El financiamiento de las campañas y su costo para la democracia
Cuánto aportará el Estado a las campañas para el Congreso y la Presidencia, cómo se repartirán esos aportes, quiénes no han recibido el apoyo, cuánto pueden aportar los privados, y qué implica todo eso para nuestra democracia. Análisis.
Camilo González*/ Razón Pública / Especial para El Espectador
Un tablero desbalanceado
La democracia como sistema de gobierno no necesariamente garantiza la igualdad de oportunidades entre las varias opciones políticas. El ganador de la competencia electoral suele ser quien tiene mayores recursos en términos de poder, información y dinero.
La financiación pública de las campañas electorales puede ser un instrumento para balancear el tablero y asegurar igualdad de oportunidades entre los competidores. ¿Cómo funciona este sistema de financiación en Colombia y qué se puede mejorar?
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Los principios de la financiación estatal
El régimen colombiano de financiación política es de carácter mixto. Tanto el Estado como las personas o entidades privadas contribuyen a sufragar el costo de las campañas de los distintos candidatos, candidatas y organizaciones políticas que se presentan a las elecciones.
Como en otros países de la región –por ejemplo, Argentina, México y República Dominicana–, en Colombia se asignan los recursos públicos bajo los criterios de equidad y fuerza electoral. Según el primer criterio, los recursos deben repartirse equitativamente entre todos los actores, y según el segundo criterio esta asignación es proporcional al caudal de votos obtenidos por cada colectividad política.
Estos dos criterios son la base de las leyes 996 de 2005 y 1475 de 2011, que regulan el origen y los topes de financiación en las elecciones presidenciales y legislativas, respectivamente.
El régimen colombiano
Sobre el origen, la legislación indica que los aportes estatales pueden hacerse mediante anticipos o reposición de votos. En el caso de las elecciones presidenciales de 2022, el anticipo se estableció en un poco más de $7.000 millones para la primera vuelta y un poco más de $4.000 millones para la segunda.
En el caso de las elecciones legislativas, la ley establece que las organizaciones políticas pueden solicitar un aporte de hasta el 80 % para la financiación de sus campañas. Para 2022, dicho anticipo ha sido solicitado por diez organizaciones, por un monto total cercano a los $15.000 millones.
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Por otra parte, la reposición es un pago o reembolso por cada voto obtenido en el certamen electoral. En el caso de las presidenciales, se exige que el candidato o candidata obtenga al menos un 4 % del total de los votos válidos, mientras que para las listas al Congreso se necesita obtener por lo menos la mitad del umbral establecido para la elección.
En cifras, esto significa que a los candidatos presidenciales les pagan, por cada voto, $3.126 en primera vuelta y $1.156 en la segunda. En el caso del Congreso, la reposición del voto se tasó en $6.140. Aquellos que no acceden a la financiación estatal recibirán $6.372 bajo el mismo esquema.
Además de lo anterior, la ley permite que los particulares financien campañas políticas, pero limita la contribución de personas naturales, jurídicas y aportes propios de los candidatos y familiares. En el caso del Congreso, el total de las donaciones particulares no puede superar el 10% del total de la campaña, salvo los aportes del propio candidato y sus familiares, para los cuales no se establece un límite. En el caso de los candidatos presidenciales, los aportes propios o de sus familiares se limitan al 4 % del costo de la campaña. Además, se prohíben las donaciones de personas jurídicas y se limitan las de personas naturales al 20 % del total invertido en la campaña (Art. 14, de la Ley 996/2005 revisado por la CC (Sentencia C-1153, 2005)).
De todo lo anterior resulta que este año las campañas de los aspirantes al Senado no podrán costar más de $96.215 millones; las de los aspirantes a la Cámara, más de $2.641 millones, y las de los candidatos presidenciales, un poco más de $27.000 millones. En caso de existir una segunda vuelta, el tope de financiamiento será de casi $13.000 millones.
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Un árbitro insuficiente
El garante de las reglas anteriores es el Consejo Nacional Electoral (CNE), un “árbitro” encargado de asignar y vigilar el financiamiento de las campañas. Este debe verificar el cumplimiento de los requisitos legales y contables de las organizaciones políticas que soliciten aportes estatales, para lo cual se apoya en el Fondo Nacional de Financiamiento de Partidos y Campañas Políticas. Este fondo centraliza las investigaciones del CNE y la información relacionada con el pago de recursos estatales para el reconocimiento y reposición de los gastos electorales.
