Son 52 los congresistas que quieren revivir el transfuguismo para esquivar sanciones

El Congreso otra vez busca revivir el transfuguismo, la figura que le permitiría a los legisladores renunciar a su colectividad o agrupación sin ser sancionados ni perder sus curules, y unirse a otra en los próximos comicios sin incurrir en doble militancia. El camino es de nuevo una reforma constitucional, que ahora tiene el visto bueno de 52 congresistas de diferentes bancadas, aunque el principal beneficiado sería el Pacto Histórico, que busca consolidarse como una fuerza única en las elecciones de 2026.

El Congreso otra vez busca revivir el transfuguismo, la figura que le permitiría a los legisladores renunciar a su colectividad o agrupación sin ser sancionados ni perder sus curules, y unirse a otra en los próximos comicios sin incurrir en doble militancia. El camino es de nuevo una reforma constitucional, que ahora tiene el visto bueno de 52 congresistas de diferentes bancadas, aunque el principal beneficiado sería el Pacto Histórico, que busca consolidarse como una fuerza única en las elecciones de 2026.

La iniciativa de tres artículos, que se radicó hace 13 días en Senado y solo hasta ahora se reveló su contenido, surgió del proyecto que tenía el mismo propósito y que se hundió en la pasada legislatura; sus autores fueron el representante David Racero –ahora cuestionado por supuestamente pedirle a su UTL parte de sus salarios– y la senadora María José Pizarro, ambos del Pacto. A pesar de que los congresistas petristas recolectaron cerca de 150 firmas entre Senado y Cámara para impulsar ese articulado, su trámite fracasó.

Este nuevo intento de resucitar el transfuguismo, que fue ampliado con dos artículos más en esta legislatura, también tiene el tiempo en contra, pues, como busca cambiar la Constitución, debe superar ocho debates en el Capitolio antes del próximo 20 de junio. Y es que la cuenta regresiva para las elecciones 2026 ya empezó a correr. Oficialmente, los congresistas que quieran cambiar de partido para esos comicios tienen hasta el próximo 7 de noviembre. Es decir, poco más de un mes, y eso es, precisamente, lo que se busca cambiar con el proyecto.

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El primer artículo propone que los congresistas puedan, por una sola vez durante el cuatrienio, abandonar el partido o grupo significativo de ciudadanos por el cual fueron elegidos, sin tener que renunciar a su curul. Esta renuncia podrá realizarse hasta un mes antes del inicio del proceso de inscripción de candidatos para las próximas elecciones. Actualmente, la ley obliga a los miembros de corporaciones públicas elegidos por voto popular a dejar su curul al menos un año antes del inicio de dicho periodo si desean cambiar de partido.

El proyecto de acto legislativo fue radicado por Marelen Castillo, quien fue candidata a la vicepresidencia por la Liga de Gobernantes Anticorrupción, el pasado 18 de septiembre y recolectó 52 firmas de miembros del Partido Liberal (Alejandro Chacón), Colombia Justa Libres (Lorena Ríos), La U (Julio Elías Vidal), Partido Ecologista Colombia (Miguel Polo Polo) y una mayoría del Pacto Histórico. “Este ajuste político lo que se busca es que puedan ir a un partido donde verdaderamente se vean identificados con sus principios, sus valores y sus banderas. Además, en el proyecto hay otros artículos que permiten el fortalecimiento de la base política en Colombia”, dijo Castillo. Según contó, Chacón lideraría la defensa del proyecto en el Senado, donde fue radicado, y ella asumirá esas riendas cuando regrese a la Cámara.

Quizás la colectividad que más beneficiada, en caso de que el proyecto surta con éxito su tránsito en el Legislativo, sería el Pacto Histórico, que está dando pasos para unirse como partido único para las próximas elecciones presidenciales y así mantener al progresismo en la Casa de Nariño por otros cuatro años. En el tercer ítem del proyecto se busca hacerle una modificación al artículo 262 de la Constitución y agregarle lo siguiente: “Si los partidos o movimientos políticos con personería jurídica coaligados superan de manera conjunta el umbral de que trata el artículo 108 para las elecciones de Congreso, deberán determinar la denominación de un solo partido o movimiento político, al que se le mantendrá la personería jurídica, lo cual deberá quedar establecido en el respectivo acuerdo de coalición”.

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Es decir, según los cambios que también se proponen para el artículo 108, si varios partidos o movimientos se presentan como una coalición en las elecciones al Congreso y juntos logran superar el 3% de los votos a nivel nacional para Cámara y el 5% para Senado, deberán unificarse como partido.

