“Vamos a votar a la deriva este domingo”: director de Transparencia por Colombia

Quedan menos de 48 horas para las elecciones regionales de este domingo 29 de octubre y apenas el 9 % de las candidaturas en todo el país han entregado reportes de sus ingresos y gastos, según Transparencia por Colombia. Esa organización, en su más reciente informe, advirtió que las autoridades como el Consejo Nacional Electoral (CNE) no está haciendo seguimiento a los reportes de campaña en tiempo real.

Quedan menos de 48 horas para las elecciones regionales de este domingo 29 de octubre y apenas el 9 % de las candidaturas en todo el país han entregado reportes de sus ingresos y gastos, según Transparencia por Colombia. Esa organización, en su más reciente informe, advirtió que las autoridades como el Consejo Nacional Electoral (CNE) no está haciendo seguimiento a los reportes de campaña en tiempo real.

Giovanny Andrés Hernández, director de Transparencia por Colombia, habló con El Espectador sobre el panorama político con el que llegan los ciudadanos a las urnas este domingo. Aseguró que hay casos específicos donde han identificado posibles irregularidades como el de Juan Carlos Upegui, denunciado por este diario, en el que se reveló que 12 financiadores de su campaña, que justamente habían sido contratistas de Daniel Quintero, desaparecieron de los reportes de Cuentas Claras.

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Se acabó la campaña con varias advertencias que ustedes hicieron y que pasaron desapercibidas por las autoridades y los políticos. ¿Qué tuvo esta campaña de particular en materia de transparencia?

Algo que identificamos desde el inicio del proceso electoral era que haber incluido a tantos partidos políticos nuevos con personería jurídica era muy retador en términos de hacer seguimiento a las campañas. Además, porque la demanda de financiación iba a ser más grande, y la capacidad de las autoridades electorales para hacer seguimiento a tantas candidaturas ya representaba un desafío grande que no habíamos tenido antes en elecciones anteriores.

Y de hecho, en términos de financiación identificamos que el reto más grande era que como había una cantidad superior de candidaturas, iba a ser más difícil hacer control a la financiación de las campañas en todo el país.

¿Y usted cree que las autoridades electorales pudieron responder a esa demanda tan alta de candidaturas, partidos y movimientos?

Lastimosamente, lo que vimos es que evidentemente fue una dificultad para las autoridades desde un punto de vista técnico poder tener control sobre las campañas y los partidos. Poder identificar ese gran número de candidaturas y quiénes eran las fuerzas que terminaban respaldándolas fue muy complejo. Incluso, en el caso de los mismos partidos, al entregar tantos avales, nos dimos cuenta de que eso no iba acompañado de una responsabilidad lo suficientemente robusta de alertar y estar pendientes de todos sus candidatos.

Y sobre las autoridades, lo que vimos fue que al CNE lo sobrepasó la capacidad de autoridad para hacer seguimiento a esa cantidad de candidaturas. Por eso estamos viendo que hoy, a menos de dos días, todavía siguen revocando y estudiando candidaturas.

En su último informe, uno de los hallazgos que hicieron fue que la mayoría de campañas se estaban financiando con recursos como bingos o cenas con empresarios. ¿Qué significa eso a nivel de campaña?

Es el tema de los bingos que han aparecido en varios reportes, como el de Upegui, nos llama mucho la atención. Lo que podemos pensar es que se relaciona también con el bajo reporte de información que hay alrededor de actos públicos. Eso es algo bastante curioso porque justo en una campaña en lo que más se gasta es en publicidad, pero actos públicos como eventos siempre ha tenido un reporte bajísimo. Y ahí es donde salen a relucir actividades como los bingos, por ejemplo, o cenas con empresarios, donde lo importante sería saber quiénes están detrás de las personas que están poniendo los fondos.

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¿Y los candidatos que se han prácticamente autofinanciado toda la campaña?

Pues lo que vemos es que, como suele suceder en elecciones, el porcentaje de financiación proviene en su mayoría de ingresos personales o familiares. Eso es algo que siempre nos ha llamado la atención porque hay candidatos que, según lo que reportan, tienen un dinero considerable para sacar del bolsillo propio o de sus familiares para financiarse a sí mismos. Siempre hemos dicho que sería fundamental poder cruzar eso con información de la Dian para cruzarlo con los patrimonios de estas personas. Ahora, es obvio que por la gran cantidad de candidatos, pues hay una demanda más grande de obtener recursos de todo lado.

¿Y cuánto dinero han reportado hasta ahora?

Lo último, en términos de lo que mencionamos en el comunicado, es que a pesar del bajo reporte, en todas las campañas se han reportado ingresos por $160.000 millones, mientras que los ingresos han sido por $100.000 millones. Esperaríamos que esa información y rendición de cuentas que está pendiente incorporen información sobre cómo se gastaron el dinero restante y se sume la financiación que está pendiente por registrarse.

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En el segundo informe de ingresos y gastos ustedes habían dicho que había candidatos que registraban más gastos que ingresos. ¿Qué pasó en esos casos?

En la mayoría de los casos ese patrón se corrigió. Ya hay una gran cantidad de candidatos, sobre todo en las regiones, donde pudimos poner mayor prioridad en sus reportes y eso se empezó a nivelar. Un caso muy conocido es el de Alex Char, quien en hasta hace un mes solo tenía gastos, pero ni un solo ingreso. Ahora para el último informe ya reportó ingresos más altos que sus gastos. Eso sigue siendo una paradoja y un vacío respeto a la financiación de campañas.

