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La Defensoría del Pueblo solicitó ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) medidas cautelares para la protección de candidatos y políticos que se encuentran en riesgo y han recibido amenazas de grupos armados al margen de la ley.
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“Le hemos solicitado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos medidas cautelares para que sean protegidos los derechos a la vida, integridad personal y políticos de alcaldes, concejales, gobernadores, diputados y personeros, así como de candidatas y candidatos a las elecciones regionales”, indicó el defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis.
La entidad ha venido alertando desde meses atrás un recrudecimiento de la violencia en algunas regiones, señalando además que hay gobernantes locales que se han visto en la obligación de salir de sus territorios y despachar desde afuera por amenazas contra su vida.
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De igual forma, el defensor asistió el pasado 16 de agosto a la Casa de Nariño para reunirse con el presidente Gustavo Petro y advertirle que casi 400 municipios tienen algún tipo de riesgo electoral, cifra con la que no estuvo de acuerdo el jefe de Estado.
En la última Comisión de Seguimiento Electoral, que se desarrolló este 31 de agosto en Bogotá, la Defensoría sostuvo que siente que el gobierno nacional desestima las alertas tempranas que han emitido tras la información que recopilan en los territorios.
Justo un día después de expuesta esta queja, la entidad hizo la solicitud a la CIDH. “Las medidas cautelares solicitadas tienen carácter extremo, urgente y prioritario, dada la inminente amenaza en la que se encuentran servidores públicos y participantes en la contienda democrática”, expresó el Defensor ante el Comisionado y Relator para Colombia, Joel Hernández García.
Esta es la información recopilada por la Defensoría
Presencia de los grupos armados ilegales, según Defensoría.
El Estado Mayor Central y la Segunda Marquetalia (disidentes de las Farc), el Ejército de Liberación Nacional (ELN), las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC – Clan del Golfo), entre otros, son los grupos armados que hacen presencia en 392 municipios de 24 departamentos.
Las AGC son las que hacen mayor presencia en el territorio nacional, tienen injerencia en 392 municipios de 24 departamentos. Le sigue el Estado Mayor Central: 234 municipios de 19 departamentos. Luego, el ELN: en 231 municipios de 19 departamentos. En cuarto lugar, la Segunda Marquetalia, que delinque en 65 municipios de 15 departamentos.
Candidatos amenazados y víctimas de atentados
Son 42 personas (candidatas y candidatos que compiten para ocupar cargos públicos) las que han sido amenazadas y víctimas de atentados en el legítimo ejercicio de sus campañas. Aspirantes a concejos, alcaldías, asambleas departamentales, juntas administradoras locales y gobernaciones han sido intimidados por grupos armados ilegales.
La crítica situación es registrada en Nariño, Norte de Santander, Antioquia, Cauca, Chocó, Valle del Cauca, Guaviare, Arauca, Huila y Bolívar.
Hay 26 alcaldes amenazados y despachando afuera de sus municipios
Los alcaldes que están despachando por fuera de sus localidades son los de Cartagena del Chairá (Caquetá), San José del Palmar, Bagadó, Río Iró, Sipí y Lloró (Chocó), Tibú y La Playa de Belén (Norte de Santander), Magüí Payán, Roberto Payán, La Tola y Francisco Pizarro (Nariño), Santa Rosa del Sur (Bolívar), Mercaderes (Cauca) y Puerto Guzmán (Putumayo).
Los burgomaestres amenazados son de San Vicente del Caguán y Solano (Caquetá), Saravena y Tame (Arauca), Norosí, San Pablo, Morales, Montecristo, Cantagallo y Rioviejo (Bolívar) y Medio Baudó (Chocó).
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