Críticas y apoyo al Ejército: presidenciables sobre acción militar en Putumayo

La investigación realizada de forma conjunta por tres medios de comunicación (El Espectador, Revista Cambio y Vorágine) sobre la acción militar en Putumayo el pasado 28 de marzo, ha generado todo tipo reacciones al evidenciar las irregularidades que habría cometido la Fuerza Pública por las que, en medio del operativo para dar con el paradero de “Bruno”, líder de una facción de la disidencia de las Farc denominada Comandos de la Frontera, murieron 11 personas entre las que había civiles y un menor de edad.

>Lea aquí la investigación de El Espectador sobre lo que pasó en Putumayo

Que los militares se identificaron como guerrilleros para atacar a un supuesto grupo de los Comandos de la Frontera, que llegaron vestidos de negro y luego se cambiaron a los habituales uniformes camuflados, y que los cuerpos de los asesinados fueron manipulados para ponerles armas, fueron solo algunas de las revelaciones de la triple publicación a la que reaccionaron la mayoría de candidatos presidenciales.

Uno de los primeros en comentar lo ocurrido en Putumayo fue Sergio Fajardo, candidato presidencial de la Coalición Centro Esperanza. Antes de conocerse la serie de artículos, el exgobernador de Antioquia y exalcalde de Medellín pidió investigar lo sucedido en el operativo, siempre aclarando que en el hecho murieron civiles, como el presidente de la junta de acción comunal de la vereda, Divier Hernández; su esposa, Ana María Sarria, el gobernador indígena Pablo Panduro Coquinche, y un menor de 16 años.

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Fajardo también cuestionó que nadie en el Ejército se ha responsabilizado por lo ocurrido y preguntó que “¿cuánto más hay que esperar para que el presidente, el ministro de Defensa y quienes ordenaron la operación reconozcan el asesinato de civiles en Putumayo?”. Para el candidato presidencial del centro, es necesario cuidar las instituciones, algo que a su juicio “empieza por tener cabezas que asuman responsabilidades y en este caso no está pasando”.

Una vez salió al aire la serie de artículos, el primero en reaccionar fue Gustavo Petro (Pacto Histórico). El candidato que, según la mayoría de encuestas, puntea la intención de voto para la primera vuelta presidencial que se realizará el 29 de mayo se refirió a las críticas que le hizo el ministro de Defensa, Diego Molano, cuando luego de las primeras dudas sobre el operativo Petro dijo que el Ejército había cometido “una masacre de gente pobre en el Putumayo”.

“El ministro de defensa me llamó embustero por criticar su crimen de guerra contra la población del Putumayo. En mi gobierno el honor será el eje de la fuerza pública, el mérito será el camino del ascenso y las armas defenderán libertades y derechos”, escribió el candidato del Pacto Histórico al citar el reportaje elaborado de forma conjunta.

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Aunque fue criticado por no hacer comentario alguno mientras el contenido de la investigación era tendencia en redes sociales, Federico Gutiérrez (Equipo por Colombia) se sumó en la noche del domingo a la petición de indagar lo sucedido en la acción militar, a la vez que manifestó su apoyo al Ejército. “Las Fuerzas Armadas tienen y seguirán teniendo como norte el respeto riguroso a los DDHH. Serán fundamentales en el fortalecimiento de la seguridad y el mejor aliado de la comunidad. Pido a las autoridades investigar con urgencia las denuncias sobre lo ocurrido en el Putumayo”, dijo el también exalcalde de Medellín.

Quien no escatimó en términos para defender la Fuerza Pública, incluso haciendo peligrosos señalamientos contra los periodistas que realizaron la investigación, fue Enrique Gómez, candidato presidencial del Movimiento de Salvación Nacional. El sobrino del inmolado político conservador Álvaro Gómez Hurtado señaló a los comunicadores de haber “asumido las banderas del narcotráfico en demérito de las poblaciones más vulnerables del país” y consideró que hubo descontextualización de los testimonios.

“El contexto con el que presentan la noticia es claramente parcializado y el ministro Molano debe mantenerse y presentar sus expedientes”, aseguró Gómez, quien reiteró sus críticas a los medios de comunicación afirmando que “no son juzgados ni jueces de los valientes hombres que componen las Fuerzas Armadas. El debido proceso debe darse en todas las circunstancias”.

