Alexánder Vega, la Registraduría y la pérdida de confianza

Menos de 24 horas duró la petición del registrador Alexánder Vega de realizar un reconteo general de los votos al Senado depositados por los colombianos el pasado 13 de marzo. El lunes festivo había dicho que haría la solicitud ante el Consejo Nacional Electoral (CNE) para “dar transparencia al proceso electoral”. Y ayer, un día después, se echó para atrás con el argumento de que solo estaba buscando conseguir consensos, ya que “cree en los escrutinios por convicción jurídica”. Este nuevo capítulo de bandazos de Vega solo entra a sembrar más dudas sobre un proceso hoy cuestionado por su transparencia y la idoneidad de los que lo están llevando a cabo.

Le puede interesar: La caja de pandora que abrió el pedido de reconteo de votos del registrador Vega.

Las dudas comenzaron incluso un semestre antes del llamado a las urnas. Desde 2021 se cuestionaban algunas de las acciones que se estaban llevando a cabo en la Registraduría en temas de contratación y licitaciones. La respuesta de Vega solo exacerbó las inquietudes: “El que no sienta garantías, o cree que le van a hacer fraude, no debería presentarse”, dijo. Los interrogantes se incrementaron aún más en los primeros meses del año con la inscripción de cédulas y se materializó en la semana siguiente al día de las elecciones a Congreso y consultas presidenciales. Primero fueron los señalamientos de fraude por parte del Pacto Histórico ante la ausencia de votos a su favor en más del 25 % de las mesas del país y los cientos de formularios E-14 que aparentemente tenían problemas en su diligenciamiento. Luego vino el reclamo del Centro Democrático, tras perder una curul que se le sumó a la coalición de izquierda, que en la primera fase del escrutinio recuperó tres escaños.

Más allá del debate político, las acusaciones desde cada trinchera y la imposibilidad de la Registraduría de dar garantías al proceso electoral han minado la legitimidad de su tarea, específicamente de cómo llevó los comicios del 13 de marzo. Esto sin tener en cuenta los efectos que ello podría tener de cara a la primera vuelta presidencial, el 29 de mayo, si no se corrigen los errores, se asumen responsabilidades y se tramitan las inconformidades y las quejas. Por ahora se habla más de desconfianza que de confianza sobre la autoridad electoral y el cómo restablecerla y construir como sociedad una democracia fuerte y genuina depende de todos los actores: Gobierno, Registraduría, CNE, hasta los líderes políticos, que tendrán que anteponer principios superiores a sus intereses electorales. La pregunta es si estarán a la altura del momento que demanda el país.

Más: Comisión de garantías electorales: partidos coinciden en perjuicios del reconteo.

No es un asunto menor. Tal como señala la fundación Kofi Annan, “la integridad electoral es un problema político que depende de la confianza pública en los procesos electorales y políticos. No basta con reformar a las instituciones; la ciudadanía necesita estar convencida”. De nada sirve tener un sistema electoral moderno y preciso en expresar los resultados de las urnas cuando no se cree en este. La situación es peor cuando el ente electoral no está a la altura de su labor y de las circunstancias. En el caso colombiano, el descrédito en el sistema democrático ha venido en ascenso y lo que ocurrió en los últimos días puede ser un detonante para que las mediciones futuras reflejen una situación aún más compleja.

El último Latinobarómetro, con datos de 2020, da cuenta de que Colombia ha venido perdiendo la confianza en el sistema democrático. Tan solo en dos años se pasó de un 54 a 43 % de apoyo a la democracia, uno de los descensos más fuertes en la historia de este sondeo en el país. Claramente lo ocurrido con los resultados del 13 de marzo no ayudará a frenar la tendencia. Según la académica Margarita María Orozco, la desconfianza que ha sembrado el proceso electoral puede desencadenar un apoyo a procesos menos democráticos a futuro. Incluso podría implicar a corto plazo que las personas no salgan a votar en las presidenciales, pues “no le ven sentido a perder tiempo con el sufragio”. Esto podría desatar expresiones de violencia política y la desconfianza recaería en el que quede elegido por la narrativa de fraude que se ha instalado.

Las mediciones del Latinobarómetro no coinciden con los números del Observatorio de Democracia de los Andes, pero sí en la tendencia. “Los datos que tenemos del año 2021 indican que la credibilidad en el sistema colombiano es la más baja de la región. Dos de cada 10 colombianos confían en las elecciones, eso es, más o menos, el 22 %. Y esto ha venido aumentando con el pasar de los años. También hay que destacar, de acuerdo con nuestros estudios, que el 31 % de las personas creen que los votos no se cuentan correctamente. Esto para decir que baja confianza en la organización electoral ya la hay”, puso de presente Miguel García, codirector del Observatorio, quien insistió que no se puede hablar de un golpe de desconfianza en el sistema electoral por la realidad de los pasados comicios.

