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                                                                                                                                Registraduría habría contratado dos veces software para escrutinio de elecciones

                                                                                                                                En respuesta a un derecho de petición, el pasado 14 de septiembre esa entidad aseguró que, aunque ya existía un sistema tecnológico por el que en 2022 había pagado $27 mil millones, para estas elecciones no se usaría.

                                                                                                                                Valentina Parada Lugo

                                                                                                                                Periodista de Investigación
                                                                                                                                El software que compró la Registraduría en 2022, en cabeza de Alexander Vega, es para subir los datos de los escrutinios, que están a cargo del Consejo Nacional Electoral.
                                                                                                                                Foto: Registraduría
                                                                                                                                PUBLICIDAD

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                                                                                                                                Gánale la carrera a la desinformación NO TE QUEDES CON LAS GANAS DE LEER ESTE ARTÍCULO

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                                                                                                                                Foto: Registraduría
                                                                                                                                PUBLICIDAD

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                                                                                                                                Por ejemplo, para estas elecciones, la Registraduría contrató a la Unión Temporal Disproel para que, entre otras cosas, se encargara de alquilarle al Estado un software para el escrutinio de las territoriales, así como de transportar y custodiar los votos. Lo curioso es que, a pesar de que el contrato se adjudicó por más de $1,3 billones, fue firmado como “de menor cuantía”.

                                                                                                                                PUBLICIDAD

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                                                                                                                                Read more!

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                                                                                                                                Foto: Cortesía

                                                                                                                                Esta denuncia llegó justo el día en que esa entidad tuvo que dar explicaciones sobre por qué se había retrasado por una semana el proceso de sorteo de jurados de votación, que estaba previsto para que comenzara el 28 de septiembre —y durara cuatro días—, pero que se ultimó este 4 y 5 de octubre.

                                                                                                                                El Espectador conoció un documento de la Registraduría en el que le responden a la Fundación Karisma, el pasado 14 de septiembre, que el software pagado en 2022 “estuvo enfocado como una herramienta tecnológica para el escrutinio de las elecciones de carácter nacional (Congreso y Presidencia)”. Según ese documento, los comicios territoriales requieren una “plataforma distinta”.

                                                                                                                                Lo que no la Registraduría no ha resuelto es por qué el software que contrataron en 2022 tiene una vigencia de mantenimientos por tres años (hasta 2025), si solo se iba a utilizar una única vez. De hecho, este diario pudo confirmar que, dentro del contrato de los $27 mil millones, la empresa discriminó los costos de acuerdo con el número de años que fuera a estar vigente la plataforma. Es decir, si apenas se hubiese contratado por uno o dos años, seguramente el contrato habría costado menos.

                                                                                                                                Read more!
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                                                                                                                                Este diario consultó a la Registraduría para conocer por qué, en menos de un año, se contrataron dos empresas distintas para el manejo de escrutinio en elecciones, pero hasta el cierre de esta edición no habían emitido una respuesta. Sin embargo, de manera extraoficial, fuentes de la entidad aseguraron que las plataformas tecnológicas no cumplirían la misma función y que, aunque la respuesta al derecho de petición diga lo contrario, sí utilizarán la plataforma que compraron hace un año.

                                                                                                                                No ad for you

                                                                                                                                Lo cierto es que sí hay una diferencia sustancial entre ambos contratos. Pilar Sáenz, coordinadora del Laboratorio de Seguridad Digital y Privacidad de la Fundación Karisma, explicó que, mientras el contrato con la empresa Indra, que se firmó en 2022, lo que hizo fue desarrollar un software y venderlo al Estado: “En este momento la tenencia de ese sistema lo tiene la Registraduría y el manejo lo tiene el Consejo Nacional Electoral (CNE)”.

                                                                                                                                Mientras que con la empresa Disproel (en el contrato de este año), “ellos proveen todo, pero el manejo no es del Estado, es como un arrendamiento del software, pero las condiciones las ponen los privados y la plataforma no va a ser de propiedad de la Registraduría”, señaló Sáenz.

                                                                                                                                No ad for you

                                                                                                                                Le puede interesar: ¿Qué sanción puede recibir un jurado de votación si no asiste el 29 de octubre?

                                                                                                                                Incluso, dentro del contrato de la empresa Indra quedó estipulado que, por tres años, contados a partir del 20 de julio de 2022, el Estado asumirá los costos de mantenimiento. Para la coordinadora de Seguridad Digital, lo cuestionable está en que “decidan firmar un nuevo contrato para utilizar un software (alquilado) que cumplirá la misma finalidad del que ya es de propiedad de la Registraduría y por el que se pagó $27 mil millones, justamente, para no tener que volver a contratarlo”.

                                                                                                                                No ad for you

                                                                                                                                En el contrato con Disproel, que se firmó en mayo de este año, quedó estipulado, entre sus muchas funciones, que deberán proveer: “Solución de apoyo tecnológico y servicios logísticos para la realización de los escrutinios del orden auxiliar, municipal, distrital y general”.

                                                                                                                                Foto: Cortesía

                                                                                                                                Es decir, confirmaría que la Registraduría contrató (y pagó) por un software que ya existía. No obstante, fuentes de esa entidad aseguraron que puede deberse a un problema de tecnicismos: “Es posible que se le haya llamado escrutinio al preconteo, que son dos procesos distintos porque uno le compete al CNE y otro a la Registraduría”.

                                                                                                                                No ad for you

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                                                                                                                                No ad for you

                                                                                                                                Lo cierto es que en el contrato quedó escrito que esa empresa asumirá la plataforma tecnológica y el procesamiento de datos de ambos procesos: del preconteo (que es el conteo de votos que hacen los jurados de votación y que solo es de propósito informativo, pero no legal) y del escrutinio (que es una especie de confirmación del conteo que hicieron los jurados y que está a cargo de jueces de la República). Este último se conoce días o hasta meses después de la elección y es el que define, con certeza, los ganadores.

                                                                                                                                👁‍🗨 Conozca cómo votan los senadores y representantes a la Cámara en ‘Congreso a la mano’.

                                                                                                                                👉 Lea más sobre el Congreso, el gobierno Petro y otras noticias del mundo político.

                                                                                                                                Por Valentina Parada Lugo

                                                                                                                                Comunicadora Social - Periodista de la Universidad Autónoma de Occidente, con experiencia en cubrimiento de conflicto armado y crisis humanitaria. @valentinaplugo vparada@elespectador.com

                                                                                                                                Temas recomendados:

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