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A dos meses de las elecciones regionales del próximo 29 de octubre, la violencia político-electoral no ha cesado. La Fundación Paz y Reconciliación (Pares), emitió su cuarto informe en el que advierten que, en los últimos diez meses, se ha cometido un hecho victimizante cada dos días en todo el país. “En Colombia, la violencia electoral está atada no solo a las dinámicas locales de conflicto armado y criminalidad, sino también a las redes políticas clientelares y corruptas”, se lee en el documento.
Según ellos, se han registrado 34 homicidios de líderes políticos en estos diez meses. La mayoría de casos se concentraron en el Valle del Cauca, Nariño y Antioquia. Como el caso de Claudia Ordóñez, candidata al concejo de Jamundí; Luis Eduardo Timaná, líder indígena y candidato al concejo de Pradera (Valle), y José Ílder Díaz, precandidato al concejo de Policarpa (Nariño). Todos asesinados en medio de campaña electoral.
De acuerdo con el informe, en el último bimestre, más cerca de las elecciones regionales, se han cometido 10 homicidios, de los cuales dos se concentraron en Antioquia, y uno en los departamentos de Atlántico, Bolívar, Magdalena, Meta, Norte de Santander, Putumayo, Tolima y Valle del Cauca. Sin embargo, hay otros delitos que también se han cometido, como el desplazamiento forzado de actuales mandatarios, a causa del conflicto armado.
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En una subregión como la del Catatumbo, con presencia de más de cinco actores armados entre disidencias de las FARC, la guerrilla del ELN y el Clan del Golfo, Íder Álvarez, alcalde de Playa (Norte de Santander), tuvo que salir del país por amenazas y después de un atentado. Incluso, renunció a su cargo a pocos meses de terminar su mandato y adportas de los comicios.
También está el caso del alcalde de Nuquí (Chocó), quien denunció que el Clan del Golfo lo amenazó y le pidió coimas de contratos municipales. Apenas en agosto de este año salió de su municipio y empezó a despachar desde ciudades capitales del país por su seguridad. “La tendencia ha mostrado que, al acercarse el momento de la inscripción de candidatos y los comicios, se aumentaron notoriamente el número de víctimas y hechos contabilizados”, dice el documento de 15 páginas.
De hecho, a esa conclusión llegaron después de evidenciar que el mes más violento, hasta ahora, ha sido justamente agosto, con más de 35 hechos violentos y 40 víctimas registradas. En su informe explican que se han recrudecido las amenazas, los riesgos de homicidios y los atentados contra candidatos que parecen ganar espacio de cara a la contienda electoral.
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Sin embargo, uno de sus hallazgos es que, desde abril, los panfletos amenazantes han disminuido, mientras que la violencia dirigida (como los homicidios selectivos), van en incremento. Pero, además, lo grave es que los casos de violencia están concentrados en el 84 % del país, es decir, en 27 de 32 departamentos y los casos más preocupantes están en el nordeste antioqueño y el Bajo cauca antioqueño. “A partir de la entrada de dineros ilegales o del uso de estructuras armadas ilegales para la competencia electoral, los riesgos de violencia político electoral se mantienen constantes”.
Vea el informe completo aquí:
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