Quedan dos semanas para que se reconfigure el mapa del poder político regional y las encuestas ya definieron que al menos seis repitentes serían ganadores. Algunos de ellos son Dilian Francisca Toro, en el Valle; Federico Gutiérrez, en Medellín; Luis Pérez, en Antioquia; Jorge Rey, en Cundinamarca; Carlos Amaya, en Boyacá, y Alejandro Char, en Barranquilla.
Por eso, El Espectador les puso la lupa a algunos procesos de contratación que gestaron mientras fueron gobernantes entre 2015 y 2019, y encontró varias cosas que han despertado alerta en organizaciones como Transparencia por Colombia y otros estamentos de vigilancia.
Lo cierto es que esos seis mandatarios, durante el último cuatrienio, intentaron proyectar su imagen nacional, participando en consultas e incluso como precandidatos a la Presidencia y a la Alcaldía de Bogotá, lo que les permitió llevar las bases que construyeron en sus lugares de origen a todo el país y regresar al radar regional con mayor caudal y aprobación más alta.
Esto los hace jugadores con características distintas a las de sus contendores. Sin embargo, como ya estuvieron en el poder, este diario también revisó la financiación de sus campañas pasadas y los contratos que, en algunos casos, entregaron a quienes financiaron sus aspiraciones políticas.
La financiación de campañas está regulada por el Estatuto Anticorrupción, que establece una serie de condiciones bajo las cuales los aspirantes deben reportar los ingresos y gastos en época electoral.
La Ley 1474 de 2011, por ejemplo, les prohíbe recibir donaciones superiores al 10 % de los topes de gasto en campaña en sus regiones y, así mismo, deja claro que ningún donante que haya aportado más del 2 % del tope fijado por el Consejo Nacional Electoral (CNE) puede contratar con la administración del candidato que apoyó si es elegido.
Varios mandatarios han sido sancionados y hasta inhabilitados por la Procuraduría por incumplir estas condiciones. Basta recordar el caso de Álvaro Arley León Flórez, gobernador del Vichada elegido en 2019, quien suscribió un contrato por más de $1.700 millones con una persona que estaba inhabilitada por haber aportado a su campaña electoral.
Entre los hallazgos hay algunos contratistas de los períodos en los que ya gobernaron y que, según el registro de cuentas claras del CNE, fueron aportantes a sus campañas. Y aunque ningún caso ha derivado hasta ahora en algún tipo de sanción, las veedurías electorales sí pidieron que se rastreen estas pistas para determinar si hay irregularidades.
Dilian Francisca Toro y el zar del transporte en Cali
(Lea la investigación completa aquí: El contrato que le entregó Dilian Francisca al ‘zar’ del transporte que la financió)
La candidata que busca repetir mandato en la Gobernación del Valle ha usado como una de sus banderas el tema de la movilidad y el transporte en la región, un sector en el que Dilian no es desconocida ni novata, pues tiene cercanía desde hace varios años con los Jurado Donneys, familia de empresarios que monopoliza gran parte del transporte en el departamento, uno de cuyos integrantes más conocidos es Ramiro Jurado Donneys, gerente de la empresa de buses Coomoepal, quien integró la junta directiva del GIT Masivo (una de las empresas de los buses del MIO en Cali).
Según lo que reportó Dilian Francisca para su candidatura a la Gobernación en 2015, dos empresas de Jurado le aportaron $200 millones ($100 millones a través de Agrotropic de Colombia S. A. y el resto mediante Socoreval S. A.). Ramiro Jurado es representante legal de ambas compañías.
Lo que Dilian no reportó en su declaración de conflicto de intereses es que, según el artículo 2 del Estatuto Anticorrupción, ningún financiador que entregue más del 2 % del tope permitido para financiar campañas políticas puede beneficiarse de contratos con la entidad que llegue a dirigir el candidato que apoyó. En el caso del Valle, el tope para recibir contratos y no infringir la ley era de $88′807.007. Sin embargo, Jurado casi duplica esa cifra.
Aunque la financiación por sí misma no es ilegal, lo que sí podría generarle un claro conflicto de intereses es que ese financiador se benefició de un contrato el 8 de julio de 2019, con la Unión Temporal Especiales S. E. D. firmado por la Secretaría de Educación departamental. Esa UT estaba conformada por Transrecreativos S. A. S. (representado por Pedro Nel Bocanegra Andrade) y la Sociedad Comercial y Residencial Valle del Lili (Socoreval), la empresa de Jurado Donneys.