Lea más noticias sobre el proceso electoral, las denuncias de irregularidades y otras noticias sobre la Registraduría.

A juicio de García, no podemos hablar de fraude como en 1970 con la elección de Misael Pastrana o en los 50, cuando Laureano Gómez deslegitimó la inscripción de cédulas de los liberales. “Las elecciones en Colombia no han estado ausentes de situaciones de trampa”, reiteró. Esta idea la comparte Santiago Silva, profesor del Departamento de Gobierno y Ciencia Política de Eafit: “Los colombianos tienen una relación compleja con las elecciones. Eso lo muestran mediciones como la Encuesta Mundial de Valores o el Latinobarómetro, en tanto el electorado acá tiene la percepción de compra de votos y clientelismo, factores que llevan a desconfiar del resultado, pero eso no se evidenciaba en el proceso nacional, que se consideraba relativamente transparente”.

Ambos docentes coinciden en que las acciones del registrador, así como la organización del proceso electoral, con o sin fraude, no son ajenas a que la ciudadanía siga alimentando una sensación de desconfianza ya instaurada en algún nivel en su consciente. ¿Y cómo restablecerla de cara a las próximas elecciones? En cuanto a la Registraduría, Silva considera que hay que reentender el concepto de transparencia y responsabilidad. “La transparencia se ha vuelto una palabra muy manoseada, porque creen que ser transparente es contar cosas o poner la información pública. La transparencia está basada, sobre todo, en el hecho de escuchar a las personas y tomar decisiones al respecto, que eso sería la responsabilidad”. Él no se atreve a hablar de la renuncia de Vega, mientras que Miguel García sí invita a la reflexión sobre la responsabilidad política para no desgastar más la legitimidad de la institución. Sin embargo, a dos meses de la primera vuelta presidencial, es delicado pensar en un relevo de la cabeza de la entidad. “Puede ser peor el remedio que la enfermedad, pero eventualmente sí se esperaría una decisión de dar un paso al costado para no sacrificar a la Registraduría”, señaló.

Hay otro factor a favor, y es la disminución de la complejidad de la logística de esa primera vuelta presidencial, pero se deben sumar otras acciones, como la selección de los jurados de votación, su capacitación, las condiciones en las que prestarán ese servicio, el acompañamiento de las instituciones a estos y la practicidad y legibilidad de los formularios que deben llenar ese día, por poner un ejemplo. La tarea no solo la tiene la entidad, sino los actores políticos, especialmente los que continúan en contienda hasta mayo. “También son corresponsables los líderes políticos que están inyectando desconfianza social y esta es destructora y puede jugarles en su contra más adelante en caso se ser gobierno. Hay que tener en cuenta que ellos están buscando protagonismo y lo están encontrando en Twitter, donde no se resuelven las reclamaciones”, concluyó Silva.

¿Qué es la confianza en las instituciones?

El decano de la Escuela de Humanidades de la Universidad Eafit, Adolfo Eslava, describe la confianza como “la decisión de dejar parte de nuestro propio bienestar en manos de otros, por ello, es una moneda de dos caras: vulnerabilidad y responsabilidad. En general, los gobernantes son responsables de gestionar vulnerabilidades”. ¿Y cuál es la vulnerabilidad de la ciudadanía que poner su confianza en gobernantes? La permanencia de la democracia que responda a sus intereses particulares y colectivos. Cuando hay personas en posición de tramitar las vulnerabilidades sin experiencia o “erráticos en sus actuaciones” es cuando se menoscaba en la confianza, “que es difícil de repararla”, recalca Eslava,

Precisamente el tema de la confianza es uno que preocupa al Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que dedicó un informe alrededor de este principio como “la clave de cohesión social y el crecimiento en América Latina y el Caribe”, puesto que la región y sus instituciones son las peores calificadas en el mundo.

Una de las recomendaciones que hace el BID para aumentar la confianza es “eliminar las asimetrías de información que socavan la confianza, y requerir a los organismos del sector público que comuniquen cuidadosamente las decisiones que toman, y que asuman la responsabilidad por esas decisiones y sus consecuencias (...) No hay ningún objetivo colectivo que sea más fundamental que una sociedad que confía y con conciencia cívica”.

