El vuelo de la paz total: la tarea que tiene el gobierno Petro por delante

El presidente Gustavo Petro anunció, desde su posesión, la política de paz total. Podría haber hablado, como señalan algunos, de la paz integral o de la gran paz; son esguinces semánticos. Escogió el calificativo de “total” porque piensa, con razón, que si no se desactiven todas las dinámicas de violencia que subsisten en el país no habrá posibilidades reales y permanentes de reconciliación entre los colombianos.

Es una apuesta difícil, para algunos quimérica, pero necesaria. La iniciativa de paz total es, en todo caso, más propositiva que la entelequia de “paz con legalidad” del anterior gobierno, que nos acusó de violar la ley a quienes no coincidíamos con las prioridades arbitrarias adoptadas en esa administración.

>Lea más sobre el Congreso, el Gobierno Petro y otras noticias del mundo político

Lo primero es entender quiénes son los actores armados que podríamos considerar sujetos de la nueva política. Están las Farc, representadas hoy por el Partido Comunes y las disidencias. Aparecen también el Ejército de Liberación Nacional (Eln), los integrantes del Clan del Golfo con algunos matices políticos resultantes de sus vinculaciones fundacionales con las autodefensas y las organizaciones criminales vinculadas al narcotráfico.

El paso a seguir es dejar claras las etapas para el abordaje de los actores y buscar su desmovilización o desactivación. Para tales efectos, se podrían dividir en: la fase exploratoria, donde se indague de forma pública y transparente; la fase preparatoria, en la que la negociación sea lo suficientemente discreta, pero efectiva y la fase de negociación o sometimiento, según cada proceso, cuya socialización sea definida por común acuerdo.

Cada uno de los procesos mencionados debería ser atendido por equipos especiales, dependientes del alto comisionado para la Paz y este, por supuesto, recibiendo instrucciones directas del presidente Gustavo Petro.

Urgencia en la humanización del conflicto

Todos los actores armados, empezando por las Fuerzas Militares y de Policía, que están obligadas constitucionalmente, deben respetar unos compromisos mínimos humanitarios que protejan a la población civil.

Lea también: “Tienen que estar presentes las víctimas”: Iván Duque sobre diálogos con el Eln

El derecho internacional humanitario (DIH) no surgió para terminar los conflictos armados, sino para humanizarlos mientras terminan por la rendición militar, la negociación política o se neutralizan por acuerdos de ceses multilaterales o parciales del fuego, como puede llegar a suceder en este caso. Mientras llega la paz o se suspende el enfrentamiento, es un deber ético e irrenunciable proteger mínimos humanitarios internacionales: la distinción entre combatientes y no combatientes, la vida e integridad física, el no desplazamiento, el reclutamiento de menores y la protección incondicional de hospitales, escuelas y misiones médicas.

Proceso con las Farc

Este caso requiere una reactivación inmediata y seguimiento a los temas de las garantías de seguridad de los firmantes, el resarcimiento de las víctimas, la protección de los líderes sociales, la sustitución social de los cultivos ilícitos y el régimen de tierras. Es preciso reiniciar, como ya se ha comenzado a hacer, los mecanismos de seguimiento acordados en La Habana.

El ejercicio incluye un mayor dinamismo en la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), especialmente en lo que tiene que ver con las amnistías de los desmovilizados, la renuncia condicionada a la acción penal y las sanciones propias contra los máximos responsables. Asimismo, la agilización de sus procesos de reconocimiento, que deben tener la justicia restaurativa que ellos representan y la aceptación del concurso de verdad judicial que ofrecen los exjefes paramilitares, indispensables para llegar a una verdad equilibrada y útil al propósito de resarcir a las víctimas y garantizar la no repetición de los hechos de violencia juzgados.

Negociaciones con el Eln

Para las negociaciones en buen camino con el Eln se precisa entender que existen tres elementos nuevos respecto a las negociaciones con las Farc: la importancia de la geolocalización de la guerra en algunos territorios, la necesidad de asegurar el acompañamiento de la sociedad civil en el debate y la humanización, que permita sacar a la población civil de los enfrentamientos armados mientras se consigue la paz o se negocia el cese al fuego humanitario multilateral.

Disidencias de las Farc

Aquí es preciso distinguir, como bien lo han señalado los dirigentes del Partido Comunes, entre los disidentes firmantes del Acuerdo de Paz que se retiraron a raíz del entrampamiento montado con perfidia por el Estado y los disidentes no firmantes, que se dedicaron a actividades criminales. Los dos casos se deberían tramitar por carrileras diferentes, permitiendo a los primeros reintegrarse a los beneficios de lo pactado.