Aunque Colombia cuenta con estas instituciones, la efectividad de los controles y las sanciones sigue siendo dudosa o escasa. Peor todavía, los aportes privados siguen siendo la principal fuente de financiación para la mayor parte de los candidatos. Y estos hechos, naturalmente, desequilibran el tablero electoral y desmejoran la calidad de nuestra democracia. Dado que los candidatos quedan comprometidos con los privados que aportaron a sus campañas, las demandas comunitarias pierden fuerza y se debilita la representación democrática.
Las victimas sin recursos
Como resultado del acuerdo con las Farc, en estas elecciones las víctimas del conflicto armado tendrán representación en el Congreso. Las 16 Circunscripciones Especiales Transitorias de Paz de la Cámara de Representantes se integraron al sistema electoral mediante el Acto Legislativo 02 de 2021.
El próximo 13 de marzo, los habitantes de 167 municipios más afectados por la violencia votarán por las personas que ocuparán estas curules. Un total de 398 candidatos fueron inscritos por organizaciones de víctimas, campesinas, sociales, o de mujeres, por grupos significativos de ciudadanos, por los consejos comunitarios, y por los resguardos o autoridades indígenas. El Acto Legislativo estableció que la financiación será predominantemente estatal y distribuida en partes iguales entre los candidatos inscritos. El sistema es el mismo que el de la Cámara de Representantes, o sea que los anticipos y las reposiciones de votos tienen los mismos límites.
Sin embargo, a poco menos de dos semanas de las elecciones, ninguna organización política ha recibido los anticipos para financiar su campaña. En Arauca, Norte de Santander, Chocó y Montes de María se han denunciado demoras en el aporte estatal para apoyar el ejercicio electoral de las víctimas.
Sobre estos reclamos, el CNE argumenta que el desembolso no se ha realizado debido a que las listas no han reunido la documentación necesaria. Particularmente, el ente electoral afirma que estas organizaciones no han aportado las pólizas que se exigen para todas las listas, pues las corporaciones financieras se han negado a otorgarlas.
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Por eso, a falta de recursos estatales, otros actores aparecen en el horizonte. Consolidar la democracia en Colombia, especialmente en zonas donde persiste la violencia, es un reto que sigue vigente. Estas elecciones pueden verse afectadas por un alto nivel de abstención o por la coacción de grupos armados.
La democracia cuesta, pero no debería costar la integridad física ni la vida. El único riesgo que debería correr un candidato es el de ser elegido.
* Profesor e investigador en la Universidad Sergio Arboleda, editor del medio digital Visión Global, magíster en Ciencia Política de la Universidad de Salamanca y profesional en Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Sergio Arboleda.
Un tablero desbalanceado
La democracia como sistema de gobierno no necesariamente garantiza la igualdad de oportunidades entre las varias opciones políticas. El ganador de la competencia electoral suele ser quien tiene mayores recursos en términos de poder, información y dinero.
La financiación pública de las campañas electorales puede ser un instrumento para balancear el tablero y asegurar igualdad de oportunidades entre los competidores. ¿Cómo funciona este sistema de financiación en Colombia y qué se puede mejorar?
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Los principios de la financiación estatal
El régimen colombiano de financiación política es de carácter mixto. Tanto el Estado como las personas o entidades privadas contribuyen a sufragar el costo de las campañas de los distintos candidatos, candidatas y organizaciones políticas que se presentan a las elecciones.
Como en otros países de la región –por ejemplo, Argentina, México y República Dominicana–, en Colombia se asignan los recursos públicos bajo los criterios de equidad y fuerza electoral. Según el primer criterio, los recursos deben repartirse equitativamente entre todos los actores, y según el segundo criterio esta asignación es proporcional al caudal de votos obtenidos por cada colectividad política.
Estos dos criterios son la base de las leyes 996 de 2005 y 1475 de 2011, que regulan el origen y los topes de financiación en las elecciones presidenciales y legislativas, respectivamente.
El régimen colombiano
Sobre el origen, la legislación indica que los aportes estatales pueden hacerse mediante anticipos o reposición de votos. En el caso de las elecciones presidenciales de 2022, el anticipo se estableció en un poco más de $7.000 millones para la primera vuelta y un poco más de $4.000 millones para la segunda.
En el caso de las elecciones legislativas, la ley establece que las organizaciones políticas pueden solicitar un aporte de hasta el 80 % para la financiación de sus campañas. Para 2022, dicho anticipo ha sido solicitado por diez organizaciones, por un monto total cercano a los $15.000 millones.
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Por otra parte, la reposición es un pago o reembolso por cada voto obtenido en el certamen electoral. En el caso de las presidenciales, se exige que el candidato o candidata obtenga al menos un 4 % del total de los votos válidos, mientras que para las listas al Congreso se necesita obtener por lo menos la mitad del umbral establecido para la elección.