Menos de 24 horas duró la petición del registrador Alexánder Vega de realizar un reconteo general de los votos al Senado depositados por los colombianos el pasado 13 de marzo. El lunes festivo había dicho que haría la solicitud ante el Consejo Nacional Electoral (CNE) para “dar transparencia al proceso electoral”. Y ayer, un día después, se echó para atrás con el argumento de que solo estaba buscando conseguir consensos, ya que “cree en los escrutinios por convicción jurídica”. Este nuevo capítulo de bandazos de Vega solo entra a sembrar más dudas sobre un proceso hoy cuestionado por su transparencia y la idoneidad de los que lo están llevando a cabo.

Le puede interesar: La caja de pandora que abrió el pedido de reconteo de votos del registrador Vega.

Las dudas comenzaron incluso un semestre antes del llamado a las urnas. Desde 2021 se cuestionaban algunas de las acciones que se estaban llevando a cabo en la Registraduría en temas de contratación y licitaciones. La respuesta de Vega solo exacerbó las inquietudes: “El que no sienta garantías, o cree que le van a hacer fraude, no debería presentarse”, dijo. Los interrogantes se incrementaron aún más en los primeros meses del año con la inscripción de cédulas y se materializó en la semana siguiente al día de las elecciones a Congreso y consultas presidenciales. Primero fueron los señalamientos de fraude por parte del Pacto Histórico ante la ausencia de votos a su favor en más del 25 % de las mesas del país y los cientos de formularios E-14 que aparentemente tenían problemas en su diligenciamiento. Luego vino el reclamo del Centro Democrático, tras perder una curul que se le sumó a la coalición de izquierda, que en la primera fase del escrutinio recuperó tres escaños.

Más allá del debate político, las acusaciones desde cada trinchera y la imposibilidad de la Registraduría de dar garantías al proceso electoral han minado la legitimidad de su tarea, específicamente de cómo llevó los comicios del 13 de marzo. Esto sin tener en cuenta los efectos que ello podría tener de cara a la primera vuelta presidencial, el 29 de mayo, si no se corrigen los errores, se asumen responsabilidades y se tramitan las inconformidades y las quejas. Por ahora se habla más de desconfianza que de confianza sobre la autoridad electoral y el cómo restablecerla y construir como sociedad una democracia fuerte y genuina depende de todos los actores: Gobierno, Registraduría, CNE, hasta los líderes políticos, que tendrán que anteponer principios superiores a sus intereses electorales. La pregunta es si estarán a la altura del momento que demanda el país.

Más: Comisión de garantías electorales: partidos coinciden en perjuicios del reconteo.

No es un asunto menor. Tal como señala la fundación Kofi Annan, “la integridad electoral es un problema político que depende de la confianza pública en los procesos electorales y políticos. No basta con reformar a las instituciones; la ciudadanía necesita estar convencida”. De nada sirve tener un sistema electoral moderno y preciso en expresar los resultados de las urnas cuando no se cree en este. La situación es peor cuando el ente electoral no está a la altura de su labor y de las circunstancias. En el caso colombiano, el descrédito en el sistema democrático ha venido en ascenso y lo que ocurrió en los últimos días puede ser un detonante para que las mediciones futuras reflejen una situación aún más compleja.

El último Latinobarómetro, con datos de 2020, da cuenta de que Colombia ha venido perdiendo la confianza en el sistema democrático. Tan solo en dos años se pasó de un 54 a 43 % de apoyo a la democracia, uno de los descensos más fuertes en la historia de este sondeo en el país. Claramente lo ocurrido con los resultados del 13 de marzo no ayudará a frenar la tendencia. Según la académica Margarita María Orozco, la desconfianza que ha sembrado el proceso electoral puede desencadenar un apoyo a procesos menos democráticos a futuro. Incluso podría implicar a corto plazo que las personas no salgan a votar en las presidenciales, pues “no le ven sentido a perder tiempo con el sufragio”. Esto podría desatar expresiones de violencia política y la desconfianza recaería en el que quede elegido por la narrativa de fraude que se ha instalado.

Las mediciones del Latinobarómetro no coinciden con los números del Observatorio de Democracia de los Andes, pero sí en la tendencia. “Los datos que tenemos del año 2021 indican que la credibilidad en el sistema colombiano es la más baja de la región. Dos de cada 10 colombianos confían en las elecciones, eso es, más o menos, el 22 %. Y esto ha venido aumentando con el pasar de los años. También hay que destacar, de acuerdo con nuestros estudios, que el 31 % de las personas creen que los votos no se cuentan correctamente. Esto para decir que baja confianza en la organización electoral ya la hay”, puso de presente Miguel García, codirector del Observatorio, quien insistió que no se puede hablar de un golpe de desconfianza en el sistema electoral por la realidad de los pasados comicios.