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Clan del Golfo

Este acercamiento se debe tramitar dentro del esquema propuesto por los autores de la Ley de Sometimiento que fue aprobada en el Congreso. Aunque no cabe aquí la figura de la negociación política, sí es claro que, como sucede en todos los casos de la paz total, el referente ético de cualquier sometimiento o la negociación debe ser la verdad de los victimarios para las víctimas. El precio del sometimiento jurídico de las organizaciones criminales no puede ser el silencio de sus victimarios. Sería una forma inaceptable de impunidad moral que le quitaría sentido compasivo a la paz.

Otro tema importante para que despegue la paz total es la “territorialización” de la paz, que se ha presentado, con razón, como el nuevo enfoque para avanzar en este concierto en varias pistas que supone la estrategia. Todos los esfuerzos por descentralizar la paz, como los diálogos regionales vinculantes; los puestos de mando unificado (PMU), a nivel municipal o regional, y las mesas y procesos humanitarios locales con la Coordinadora Humanitaria que vienen adelantando Vivamos Humanos, la Conferencia Episcopal y el Consejo Nacional de Paz Afrocolombiano (CONPA); la aplicación del Plan Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS) en las zonas de mayor concentración cocalera; la geolocalización de los PDETS acordados en La Habana y todos los procesos de desactivación de las dinámicas violentas en que está empeñado hoy el alto comisionado para la Paz deberían confluir en la creación de unas “regiones de paz”.

También hay que poner en el plano la internacionalización de la paz total. Este proceso de Colombia les concierne a todos los países de América Latina, donde se entiende que la superación definitiva de uno de los conflictos más antiguos del mundo le interesa a la región para fortalecer su vocación de zona de paz en el mundo. La paz posible de Colombia ha contado con el aporte heroico de países garantes —Cuba, Venezuela y Noruega—, el acompañamiento del sistema de Naciones Unidas y el activo interés de otros acompañantes como Alemania, Chile, España y Suecia.

Para finalizar: la paz total es una meta colectiva, y su consecución es una suma de logros y esfuerzos individuales que nos compromete a todos los que queremos pasar de una sociedad en conflicto a una sociedad conviviente, la del posconflicto. Un emocionante nuevo amanecer en paz al cual todos tenemos derecho.

* Expresidente de la República.

El presidente Gustavo Petro anunció, desde su posesión, la política de paz total. Podría haber hablado, como señalan algunos, de la paz integral o de la gran paz; son esguinces semánticos. Escogió el calificativo de “total” porque piensa, con razón, que si no se desactiven todas las dinámicas de violencia que subsisten en el país no habrá posibilidades reales y permanentes de reconciliación entre los colombianos.

Es una apuesta difícil, para algunos quimérica, pero necesaria. La iniciativa de paz total es, en todo caso, más propositiva que la entelequia de “paz con legalidad” del anterior gobierno, que nos acusó de violar la ley a quienes no coincidíamos con las prioridades arbitrarias adoptadas en esa administración.

>Lea más sobre el Congreso, el Gobierno Petro y otras noticias del mundo político

Lo primero es entender quiénes son los actores armados que podríamos considerar sujetos de la nueva política. Están las Farc, representadas hoy por el Partido Comunes y las disidencias. Aparecen también el Ejército de Liberación Nacional (Eln), los integrantes del Clan del Golfo con algunos matices políticos resultantes de sus vinculaciones fundacionales con las autodefensas y las organizaciones criminales vinculadas al narcotráfico.

El paso a seguir es dejar claras las etapas para el abordaje de los actores y buscar su desmovilización o desactivación. Para tales efectos, se podrían dividir en: la fase exploratoria, donde se indague de forma pública y transparente; la fase preparatoria, en la que la negociación sea lo suficientemente discreta, pero efectiva y la fase de negociación o sometimiento, según cada proceso, cuya socialización sea definida por común acuerdo.

Cada uno de los procesos mencionados debería ser atendido por equipos especiales, dependientes del alto comisionado para la Paz y este, por supuesto, recibiendo instrucciones directas del presidente Gustavo Petro.

Urgencia en la humanización del conflicto

Todos los actores armados, empezando por las Fuerzas Militares y de Policía, que están obligadas constitucionalmente, deben respetar unos compromisos mínimos humanitarios que protejan a la población civil.

