Los 15 contratos por $1,4 billones de Registraduría y otros costos de las elecciones

Quizá el nombre de Gregorio Bautista no sea muy conocido por la opinión pública, pero el de su empresa Thomas Greg & Sons no ha dejado de ser noticia desde que el Gobierno pidió frenar la licitación de pasaportes que llevaban 16 años ganando de manera consecutiva. La misma compañía responsable de los documentos de extranjería, fue la elegida este año por la Registraduría para entregar los kits electorales, hacerse cargo de la validación biométrica, de la aplicación InfoVotantes y de nada menos que de digitalizar los formularios de preconteo y escrutinio electoral para este domingo 29 de octubre.

Quizá el nombre de Gregorio Bautista no sea muy conocido por la opinión pública, pero el de su empresa Thomas Greg & Sons no ha dejado de ser noticia desde que el Gobierno pidió frenar la licitación de pasaportes que llevaban 16 años ganando de manera consecutiva. La misma compañía responsable de los documentos de extranjería, fue la elegida este año por la Registraduría para entregar los kits electorales, hacerse cargo de la validación biométrica, de la aplicación InfoVotantes y de nada menos que de digitalizar los formularios de preconteo y escrutinio electoral para este domingo 29 de octubre.

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La unión de empresas sobre las que recae la mayor responsabilidad de las elecciones, desde la impresión de los tarjetones hasta el software en el que se cargará la información del preconteo y el escrutinio de votos, es la Unión Temporal Disproel 2023. Está conformada en un 64,6 % por Thomas Greg & Sons, y por otras empresas con participaciones mínimas como Seguridad Móvil de Colombia, Transportadora de Valores Prosegur de Colombia, Colombia Telecomunicaciones (Movistar), Opesa, entre otras.

Para estos comicios se firmaron 15 contratos con distintas empresas, entre las que están Telecafé, para hacer pedagogía electoral; Corferias, el lugar donde la Registraduría centralizará su operación el próximo domingo; Satena, para el transporte aéreo de funcionarios, entre otras. En total, al país le costará $1,48 billones ejecutar la operación logística que determinará a los próximos gobernantes regionales.

Eso significa que, si todos los ciudadanos habilitados para votar este año, que son 38.965.515 (entre ellos 4.301 extranjeros residentes en el país), asisten a los comicios del domingo, al Estado cada voto le costaría $38.036. Una cifra que se aleja por mucho de lo que costaron las elecciones hace cuatro años, por ejemplo, en las que cada voto representó un gasto de $22.381.

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Pero para que los datos no sean solo cifras, la MOE ha alertado sobre varios riesgos para estas elecciones debido a la cantidad de contratos directos que se firmaron por costos más altos para la Nación que hace cuatro años. En general, estas elecciones costarán casi un 70 % más que las del 2019.

A ese contrato billonario, la Registraduría le ha llamado una “solución integral”, es decir, contratar varias necesidades —así no tengan que ver unas con otras— con un solo proveedor. Y el de Disproel fue adjudicado bajo la modalidad de selección abreviada, que es una forma de contratación más expedita, que omite muchos de los pasos de las licitaciones, como tener menos requisitos para concretar el proceso en el menor tiempo posible.

La Registraduría ha manifestado que decidió acudir a este tipo de contratos de soluciones integrales “para evitar la entrega inoportuna del material electoral y la proveeduría dispersa, a fin de garantizar la optimización de los recursos y minimizar los riesgos de operación en cuanto a tiempos, productos y resultados”. En otras palabras, para que no se dispersen los operadores y puedan tener un funcionamiento más práctico que recaiga bajo un único contratista.

Sin embargo, la Misión de Observación Electoral, desde 2021, ha llamado la atención sobre esos contratos que engloban muchas funciones, distintas entre sí, porque no hay razón para agregar tantos asuntos tecnológicos y logísticos a una misma empresa. De hecho, en el pasado, la Registraduría solía contratar todos estos servicios de forma separada.

Así, para que una empresa pueda participar en las convocatorias actuales, debe estar en capacidad de ofrecer, al mismo tiempo, soluciones tecnológicas, de transporte, de impresión y de custodia de votos. Por esa razón, el contratista que casi siempre resulta adjudicado es la Unión Temporal liderada por Thomas Greg & Sons.

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Lo curioso es que el argumento de Registraduría para englobar tantas tareas en un mismo proceso es que se minimizan riesgos de incumplimiento que tenían antes, cuando contrataban cada labor por separado. Sin embargo, Thomas Greg & Sons ha estado presente en las elecciones desde hace 12 años, incluso cuando existían alertas de incumplimiento de esa misma compañía.

En ocasiones anteriores, la Registraduría ha explicado que ha recurrido a estas modalidades de contratación más rápidas, cortas y directas por la premura propia de las elecciones. Pero para la MOE esa respuesta supone un riesgo, porque es esa misma entidad quien fija el calendario electoral con total independencia.

Ahora bien, después del 29 de octubre también habrá otros costos que deberá asumir el Estado, como la reposición de votos que reciben los candidatos que superen un 4 % del total de votos válidos. En el caso de los candidatos a gobernaciones y asambleas, cada uno recibirá $4.590 por voto a su favor. Y en el caso de las alcaldías y concejos, ese valor es de $2.766.

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