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¿Cuál es su balance de los primeros cuatro años de Comunes, expartido FARC, en el Congreso?
Tiene claroscuros. Lo más difícil ha sido la estigmatización y señalamiento del Gobierno contra los firmantes del Acuerdo de Paz. Eso nos ha puesto frente a la opinión pública en una posición contraria al espíritu del acuerdo. El resto de partidos jugaron un papel importante para generar condiciones para nuestra presencia en el Congreso y logramos una interlocución política con otras bancadas. Estos años han sido de conocer el Congreso y cuál puede ser el papel que debe jugar un partido de oposición apenas llega al escenario político. Ha sido novedoso aprender la técnica legislativa y ver cómo funcionan las dinámicas de construcción de consensos y mayorías.
Hemos tenido que entender la necesidad de capacitarnos más, de conocer más a fondo cómo funciona el Estado. De manera que habrá cosas positivas y negativas, pero diría que hemos logrado abrirnos un espacio de interlocución con las otras fuerzas y eso para nosotros ha sido decisivo.
En 2018 no tuvieron más de 100.000 votos. ¿Qué previsión tienen esta vez en cuanto a curules y conformación del Congreso?
Fijamos una meta modesta: duplicar esa votación. Eso, teniendo en cuenta nuestra realidad, la estigmatización, la carga negativa que todavía pesa por el conflicto, las dificultades económicas y las condiciones de inseguridad que nos impiden recorrer el país. Estamos optimistas. Hemos visto una situación distinta a la que vivimos en 2018, cuando recién estábamos dejando las armas y la extrema derecha se puso como propósito impedir nuestra campaña. Fuimos agredidos, fuimos sometidos a la estigmatización, e incluso actos violentos que nunca la justicia sancionó teniendo pruebas suficientes de quienes estaban detrás de esas provocaciones. Hoy, por el contrario, hemos encontrado más aceptación.
¿A cuáles temas le apostarán con fuerza en el próximo cuatrienio?
Vamos a seguir insistiendo en la reforma política y en la necesidad de que se avance en los contenidos del Acuerdo de Paz. En ese sentido, el proyecto de tratamiento penal diferencial porque hay 99.000 familias que firmaron acuerdos con el Estado de sustitución voluntaria y no se les está cumpliendo.
El proyecto del tratamiento penal diferencial soluciona un problema gravísimo porque estas familias son confesas de que estaban incurriendo en un delito que era de cultivos, creyeron en la palabra del Estado, firmaron este acuerdo y hoy en día están en un limbo jurídico que nos parece sumamente grave.
La renta básica es una necesidad. Los informes que se conocen, de cómo está aumentando la pobreza, la miseria y el hambre en nuestro país son preocupantes y creo que ahí debe centrarse también la atención del Legislativo en este periodo.
Puntualmente, ¿cómo han evidenciado la estigmatización que menciona?
El principal responsable de eso es Iván Duque y su bancada. Durante estos cuatro años se han referido constantemente a nosotros como “criminales”, “asesinos” y llamando incluso a la JEP, en un abuso de poder, a imponernos sanciones. Es algo que no le corresponde. Es el presidente, no un tribunal, y le cabe una responsabilidad enorme. Duque no puede ignorar que una frase suya puede convertirse casi en una orden de disparo en los territorios, así esa no sea propiamente su intención.
Uno de los temas más complejos fue el poco avance en la implementación del Acuerdo de Paz. ¿Qué harán para promoverla?
El último informe que conocimos dice que el 56 % de las leyes que faltan por tramitar tienen relación con la reforma rural integral. Hay que hacer un esfuerzo enorme, porque no tiene justificación que un país con 40 millones de hectáreas aptas para cultivo esté ad portas de padecer hambre. El Gobierno está acelerando la importación de alimentos y el camino es el contrario: aumentar la productividad de alimentos en Colombia, pero eso pasa por implementar la reforma rural integral.
Según la Defensoría, hay excombatientes en permanente riesgo en 521 municipios. ¿Cómo cumplirles lo acordado en La Habana?
El Gobierno redujo esa discusión a esquemas de seguridad, carros blindados, chalecos y escoltas. Es una medida necesaria, es la más inmediata para los casos críticos, pero no es la solución. El gran problema es la incapacidad del Estado de ejercer su presencia no solo a través de la Fuerza Pública en los territorios. El Acuerdo de Paz es una hoja de ruta para que, por primera vez en la historia, el Estado tenga el control del territorio, la justicia, la hacienda pública y el monopolio del uso de la fuerza y las armas. Duque desperdició la oportunidad de avanzar en esos objetivos.
