Para las elecciones del próximo 29 de octubre hay varios candidatos que buscan ser reelegidos en alcaldías y gobernaciones. A algunos, como Dilian Francisca Toro, en el Valle; Federico Gutiérrez, en Medellín; Luis Pérez, en Antioquia; Jorge Rey, en Cundinamarca; Carlos Amaya, en Boyacá, y Alejandro Char, en Barranquilla, las encuestas ya los dan por ganadores.
Por esto, precisamente, le pusimos la lupa a los procesos de contratación que se dieron mientras fueron gobernantes entre 2015 y 2019, así como a las alertas que organizaciones como Transparencia por Colombia hicieron al respecto.
Al verificar los aportes a sus campañas tanto en pasadas elecciones como en las actuales, se hicieron algunos hallazgos que relacionan a aportantes con contratistas de sus administraciones y, en algunos casos, se evidenciaron hechos que no han derivado en sanciones, pero que veedurías electorales han pedido rastrear.
Los negocios familiares y la vida política de Luis Pérez
La gobernación de Antioquia es disputada por el candidato del Centro Democrático, Andrés Julián Rendón, y Luis Emilio Pérez Gutiérrez, un curtido político paisa, que dice con seguridad que no va a repetir gobernación, sino que hará el doble por Antioquia.
Lo que más llama la atención de sus reportes de gastos y cuentas es que varios de sus aportantes, tanto en la campaña pasada como en la actual, son sus familiares. Como Mario de Jesús Pérez Gutiérrez, uno de sus hermanos y quien más ha sonado en medios de comunicación por haber sido su socio en la compra de una propiedad de 700.000 metros cuadrados en febrero de 2007, que está bajo la mira de la Fiscalía por, supuestamente, haber sido propiedad en 2004 del exparamilitar Carlos Mario García (Doblecero), según denunció la revista Cambio.
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Jorge Rey y el volteo de tierras
Desde que se empezó a rumorar de la candidatura de Rey a la Gobernación de Cundinamarca casi que se ha dado por hecho que ganará las elecciones. Su aprobación se ha mantenido intacta desde que salió del cargo en 2019, mientras que el actual mandatario, Nicolás García, fue considerado una continuidad a su gobierno. “A García no le ha ido muy bien, pero tampoco mal. Se considera que estuvo ahí para continuar lo que se venía haciendo y que se puede seguir ejecutando, como la construcción de placa huella y construcción de acueductos”, indicó Juan Alejandro Pérez, investigador de Pares.
Pero no todo es impoluto alrededor de él, pues de su pasado político sobreviven las acusaciones por el volteo de tierras en algunos de los municipios de la sabana. Los señalamientos están asociados a denuncias que hizo en 2017 el entonces senador Carlos Fernando Galán, sobre un posible cartel de volteo de tierras en Cundinamarca, que sobornaría a funcionarios de la CAR Cundinamarca y concejales para cambiar la categoría de los suelos y aprobar nuevos planes parciales para la compra de viviendas.
Lea la nota completa acá: La sombra del “volteo de tierras” que persigue a Jorge Rey en Cundinamarca
Federico y los empresarios
Para las elecciones de 2015 a la Alcaldía de Medellín, Federico Gutiérrez gastó $825 millones, y entre sus principales aportantes estuvo el GEA (Grupo Económico Antioqueño), que entregó alrededor de $145 millones. Mientras que si se miran las donaciones individuales, ninguna superó los topes del 10 %, establecido por el Estatuto Anticorrupción. Solo una, la Fundación Propública, aportó más del 2,5 % de los recursos de campaña, lo que le impedía realizar cualquier tipo de contrato con la alcaldía de Fico.
Si se revisan los aportantes, por lo menos una tercera parte de los aportantes se vieron beneficiados con contratos y puestos durante su administración. Entre estos se destacan está la empresa de publicidad Integración S. A., que dirige Juan Carlos Molina, quien asesoró en ese año la campaña del hoy candidato. Aportó $42 millones y, según datos en Secop, obtuvo, bajo contratación directa, seis contratos, de los cuales cinco fueron con la Alcaldía, que suman $1.779 millones.
Un caso similar se evidencia con la empresa Tronex, que nació como una marca de pilas de la discográfica Codiscos y que hoy se dedica a la comercialización y distribución de productos de consumo masivo. En campaña aportó $10 millones, mientras que durante la primera administración de Gutiérrez obtuvo contratos de menor cuantía con entidades como Ruta N, pero también otros más grandes como uno por régimen especial para la adquisición de paneles solares para los cultivos de flores en el corregimiento de San Cristóbal, firmado con la EDU por $791 millones.