Los negocios familiares y la vida política de Luis Pérez
(Lea la investigación completa aquí: Los negocios familiares que han sostenido la vida política de Luis Pérez)
Luis Emilio Pérez Gutiérrez, un curtido político paisa, dice con seguridad que no va a repetir gobernación, sino que hará el doble por Antioquia. Bajo su movimiento político -sin personería jurídica- “Colombia piensa en grande” y con la bendición del ASI (Alianza Social Independiente), Pérez se sigue abriendo camino y es una de las opciones que más suena, después de Andrés Julián Rendón, el candidato del Centro Democrático.
Sin embargo, lo que más llama la atención de sus reportes de gastos y cuentas es que varios de sus aportantes, tanto en la campaña pasada como en la actual, son sus familiares. Como Mario de Jesús Pérez Gutiérrez, uno de sus hermanos y quien más ha sonado en medios de comunicación por haber sido su socio en la compra de una propiedad de 700.000 metros cuadrados en febrero de 2007, que está bajo la mira de la Fiscalía por, supuestamente, haber sido propiedad en 2004 del exparamilitar Carlos Mario García (Doblecero), según denunció la revista Cambio.
Mario de Jesús Pérez, en 2015, le donó $15 millones a la campaña de su hermano. Y para esta aspiración, hasta ahora, le ha entregado $19 millones “en donaciones en especie”, según sus reportes oficiales, a través de la empresa Aromas de Colombia S. A. S., en la que aparece Mario de Jesús como representante legal.
A término personal, también ha donado hasta ahora $20 millones a esta aspiración política. A esos aportes familiares se sumó el de su hermana Martha Lucía, quien aportó $15 millones, y Darío de Jesús, que entregó $10, según los reportes.
Pero ellos no son los únicos familiares en hacer aportes. Igual está María Patricia Vallejo Agudelo, una de sus cuñadas, quien le entregó como “crédito” más de $188,6 millones para su campaña política en 2015.
María Patricia Vallejo aparece como propietaria junto a Luis Emilio Pérez y otros familiares de un predio en la vereda La Guanábana, en el municipio de Santa Fe de Antioquia. Según la escritura pública del inmueble, hasta 2018, el predio aparecía como vendido por la familia Pérez a Inversiones Palo de Rosa S. A., una compañía que está en liquidación desde 2019.
Alejandro Char y la compra de votos
(Lea la investigación completa aquí: Familia y aliados de Alejandro Char terminaron con contratos en sus dos alcaldías)
El dos veces alcalde de Barranquilla -la primera entre 2008 y 2012 y la segunda entre 2016 y 2020- es el favorito indiscutible para ganar las elecciones en la capital del Atlántico. En sus administraciones pasadas el alcalde Char entregó dineros, a través de convenios interadministrativos, a una entidad mixta llamada Empresa de Desarrollo Urbano de Barranquilla (Edubar).
Entre los socios privados de Edubar aparece la Sociedad Portuaria Río Grande. Según el acta de la asamblea de accionistas de esa sociedad, realizada en marzo de 2017, Supertiendas y Droguerías Olímpica y la Sociedad de Inversiones de Colombia (Socinsa) tenían el 19 % de las acciones de Río Grande.
El Espectador consultó a Fernando Segura, exdirector de Participación, Transparencia y Servicio al Ciudadano del Departamento Administrativo de Función Pública, quien señaló que en este caso se presenta un conflicto de interés porque familiares del alcalde Char se encontraban entre los beneficiarios finales de sus decisiones contractuales desde la cabeza de la administración distrital.
Edubar recibió la mayoría de los contratos de interventoría sobre las grandes obras que desarrollaron las administraciones charistas. Una veintena de contratos que superan los $13.500 millones.
Además, la Procuraduría y la Fiscalía están investigando al ahora candidato Char por una denuncia sobre el pago de coimas derivadas de los contratos entregados por su administración, que terminaron financiando su propia campaña y las de sus aliados. Este diario se comunicó con el candidato, a través de su equipo de comunicaciones, para obtener respuesta sobre estos asuntos, pero decidió guardar silencio.
Carlos Amaya contrató a sus financiadores
(Lea la investigación completa aquí: Los donantes de campaña de Amaya en 2015 que terminaron con contratos en Boyacá)
Después de bajarse de su intención de ser alcalde de Bogotá, el exgobernador de Boyacá Carlos Amaya busca reelegirse en ese cargo. En su primera campaña departamental, en 2015, recibió aportes por 767 millones, entre donaciones y créditos. Una de esas donaciones fue la de $50 millones entregada por B&V Ingeniería, empresa propiedad de los ingenieros Jorge Boada y Ricardo Vargas.
Luego, esa empresa recibió dos contratos de manos de la gobernación de Amaya a través de licitación: el primero, en 2017, para la construcción de la avenida circunvalar de Duitama y el segundo, en 2019, para la adecuación y puesta en funcionamiento del auditorio Jorge Velosa de Tunja. Sumados, ambos contratos alcanzan los 10.000 millones de pesos.
