El próximo 29 de octubre los colombianos asistirán a las urnas a escoger a sus nuevas autoridades locales (gobernadores y alcaldes) y miembros de corporaciones públicas (diputados, concejales y ediles). Una de las principales preocupaciones es la situación de orden público para asegurar la transparencia y el buen funcionamiento de los comicios.
Sobre eso, el Gobierno Nacional viene trabajando en articulación con la Fuerza Pública para garantizar la seguridad antes, durante y después de las elecciones. “La Fuerza Pública tiene que llegar a todos las latitudes del territorio colombiano para controlar las elecciones y garantizar esta fiesta democrática”, dijo recientemente el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco.
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Aunque es usual creer que la transparencia de los comicios solo puede estar en riesgo por conductas armadas y violencia directa, hay otras que atentan contra el proceso electoral. Entre los delitos electorales se encuentran varias manifestaciones que, según la Misión de Observación Electoral (MOE), violan los procedimientos establecidos por ley para el desarrollo de las elecciones.
Los delitos electorales están en el Código Penal Colombiano (Ley 599 de 2000) y el Consejo Nacional Electoral (CNE) identifica 16 conductas sancionables. Algunos son la perturbación de las elecciones, constreñimiento electoral, fraude, tráfico de votos, alteración de los resultados, entre otros. A continuación le explicamos los más importantes y cuáles son las sanciones de acuerdo con el Código Penal.
En todos los casos enlistados por El Espectador las penas podrían representar prisión entre cuatro (4) a nueve (9) años y multas de cincuenta (50) a doscientos (200) salarios mínimos mensuales legales vigentes. No obstante, la pena puede aumentar en todos los casos cuando la conducta sea realizada por un servidor público.
Delitos de cara al día de la elección
1. Perturbación del certamen democrático (artículo 386): Quien por medio de maniobra engañosa perturbe o impida una votación o escrutinio de una elección. Incurrirá en prisión y multa. Cuando la perturbación sea haciendo uso de la violencia la pena aumentará.
2. Constreñimiento al sufragante (artículo 387): Amenazar o presionar por cualquier medio a un ciudadano con el fin de obtener su apoyo o votación por determinado candidato o lista de candidatos. Cuando se impida el libre ejercicio del derecho al sufragio. Incurrirá en prisión y multa. La pena se aumentará cuando la conducta sea realizada por un servidor público, cuando haya subordinación o cuando se condicione el acceso a programas del Estado.
3. Fraude al sufragante (artículo 388): Quien obtenga de forma engañosa que un ciudadano vote por determinado candidato, partido o corriente política o lo haga en blanco. Incurrirá en prisión y multa.
4. Fraude en inscripción de cédulas o trashumancia (artículo 389): Cuando por cualquier medio indebido se logra que personas habilitadas para votar inscriban documento o cédula de ciudadanía en una localidad, municipio o distrito diferente a aquel donde hayan nacido o residan, con el propósito de obtener ventaja en elección popular; también conocido como trashumancia. Incurrirá en prisión y multa. En igual pena incurrirá quien inscriba su documento en municipio o distrito diferente para darle ventaja a terceros.
5. Corrupción de sufragante (artículo 390): Quien celebre un contrato, condicione su perfección o prórroga, prometa, pague o entregue dinero a un ciudadano con el propósito de sufragar por un determinado candidato, partido o corriente política. Incurrirá en prisión y multa. En este caso, la pena se aumentará cuando en la promesa o entrega de dinero medien recursos públicos.
7. Compra de votos (artículo 390A): Ofrecer votos de un grupo de ciudadanos a cambio de dinero o dádiva, con la finalidad de que dichos ciudadanos consignen su favor de determinado candidato. Incurrirá en prisión y multa.
8. Voto Fraudulento (artículo 391): Quien suplante a un ciudadano o vote más de una vez, o sin derecho consigne voto en una elección. Incurrirá en prisión y multa.
10. Mora en la entrega de documentos relacionados con una votación (artículo 393): El servidor público que no haga entrega oportuna competente de documentos electorales, sellos de urna o de arca triclave. Incurrirá en prisión e inhabilidad para ejercer cargos públicos.
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11. Alteración de resultados electorales (artículo 394): Quien altere el resultado de una votación o introduzca documentos o tarjetones indebidamente. La responsabilidad generalmente recae sobre el jurado de votación o escrutadores. Incurrirá en prisión y multa.
12. Ocultamiento, retención y posesión ilícita de cédula (artículo 395): El que haga desaparecer o retenga cédula de ciudadanía ajena o cualquier otro documento necesario para el ejercicio del derecho de sufragio. Podrá incurrir en prisión o multa.
Hay otros delitos relacionados con la financiación de campañas electorales con fuentes prohibidas o la violación de los topes o límites de gastos, en los que la responsabilidad recae sobre el candidato o lista de candidatos.
Para denunciar cualquiera de los delitos electorales, el ciudadano puede acudir a los diferentes canales (presencial, virtual, telefónico o escrito) de la Fiscalía General de la Nación (FGN), la Procuraduría General de la Nación (PGN) y el Consejo Nacional Electoral (CNE).
La MOE también coloca ad portas de cada elección la plataforma Pilas con el Voto, a través de la cual se puede reportar cualquier tipo de delito o irregularidad electoral. Y conozca acá todos los delitos electorales identificados por el CNE.
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