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A secas, Cartagena puede ser un claro ejemplo de fracaso desde que se instauró la figura de la elección popular de alcaldes en el país. El acto legislativo que modificó la Constitución en 1986 y que les abrió una puerta dorada y gigante a los principios democráticos, en Cartagena, la Ciudad Heroica, pareciera tener una experiencia lamentable.
Más aún porque la crisis política que inunda las calles cual marea alta, y pone en jaque a una de las caras de Colombia ante el mundo, podría tener implicaciones para atraer la inversión y, al tiempo, agravar los índices de desigualdad al afectar directamente a los más pobres. Y no es paja. El reciente informe “La exclusión en los tiempos del auge: el caso de Cartagena”, realizado por Adolfo Meisel Roca y Jhorland Ayala García, señala que la ciudad registró en 2012 el tercer Producto Interno Bruto (PIB) por habitante más alto del país, equivalente a $15,6 millones, sólo detrás de Bucaramanga y Bogotá.
Lo preocupante es que ese alto ingreso no se convierte en mayor bienestar para los cartageneros. “Cartagena registró una pobreza monetaria del 32,7 % en 2012, mientras que el promedio de las 13 principales ciudades fue de 18,9 %, de acuerdo con información del DANE”, señala el documento. Las mismas cifras, según los registros de 2015, no mejoraron y Cartagena se ubicó como la segunda más pobre entre las 13 ciudades principales y sus áreas metropolitanas.
La primera elección popular de alcaldes en el país se dio el 13 de marzo de 1988. Fue Manuel Domingo Rojas Salgado quien pasaría a los libros de historia como el primer mandatario electo de Cartagena, y ya venía de serlo por decreto. Le siguió, en 1990, el renombrado Nicolás Curi Vergara, quien a pesar de estar relacionado con graves escándalos de corrupción y de haber enfrentado más de 80 investigaciones en 30 años de carrera política, fue elegido tres veces. “¡Un gladiador de la sensibilidad social!”, diría un locutor de la radio cartagenera.
Luego, en 1992, fue el turno para Gabriel García Romero, de la poderosa casa política de la que también hacen parte el exsenador Juan José García Romero, condenado en 2007 por la Corte Suprema por corrupción; Álvaro Gordo García, excongresista condenado a 40 años de cárcel por la masacre de Macayepo, y la exsenadora Piedad Zuccardi, a quien la Corte Suprema dictó orden de captura en 2013 por presuntos vínculos con el paramilitarismo. Hoy, las banderas de una de las familias más poderosas del Caribe las lleva el senador Andrés García Zuccardi, elegido el 20 de julio pasado como el primer vicepresidente del Senado.
La lista de alcaldes que han gobernado Cartagena sigue con Guillermo Paniza Ricardo, Carlos Díaz Redondo, Alberto Barbosa Sénior, Judith Pinedo Flórez, Campo Elías Terán Dix, Dionisio Vélez y el suspendido y capturado Manuel Vicente Duque Vásquez. Ninguno se salvó de investigaciones relacionadas con la gestión al frente de la Alcaldía. Algunos pagaron cárcel, otros prisión domiciliaria o millonarias multas por irregularidades cometidas durante los años que estuvieron manejando las riendas de una de las ciudades más importante del Caribe.
En total, han sido diez los alcaldes que han pisado el Palacio de la Aduana, que pareciera proteger la muralla y el baluarte San Ignacio en el centro histórico de Cartagena, sin contar los numerosos alcaldes que quedaron a cargo a raíz de las ausencias de quienes fueron elegidos por la masa popular. Sólo desde la administración del recordado locutor deportivo y de noticias Campo Elías Terán Dix —quien murió el 22 de abril de 2013, tras permanecer meses por fuera de la Alcaldía librando una lucha contra un cáncer de pulmón—, se pueden contar ocho alcaldes: tres electos, dos encargados y tres designados por el persidente Juan Manuel Santos.
Hoy, luego de un memorial de problemas con la justicia, irregularidades en la contratación y azares entre la vida y la muerte, el presidente designó a Sergio Londoño Zurek en la Alcaldía ante la suspensión y posterior captura de Manuel Duque, otro famoso locutor de radio, hijo del pueblo, vecino del barrio Blas de Lezo (en el suroccidente de Cartagena), quien asumió el cargo al imponerse con más de 126.000 votos sobre Antonio Quinto Guerra Varela en octubre de 2015.
“Manolo”, como le dice todo el mundo en Cartagena, fue suspendido por la Procuraduría General como medida cautelar mientras se investiga el derrumbe del edificio Portal de Blas de Lezo II, en su propio barrio, el pasado 27 de abril. Una tragedia que dejó más de 20 muertos y destapó una olla de corrupción en el sector de la construcción en el Corralito. No obstante, interpuso una acción de tutela que lo devolvió al cargo, pero que fue revocada por la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura en julio pasado.
No habían mermado las turbias aguas generadas por la tormenta política cuando la Fiscalía General anunció la captura de Duque y su hermano de crianza José Julián Vásquez, el poder en la sombra en Cartagena, para imputarles los delitos de cohecho, concierto para delinquir y tráfico de influencias por la elección irregular de la contralora distrital, Nubia Fontalvo. Ahí cayeron también varios concejales y la misma Fontalvo.
Lo de Cartagena era una bomba de relojería que no había estallado porque la fabricación de ese reloj había sido contratada allá. Y, a pesar de que los defensores de “Manolo” apuntan a “poderes oscuros” que manejan los hilos desde Bogotá, la realidad demuestra que la crisis política que hoy se vive en esa ciudad del Caribe también es el producto de décadas de malos manejos, el letargo de la justicia y de un pueblo que vota con el estómago vacío.
El veterano periodista Tadeo Martínez, corresponsal de Semana en el Caribe, explica con detalle los poderes que se han movido por años detrás de los alcaldes, en donde figuran personajes inhabilitados para ejercer cargos populares, como los excongresistas William Montes y Javier Cáceres, una parte del sector empresarial, la casa García Romero, el cuestionado empresario Alfonso Turco Hilsaca, el senador Lidio García y, actualmente, unos antiguos socios del hermano de Duque: el cuestionado clan Gnecco, en el Cesar, quienes habrían sido el músculo económico de la campaña en 2015. “Cartagena está atrapada por inhabilitados políticos, que no dan la cara, pero ponen los alcaldes”, comenta.
Para Roxana Segovia, rectora de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, seccional Caribe, y quien fue candidata a la Alcaldía de Cartagena en 2011, lo que sucede hoy es una “metástasis” de una vieja enfermedad . “Hemos tocado fondo. No podemos seguir eligiendo a los más populares, a los más amigos, a los que más abrazan”, dice la académica, quien ha mantenido un discurso sobre la necesidad de la educación de las bases sociales para que las elecciones puedan convertirse en beneficios para la ciudad.
Tampoco se puede desconocer la ocurrencia de los últimos hechos en un ambiente preelectoral. Una fuente le comentó a El Espectador que la captura de Manolo Duque podría ser una jugada directa de los Gnecco ante la imposibilidad de poner el aparato administrativo de Cartagena en favor de la campaña de José Alfredo Gnecco, quien aspirará nuevamente al Congreso.
Por otra parte, corren voces que apuntan a que al presidente Juan Manuel Santos no le quedará otra que irse con Germán Vargas Lleras a la Presidencia y que la coalición de los partidos Liberal, Conservador, de la U y Cambio Radical apoyará, en unas eventuales elecciones atípicas en la Heroica, a quien tenga el guiño del exvicepresidente.