Lanzan alerta: en 12 zonas se multiplicó inscripción de cédulas para las regionales
Registraduría, Misión de Observación Electoral y Procuraduría han emitido alertas sobre municipios en los que se duplicó o triplicó el número de inscritos para las elecciones regionales y podría cometerse el delito de trashumancia. Boyacá, Santander y Tolima son los departamentos con más riesgo.
Arranca la carrera de las elecciones regionales y las advertencias por posible trashumancia ya tienen copados 12 departamentos del país en los que las inscripciones de cédulas, para este año, se incrementaron casi en un 300 %.
Los departamentos con más municipios en alerta son Boyacá y Santander (con cuatro casos cada uno), seguido de Tolima, La Guajira, Cauca, Nariño, Putumayo, Casanare, Vaupés, Guainía, Amazonas y Antioquia.
En todos hay municipios en los que la inscripción de cédulas se multiplicó comparado con el registro del 2019. El caso hasta ahora más llamativo es el de Santa Cruz Guachavés, un municipio que colinda con Samaniego, al occidente de Nariño. En 2019, allí había apenas 368 personas habilitadas para votar; este año van en 1.432 inscritos. El incremento es del 289 %.
El segundo caso de estudio es el municipio de La Jagua del Pilar (La Guajira), en donde la Misión de Observación Electoral también encendió las alertas, por tener una tasa de inscripción 16 veces superior al promedio nacional. En esa pequeña ciudad, de poco más de 3.000 habitantes, hay 1.108 inscritos; mientras que en las elecciones pasadas apenas podían votar 307 personas.
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La trashumancia es un delito electoral que consiste en inscribir la cédula para votar en un lugar distinto al que se reside. La Procuraduría advirtió que ya identificaron 27.891 ciudadanos que aparecen registrados en zonas distintas a las de su residencia.
Y aunque todas estas alertas pasan por la Registraduría, el órgano encargado de investigar los delitos electorales en Colombia es el Consejo Nacional Electoral (CNE).
Desde la oficina de prensa de la Registraduría explican que “esas variaciones que se están dando en algunos municipios respecto al período de inscripción de hace cuatro años se envían al CNE para que esta entidad se encargue de hacer la investigación, tomar decisiones y, si es el caso, revocar las instrucciones de ciudadanos que estarían realizando trashumancia”.
Roberto Cadavid, director nacional del censo electoral de la Registraduría, aseguró que esta entidad todavía está depurando la lista de personas habilitadas para votar y que, en ese camino, han sacado más de un millón de cédulas de personas fallecidas.
El censo cerrará el próximo 29 de septiembre, exactamente un mes antes de los comicios. Hasta el pasado 8 de agosto, en los registros de la entidad había 38′998.290 colombianos habilitados para votar.
Pero los riesgos de las elecciones no son únicamente por los votantes. El Ministerio Público emitió un comunicado advirtiendo que hay 660 candidatos que tendrían inhabilidades que les impedirían ejercer cargos de elección popular. De acuerdo con la Procuraduría, esas inhabilidades se presentan en 14 aspirantes a alcaldías, 19 a diputados, 544 a concejos, tres en gobernaciones, 55 para juntas administradoras locales y 25 casos de ediles en Bogotá.
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Elecciones en medio del conflicto
Además de Santacruz y La Jagua del Pilar, los otros municipios que están en la lista de alerta son El Tambo (Cauca), Villanueva (La Guajira) y San Miguel (Putumayo). También está Saldaña (Tolima) y Tunungua (Boyacá). El común denominador de los municipios donde podría haber trashumancia es que son zonas con presencia de actores armados.
Como en El Tambo, por ejemplo, que es una zona con presencia de las disidencias de FARC de la Segunda Marquetalia, y con disidencias al mando de Iván Mordisco (autodenominadas Estado Mayor Central). Según la Oficina de la ONU contra la Droga y el Delito (UNODC), está entre los cinco territorios con más hectáreas de coca sembradas, después del Catatumbo, el Bajo Cauca antioqueño y el Naya (en el Pacífico).
Territorios con esas características son los que, según el registrador Alexánder Vega, estarían más en riesgo ante los comicios por posible incidencia de actores armados. “Puede que tengamos elecciones en ciertos municipios, pero hay candidatos que han sido puestos por los grupos armados al margen de la ley y ya está amenazando a la ciudadanía, con pruebas en el mapa de riesgo electoral, el constreñimiento a los electores”, dijo el registrador en medio de un foro el pasado 10 de agosto.
Incluso, Vega advirtió que la dificultad para entrar a esos territorios a preparar los comicios podría hacer que la Registraduría deba mover algunos puestos de votación a zonas de menor riesgo por el conflicto armado. Su anunció llegó días antes de que se agravara la situación de orden público en el Cauca, por enfrentamientos con las disidencias de las FARC.