A mediano y largo plazo, lo que va a traer seguridad no solamente para los firmantes de la paz, sino también para los líderes sociales, ambientales y defensores de los derechos humanos, es la implementación integral del Acuerdo de Paz, porque transformaría la realidad de esos territorios y le quitaría la base sobre la que hoy en día surgen, se multiplican y se fortalecen esas organizaciones armadas.
¿Qué tanto incidió la división de Comunes en la conformación de listas y la campaña?
El Consejo de Estado nos dio la razón a las direcciones del partido en que en la Asamblea Nacional del año pasado que hizo modificaciones estatutarias, como el cambio de nombre del partido y sentó las bases de la designación de quienes se iban a postular en las listas al Congreso, fue legal.
Eso deja en firme esas decisiones. Los demandantes (Victoria Sandino, Benkos Biohó, Joaquín Gómez, entre otros) agotaron sus recursos, lo que deja en firme esa asamblea y las decisiones que se han tomado a partir de ahí y que permitieron zanjar una discusión interna que nos tenía enredados, que no nos dejaba trabajar y nos estaba sometiendo a un desgaste.
Desde el punto de vista jurídico, ya es una realidad que no tiene otro recurso de ley. Aspiramos a que haber resuelto esas discusiones internas se refleje en el resultado electoral. Ellos tienen sus propias opiniones y tomarán sus propias decisiones, pero es un tema saldado y nos deja con las manos más sueltas para hacer lo que tiene que hacer un partido: no discutir internamente, sino hacer propuestas al país.
¿Qué le responde a quienes dicen que se dejaron “contaminar” de las luchas de egos, peleas internas y en general de la política tradicional, contra la que se supone iban a oponerse?
La dura realidad de nuestro aterrizaje a la vida política legal es que mientras duramos 53 años en la guerra, la necesidad de la simple supervivencia y la rigurosidad de la guerra tuvo unida la organización, sin decir que no había debate al interior de las Farc. Allá teníamos estipulada la necesidad de direcciones colectivas, precisamente para enriquecer el debate y que las decisiones que se tomaran fueran justas. Lo malo no es el debate, ni la discrepancia de ideas, porque esa es la esencia de un partido revolucionario como el nuestro, donde por principio cuestionamos y estamos acostumbrados a argumentar. Pero lo malo es cuando, por ambiciones personales e intereses individuales, se quiere desconocer la decisión de las mayorías.
Retirándose de lo que ha sido nuestra tradición, esas discusiones ya no se hacen internamente, sino que son llevadas a las redes sociales y los medios. Y ahí esos compañeros se dejaron llevar por ese ambiente que se da en la discusión política al interior de todos los partidos.
¿Cómo piensan mantener a futuro la personería jurídica de Comunes?
El Estado pactó con nosotros y en el punto de la de la apertura democrática, y por recomendación de la misión electoral especial, hay que buscar la forma de que los partidos, movimientos y grupos significativos de ciudadanos puedan desplegar su actividad sin tener sobre su cabeza la espada de Damocles de la personería jurídica. Separar la personería jurídica del umbral de votación es una necesidad de apertura política y eso hay que cumplirlo. Es un compromiso del Estado. Pero, hoy en día podemos ir más allá y en la sentencia de la Corte Constitucional que restablece la personería jurídica del Nuevo Liberalismo se le ordena al Congreso legislar para desarrollar ese compromiso del Estado que está contenido en el acuerdo.
No tengo la menor duda de en 2026 vamos a tener una realidad jurídica y política distinta, que va a permitir que Comunes y los otros partidos no vean amenazada su existencia por alcanzar un umbral. Eso no tiene ninguna justificación a la luz de una país que debe buscar y avanzar hacia una democracia más amplia y participativa.
¿Por qué no fueron a la contienda presidencial con candidato propio? ¿Apoyarán al Pacto Histórico?
Ante la realidad de que las grandes coaliciones son las que están en el juego por la Presidencia, desde el momento en que surgió el Pacto Histórico nos expresamos a favor de esa alianza. Hemos tenido muchas dificultades y limitaciones en la estructuración del partido. No vimos condiciones para lanzar un candidato propio, pero aspiramos luego del 13 de marzo a tener presencia dentro del Pacto Histórico. Se requiere un bloque social y político histórico que asuma las tareas pendientes por la no implementación del acuerdo, que lleve a Colombia hacia una paz completa y el desmonte del modelo económico neoliberal. Somos una fuerza parlamentaria no despreciable, con cinco escaños en Senado y cinco en Cámara.
De allá nos respondieron que era bien recibido ese pronunciamiento, pero la verdad hasta hoy no hemos encontrado una disposición para invitarnos a las discusiones internas. Nosotros estamos decididos a que nos vamos a mantener y somos conscientes de que una propuesta política no puede ser coyuntural para unas elecciones.
