Elecciones 2023, sin suficiente información sobre su planeación y desarrollo: MOE

Falta de planeación por parte de la Registraduría al iniciar procesos contractuales de forma posterior al inicio de las etapas electorales en las que estos van a operar. Limitación a la competencia derivada de la modalidad de contratación. Falta de divulgación y comunicación oportuna del esquema y el cronograma para la adquisición de bienes y servicios para la logística electoral y no contar con canales para un flujo abierto de información respecto de los procedimientos de inscripción de ciudadanos y de registro de grupos significativos de ciudadanos. Son algunos de los hallazgos identificados por la Misión de Observación Electoral (MOE) en su “Primer informe de Monitoreo a la Contratación de Bienes y Servicios para las Elecciones de Autoridades Locales 2023 y Garantías de Acceso a la Información”, elaborado con corte al 9 de diciembre.

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El calendario electoral para los comicios de autoridades locales y regionales en 2023 inició el pasado 29 de octubre con la inscripción de cédulas y el registro de grupos significativos de ciudadanos y la MOE prendió las alarmas teniendo en cuenta que el valor total de los recursos solicitados por la Registraduría para esas elecciones asciende a $1.4 billones, según información proporcionada por el Ministerio de Hacienda. Además, enfatizó, la logística en el marco de este tipo de procesos requiere de la veeduría de organizaciones políticas y de la sociedad civil, a fin de que se tenga una mayor claridad sobre la pertinencia de las decisiones que toman las autoridades y la legitimidad de los procesos electorales.

En lo que tiene que ver con la falta de planeación en los procesos contractuales, la MOE reseña que, a pesar de que el calendario electoral inició el 29 de octubre, la convocatoria para la contratación de las herramientas logísticas y tecnológicas para el desarrollo de los procedimientos de inscripción de cédulas y registro de grupos significativos de ciudadanos fue publicada hasta el 23 de noviembre. “No se entiende por qué la publicación de la convocatoria se hizo de forma tardía, si desde antes de la expedición del calendario la Registraduría ya conocía las necesidades que en términos de contratación debían ser atendidas”, refirió la organización no gubernamental.

“En términos de fechas: la convocatoria para la contratación fue emitida el 23 de noviembre de 2022; la fecha para la presentación de propuestas fue el 13 de diciembre; la adjudicación del contrato será el 21 de diciembre y la ejecución del mismo inicia el 27 de diciembre. Sin embargo, el 14 de diciembre se realizarán las pruebas técnicas”, indicó Marlon Pabón, coordinador de Administración Pública y Transparencia de la MOE.

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Y añadió: “Esto quiere decir que los potenciales contratistas contarán con 20 días entre el aviso de convocatoria y la presentación de las propuestas, por lo que se presume que, dado el contexto de premura en el que se lleva a cabo la contratación, sólo podrán participar en este proceso quienes previamente ya hayan desarrollado una herramienta tecnológica como la requerida”.

Otro hallazgo detectado por la MOE tiene que ver con la falta de divulgación y comunicación oportuna del esquema y el cronograma para la adquisición de bienes y servicios para la logística electoral. Y es que la entidad comenzó la adquisición de componentes electorales de manera repentina y sin haberlo comunicado oportunamente en su Plan Anual de Adquisiciones, como es deber de todas las entidades públicas, pues lo que hicieron fue actualizar este plan el 23 de noviembre pasado, justo el mismo día de apertura de la convocatoria pública para la provisión de estos bienes y servicios.

Asimismo, el informe referido destaca que la Registraduría no cuenta con canales para un flujo abierto de información respecto de los procedimientos de inscripción de ciudadanos y de registro de grupos significativos de ciudadanos y que, de mantenerse la decisión de no proporcionar la información solicitada por la MOE a tiempo real, la observación electoral se vería gravemente afectada, al no contarse con la información necesaria, oportuna y suficiente para el monitoreo y vigilancia de procesos tan relevantes como la inscripción de cédulas, que es la base para la conformación del censo electoral. Para Marlón Pabón, “de no adoptarse las garantías necesarias para el acceso a la información para todos los actores del proceso electoral se puede repetir lo ocurrido en las elecciones nacionales de 2022″.