En el fin de semana del 12 y 13 de agosto, fueron asesinados cuatro policías en ese departamento. El sábado 12, en medio de enfrentamientos en Morales (Cauca), murieron los patrulleros José Laureano Orozco y Eymy Rodríguez, además del subintendente Michael Luis León. El domingo la víctima fue el subintendente Carmelo José García Gómez, quien murió tras la explosión de un carro bomba en la subestación del corregimiento de Timba, en el municipio de Buenos Aires.
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Los departamentos con más municipios en alerta son Boyacá y Santander (con cuatro casos cada uno), seguido de Tolima, La Guajira, Cauca, Nariño, Putumayo, Casanare, Vaupés, Guainía, Amazonas y Antioquia.
En todos hay municipios en los que la inscripción de cédulas se multiplicó comparado con el registro del 2019. El caso hasta ahora más llamativo es el de Santa Cruz Guachavés, un municipio que colinda con Samaniego, al occidente de Nariño. En 2019, allí había apenas 368 personas habilitadas para votar; este año van en 1.432 inscritos. El incremento es del 289 %.
El segundo caso de estudio es el municipio de La Jagua del Pilar (La Guajira), en donde la Misión de Observación Electoral también encendió las alertas, por tener una tasa de inscripción 16 veces superior al promedio nacional. En esa pequeña ciudad, de poco más de 3.000 habitantes, hay 1.108 inscritos; mientras que en las elecciones pasadas apenas podían votar 307 personas.
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La trashumancia es un delito electoral que consiste en inscribir la cédula para votar en un lugar distinto al que se reside. La Procuraduría advirtió que ya identificaron 27.891 ciudadanos que aparecen registrados en zonas distintas a las de su residencia.
Y aunque todas estas alertas pasan por la Registraduría, el órgano encargado de investigar los delitos electorales en Colombia es el Consejo Nacional Electoral (CNE).
Desde la oficina de prensa de la Registraduría explican que “esas variaciones que se están dando en algunos municipios respecto al período de inscripción de hace cuatro años se envían al CNE para que esta entidad se encargue de hacer la investigación, tomar decisiones y, si es el caso, revocar las instrucciones de ciudadanos que estarían realizando trashumancia”.
Roberto Cadavid, director nacional del censo electoral de la Registraduría, aseguró que esta entidad todavía está depurando la lista de personas habilitadas para votar y que, en ese camino, han sacado más de un millón de cédulas de personas fallecidas.
El censo cerrará el próximo 29 de septiembre, exactamente un mes antes de los comicios. Hasta el pasado 8 de agosto, en los registros de la entidad había 38′998.290 colombianos habilitados para votar.
Pero los riesgos de las elecciones no son únicamente por los votantes. El Ministerio Público emitió un comunicado advirtiendo que hay 660 candidatos que tendrían inhabilidades que les impedirían ejercer cargos de elección popular. De acuerdo con la Procuraduría, esas inhabilidades se presentan en 14 aspirantes a alcaldías, 19 a diputados, 544 a concejos, tres en gobernaciones, 55 para juntas administradoras locales y 25 casos de ediles en Bogotá.
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Elecciones en medio del conflicto
Además de Santacruz y La Jagua del Pilar, los otros municipios que están en la lista de alerta son El Tambo (Cauca), Villanueva (La Guajira) y San Miguel (Putumayo). También está Saldaña (Tolima) y Tunungua (Boyacá). El común denominador de los municipios donde podría haber trashumancia es que son zonas con presencia de actores armados.
Como en El Tambo, por ejemplo, que es una zona con presencia de las disidencias de FARC de la Segunda Marquetalia, y con disidencias al mando de Iván Mordisco (autodenominadas Estado Mayor Central). Según la Oficina de la ONU contra la Droga y el Delito (UNODC), está entre los cinco territorios con más hectáreas de coca sembradas, después del Catatumbo, el Bajo Cauca antioqueño y el Naya (en el Pacífico).
Territorios con esas características son los que, según el registrador Alexánder Vega, estarían más en riesgo ante los comicios por posible incidencia de actores armados. “Puede que tengamos elecciones en ciertos municipios, pero hay candidatos que han sido puestos por los grupos armados al margen de la ley y ya está amenazando a la ciudadanía, con pruebas en el mapa de riesgo electoral, el constreñimiento a los electores”, dijo el registrador en medio de un foro el pasado 10 de agosto.
Incluso, Vega advirtió que la dificultad para entrar a esos territorios a preparar los comicios podría hacer que la Registraduría deba mover algunos puestos de votación a zonas de menor riesgo por el conflicto armado. Su anunció llegó días antes de que se agravara la situación de orden público en el Cauca, por enfrentamientos con las disidencias de las FARC.
En el fin de semana del 12 y 13 de agosto, fueron asesinados cuatro policías en ese departamento. El sábado 12, en medio de enfrentamientos en Morales (Cauca), murieron los patrulleros José Laureano Orozco y Eymy Rodríguez, además del subintendente Michael Luis León. El domingo la víctima fue el subintendente Carmelo José García Gómez, quien murió tras la explosión de un carro bomba en la subestación del corregimiento de Timba, en el municipio de Buenos Aires.
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