Lea también: “Tienen que estar presentes las víctimas”: Iván Duque sobre diálogos con el Eln

El derecho internacional humanitario (DIH) no surgió para terminar los conflictos armados, sino para humanizarlos mientras terminan por la rendición militar, la negociación política o se neutralizan por acuerdos de ceses multilaterales o parciales del fuego, como puede llegar a suceder en este caso. Mientras llega la paz o se suspende el enfrentamiento, es un deber ético e irrenunciable proteger mínimos humanitarios internacionales: la distinción entre combatientes y no combatientes, la vida e integridad física, el no desplazamiento, el reclutamiento de menores y la protección incondicional de hospitales, escuelas y misiones médicas.

Proceso con las Farc

Este caso requiere una reactivación inmediata y seguimiento a los temas de las garantías de seguridad de los firmantes, el resarcimiento de las víctimas, la protección de los líderes sociales, la sustitución social de los cultivos ilícitos y el régimen de tierras. Es preciso reiniciar, como ya se ha comenzado a hacer, los mecanismos de seguimiento acordados en La Habana.

El ejercicio incluye un mayor dinamismo en la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), especialmente en lo que tiene que ver con las amnistías de los desmovilizados, la renuncia condicionada a la acción penal y las sanciones propias contra los máximos responsables. Asimismo, la agilización de sus procesos de reconocimiento, que deben tener la justicia restaurativa que ellos representan y la aceptación del concurso de verdad judicial que ofrecen los exjefes paramilitares, indispensables para llegar a una verdad equilibrada y útil al propósito de resarcir a las víctimas y garantizar la no repetición de los hechos de violencia juzgados.

Negociaciones con el Eln

Para las negociaciones en buen camino con el Eln se precisa entender que existen tres elementos nuevos respecto a las negociaciones con las Farc: la importancia de la geolocalización de la guerra en algunos territorios, la necesidad de asegurar el acompañamiento de la sociedad civil en el debate y la humanización, que permita sacar a la población civil de los enfrentamientos armados mientras se consigue la paz o se negocia el cese al fuego humanitario multilateral.

Disidencias de las Farc

Aquí es preciso distinguir, como bien lo han señalado los dirigentes del Partido Comunes, entre los disidentes firmantes del Acuerdo de Paz que se retiraron a raíz del entrampamiento montado con perfidia por el Estado y los disidentes no firmantes, que se dedicaron a actividades criminales. Los dos casos se deberían tramitar por carrileras diferentes, permitiendo a los primeros reintegrarse a los beneficios de lo pactado.

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Clan del Golfo

Este acercamiento se debe tramitar dentro del esquema propuesto por los autores de la Ley de Sometimiento que fue aprobada en el Congreso. Aunque no cabe aquí la figura de la negociación política, sí es claro que, como sucede en todos los casos de la paz total, el referente ético de cualquier sometimiento o la negociación debe ser la verdad de los victimarios para las víctimas. El precio del sometimiento jurídico de las organizaciones criminales no puede ser el silencio de sus victimarios. Sería una forma inaceptable de impunidad moral que le quitaría sentido compasivo a la paz.

Otro tema importante para que despegue la paz total es la “territorialización” de la paz, que se ha presentado, con razón, como el nuevo enfoque para avanzar en este concierto en varias pistas que supone la estrategia. Todos los esfuerzos por descentralizar la paz, como los diálogos regionales vinculantes; los puestos de mando unificado (PMU), a nivel municipal o regional, y las mesas y procesos humanitarios locales con la Coordinadora Humanitaria que vienen adelantando Vivamos Humanos, la Conferencia Episcopal y el Consejo Nacional de Paz Afrocolombiano (CONPA); la aplicación del Plan Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS) en las zonas de mayor concentración cocalera; la geolocalización de los PDETS acordados en La Habana y todos los procesos de desactivación de las dinámicas violentas en que está empeñado hoy el alto comisionado para la Paz deberían confluir en la creación de unas “regiones de paz”.

También hay que poner en el plano la internacionalización de la paz total. Este proceso de Colombia les concierne a todos los países de América Latina, donde se entiende que la superación definitiva de uno de los conflictos más antiguos del mundo le interesa a la región para fortalecer su vocación de zona de paz en el mundo. La paz posible de Colombia ha contado con el aporte heroico de países garantes —Cuba, Venezuela y Noruega—, el acompañamiento del sistema de Naciones Unidas y el activo interés de otros acompañantes como Alemania, Chile, España y Suecia.

Para finalizar: la paz total es una meta colectiva, y su consecución es una suma de logros y esfuerzos individuales que nos compromete a todos los que queremos pasar de una sociedad en conflicto a una sociedad conviviente, la del posconflicto. Un emocionante nuevo amanecer en paz al cual todos tenemos derecho.

* Expresidente de la República.