¿Qué alertas han emitido ustedes en estas últimas semanas?

En términos generales, no hemos lanzado alertas particulares, aunque sí sabemos del caso de Juan Carlos Upegui en Medellín, donde ha habido cambios en los registros de sus financiadores. El asunto ahí es que hoy en día, tal como está la normativa alrededor de rendición de cuentas de ingresos y gastos, eso se puede hacer porque las autoridades lo que le valen es el informe del final de la campaña. Ahora bien, el CNE sí puede investigar todos los cambios que tuvo en sus reportes de ingresos y gastos porque ese seguimiento sí lo tienen ellos.

El llamado que hacemos a las autoridades es a que hagan seguimiento a las distintas variaciones, por lo menos de las principales candidaturas o de las que generan algún tipo de alerta o inquietud, para ver qué financiadores estuvieron entrando o saliendo. Hay que determinar si en algún momento una persona se estuvo financiando de fuentes prohibidas, ahí podría haber una novedad.

Ustedes en el informe dicen que este domingo la gente va a votar a la deriva, ¿por qué?

Eso responde a que el dato que tenemos en este momento es que más del 90 % de las campañas o candidaturas no han entregado información financiera. Y siempre hemos insistido que, así como es muy importante la propuesta programática, debates, su relación con la ciudadanía, también se deben conocer los antecedentes. Para tener un voto informado es fundamental conocer quiénes financian las campañas, siempre siguiendo ese principio que determina que la manera como se financian y como hacen campaña, seguramente va a terminar la manera como gobiernan.

Entonces, si hoy cualquier persona quiere entrar a ver cómo se está financiando los candidatos a su concejo, asambleas o gobernaciones, pues no va a encontrar información actualizada. Eso significa que para efectos en política de transparencia, en la financiación de campañas, estamos a la deriva porque no han entregado información sobre financiación de campañas. Eso significa que estamos casi que haciendo un salto al vacío, es un voto a la deriva este domingo porque no sabemos quiénes están detrás de esa financiación.

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En el informe ustedes advierten que hay regiones donde hay muy bajos reportes como Córdoba y los candidatos con más reportes están en ciudades capitales. ¿A qué responde eso?

En Transparencia por Colombia tenemos dos hipótesis. Una, que puede haber insuficiente capacidad de seguimiento, por parte de los mismos partidos políticos, de informar, alertar y acompañar a las candidaturas frente a su obligación de reporte de ingresos y gastos. Yo me paro más del lado de la responsabilidad de los partidos, de no estar haciendo seguimiento ni control efectivo a que la información se entregue.

Y, por otro lado, también es importante que se fortalezca la demanda de información y que haya más capacidad de seguimiento a lo que pasa en las campañas en territorios donde son tan fuertes los clanes políticos y en los que hay injerencia de grupos criminales. Esos contextos pueden hacer que la información no pueda aterrizar en el aplicativo de Cuentas Claras.

¿Qué vacíos jurídicos han identificado ustedes en materia de transparencia electoral?

El tema del financiamiento público. Uno de los puntos es que, por ejemplo, apenas dos candidatos en todo el país han reportado haber solicitado aportes de funcionamiento público y nosotros no estamos tan seguros de que, efectivamente, solo dos personas lo hayan recibido. De repente no sabemos si es un error al momento de subir el reporte en Cuentas Claras porque se nos hace muy raro que solo dos candidatos en este universo tan grande hayan recibido ingreso estatal para su campaña. Seguramente muchos más lo han solicitado y el Estado debió haber entregado a muchas más personas. Hasta que no resolvamos eso, es realmente difícil dar un debate lo suficientemente realista sobre si incrementar e incluso llegar a un régimen de financiación estatal.

Lo segundo es que nos falta mucha capacidad de seguimiento por parte de las autoridades electorales. Es importante que la Registraduría depure las candidaturas a tiempo, que consoliden las bases de datos. No es posible que a estas alturas el CNE siga revisando demandas de inhabilidades.

Y, tercero, el CNE no está pendiente del seguimiento de los reportes en tiempo real de las campañas. Lo que hemos visto en estas elecciones es un CNE completamente desbordado por una gran cantidad de demandas de inhabilidad. Eso lo que nos indica es que necesita mucha más capacidad para cumplir con esas múltiples funciones que tiene la ley.

Y cierro diciendo que hay que poder generar la posibilidad de que se reporte la manera como se entregan las donaciones y los aportes a campañas. Hay un delito electoral que se llama omisión de reporte, pero esa omisión es muy difícil de poder verificar porque la autoridad electoral no ha habilitado un mecanismo para que se entregue esa información.

Sobre la propuesta de recompensas por compras de votos que ordenó el presidente Petro, ¿qué tienen por decir?

Que de nada va a servir que lleguemos a capturar al mochilero que vende los votos o a la persona que accedió a vender su voto, si no llegamos realmente las estructuras que están detrás de esas empresas de constreñimiento electoral, de esa financiación irregular de campañas y de otro tipo de delitos o presuntos delitos electorales.

¿Cómo llegan los ciudadanos este domingo a las urnas?

Yo creo que vamos a votar a la deriva en términos de financiación de campañas. Es fundamental que el 1 de enero hayan entregado cuentas. Lo peor que nos podría pasar es posicionar gente sin que hayan entregado esa información, eso sí abriría un vacío muy grande y un desafío a la transparencia de nuestro sistema electoral.

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