Elecciones al Congreso: advierten que se colaron 108 candidatos cuestionados

El Partido Conservador respalda 23 candidaturas cuestionadas, el Partido Liberal 20, Cambio Radical 19, el Partido de la U 16 y Centro Democrático 14. /Foto Oscar Perez

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Concluido el plazo para las inscripciones de listas al Congreso, y a menos de tres meses para las elecciones legislativas, este jueves la Fundación Paz y Reconciliación (Pares) reveló, con miras a los comicios de marzo próximo, se colaron al menos 108 candidatos con cuestionamientos.

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Se trata de aspirantes (50 a Senado y 58 a Cámara de Representantes) con investigaciones judiciales, disciplinarias o fiscales, así como personas vinculadas a presuntos hechos de corrupción, que son señaladas de ser herederas de clanes políticos, parapolítica u Odebrecht, y hasta de tener supuestos nexos con grupos armados ilegales.

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Según la organización, que recordó que los listados podrán modificarse hasta el 17 de diciembre, se revisaron las trece listas inscritas a Senado, que agrupan 22 partidos con personerías jurídicas y dos listas de movimientos significativos de ciudadanos. A su vez se revisaron más de 50 listas a Cámara en los 32 departamentos. Esto, para un total de 878 candidatos revisados a Senado y 1.200 a Cámara de Representantes.

“Se trata de un ejercicio de veeduría, de control político y de aporte al estudio del fenómeno de los autoritarismos subnacionales, así como de la captura institucional por parte de clanes políticos y de estructuras mafiosas o de corrupción que afectan a la democracia”, explicó Pares.

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Candidatos cuestionados al Senado

Foto: Archivo El Espectador/Cortesía/Facebook/Twitter/Senado

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El actual senador es señalado de ser heredero de la estructura que lideran su padre, Fuad Char, y su hermano Alejandro Char en la Costa Caribe. Tiene una indagación preliminar en la Corte Suprema de Justicia por delitos de corrupción electoral debido su presunta relación con el caso “Casa Blanca”: una empresa criminal de compra de votos utilizada en las elecciones de 2018 por la condenada excongresista Aída Merlano. Además, por las declaraciones hechas por Merlano, hay otra indagación preliminar para determinar si Char intervino en su fuga.

Foto: Archivo El Espectador/Cortesía

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Al exgobernador del Tolima, contra quien se han adelantado procesos en la Corte Suprema y en la Procuraduría, este año la Fiscalía le imputó cargos en el marco de una investigación por irregularidades en contratación mientras fue gobernador entre 2008 y 2011. Se estudian 119 convenios realizados durante su administración, centrándose en 12 suscritos con la Corporación para la Promoción del Desarrollo Rural y Agroindustrial (Prohaciendo), cuyo valor es de alrededor de $4.700 millones. Es el líder del Clan Barreto en Tolima.

Foto: Archivo El Espectador/ Facebook.com/OscarBarretoTol

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Según Pares, esta comunicadora es la ficha del condenado exsenador Eduardo Pulgar para asegurar su curul en el Senado. Según el portal Cuestión Pública, la candidata y su esposo, Fredy Pulgar (hermano del excongresista) aparecen en el acta de constitución de Pulgar Pérez Cia S en C, en liquidación. Esta sociedad en comandita se dedicaba a actividades inmobiliarias y fue constituida en Barranquilla en 2006.

Foto: Archivo El Espectador/ Facebook.com/claudia.m.giraldo.37

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El exconcejal de Barranquilla es padre de la actual representante a la Cámara, Karina Rojano, y exesposo de Aída Merlano. Pares señala que es miembro del Clan Char y antes fue cercano a Roberto Gerlein. Su nombre aparece en el fallo condenatorio de la Corte Suprema contra Merlano por 15 años, en donde compulsa copias a la Fiscalía para que lo investigue en el marco del caso de la “Casa Blanca”. De acuerdo con el informe de Policía Judicial, la estructura criminal de la que hacía parte Merlano permitió también la elección de Rojano Linás como concejal.

Foto: Archivo El Espectador/ Twitter.com/carlosrojanoll

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Es hermano del cuestionado exsenador Bernardo “ñoño” Elías, quien perdió su curul por la investigación en el escándalo de Odebrecht. Elías Vidal reemplazó a la representante a la Cámara Sara Piedrahita Lyons, prima del exgobernador Alejandro Lyons, cuando se ausentó por licencia de maternidad. Según Pares, ha trabajado como favores políticos junto a José Tous y José Ramón Elías. En 2018, aspiró a la Cámara como fórmula de Tous, pero se quemó. Pertenece al Clan Ñoñomanía y es heredero de la estructura política de su hermano.

