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Con un total de 140 aspirantes, el Congreso continuará con el proceso de elección de un nuevo contralor general, esto tras la decisión del Consejo de Estado que dejó por fuera al elegido en agosto de 2022, Carlos Hernán Rodríguez Becerra. De hecho, lo más llamativo de la lista es que Rodríguez no aparece, pero no porque no aspire a regresar al cargo, sino porque lo busca a través de una tutela que tumbe el fallo en su contra.
Dicha decisión está en manos de la Corte Constitucional y ha generado incertidumbre en el Congreso, pues varios senadores y representantes advierten que, si se elige a un nuevo contralor y Rodríguez obtiene una victoria en la corte, el país se enfrentaría al dilema de tener dos contralores.
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Por lo pronto, según la lista de aspirantes que tiene el Congreso, entre los que buscan llegar al cargo hay varios nombres reconocidos de la política nacional. Por ejemplo, aparecen Tito José Crissien, ministro de Ciencia en el Gobierno de Iván Duque; Andrés Castro, excontralor de Bogotá; y María Paola Suárez, exviceministra del Interior. También se destaca Campo Elías Vega, hermano del saliente registrador, Alexander Vega Rocha.
Según informó la Secretaría del Senado, ser elegido contralor se requiere, “como mínimo, ser colombiano de nacimiento y en ejercicio de la ciudadanía; tener más de 35 años; tener título universitario en ciencias jurídicas, humanas, económicas, financieras, administrativas o contables y experiencia profesional no menor a cinco años o como docente universitario para el mismo tiempo”.
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Entre tanto, cerca de 100 representantes a la Cámara presentaron una proposición para solicitar el aplazamiento de la elección de Contralor General hasta tanto la Corte Constitucional no falle una tutela que tiene en estudio y que fue presentada por Rodríguez Becerra.
“En los antecedentes de los dos últimos procesos de elección de contralor general se dispuso de cronogramas con periodos de cinco y seis meses; sin embargo, en lo previsto en la Resolución 002 de 2023 se cuenta con periodos que se redujeron en un 50 %, es decir, uno de tres meses y 15 días, lo que va en contra de los principios de publicidad, transparencia y participación ciudadana”, se lee en la proposición.
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