¿Han estado en las discusiones internas del Pacto Histórico, como las alianzas, la Vicepresidencia y demás?
En el Pacto Histórico hay un grupo de dirigentes muy inconsecuente. Se expresan en defensa de la paz, pero siguen permeados por la idea de que estar a nuestro lado les va a quitar votos. Es una inconsecuencia gravísima en un tema sustancial. Me he reunido con varios de ellos y hay matices. El consenso al que se llegó es que nosotros tenemos las curules, que el Pacto Histórico era para elaborar listas al Congreso y que esperemos al momento de la elección presidencial. Era una forma decente de decirnos no, pero nuestra posición es que no vamos a hacer de esto un problema personal e insalvable.
Insistimos que ahí está el escenario en el que creemos que vamos a estar. Hemos aprendido también que la política y la guerra son problemas que se resuelven de la misma manera, por la fuerza: uno por la fuerza de los apoyos y otro por la fuerza de las armas. Hemos entendido que es importante que nos volvamos necesarios y estamos seguros de que vamos a estar presentes en ese proceso.
¿Qué tanto les pueden afectar las revelaciones sobre Piedad Córdoba?
No veo por qué a nosotros. En ese momento estábamos en la confrontación y fuera de la ley, de manera que no creo que pueda afectarnos para nada. Estamos respondiendo por lo que pasó en el conflicto. La discusión se ha enfilado sobre la figura de Piedad Córdoba, y a eso me refería cuando hablaba de la judicialización de la política, pero esperamos que eso se aclare y se entienda que ese movimiento que lideró por la liberación de los secuestrados tenía una intención humanitaria.
Ingrid Betancourt también se ha ido lanza en ristre contra las Farc. ¿Cómo lo interpreta?
Hemos sido muy cuidadosos para referinos a ella, porque es una víctima. Cualquier cosa que se diga, buena o mala, sonará como que la estamos revictimizando. Ella está en el escenario político y tiene una aspiración legítima. Le hemos propuesto reunirnos hace mucho tiempo, incluso desde que estábamos en La Habana, pero ella no ha aceptado y desde luego respetamos esa decisión.
¿Qué sensación le deja hasta ahora la campaña?
Preocupa la judicialización de la política. Hay muchos señalamientos y, pueden o no tener validez, pero preocupa que el debate no se centra en ideas sino en esos temas.
Y en términos generales, ¿cómo ve la campaña tanto a Congreso como a Presidencia?
La preocupación sigue siendo la compraventa de votos y la cantidad de dinero que circula en las campañas. Es prácticamente incontrolable por parte del Estado. Mientras no se desmonte eso, las campañas no van a reflejar la realidad de la opinión libre de las mayorías. También, y en eso los medios juegan un papel decisivo, la campaña se está centrando en discusiones no esenciales. No está en debate el modelo económico, la reforma política o a la justicia.
Mucho se ha dicho sobre la falta de garantías en la campaña. ¿Para usted las hay?
Ninguna. Hacer campaña en ciertos territorios es imposible. Nos hemos visto limitados a hacer campaña en redes sociales y las grandes ciudades.
¿Qué opina de la “venezonalización”, una vez más, de la campaña electoral?
Es un recurso al que históricamente han recurrido los políticos en Colombia, sobre todo de la élite dominante. A falta de propuestas y alternativas, queriendo enmascarar su responsabilidad en la situación del país, buscan fantasmas para motivar el voto. Ahí no hay nada nuevo y cada vez es más desgastante, porque la gente ya no cree. Hay una realidad en la calle que es el desempleo, el hambre, la miseria y falta de oportunidades y será muy difícil taparla con ese tipo de fantasmas.
¿Por qué en Colombia persiste el miedo a la izquierda?
Somos el único país de la región que no ha tenido un gobierno de izquierda, ni siquiera demócrata. En buena medida porque en Colombia la existencia del conflicto armado jugó un papel determinante. La violencia siempre ha sido parte del ejercicio político y siento que la firma del Acuerdo de Paz, al retirar las armas y la organización armada más grande de la política, hizo que empezaran a emerger problemas que el conflicto mantenía velados. Eso se está expresando en las movilizaciones y en el despertar de las fuerzas sociales. Petro ha logrado canalizar eso y en unos meses podamos podríamos posesionar al primer presidente progresista y demócrata.
Eso muestra que acertamos cuando concluimos que el conflicto se había convertido en el soporte fundamental del régimen de dominación, y que quitando esa arma de la guerra íbamos a posibilitar el emerger de fuerzas sociales y políticas.