En cifras, esto significa que a los candidatos presidenciales les pagan, por cada voto, $3.126 en primera vuelta y $1.156 en la segunda. En el caso del Congreso, la reposición del voto se tasó en $6.140. Aquellos que no acceden a la financiación estatal recibirán $6.372 bajo el mismo esquema.
Además de lo anterior, la ley permite que los particulares financien campañas políticas, pero limita la contribución de personas naturales, jurídicas y aportes propios de los candidatos y familiares. En el caso del Congreso, el total de las donaciones particulares no puede superar el 10% del total de la campaña, salvo los aportes del propio candidato y sus familiares, para los cuales no se establece un límite. En el caso de los candidatos presidenciales, los aportes propios o de sus familiares se limitan al 4 % del costo de la campaña. Además, se prohíben las donaciones de personas jurídicas y se limitan las de personas naturales al 20 % del total invertido en la campaña (Art. 14, de la Ley 996/2005 revisado por la CC (Sentencia C-1153, 2005)).
De todo lo anterior resulta que este año las campañas de los aspirantes al Senado no podrán costar más de $96.215 millones; las de los aspirantes a la Cámara, más de $2.641 millones, y las de los candidatos presidenciales, un poco más de $27.000 millones. En caso de existir una segunda vuelta, el tope de financiamiento será de casi $13.000 millones.
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Un árbitro insuficiente
El garante de las reglas anteriores es el Consejo Nacional Electoral (CNE), un “árbitro” encargado de asignar y vigilar el financiamiento de las campañas. Este debe verificar el cumplimiento de los requisitos legales y contables de las organizaciones políticas que soliciten aportes estatales, para lo cual se apoya en el Fondo Nacional de Financiamiento de Partidos y Campañas Políticas. Este fondo centraliza las investigaciones del CNE y la información relacionada con el pago de recursos estatales para el reconocimiento y reposición de los gastos electorales.
Aunque Colombia cuenta con estas instituciones, la efectividad de los controles y las sanciones sigue siendo dudosa o escasa. Peor todavía, los aportes privados siguen siendo la principal fuente de financiación para la mayor parte de los candidatos. Y estos hechos, naturalmente, desequilibran el tablero electoral y desmejoran la calidad de nuestra democracia. Dado que los candidatos quedan comprometidos con los privados que aportaron a sus campañas, las demandas comunitarias pierden fuerza y se debilita la representación democrática.
Las victimas sin recursos
Como resultado del acuerdo con las Farc, en estas elecciones las víctimas del conflicto armado tendrán representación en el Congreso. Las 16 Circunscripciones Especiales Transitorias de Paz de la Cámara de Representantes se integraron al sistema electoral mediante el Acto Legislativo 02 de 2021.
El próximo 13 de marzo, los habitantes de 167 municipios más afectados por la violencia votarán por las personas que ocuparán estas curules. Un total de 398 candidatos fueron inscritos por organizaciones de víctimas, campesinas, sociales, o de mujeres, por grupos significativos de ciudadanos, por los consejos comunitarios, y por los resguardos o autoridades indígenas. El Acto Legislativo estableció que la financiación será predominantemente estatal y distribuida en partes iguales entre los candidatos inscritos. El sistema es el mismo que el de la Cámara de Representantes, o sea que los anticipos y las reposiciones de votos tienen los mismos límites.
Sin embargo, a poco menos de dos semanas de las elecciones, ninguna organización política ha recibido los anticipos para financiar su campaña. En Arauca, Norte de Santander, Chocó y Montes de María se han denunciado demoras en el aporte estatal para apoyar el ejercicio electoral de las víctimas.
Sobre estos reclamos, el CNE argumenta que el desembolso no se ha realizado debido a que las listas no han reunido la documentación necesaria. Particularmente, el ente electoral afirma que estas organizaciones no han aportado las pólizas que se exigen para todas las listas, pues las corporaciones financieras se han negado a otorgarlas.
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Por eso, a falta de recursos estatales, otros actores aparecen en el horizonte. Consolidar la democracia en Colombia, especialmente en zonas donde persiste la violencia, es un reto que sigue vigente. Estas elecciones pueden verse afectadas por un alto nivel de abstención o por la coacción de grupos armados.
La democracia cuesta, pero no debería costar la integridad física ni la vida. El único riesgo que debería correr un candidato es el de ser elegido.
* Profesor e investigador en la Universidad Sergio Arboleda, editor del medio digital Visión Global, magíster en Ciencia Política de la Universidad de Salamanca y profesional en Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Sergio Arboleda.