En el “Primer Informe sobre el Proceso de Inscripción de Cédulas. Elecciones Autoridades Locales 2023″, presentado recientemente, la MOE reveló que ante la falta de información no fue posible analizar los datos proporcionados a nivel de puestos de votación, ni desagregado por sexo, como en anteriores procesos. De acuerdo con Mauricio Vela, coordinador del Observatorio Político Electoral de la Democracia de veeduría, “existe una dificultad en hacer análisis con un alcance submunicipal, pues la información proporcionada se encuentra agregada a nivel municipal. Si bien el acceso de consulta se le solicitó a la Registraduría desde el 31 de octubre de 2022, este no se encuentra disponible, y es algo que preocupa de cara al análisis y seguimiento que se hace frente a una elección en la que las nuevas inscripciones se tornan determinantes para comicios de menor escala, como los de alcaldías municipales, concejos o juntas administradoras locales.

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En este informe se da cuenta que durante el periodo comprendido entre el 29 de octubre y el 29 de noviembre, un total de 24,114 personas dentro de Colombia han modificado su lugar de votación. Este número de inscripciones es un 153% menor en comparación con los inscritos durante el mismo periodo en relación con las elecciones de 2019, en el que, durante el primer mes, un total de 61,001 ciudadanos cambiaron su puesto de votación.

A nivel departamental, las alarmas están prendidas por los casos con altas tasas de inscripción como el Meta, la mayor tasa a nivel nacional con 3.26 inscritos por cada mil habitantes (más de 5.14 veces la tasa del nivel nacional). En segundo lugar se encuentra el departamento de Chocó, con una tasa de 2.01 inscritos por cada mil habitantes, lo que significa que es 3.17 veces la tasa nacional.

En cuanto al análisis municipal, se destacan 13 municipios, que tienen la tasa de inscripción más alta de todo el país, 14 veces superior a la tasa nacional. Dentro de estos, es necesario llamar la atención sobre los casos de Puerto Gaitán (Meta) y Cabuyaro (Meta), pues no es la primera vez que son resaltados por la MOE en este análisis de inscripción de cédulas, ya que para los procesos electorales previos, tanto de elecciones nacionales como de autoridades locales, han sido alertados por su alta inscripción de cédulas.

Finalmente, la MOE invitó a la Registraduría Nacional para que, en colaboración con el Consejo Nacional Electoral, adopten las garantías necesarias para que se adecuen y fortalezcan los procesos de planeación, exista una comunicación oportuna y se contemplen las medidas necesarias para que se materialice el acceso a la información para garantizar un monitoreo, supervisión y veeduría efectiva de todas las etapas de los comicios del próximo año.

Falta de planeación por parte de la Registraduría al iniciar procesos contractuales de forma posterior al inicio de las etapas electorales en las que estos van a operar. Limitación a la competencia derivada de la modalidad de contratación. Falta de divulgación y comunicación oportuna del esquema y el cronograma para la adquisición de bienes y servicios para la logística electoral y no contar con canales para un flujo abierto de información respecto de los procedimientos de inscripción de ciudadanos y de registro de grupos significativos de ciudadanos. Son algunos de los hallazgos identificados por la Misión de Observación Electoral (MOE) en su “Primer informe de Monitoreo a la Contratación de Bienes y Servicios para las Elecciones de Autoridades Locales 2023 y Garantías de Acceso a la Información”, elaborado con corte al 9 de diciembre.

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El calendario electoral para los comicios de autoridades locales y regionales en 2023 inició el pasado 29 de octubre con la inscripción de cédulas y el registro de grupos significativos de ciudadanos y la MOE prendió las alarmas teniendo en cuenta que el valor total de los recursos solicitados por la Registraduría para esas elecciones asciende a $1.4 billones, según información proporcionada por el Ministerio de Hacienda. Además, enfatizó, la logística en el marco de este tipo de procesos requiere de la veeduría de organizaciones políticas y de la sociedad civil, a fin de que se tenga una mayor claridad sobre la pertinencia de las decisiones que toman las autoridades y la legitimidad de los procesos electorales.

En lo que tiene que ver con la falta de planeación en los procesos contractuales, la MOE reseña que, a pesar de que el calendario electoral inició el 29 de octubre, la convocatoria para la contratación de las herramientas logísticas y tecnológicas para el desarrollo de los procedimientos de inscripción de cédulas y registro de grupos significativos de ciudadanos fue publicada hasta el 23 de noviembre. “No se entiende por qué la publicación de la convocatoria se hizo de forma tardía, si desde antes de la expedición del calendario la Registraduría ya conocía las necesidades que en términos de contratación debían ser atendidas”, refirió la organización no gubernamental.

