buenas relaciones. Además, tendría el apoyo de un sector del uribismo que siempre lo ha acompañado, como en 2008 cuando el expresidente Álvaro Uribe lo ternó a la Defensoría.
Sin embargo, Ruiz tiene la competencia directa de dos exconsejeros de Estado: Alberto Yepes y Enrique Gil Botero. El primero no es tan reconocido en el mundo político, pero tiene a su favor haber sido el ponente de incidentes sentencias como la que sacó de la Procuraduría a Alejandro Ordóñez. En cuanto a Gil Botero, quienes lo conocen saben que su paso por el Ministerio de Justicia en el gobierno Santos y su apoyo al proceso de paz con las Farc, son dos cartas a tener en cuenta. La puja por el candidato del Consejo de Estado es similar, pero con nombres que pueden tener ascendente político.
Los que más suenan son el actual secretario del Senado, Gregorio Eljach, el exviceministro de Vivienda, Luis Felipe Henao, y el exmagistrado de la Corte Constitucional y juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Humberto Sierra Porto. Quienes conocen las movidas del primero saben que, si logra ser ternado, podría arrasar en las votaciones pues conoce a la perfección a los electores. Del segundo, se advierte que tendría el apoyo de Cambio Radical por su cercanía a Germán Vargas Lleras, de quien ha sido su mano derecha y podría arrastrar votos de los partidos Verde y Liberal.
En cuanto a Sierra, se dice que podría conseguir el apoyo de la oposición y hasta de los liberales por una razón histórica. Fue él quien, desde la Corte Constitucional en calidad de ponente, le dio el portazo definitivo al referendo para el tercer mandato que buscó el expresidente Uribe en 2010. “Es el de más méritos en su hoja de vida. Pero ganar la Procuraduría al uribismo con Sierra, sería una hazaña para enmarcar”, señaló un funcionario del Consejo de Estado. Además de estos tres nombres, suenan también el exviceprocurador Juan Carlos Cortés, Camilo Gómez, el director de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica de Estado, José Andrés O’Meara, director de Colombia Compra Eficiente, y el exdefensor del Pueblo, Jorge Armando Otálora.
Aunque para encontrar el reemplazo de Fernando Carrillo en la Procuraduría hay más tiempo, hasta final de año, por la importancia del cargo la campaña ya arrancó. Y, al parecer, tiene la atención del Gobierno, según fuentes del alto tribunal, sin dejar de lado la importancia de la tercera elección de este segundo semestre de 2020: buscarle reemplazo al magistrado Luis Guillermo Guerrero en la Corte Constitucional. Una plaza determinante porque este puesto ha sido tradicionalmente para un jurista de visión conservadora y el gobierno, sin esta cuota ideológica, perdería una ficha clave.
“El gobierno no está siendo tan estratégico con esta elección en la Corte y puede perder un apoyo fundamental en temas críticos como la sustitución de cultivos, la reforma pensional o de justicia si logran tramitarse, y hasta en el espinoso asunto de la cadena perpetua. La persona que debería estar pendiente es Margarita Cabello, pero ella está haciendo su propia campaña para la Procuraduría”, expresó un consejero de Estado. Las inscripciones para esta terna se cerraron en el alto tribunal y hay 102 personas en la lista, cifra de inscritos que no esperaban los magistrados del Consejo de Estado.
Por esto, varios togados propusieron que sea la Sala de Gobierno (compuesta por el presidente y vicepresidenta de la corporación y las cabezas de las secciones) la que haga el primer filtro y llamar a entrevista a un número más reducido de candidatos. El periodo de Guerrero termina el 4 de septiembre y se espera que, para ese momento, el Senado ya haya elegido su reemplazo. Con un obstáculo adicional a la vista en todas las elecciones: la pandemia del coronavirus juega un rol transversal pues actualmente las sesiones son virtuales, lo que determina una campaña diferente.
“No hay visitas a despachos ni almuerzos en restaurantes”, señaló un exmagistrado de la Corte Suprema. “No hay reporteros afuera del Palacio de Justicia pendientes de qué candidatos entran o no al edificio y tampoco una manera de hacerle un control formal a esas reuniones (algo que sí pasa en el registro de seguridad en cada alto tribunal). Es decir, no hay claridad de cómo se está haciendo la campaña”, agregó el mismo jurista. Por ahora, el regreso a los despachos y al Congreso está lejano, pero los candidatos trabajan como pueden, en el voz a voz que hoy permiten las pantallas del computador, los mensajes de chat o el teléfono.