En esa misma vía John Milton Rodríguez, candidato presidencial por Colombia Justa Libres, defendió el debido proceso para los implicados en el operativo. Ante los micrófonos de W Radio, el senador opinó que el ministro Diego Molano debe mantenerse en su cargo y desde allí explicar cómo se dio el operativo. “Me llama la atención es dónde está el grito en el cielo por parte de todos los medios y de las entidades de derechos humanos frente al reclutamiento forzado de menores, dónde está el grito en el cielo de tomar medidas y denunciar cómo se toma población civil como escudos humanos para tratar de impedir la operación efectiva de las Fuerzas Militares”, aseguró.

También se refirió al tema la candidata presidencial por Verde Oxígeno, Ingrid Betancourt, quien pidió despejar toda duda sobre el operativo militar. “Un falso positivo es la violación de derechos humanos más atroz de la historia reciente. No puede haber impunidad. El gobierno tiene que hacer lo necesario para esclarecer. El Estado tiene que protegernos para recuperar la confianza y permitir la reconciliación”, escribió en sus redes sociales.

>VEA: (Imágenes) El operativo militar en Putumayo que se llevó la paz del Alto Remanso

Pero no solo los presidenciables se pronunciaron sobre las revelaciones, sino también exaspirantes a la Presidencia. Uno de ellos fue Juan Manuel Galán, director del Nuevo Liberalismo y quien compitió la primera parte de la carrera hacia la Casa de Nariño en representación de esa colectividad. Galán se refirió también a un hipotético retorno de las prácticas que se calificaron como falsos positivos, resaltando que “fueron 6.402 civiles asesinados por miembros de la fuerza pública entre 2002 y 2008, para ser presentados como ‘bajas en combate’”, y señaló al presidente Iván Duque como “encubridor” en este caso.

Carlos Amaya, otro excompetidor por la Presidencia en representación de la Coalición Centro Esperanza, fue claro en llamar el operativo militar como una injustificable “masacre a manos del Estado” y solicitó al presidente Iván Duque que dé las explicaciones necesarias. También pidió “que el ministro Diego Molano renuncie y las autoridades competentes investiguen con celeridad”.

La investigación realizada de forma conjunta por tres medios de comunicación (El Espectador, Revista Cambio y Vorágine) sobre la acción militar en Putumayo el pasado 28 de marzo, ha generado todo tipo reacciones al evidenciar las irregularidades que habría cometido la Fuerza Pública por las que, en medio del operativo para dar con el paradero de “Bruno”, líder de una facción de la disidencia de las Farc denominada Comandos de la Frontera, murieron 11 personas entre las que había civiles y un menor de edad.

>Lea aquí la investigación de El Espectador sobre lo que pasó en Putumayo

Que los militares se identificaron como guerrilleros para atacar a un supuesto grupo de los Comandos de la Frontera, que llegaron vestidos de negro y luego se cambiaron a los habituales uniformes camuflados, y que los cuerpos de los asesinados fueron manipulados para ponerles armas, fueron solo algunas de las revelaciones de la triple publicación a la que reaccionaron la mayoría de candidatos presidenciales.

Uno de los primeros en comentar lo ocurrido en Putumayo fue Sergio Fajardo, candidato presidencial de la Coalición Centro Esperanza. Antes de conocerse la serie de artículos, el exgobernador de Antioquia y exalcalde de Medellín pidió investigar lo sucedido en el operativo, siempre aclarando que en el hecho murieron civiles, como el presidente de la junta de acción comunal de la vereda, Divier Hernández; su esposa, Ana María Sarria, el gobernador indígena Pablo Panduro Coquinche, y un menor de 16 años.

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Fajardo también cuestionó que nadie en el Ejército se ha responsabilizado por lo ocurrido y preguntó que “¿cuánto más hay que esperar para que el presidente, el ministro de Defensa y quienes ordenaron la operación reconozcan el asesinato de civiles en Putumayo?”. Para el candidato presidencial del centro, es necesario cuidar las instituciones, algo que a su juicio “empieza por tener cabezas que asuman responsabilidades y en este caso no está pasando”.