Lea más noticias sobre el proceso electoral, las denuncias de irregularidades y otras noticias sobre la Registraduría.

A juicio de García, no podemos hablar de fraude como en 1970 con la elección de Misael Pastrana o en los 50, cuando Laureano Gómez deslegitimó la inscripción de cédulas de los liberales. “Las elecciones en Colombia no han estado ausentes de situaciones de trampa”, reiteró. Esta idea la comparte Santiago Silva, profesor del Departamento de Gobierno y Ciencia Política de Eafit: “Los colombianos tienen una relación compleja con las elecciones. Eso lo muestran mediciones como la Encuesta Mundial de Valores o el Latinobarómetro, en tanto el electorado acá tiene la percepción de compra de votos y clientelismo, factores que llevan a desconfiar del resultado, pero eso no se evidenciaba en el proceso nacional, que se consideraba relativamente transparente”.

Ambos docentes coinciden en que las acciones del registrador, así como la organización del proceso electoral, con o sin fraude, no son ajenas a que la ciudadanía siga alimentando una sensación de desconfianza ya instaurada en algún nivel en su consciente. ¿Y cómo restablecerla de cara a las próximas elecciones? En cuanto a la Registraduría, Silva considera que hay que reentender el concepto de transparencia y responsabilidad. “La transparencia se ha vuelto una palabra muy manoseada, porque creen que ser transparente es contar cosas o poner la información pública. La transparencia está basada, sobre todo, en el hecho de escuchar a las personas y tomar decisiones al respecto, que eso sería la responsabilidad”. Él no se atreve a hablar de la renuncia de Vega, mientras que Miguel García sí invita a la reflexión sobre la responsabilidad política para no desgastar más la legitimidad de la institución. Sin embargo, a dos meses de la primera vuelta presidencial, es delicado pensar en un relevo de la cabeza de la entidad. “Puede ser peor el remedio que la enfermedad, pero eventualmente sí se esperaría una decisión de dar un paso al costado para no sacrificar a la Registraduría”, señaló.

Hay otro factor a favor, y es la disminución de la complejidad de la logística de esa primera vuelta presidencial, pero se deben sumar otras acciones, como la selección de los jurados de votación, su capacitación, las condiciones en las que prestarán ese servicio, el acompañamiento de las instituciones a estos y la practicidad y legibilidad de los formularios que deben llenar ese día, por poner un ejemplo. La tarea no solo la tiene la entidad, sino los actores políticos, especialmente los que continúan en contienda hasta mayo. “También son corresponsables los líderes políticos que están inyectando desconfianza social y esta es destructora y puede jugarles en su contra más adelante en caso se ser gobierno. Hay que tener en cuenta que ellos están buscando protagonismo y lo están encontrando en Twitter, donde no se resuelven las reclamaciones”, concluyó Silva.

¿Qué es la confianza en las instituciones?

El decano de la Escuela de Humanidades de la Universidad Eafit, Adolfo Eslava, describe la confianza como “la decisión de dejar parte de nuestro propio bienestar en manos de otros, por ello, es una moneda de dos caras: vulnerabilidad y responsabilidad. En general, los gobernantes son responsables de gestionar vulnerabilidades”. ¿Y cuál es la vulnerabilidad de la ciudadanía que poner su confianza en gobernantes? La permanencia de la democracia que responda a sus intereses particulares y colectivos. Cuando hay personas en posición de tramitar las vulnerabilidades sin experiencia o “erráticos en sus actuaciones” es cuando se menoscaba en la confianza, “que es difícil de repararla”, recalca Eslava,

Precisamente el tema de la confianza es uno que preocupa al Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que dedicó un informe alrededor de este principio como “la clave de cohesión social y el crecimiento en América Latina y el Caribe”, puesto que la región y sus instituciones son las peores calificadas en el mundo.

Una de las recomendaciones que hace el BID para aumentar la confianza es “eliminar las asimetrías de información que socavan la confianza, y requerir a los organismos del sector público que comuniquen cuidadosamente las decisiones que toman, y que asuman la responsabilidad por esas decisiones y sus consecuencias (...) No hay ningún objetivo colectivo que sea más fundamental que una sociedad que confía y con conciencia cívica”.