“En términos de fechas: la convocatoria para la contratación fue emitida el 23 de noviembre de 2022; la fecha para la presentación de propuestas fue el 13 de diciembre; la adjudicación del contrato será el 21 de diciembre y la ejecución del mismo inicia el 27 de diciembre. Sin embargo, el 14 de diciembre se realizarán las pruebas técnicas”, indicó Marlon Pabón, coordinador de Administración Pública y Transparencia de la MOE.

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Y añadió: “Esto quiere decir que los potenciales contratistas contarán con 20 días entre el aviso de convocatoria y la presentación de las propuestas, por lo que se presume que, dado el contexto de premura en el que se lleva a cabo la contratación, sólo podrán participar en este proceso quienes previamente ya hayan desarrollado una herramienta tecnológica como la requerida”.

Otro hallazgo detectado por la MOE tiene que ver con la falta de divulgación y comunicación oportuna del esquema y el cronograma para la adquisición de bienes y servicios para la logística electoral. Y es que la entidad comenzó la adquisición de componentes electorales de manera repentina y sin haberlo comunicado oportunamente en su Plan Anual de Adquisiciones, como es deber de todas las entidades públicas, pues lo que hicieron fue actualizar este plan el 23 de noviembre pasado, justo el mismo día de apertura de la convocatoria pública para la provisión de estos bienes y servicios.

Asimismo, el informe referido destaca que la Registraduría no cuenta con canales para un flujo abierto de información respecto de los procedimientos de inscripción de ciudadanos y de registro de grupos significativos de ciudadanos y que, de mantenerse la decisión de no proporcionar la información solicitada por la MOE a tiempo real, la observación electoral se vería gravemente afectada, al no contarse con la información necesaria, oportuna y suficiente para el monitoreo y vigilancia de procesos tan relevantes como la inscripción de cédulas, que es la base para la conformación del censo electoral. Para Marlón Pabón, “de no adoptarse las garantías necesarias para el acceso a la información para todos los actores del proceso electoral se puede repetir lo ocurrido en las elecciones nacionales de 2022″.

En el “Primer Informe sobre el Proceso de Inscripción de Cédulas. Elecciones Autoridades Locales 2023″, presentado recientemente, la MOE reveló que ante la falta de información no fue posible analizar los datos proporcionados a nivel de puestos de votación, ni desagregado por sexo, como en anteriores procesos. De acuerdo con Mauricio Vela, coordinador del Observatorio Político Electoral de la Democracia de veeduría, “existe una dificultad en hacer análisis con un alcance submunicipal, pues la información proporcionada se encuentra agregada a nivel municipal. Si bien el acceso de consulta se le solicitó a la Registraduría desde el 31 de octubre de 2022, este no se encuentra disponible, y es algo que preocupa de cara al análisis y seguimiento que se hace frente a una elección en la que las nuevas inscripciones se tornan determinantes para comicios de menor escala, como los de alcaldías municipales, concejos o juntas administradoras locales.

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En este informe se da cuenta que durante el periodo comprendido entre el 29 de octubre y el 29 de noviembre, un total de 24,114 personas dentro de Colombia han modificado su lugar de votación. Este número de inscripciones es un 153% menor en comparación con los inscritos durante el mismo periodo en relación con las elecciones de 2019, en el que, durante el primer mes, un total de 61,001 ciudadanos cambiaron su puesto de votación.

A nivel departamental, las alarmas están prendidas por los casos con altas tasas de inscripción como el Meta, la mayor tasa a nivel nacional con 3.26 inscritos por cada mil habitantes (más de 5.14 veces la tasa del nivel nacional). En segundo lugar se encuentra el departamento de Chocó, con una tasa de 2.01 inscritos por cada mil habitantes, lo que significa que es 3.17 veces la tasa nacional.

En cuanto al análisis municipal, se destacan 13 municipios, que tienen la tasa de inscripción más alta de todo el país, 14 veces superior a la tasa nacional. Dentro de estos, es necesario llamar la atención sobre los casos de Puerto Gaitán (Meta) y Cabuyaro (Meta), pues no es la primera vez que son resaltados por la MOE en este análisis de inscripción de cédulas, ya que para los procesos electorales previos, tanto de elecciones nacionales como de autoridades locales, han sido alertados por su alta inscripción de cédulas.

Finalmente, la MOE invitó a la Registraduría Nacional para que, en colaboración con el Consejo Nacional Electoral, adopten las garantías necesarias para que se adecuen y fortalezcan los procesos de planeación, exista una comunicación oportuna y se contemplen las medidas necesarias para que se materialice el acceso a la información para garantizar un monitoreo, supervisión y veeduría efectiva de todas las etapas de los comicios del próximo año.