Entre los firmantes del Pacto están los representantes David Racero, Alejandro Ocampo, María del Mar Pizarro, Alirio Uribe, Tamara Argote y Pedro Suárez. Al interior de la coalición, en la que hay más de 13 partidos, también hay pujas internas en el camino a convertirse en una sola fuerza política. De hecho, varios de estos han sido reticentes a la opción de la unión. De su lado, el Polo Democrático busca aprovechar su trayectoria de casi 20 años, su personería jurídica y los recursos económicos para intentar consolidar a las demás colectividades a su alrededor. La Colombia Humana, por su parte, le dio el aval a varios de los congresistas más cercanos al presidente Petro, como la senadora Gloria Flórez. Ese partido ya decidió, en la asamblea que realizó hace un mes, buscar la unificación de las colectividades en una sola. Tanto la Colombia Humana como el Polo cuentan con 16 congresistas cada uno repartidos entre Cámara y Senado.

Además de los miembros del Pacto, en la lista de firmantes están los otros dos congresistas que, en teoría, hacen parte del partido que fundó el fallecido excandidato presidencial Rodolfo Hernández: los representantes Erika Sánchez y Juan Manuel Cortés.

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Sánchez lleva casi todo su periodo legislativo argumentando que ella legalmente no pertenece a ninguna colectividad. Según explicó, ella fue inscrita como candidata del grupo significativo de ciudadanos Liga de Gobernantes Anticorrupción y quedó elegida en marzo de 2022, cinco meses antes de que el Consejo Nacional Electoral (CNE) le diera la personería jurídica como un partido a otro grupo significativo de ciudadanos en Santander con el mismo rótulo, el que impulsó la candidatura de Hernández. “No estoy sometida a ningún estatuto partidista ni pertenezco a ninguna bancada porque sencillamente no la hay”, le dijo en una carta Sánchez a David Racero, entonces presidente de la Cámara y quien ha estado impulsando ambos proyectos transfuguistas.

Como Sánchez y Cortés hay varios otros congresistas huérfanos, como es el caso del senador Humberto de la Calle y el representante Daniel Carvalho, quienes fueron elegidos en las listas de la Coalición de la Esperanza y han chocado con el partido de Ingrid Betancourt, Verde Oxígeno, que los avaló de manera aleatoria y que quería que los legisladores actuaran como oposición. Aunque la colectividad los expulsó en la primera legislatura, el CNE ordenó su reintegro.

Entre los firmantes aseguran que se hubieran podido recolectar muchas más, pero que prefirieron no arriesgar a perder más tiempo. Además, algunas bancadas tomaron la decisión de no apoyar el proyecto, aunque cuando llegue la hora de la votación se espera que muchos de ellos sí lo hagan. “Muchos lo respaldan. No pueden poner su firma, pero lo respaldan”, contó la representante Castillo.

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Entre las firmas, por ejemplo, no figura la del senador Jonathan Ferney “Jota Pe” Hernández, de la Alianza Verde. Sin embargo, son públicas las diferencias que tiene el legislador, quien hace una oposición directa al gobierno de Gustavo Petro a pesar de que su partido se declaró a favor del oficialismo. Y si se concreta la escisión de los verdes, muchos de sus integrantes se verían en la necesidad de unirse a otras toldas.

En cualquier caso, tanto desde el Pacto como en la Liga Anticorrupción no hablan de transfuguismo, sino de un proyecto que “beneficia a la democracia de un país”, a una “renovación política” y “responde a un momento histórico del país”. De hecho, prefieren usar el rótulo de “proyecto de libertad democrática”. Argumentan, entre otros puntos, que la rigidez que impide a los legisladores cambiar de partido también afecta a los electores, ya que podrían perder a su candidato después de solo dos años en el Capitolio si este desea cambiar de colectividad.

Según la justificación de motivos, de hecho “con la modificación el precepto constitucional no se trata, sin embargo, de legitimar el transfuguismo político”. “Es necesario sopesar el derecho a la libre elección a la colectividad política y su renuncia por razones de convicciones ideológicas. De ahí que la presente reforma busque ese punto intermedio que concilie ambas concepciones del transfuguismo sin que se debilite ese fin último de fortalecimiento del sistema de partidos y, en consecuencia, de la democracia representativa”, se lee en el documento radicado de 24 páginas.

Hubo un par de razones para haber radicado el proyecto por el Senado, pues aunque esa corporación es más difícil para el gobierno de Petro, pues no tiene mayorías tan claras, también llega a ser más expedita. Así las cosas, en caso de tener éxito, el acto legislativo terminaría su tránsito en la Cámara. Por ahora, se espera que se programe el primer debate en la Comisión Primera del Senado.

Este es el texto completo del proyecto de transfuguismo:

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