La licitación para el teatro solo recibió la oferta de B&V ingeniería, la misma empresa que donó a la campaña de Amaya. Ese aporte superó el 2,5% del tope de gastos establecido para la elección de ese año en Boyacá. Según el estatuto anticorrupción, cualquier donación que supere ese valor genera una inhabilidad para contratar con la entidad a la que llegue el candidato, de quedar elegido.
Federico Gutiérrez y sus financiadores Jorge Rey y el volteo de tierras
(Vea la investigación completa aquí: Contratación en Medellín: lo rentable de apoyar a Federico Gutiérrez en elecciones)
Para las elecciones de 2015 a la Alcaldía de Medellín, Federico Gutiérrez gastó $825 millones, de los cuales $249 millones salieron de créditos con Bancolombia; $3 millones de recursos propios y familiares, y $504 millones de donaciones. Entre sus principales aportantes estuvo en GEA (Grupo Económico Antioqueño), que entregó alrededor de $145 millones. Mientras que si se miran las donacciones individuales, ninguna superó los topes del 10 % establecido por el Estatuto Anticorrupción.
Solo una, la Fundación Propública, aportó más del 2,5 % de los recursos de campaña, lo que impedía realizar cualquier tipo de contrato con la alcaldía de Fico. Del resto de aportantes, por lo menos una tercera parte tuvieron contratos bajo su administración. Entre los que más se destacan está la empresa de publicidad Integración S.A., que dirige Juan Carlos Molina, quien asesoró en ese año la campaña del hoy candidato. Aportó $42 millones, y según datos en Secop, obtuvo, bajo contratación directa, seis contratos de los cuales cinco fueron con la Alcaldía, que suman $1.779 millones.
Un caso similar se evidencia con la empresa Tronex, que nació como una marca de pilas de la discográfica Codiscos y que hoy se dedica a la comercialización y distribución de productos de consumo masivo. En campaña aportó $10 millones, mientras que durante la primera administración de Gutiérrez obtuvo contratos de menor cuantía con entidades como Ruta N, pero también otros más grandes, como uno por régimen especial para la adquisición de paneles solares para los cultivos de flores en el corregimiento de San Cristóbal, firmado con la EDU por $791 millones.
Dentro de los aportantes también hay caras visibles como la de Carlos Manuel Uribe Lalinde, quien hizo parte de la junta directiva del Metro y es presidente de Flores El Carpio, que aportó $10 millones en la campaña de 2015, mientras que en la carrera política de este año por la alcaldía de Medellín ha entregado a Fico $30 millones. Uribe Lalinde ha señalado que desde hace 20 años apoya a Gutiérrez y ha sido ficha clave para acercar al político a los empresarios de la región.
En estas elecciones regionales, Federico Gutiérrez se volvió a lanzar con Creemos, que ya es partido. Además, recibió el apoyo del Centro Democrático y hace dupla para la gobernación de Antioquia con el candidato de dicha colectividad, Andrés Julián Rendón. De los gastos de campaña ha reportado $1.105 millones recibidos, donde varios de los aportantes de hace ocho años repiten, así como ya se suman más de 142 donaciones. Galeano señala que para estas últimas dos semanas no esperan hacer uso de préstamos, pero sí buscan apostarle a las redes. Resta ver cuál será su suerte el 29 de octubre.
Jorge Rey y el volteo de tierras
(La investigación completa: La sombra del “volteo de tierras” que persigue a Jorge Rey en Cundinamarca)
Desde que se empezó a rumorar de la candidatura de Rey a la gobernación de Cundinamarca casi que se ha dado por hecho que ganará las elecciones. Su aprobación se ha mantenido intacta desde que salió del cargo en 2019, mientras que el actual mandatario, Nicolás García, fue considerado una continuidad a su gobierno. “A García no le ha ido muy bien, pero tampoco mal. Se considera que estuvo ahí para continuar lo que se venía haciendo y que se puede seguir ejecutando como la construcción de placa huella y construcción de acueductos”, indicó Juan Alejandro Pérez, investigador de Pares.
Pero no todo es impoluto alrededor de él, pues de su pasado político sobreviven las acusaciones por el volteo de tierras en algunos de los municipios de la Sabana. Los señalamientos están asociados a denuncias que hizo, en 2017, el entonces senador Carlos Fernando Galán, sobre un posible cartel de volteo de tierras en Cundinamarca, que sobornaría a funcionarios de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) y concejales municipales para cambiar la categoría de los suelos y aprobar nuevos planes parciales para la compra de viviendas.