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El sistema de pesos y contrapesos es esencial en los sistemas democráticos. De esta forma se hace control cada una de las ramas para evitar que una se imponga sobre otra o se cometan arbitrariedades. El control de cada uno de los poderes sobre las otros es un principio básico que busca equilibrar la balanza para mantener la igualdad. Por estos días, se ha cuestionado qué tan aceitado y en funcionamiento está este sistema en el gobierno de Iván Duque.
Las dudas surgen puesto que, en menos de un año, el primer mandatario ha puesto de su cuerda al fiscal Francisco Barbosa -que se autodenominó el mejor amigo del primer mandatario-, al defensor Carlos Camargo y ahora a la primera procuradora de la historia del país, Margarita Cabello. Incluso se ha llegado a señalar la cercanía con el Ejecutivo de Felipe Córdoba, cabeza de la Contraloría. Aunque es normal que los presidentes pongan a sus alfiles, en este caso la preocupación parte de que la cercanía sería mayor que en gobiernos anteriores y que el Congreso, encargado del control político, está funcionando a medida marcha desde la virtualidad.
En el caso de la Fiscalía, ya se ha señalado al fiscal Barbosa por supuestamente no avanzar en los casos que involucran al primer mandatario o sus allegados. El mejor ejemplo es la Ñeñepolítica, donde se le ha exigido mayores avances y en el que incluso hubo reproches a que saliera a medios a decir que una de las líneas de investigación incluía a Gustavo Petro por una supuesta financiación de mineras, cuando los audios en el que se escucha a José Guillermo Ñeñe Hernández solo hablan de que Petro ganó en La Guajira por “los mineros”.
Esa cercanía del fiscal con el primer mandatario, probada en declaraciones, fotos y similares, también ha hecho dudar de que en la Fiscalía se puedan llevar procesos en contra de los cercanos al presidente. Por ejemplo, una de las objeciones para que el caso del expresidente Álvaro Uribe por presunto fraude procesal y soborno llegue al ente acusador es que supuestamente no tendría los mismos avances que en la Corte Suprema, debido a la cercanía de Barbosa con el Ejecutivo, del que hizo parte hasta ser elegido fiscal.
Por otro lado, ni Carlos Camargo ni Margarita Cabello han asumido sus cargos, pero se ha llegado a cuestionar qué tan independientes pueden llegar a ser al recibir el apoyo del Gobierno y su bancada para su aspiración. En ambos casos, las salientes cabezas han hecho un ejercicio de sus cargos que ha cuestionado al Ejecutivo y allegados ante posibles irregularidades o actos reprobables.
Por ejemplo, Carlos Negret, el defensor hasta este 31 de agosto, ha hecho un juicioso trabajo desde las regiones y ha sido común que después de cada masacre o acción violenta se compruebe que desde la Defensoría se había emitido una alerta temprana que no habría tenido la total atención del Gobierno. Esta labor ha terminado siendo incomoda para el Ejecutivo. Ante los avances que ha hecho la actual Defensoría en el territorio, se ha llegado a cuestionar que el nuevo defensor, Carlos Camargo, no tenga una formación en derechos humanos de forma dedicada para continuar por la línea en la que viene la entidad.
Por otro lado, en la Procuraduría, Fernando Carrillo ha hecho en el último tiempo recomendaciones y llamados de atención al gobierno por su proceder en algunos temas, como el de la virtualidad del Congreso y los pronunciamientos del presidente Iván Duque frente al proceso de Álvaro Uribe. Por eso, al haber sido parte del Gobierno hasta hace unos días y ser cercana a Iván Duque, han aparecido dudas sobre cómo será la Procuraduría de Margarita Cabello y su independencia ante el Ejecutivo.
Estas reservas ya han comenzado a sentirse en el Senado, donde varios miembros de la oposición han cuestionado la independencia de poderes e incluso han puesto en duda la naturaleza democrática del sistema. “Que en Colombia el principal órgano de control sea ejercido por una exministra del gobierno vigente es una clara demostración de ausencia de democracia y de falta de vigilancia independiente de la arbitrariedad del Poder Ejecutivo. Al mejor estilo de los Estados totalitarios”, expresó Iván Cepeda.
Gustavo Bolívar, de la lista de los Decentes, también se pronunció sobre este tema tras la elección de Cabello: “Duque completa el póker: Fiscal, Procuradora y Defensor del Pueblo en su bolsillo”. En esta misma línea dijo: “Uribismo controla Fiscalía, Defensoría del Pueblo, Medicina Legal, Contraloría, Congreso, Registraduría, CNE y, desde hoy, gracias a la mermelada dada a U y Cambio Radical, tendrán procuradora: Margarita Cabello, quien amañó extradición de Mancuso”.