Foto: Archivo El Espectador/Facebook.com/JulioEliasVidal

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José Alfredo Gnecco es hijo de Lucas Gnecco, político del Cesar condenado e inhabilitado, entre otras, por sobrecostos y enriquecimiento injustificado a favor del contratista, constreñimiento al sufragante o celebración indebida de contratos. Alfredo es primo de Luis Alberto Monsalvo Gnecco, actual gobernador del Cesar en prisión domiciliara luego de ser imputado por presuntas irregularidades en un contrato de alimentación escolar. En su conjunto, dice Pares, José Alfredo Gnecco es miembro del Clan Gnecco, vinculados con el paramilitarismo y el narcotráfico en el Cesar.

Foto: Archivo El Espectador/Twitter.com/JoseAlfreGnecco

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El actual representante es hijo del exgobernador de La Guajira destituido Hernando Deluque, procesado por corrupción en contratación y peculado. En 2018, la Corte Suprema le abrió una indagación preliminar por la “mermelada” durante el gobierno de Juan Manuel Santos. Según Pares, es señalado de estar presuntamente vinculado con diversas irregularidades dentro del ICBF, así como con fundaciones relacionadas encargadas del presupuesto para la lucha contra la desnutrición de niños en La Guajira. Es jefe del ‘Clan Nueva Fuerza Guajira’.

Foto: Archivo El Espectador/Twitter.com/CamaraColombia

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Es actual senador es hermano de Musa Besaile y Edwin Besaile, investigados por hechos presuntamente ilegales mientras ejercían cargos de elección popular. Pertenece al Clan Musismo y es heredero de la estructura política de su hermano, Musa Besaile, preso por su participación en los escándalos de Odebrecht y del “Cartel de la Toga”. Johnny Besaile no es objeto de investigación judicial, pero fue mencionado en el proceso que se adelanta contra su hermano Musa.

Foto: Archivo El Espectador/www.senado.gov.co

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El excongresista, que renunció en abril a su curul en Cámara, tiene abierto un proceso en la Corte Suprema por una aparente manipulación de testigos en el caso de Álvaro Uribe. Se le atribuye haber buscado que Juan Guillermo Monsalve se retractara acerca de sus afirmaciones sobre presuntos nexos entre Uribe y grupos paramilitares. Esto habría ocurrido con la intermediación de Carlos López, alias "Caliche". A pesar de haber renunciado y hacer parte de este polémico caso, decidió lanzarse nuevamente.

Foto: Archivo El Espectador/Twitter.com/CamaraColombia

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Candidatos cuestionados a la Cámara

Foto: Archivo El Espectador/Facebook/Twitter/Instagram

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El político araucano, quien ha sido alcalde y diputado, enfrenta un proceso por presuntas irregularidades en la venta de un predio de su propiedad. El ahora candidato, le habría vendido un predio de 12.000 hectáreas a la administración departamental de Ricardo Alvarado Bestene en 2018 por $1.800 millones, cuando el predio se encontraba avaluado por $30 millones. Además, la Unidad de Información y Análisis Financiero le abrió investigación por el presunto lavado de activos. Sin embargo, no se tiene conocimiento del avance del proceso.

Foto: Archivo El Espectador/Facebook.com/HernandoPossoParales

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La candidata por el Pacto Histórico es esposa de Miguel Rangel Sossa, excongresista condenado por parapolítica. En 2017, la Corte Suprema de Justicia le abrió una investigación a Villadiego por el escándalo de Odebrecht. En 2018 se enfrentó a un proceso por compra de votos que la Corte Suprema archivó. En 2019 fue retenida por la Armada Nacional en Magangué con $48 millones el día anterior a las elecciones. La candidata en ese entonces del Partido de la U no pudo dar explicación del monto. Fue dejada en libertad por falta de pruebas.

Foto: Archivo El Espectador/Twitter.com/SenadoGovCo

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Es candidata a la Cámara de Representantes por el Partido Liberal. Está casada con Álvaro Pacheco, condenado por parapolítica. La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) aceptó el sometimiento del exgobernador del Caquetá Álvaro Pacheco, quien venía solicitando ser acogido desde que fue detenido y condenado, en 2019, por vínculos con grupos paramilitares. Arias Pacheco es esposa y heredera del caudal electoral de Álvaro Pacheco.

Foto: Archivo El Espectador/Twitter.com/diazgilma

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Diego Caicedo es hijo del representante a la Cámara por Cundinamarca y exalcalde de Zipaquirá, José Fernando Caicedo Sastoque. Según Pares, José Fernando Caicedo Sastoque buscaría legislar en cuerpo ajeno con la aspiración de su hijo al Congreso, tras su huida del órgano legislativo para ser investigado por la justicia ordinaria, por haber cometido presuntos delitos como alcalde. Esto ubica a Diego Caicedo como un heredero del caudal electoral de su padre, en aras de continuar con el legado familiar.