Una vez salió al aire la serie de artículos, el primero en reaccionar fue Gustavo Petro (Pacto Histórico). El candidato que, según la mayoría de encuestas, puntea la intención de voto para la primera vuelta presidencial que se realizará el 29 de mayo se refirió a las críticas que le hizo el ministro de Defensa, Diego Molano, cuando luego de las primeras dudas sobre el operativo Petro dijo que el Ejército había cometido “una masacre de gente pobre en el Putumayo”.

“El ministro de defensa me llamó embustero por criticar su crimen de guerra contra la población del Putumayo. En mi gobierno el honor será el eje de la fuerza pública, el mérito será el camino del ascenso y las armas defenderán libertades y derechos”, escribió el candidato del Pacto Histórico al citar el reportaje elaborado de forma conjunta.

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Aunque fue criticado por no hacer comentario alguno mientras el contenido de la investigación era tendencia en redes sociales, Federico Gutiérrez (Equipo por Colombia) se sumó en la noche del domingo a la petición de indagar lo sucedido en la acción militar, a la vez que manifestó su apoyo al Ejército. “Las Fuerzas Armadas tienen y seguirán teniendo como norte el respeto riguroso a los DDHH. Serán fundamentales en el fortalecimiento de la seguridad y el mejor aliado de la comunidad. Pido a las autoridades investigar con urgencia las denuncias sobre lo ocurrido en el Putumayo”, dijo el también exalcalde de Medellín.

Quien no escatimó en términos para defender la Fuerza Pública, incluso haciendo peligrosos señalamientos contra los periodistas que realizaron la investigación, fue Enrique Gómez, candidato presidencial del Movimiento de Salvación Nacional. El sobrino del inmolado político conservador Álvaro Gómez Hurtado señaló a los comunicadores de haber “asumido las banderas del narcotráfico en demérito de las poblaciones más vulnerables del país” y consideró que hubo descontextualización de los testimonios.

“El contexto con el que presentan la noticia es claramente parcializado y el ministro Molano debe mantenerse y presentar sus expedientes”, aseguró Gómez, quien reiteró sus críticas a los medios de comunicación afirmando que “no son juzgados ni jueces de los valientes hombres que componen las Fuerzas Armadas. El debido proceso debe darse en todas las circunstancias”.

En esa misma vía John Milton Rodríguez, candidato presidencial por Colombia Justa Libres, defendió el debido proceso para los implicados en el operativo. Ante los micrófonos de W Radio, el senador opinó que el ministro Diego Molano debe mantenerse en su cargo y desde allí explicar cómo se dio el operativo. “Me llama la atención es dónde está el grito en el cielo por parte de todos los medios y de las entidades de derechos humanos frente al reclutamiento forzado de menores, dónde está el grito en el cielo de tomar medidas y denunciar cómo se toma población civil como escudos humanos para tratar de impedir la operación efectiva de las Fuerzas Militares”, aseguró.

También se refirió al tema la candidata presidencial por Verde Oxígeno, Ingrid Betancourt, quien pidió despejar toda duda sobre el operativo militar. “Un falso positivo es la violación de derechos humanos más atroz de la historia reciente. No puede haber impunidad. El gobierno tiene que hacer lo necesario para esclarecer. El Estado tiene que protegernos para recuperar la confianza y permitir la reconciliación”, escribió en sus redes sociales.

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Pero no solo los presidenciables se pronunciaron sobre las revelaciones, sino también exaspirantes a la Presidencia. Uno de ellos fue Juan Manuel Galán, director del Nuevo Liberalismo y quien compitió la primera parte de la carrera hacia la Casa de Nariño en representación de esa colectividad. Galán se refirió también a un hipotético retorno de las prácticas que se calificaron como falsos positivos, resaltando que “fueron 6.402 civiles asesinados por miembros de la fuerza pública entre 2002 y 2008, para ser presentados como ‘bajas en combate’”, y señaló al presidente Iván Duque como “encubridor” en este caso.

Carlos Amaya, otro excompetidor por la Presidencia en representación de la Coalición Centro Esperanza, fue claro en llamar el operativo militar como una injustificable “masacre a manos del Estado” y solicitó al presidente Iván Duque que dé las explicaciones necesarias. También pidió “que el ministro Diego Molano renuncie y las autoridades competentes investiguen con celeridad”.