Más allá de la posible interpretación política que le dan desde el Legislativo, los expertos tienen distintas posiciones sobre cómo queda el sistema de control y de pesos y contrapesos con la elección de Margarita Cabello para la Procuraduría. Rodrigo Uprimny, en diálogo con Noticias Caracol, aseguró que la llegada de Cabello al ministerio Público “es una mala noticia para el país”, a pesar de su hoja de vida, debido a su cercanía con el actual Gobierno. “Ese nombramiento rompe con el equilibrio de poderes porque el presidente contaría con la cercanía de tres funcionarios de alto cargo en el resto del Estado”, expresó el investigador de Dejusticia.
Por otro lado, Hernando Herrera, cabeza de la Corporación Excelencia en la Justicia (CEJ), le señaló a este diario que estos hechos que se están presentando actualmente son propios del sistema presidencialista en el que está encuadrado Colombia. Esto debido a que el primer mandatario tiene la posibilidad de componer la terna de fiscal y defensor y de nombrar uno de los candidatos que aspirarán a la Procuraduría.
Sin embargo, señaló que “el origen de una persona no le merma las posibilidades para ser elegido”. Aunque hizo la salvedad de que venir del seno del Ejecutivo le imprime una obligación mayor de darle imparcialidad al órgano que regente. Por otro lado, el experto señaló que, más allá de cualquier lazo con el Ejecutivo, afortunadamente en el ordenamiento colombiano existe la figura del conflicto de intereses para que el funcionario se declare impedido o hasta sea recusado. “Se garantiza la independencia y que los funcionarios no pierdan criterio de imparcialidad”, aseguró.
Herrera recordó que en los gobiernos de Álvaro Uribe y Juan Manuel Santos también se evidenciaron este tipo de situaciones, que tendrían mucho que ver con una ruptura del sistema de pesos y contrapesos creado por la reelección presidencial. “Si estuviéramos en un sistema parlamentario no hubiera sido tan grave”, enfatizó.
En cuanto a la elección de Margarita Cabello, este reconoció que es clara su cercanía con el Ejecutivo al participar del gabinete presidencial, pero que eso no impide que fuera escogida para ser procuradora. Sin embargo, llamó la atención en que senadores como Eduardo Pulgar, del Partido de la U, hubieran participado en su elección. Esto debido a que algunos congresistas, como Pulgar, tenían investigaciones disciplinarias en el ministerio Público y aún así participaron del proceso.
En este punto, criticó que la ley 2003 de 2019 señale que los legisladores no están impedidos para participar de elecciones, a pesar de posibles inhabilidades o conflicto de intereses, cuando la votación es secreta: “Es una imperfección del sistema, Libera a una persona que tiene una inhabilidad de carácter ético para evadir la misma”.
Sobre la elección de Margarita Cabello también fue preguntado el exmagistrado de la Corte Constitucional Alfredo Beltrán Sierra, que destacó que “el procurador tiene que ser independiente porque es la vigilancia de todos los servidores”. En este orden de ideas también aseguró que en un Estado de Derecho la concentración del poder alrededor del Ejecutivo es peligroso y puede llevar a que las actividades de control desaparezcan.
Sin embargo, específicamente en el caso de la ahora procuradora, señaló que esa independencia depende del carácter y el compromiso con la persona que llega al cargo, más allá de si fue nominada o no por el primer mandatario. Para ejemplificar esta situación, el exmagistrado usó el caso del presidente Carlos Lleras Restrepo y el procurador Mario Aramburo. A pesar de haber llegado al cargo por designación presidencial, Aramburo fue capaz de llamarle la atención a Lleras y hasta dimitir del cargo cuando el primer mandatario se metió en política para favorecer la candidatura de Misael Pastrana Borrero.
Igualmente señaló que es muy temprano para proferir una opinión sobre Margarita Cabello o Carlos Camargo, pues ninguno de ellos ha asumido sus cargos y solo pueden ser juzgados cuando ejerzan las actividades correspondientes. Sin embargo, si llamó la atención sobre una posible cercanía que ha tenido el fiscal Barbosa con el Ejecutivo.
Por otro lado, el exmagistrado Beltrán Sierra y Herrera señalaron que la única forma de realmente superar este tipo de situaciones parte de una reforma constitucional que lleve a que los cargos de control sean elegidos y nominados por otras ramas. Se tendría que afectar el diseño constitucional para llevar a que estos cargos no fueran influenciados por el resorte presidencial.