Foto: Archivo El Espectador/Instagram.com/jcaicedosastoque

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El exdiputado del Magdalena está avalado por el Centro Democrático. Es hijo de Luis Eduardo Vives Lacouture, condenado en 2008 por promover grupos armados al margen de la ley y determinador en alteración de resultados electorales. Esto, por tener vínculos con Rodrigo Tovar Pupo, alias “Jorge 40”. Por otra parte, los primos-hermanos de Luis Eduardo Vives Lacouture, Inés Margarita y José Francisco Vives Lacouture, fueron condenados por alterar documentos de predios para recibir subsidios en el marco de Agro Ingreso Seguro.

Foto: Archivo El Espectador/Instagram.com/juanlogomezs/

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Este candidato por el Partido Conservador es hijo de María Cristina “Tina” Soto, quien habría tenido una relación política con el condenado exgobernador Kiko Gómez. Según Pares, María Cristina Soto también tendría una relación familiar con "Marquitos" Figueroa, condenado por narcotráfico, así como relaciones comerciales con el Clan Gnecco, María Cristina Soto es representante y buscaría que su hijo la reemplace en la curul. A ella la Corte Suprema le abrió investigación por presunta compra de votos en Maicao en las elecciones del 2018.

Foto: Archivo El Espectador/Instagram.com/juanlogomezs/

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El candidato por el Partido Liberal es el heredero y último miembro de la casa política Escrucería, un clan recordado en Nariño. Es el nieto del difunto narcotraficante Samuel Alberto Escrucería Delgado e hijo del primer senador destituido por el Consejo de Estado y condenado por corrupción en 1992, Samuel Alberto Escrucería. Durante el periodo de Rafael Escrucería como concejal en Bogotá estuvo implicado en el carrusel de la contratación, por lo que le fueron embargados y sometidos a extinción de dominio algunos bienes.

Foto: Archivo El Espectador/Facebook.com/EscruceriaRafa/

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Candidato por el Partido Conservador. Según Pares, en medio de su campaña a la Gobernación, se divulgó un video que mostraba una reunión entre Coral y quien en ese momento era el líder de ‘La Constru’, Miguel Bastidas, alias “Gárgola”, en una de las fincas propiedad de Rivas, donde se hablaba de aportes por $150 millones a su campaña. En octubre de 2015 la Fiscalía lo capturó por esos presuntos vínculos con grupos armados ilegales, porque habría financiado con dineros de la administración de Puerto Asís a esa banda delincuencial.

Foto: Archivo El Espectador/Facebook.com/Jorge-Coral-Pagina-Oficial-2832220170184757/

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La precandidata a la Cámara de Tolima por la Colombia Humana, dentro de la coalición del Pacto Histórico, es sobrina de Emilio Martínez, condenado por la Corte Suprema acusado de negligencia en un contrato en el que se perdieron $102 millones mientras fue representante. En 2019, Martínez fue denunciado por supuestamente exigir dinero a contratistas de El Espinal para presuntamente financiar la campaña de su hermana, Rosmery Martínez (mamá de Sandra Salazar).

Foto: Archivo El Espectador/Instagram.com/sandralilianasm/

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Según Pares, busca ser la heredera en cuerpo ajeno de su esposo, el exrepresentante Edwin Ballesteros que, siendo una de las fichas del Clan Aguilar, se vio implicado por supuestamente haber participado del entramado de corrupción de la Gobernación de Santander mientras fue gerente de la Empresa de Servicios Públicos de Santander. Sobre el perfil de Johanna Milena González Pérez se conoce poco. No ha sido servidora pública ni ha tenido trayectoria política.

Foto: Archivo El Espectador/ Twitter.com/EdwBallesteros

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Es candidata para la curul afro por el Consejo Comunitario Vereda de los Limones. Es hija de Juan Carlos Martínez Sinisterra, por lo que es considerada heredera de su estructura política. Martínez Sinisterra fue condenado por la Corte Suprema por parapolítica, específicamente por sus nexos con el Bloque Calima de las AUC. Así mismo, en 2016 fue condenado a 48 meses de prisión por favorecer al candidato Francined Cano en las elecciones atípicas de 2012 para la Gobernación del Valle.

