La estrategia de los partidos para hacerle el quite a las revocatorias de candidatos
El Consejo Electoral ya definió el futuro político de 255 candidaturas que habían sido demandadas por supuestamente estar inhabilitadas. Juan Daniel Oviedo y Jorge Rey salvaron su aspiración. Para evitar el trámite, varias colectividades optaron por cambiar a sus fichas más cuestionadas.
El mismo día en que se salvaron las candidaturas de Juan Daniel Oviedo a la alcaldía de Bogotá, Jorge Rey a la gobernación de Cundinamarca y 24 horas después de que tumbaran la aspiración de Tulio Gómez en el Valle del Cauca, varios partidos políticos plantearon una estrategia para minimizar el riesgo de perder candidatos en sus listas.
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El mismo día en que se salvaron las candidaturas de Juan Daniel Oviedo a la alcaldía de Bogotá, Jorge Rey a la gobernación de Cundinamarca y 24 horas después de que tumbaran la aspiración de Tulio Gómez en el Valle del Cauca, varios partidos políticos plantearon una estrategia para minimizar el riesgo de perder candidatos en sus listas.
Segun pudo establecer El Espectador, partidos como Salvación Nacional, el Nuevo Liberalismo y Cambio Radical optaron por no contradecir las decisiones del Consejo Nacional Electoral de revocar a sus candidatos y prefirieron acatar la decisión. Su movida política es reemplazar a los candidatos cuestionados por otras caras nuevas para evitar el proceso administrativo de defensa, aunque falte apenas un mes para las elecciones.
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En medio de la audiencia de este martes, representantes de esas colectividades advirtieron que había irregularidades en los tiempos que tenían para defender sus candidatos, porque el plazo para definir los nombres de quienes van a aparecer en los tarjetones se cumple este viernes 29 de septiembre. Es decir, en menos de una semana, los abogados de los políticos debían interponer recursos y esperar tener respuesta de sus casos para mantener la candidatura.
David Vargas, secretario jurídico del Partido Salvación Nacional, le dijo a este diario que los plazos que les dio el Consejo Electoral para defender las candidaturas demandadas eran irrisorios. “Con los casos que nos llegaron a finales de agosto de candidatos que nos habían revocado nos daban tres días hábiles para responder; luego nos dieron dos días y ahora con los últimos candidatos nos da un día hábil para interponer el recurso de reposición”, aseguró.
Por eso, una de las estrategias que definieron esos partidos fue no contradecir las revocatorias del Consejo Electoral, sino cambiar a los candidatos cuestionados por otros nombres nuevos, a un mes de las elecciones: “Hicimos una estrategia jurídica y política que fue no interponer recurso de reposición a los candidatos que nos revocaron, es decir, no contradecir la decisión porque no podemos poner en riesgo nuestras listas del partido”.
En otras palabras, la estrategia es sacar a los candidatos cuestionados por el CNE y reemplazarlos por otros que no tengan demandas de inhabilidad para no desgastarse contradiciendo al Consejo Electoral. “Eso tiene un costo político que asumimos porque como tenemos tan poco tiempo para defender las candidaturas, es mejor desistir y cambiar el candidato”, afirmó.
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Y una de las razones por las que tomaron esa decisión fue porque estas audiencias de revocatoria de candidaturas se están haciendo menos de una semana antes de que la Registraduría cierre los plazos para cambiar o modificar las listas de candidatos. La fecha límite es el 29 de septiembre, exactamente un mes antes de las elecciones. “Es casi imposible salvar una candidatura en dos días”, reconoció el abogado Vargas.
Uno de los casos que les revocaron fue toda la lista que presentaron al concejo municipal de Teruel (Huila) y que había sido avalada por el Centro Democrático y Salvación Nacional. Pero también sucedió con otros partidos políticos como el Nuevo Liberalismo, quien también se unió a esa estrategia de no prolongar el trámite administrativo y cambiar a 11 de los candidatos que ya estaban avalados. El encargado de anunciar en la audiencia esa decisión fue Philipp Wodak, secretario general del partido.
Otra de las denuncias reiterativas durante la diligencia fue el poco tiempo en el que se notificaron las decisiones del CNE. Blanca Marina Reina, del partido MAIS en Aldana (Nariño), aseguró que la entidad no se tomó el tiempo para estudiar las denuncias de inhabilidades. En su caso, demandó la aspiración de Óscar Javier Quipiaquez a la alcaldía de ese municipio, según ella, porque tuvo contratos con el Estado a través de un resguardo indígena que gobernaba.
Reina aseguró que viajó desde Aldana, en frontera con Ecuador, hasta Bogotá el pasado lunes para asistir a esta diligencia a la que la citaron apenas el sábado 23 de septiembre. “A pesar de que hicimos la demanda, el CNE nunca ordenó pruebas para evaluar ese caso. Nos llegó una citación el sábado en la noche avisando de esta audiencia para que simplemente nos lean una resolución donde dicen que no van a revocar la candidatura, sin haber hecho ninguna investigación”.
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Otra de las denuncias reiteradas durante la diligencia fue la de las fallas del CNE para notificar los procesos en contra de los aspirantes. Dos de las denuncias llegaron de candidatos al concejo de Agustín Codazzi (Cesar). Jander Enrique Vaquero Vásquez (partido En Marcha) y Lacides Alvarado (Alianza Verde) aseguraron que nunca les notificaron que sus postulaciones estuvieran demandadas y que solo recibieron citación a la audiencia, sin avisos del proceso en su contra.
El abogado David Vargas, de Salvación Nacional, le dijo a este diario que hubo unos 15 casos de ese tipo en la jornada del martes en los que a los partidos y candidatos no les notificaron de varios procesos que venían en curso. “A nosotros nos advirtieron de tres casos, pero en la audiencia leyeron nombres de dos candidatos más de los que no teníamos conocimiento. Los llamamos para avisarles que los habían revocado”, dijo.
Las audiencias de revocatoria continuarán este miércoles, donde se espera que se defina el futuro de Rodolfo Hernández, excandidato presidencial y aspirante a la gobernación de Santander. Su candidatura está demandada por tener tres sanciones en la Procuraduría que podrían impedir que ejerza un cargo público por los próximos cinco años.