Dentro de los aportantes también hay caras visibles, como la de Carlos Manuel Uribe Lalinde, quien fue parte de la junta directiva del metro y es presidente de Flores El Carpio, que aportó $10 millones en la campaña de 2015, mientras que en la carrera política de este año por la Alcaldía de Medellín ha entregado $30 millones. Uribe Lalinde ha señalado que desde hace 20 años apoya a Gutiérrez y ha sido ficha clave para acercar al político a los empresarios de la región.
Lea la nota completa: Contratación en Medellín: lo rentable de apoyar a Federico Gutiérrez en elecciones
Dilian Francisca Toro y el zar del transporte en Cali
La candidata que busca repetir mandato en la Gobernación del Valle ha usado como una de sus banderas el tema de la movilidad y el transporte en la región, un sector en el que Dilian no es desconocida ni novata, pues tiene cercanía desde hace varios años con los Jurado Donneys, familia de empresarios que monopoliza gran parte del transporte en el departamento, uno de cuyos integrantes más conocidos es Ramiro Jurado Donneys, gerente de la empresa de buses Coomoepal, quien integró la junta directiva del GIT Masivo (una de las empresas de los buses del MIO en Cali).
Según lo que reportó Dilian Francisca para su candidatura a la Gobernación en 2015, dos empresas de Jurado le aportaron $200 millones ($100 millones a través de Agrotropic de Colombia S. A. y el resto mediante Socoreval S. A.). Ramiro Jurado es representante legal de ambas compañías.
Lo que Dilian no reportó en su declaración de conflicto de intereses es que, según el artículo 2 del Estatuto Anticorrupción, ningún financiador que entregue más del 2 % del tope permitido para financiar campañas políticas puede beneficiarse de contratos con la entidad que llegue a dirigir el candidato que apoyó. En el caso del Valle, el tope para recibir contratos y no infringir la ley era de $88′807.007. Sin embargo, Jurado casi duplica esa cifra.
Lea aquí la nota: El contrato que le entregó Dilian Francisca al ‘zar’ del transporte que la financió
Carlos Amaya contrató a sus financiadores de campaña
Después de bajarse de su intención de ser alcalde de Bogotá, el exgobernador de Boyacá Carlos Amaya busca reelegirse en ese cargo. En su primera campaña departamental, en 2015, recibió aportes por $767 millones, entre donaciones y créditos. Una de esas donaciones fue la de $50 millones entregados por B&V Ingeniería, empresa propiedad de los ingenieros Jorge Boada y Ricardo Vargas, que según Transparencia por Colombia podría configurarse un conflicto de interés.
Esa empresa recibió dos contratos de manos de la gobernación de Amaya a través de licitación: el primero, en 2017, para la construcción de la avenida Circunvalar de Duitama y el segundo, en 2019, para la adecuación y puesta en funcionamiento del auditorio Jorge Velosa de Tunja. Sumados, ambos contratos alcanzan los $10.000 millones.
La licitación para el teatro solo recibió la oferta de B&V Ingeniería, la misma empresa que donó a la campaña de Amaya. Ese aporte superó el 2,5 % del tope de gastos establecido para la elección de ese año en Boyacá. Según el Estatuto Anticorrupción, cualquier donación que supere ese valor genera una inhabilidad para contratar con la entidad a la que llegue el candidato, de quedar elegido.
Lea aquí la nota: Los donantes de campaña de Amaya en 2015 que terminaron con contratos en Boyacá
Alejandro Char y la compra de votos
El dos veces alcalde de Barranquilla -la primera entre 2008 y 2012 y la segunda entre 2016 y 2020- es el favorito indiscutible para ganar las elecciones en la capital del Atlántico. En sus administraciones pasadas, el alcalde Char entregó dineros, a través de convenios interadministrativos, a una entidad mixta llamada Empresa de Desarrollo Urbano de Barranquilla (Edubar).
Entre los socios privados de Edubar aparece la Sociedad Portuaria Río Grande. Según el acta de la asamblea de accionistas de esa sociedad, realizada en marzo de 2017, Supertiendas y Droguerías Olímpica y la Sociedad de Inversiones de Colombia (Socinsa) tenían el 19 % de las acciones de Río Grande.
El Espectador consultó a Fernando Segura, exdirector de Participación, Transparencia y Servicio al Ciudadano del Departamento Administrativo de Función Pública, quien señaló que en este caso se presenta un conflicto de interés porque familiares del alcalde Char se encontraban entre los beneficiarios finales de sus decisiones contractuales desde la cabeza de la administración distrital.
Lea aquí la nota: Familia y aliados de Alejandro Char terminaron con contratos en sus dos alcaldías