Foto: Archivo El Espectador/Facebook - Referencia

Tipo de cuestionamiento

La investigación realizada por Pares logró determinar que, de las 108 candidaturas cuestionadas, en su mayoría (39) cuentan con investigaciones judiciales, disciplinarias y/o fiscales. Se trata indagaciones a nivel penal, en la Procuraduría o en la Contraloría por la presunta comisión de delitos, así como sanciones disciplinarias o fiscales que puedan resultar afectando su elección o el ejercicio como congresista en dado caso de resultar elegido.

Por otro lado, hay al menos 22 considerados herederos de la parapolítica, es decir, que vienen a asumir el capital político de personas involucradas con el escándalo de la parapolítica, ya sea por estar condenadas, investigadas o mencionadas en versiones libres como partícipes.

Adicionalmente, hay 16 con investigaciones o denuncias por presuntos hechos de corrupción, debido a cuestionamientos derivados de condenas, inhabilidades, investigaciones o denuncias de veedurías, periodistas e investigadores por delitos relacionados con el ejercicio irregular de cargos públicos, irregularidades en la realización de campañas políticas y presunta participación en redes de contratación público-privadas.

Asimismo, hay 24 candidatos que cuentan con el apoyo de clanes políticos (17) o casas políticas (7) que han construido su capital político a través de alianzas con mafias, grupos armados organizados, redes corrupción, clientelismo o cooptación institucional. “Estos clanes y casas políticas son aquellas estructuras que han ostentado el poder de forma interrumpida e ininterrumpida por medio de familiares, aliados y dinastías políticas. Se trata de herencias directas de estos capitales políticos cuando estos dependen, en su gran mayoría, de los clanes, sus líderes y miembros, mas no de la labor política propia del candidato”, explica Pares.

A todo esto, se suman cinco candidatos con cuestionamientos por sus presuntas relaciones o pertenencia a grupos al margen de la ley diferentes a las desmovilizadas AUC, como guerrillas, bandas criminales o narcotraficantes. Finalmente, hay dos aspirantes que heredaron o buscan heredar las curules de políticos investigados o condenados por el escándalo de Odebrecht o el ‘Cartel de la Toga’, y cuyo capital político para aspirar depende, mayoritariamente, de estas personalidades políticas investigadas o condenadas.

Los partidos que más avalan cuestionados

De acuerdo con el informe, los 108 candidatos con cuestionamientos se encuentran avalados por siete partidos con listas propias, seis en coaliciones (dos en Senado y cuatro en Cámara de Representantes), dos en movimientos por firmas y un consejo comunitario.

Frente a los partidos, la Fundación señala que el Partido Conservador lidera con 23 candidaturas cuestionadas, seguido del Partido Liberal (20), Cambio Radical (19), Partido de la U (16) y Centro Democrático (14). Por otro lado, en la lista al Senado Centro Esperanza hay dos cuestionados, en la lista al Senado del Pacto Histórico hay uno y en las listas en coalición a nivel de Cámara se cuentan siete cuestionados.

“Los primeros cinco partidos concentran el 85% de los candidatos cuestionados que aspiran al Congreso de la República. En comparación con los informes de 2014 y 2018, los partidos Cambio Radical, la U, Liberal y Conservador repiten en esta lista negra; mientras que es la primera vez que el partido Centro Democrático aparece con una concentración tan alta”, indica el informe.

Por otro lado, Pares identificó que en 23 departamentos y en una circunscripción afro hay 58 candidaturas cuestionadas de personas que aspiran a una curul en la Cámara de Representantes. El top de regiones con más cuestionados lo integran Córdoba, con siete; Santander, seis; Antioquia, cinco; Bolívar, cuatro; Magdalena, cuatro, y Tolima, también con cuatro. “Esos departamentos concentran el 52% de candidaturas cuestionadas que están asociadas a una circunscripción territorial para Cámara de Representantes”, advirtió la Fundación.

Alertas por los clanes

Según Pares, con miras a 2022 hay 33 clanes apoyando al 53% (58 candidatos) de los aspirantes cuestionados. La investigación señala que, teniendo en cuenta que la tendencia para 2022 muestra la posibilidad de que partidos alternativos, progresistas, de izquierda y centroizquierda aumenten sus curules, los clanes políticos tradicionales y los partidos que los han avalado han visto en riesgo su poder electoral.

De ello no están exentas casas políticas que, si bien no alcanzan a ser clanes por no contar con una estructura de poder tradicional, sí se han erigido a través de prácticas de corrupción o en asocio con mafias ilegales.

“La decadencia de estos clanes y de partidos como la U y Cambio Radical ha llevado a que varios de sus integrantes se trasladen a partidos como el Conservador, el Liberal y el Centro Democrático. Incluso, en algunos casos excepcionales, han transitado hacia partidos alternativos y progresistas”, advierte el informe.