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A menos de un mes para las elecciones legislativas del 13 de marzo, en las que además se votarán las consultas interpartidistas, este jueves la Defensoría del Pueblo advirtió que en 274 municipios del país –es decir, en al menos una de cada cinco poblaciones de Colombia– hay riesgo extremo y alto de vulneración de derechos contra los ciudadanos.
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Según el organismo, que emitió la Alerta 004 de 2022, se han identificado municipios y áreas no municipalizadas en los 32 departamentos donde hay riesgo electoral, principalmente por la incidencia de grupos armados ilegales. Se estima que, del total de poblaciones en alerta, 79 cuentan con riesgo extremo, 195 en riesgo alto, 186 en riesgo medio y 61 en riesgo bajo.
De acuerdo con la Defensoría, hay alerta por eventuales paros armados, planes pistola, amenazas, ataques a miembros de la fuerza pública y agresiones contra participantes de la elección, como grupos políticos, población víctima en circunscripciones especiales, defensores de derechos humanos, funcionarios públicos, pueblos étnicos, nuevas expresiones políticas o excombatientes de las Farc.
La alerta señala que los departamentos con mayor número de municipios con riesgo extremo son Cauca (16), Nariño (14), Chocó (9), Norte de Santander (8), Antioquia (7), Caquetá (6) y Tolima y Arauca (4).
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Llama la atención que, del total de poblaciones en riesgo, una de cada tres (es decir, el 32 %) corresponde a zonas de Circunscripciones Transitorias Especiales para la Paz (CTEP), en las que se participará para escoger las curules de paz. “En los 167 municipios de 19 departamentos que hacen parte de estas zonas, 70 fueron identificados como riesgo extremo, 67 riesgo alto, 23 riesgo medio y 7 riesgo bajo”, dice el informe.
Ante ello, el defensor del Pueblo, Carlos Camargo, instó al Gobierno Nacional a tomar acciones preventivas “de forma urgente” para contrarrestar el riego e impulsar la respuesta rápida y efectiva de sus instituciones.
“Con este informe lo que se busca es dinamizar la acción preventiva del Estado e impulsar la respuesta rápida y efectiva de toda la institucionalidad ante los riesgos que se advierten sobre la posible comisión de conductas vulneratorias a los derechos fundamentales y a la acción de grupos armados ilegales, que puedan afectar, entre otros, el derecho a elegir y ser elegido, a la participación democrática de la población civil, a la vida, libertad, integridad, seguridad y al Derecho Internacional Humanitario (DIH)”, explicó el funcionario.
El defensor hizo un llamado especial a extremar las medidas para las curules de paz, no solo en la elección, sino también luego de conocer los nombres de quienes resulten ganadores en los comicios, instando a que el Ejecutivo les bride garantías para el ejercicio de sus nuevos espacios democráticos en zonas con riesgo muy alto.
“Estamos a menos de un mes de las primeras elecciones y debemos rodear este proceso democrático protegiendo, especialmente, los derechos de los más vulnerables, para que puedan participar en él. Muchas veces la democracia, el acto de elegir o ser elegido, es una de las pocas cosas que les quedan a estas poblaciones y por eso hay que desplegar todas las acciones necesarias que prevengan hechos que vulneren ese derecho y que los violentos tienen el interés de patrocinar y cometer”, precisó el funcionario.