Irregularidades en elecciones: piden que se estudie nombrar un registrador ad hoc
Con miras a la primera vuelta presidencial del próximo 29 de mayo, varias organizaciones alertaron que el registrador Alexander Vega no ofrece seguridad jurídica, por lo que sugirieron que las altas cortes podrían estudiar nombrar un funcionario que, de manera transitoria, haga vigilancia al proceso.
Al hacer un recuento de las presuntas irregularidades que se presentaron durante las pasadas elecciones legislativas del pasado 13 de marzo, una alianza de veeduría electoral pidió a las altas cortes que, con miras a la primera y segunda vuelta presidencial, se nombre un registrador ad hoc en remplazo de Alexander Vega.
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La alianza, conformada por la Fundación Paz y Reconciliación, el Extituto de Política Abierta y el Instituto Anticorrupción, responsabilizó al registrador de lo ocurrido en desarrollo de los comicios y sostuvo que un funcionario que lo remplace durante las elecciones presidenciales favorecería la legitimidad del proceso.
“La situación es tan dramática que habría la posibilidad de que las cortes estudiaran la posibilidad de un registrador ad hoc, al menos para estos dos eventos electorales. Sería un mensaje muy fuerte, para no dejarlo en la voluntad del registrador, porque mucha gente le ha pedido la renuncia, pero en Colombia nadie renuncia en los escándalos más grandes”, explicó León Valencia, director de la Fundación Paz y Reconciliación.
Según denunció la alianza, que ha venido haciendo seguimiento y monitoreo a las supuestas irregularidades, se han presentado dificultades en procesos como la selección de jurados de votación, la inscripción de cédulas e identificación biométrica, así como aparentes extralimitaciones del registrador.
“Es un desastre, para empezar, que se hayan reconocido por parte del registrador dificultades o irregularidades en 23.000 de las 112.000 mesas de votación instaladas en el país para el Congreso de la República y que se esté echando la culpa parcialmente a los jurados de votación, cuando hay errores dentro del proceso de diseño de material electoral, como los E-14, la capacitación y el escrutinio”, explicaron.
A lo anterior, se suman dificultades en la página web de la Registraduría para la inscripción de cédulas. Se estima, denunciaron con base en registros de la propia Registraduría, que 800.000 ciudadanos no pudieron ejercer su derecho al voto al no poder inscribir su documento.
También, el supuesto hackeo que, en pleno desarrollo de los comicios, denunció el registrador: “Vega tiene una actitud de absoluta irresponsabilidad, porque lo que primero dijo fue que se había presentado un hackeo de la web de la Registraduría, luego la Fiscalía dijo que no hubo sabotaje”, señalaron, insistiendo en que hay inseguridad jurídica con el registrador y que hay irresponsabilidad en sus declaraciones públicas.
Por otro ello, cuestionaron que contra Alexander Vega no haya un proceso disciplinario o una investigación judicial en curso para determinar su eventual responsabilidad en lo ocurrido. Ante eso, interpusieron una queja ante la Procuraduría advirtiendo que hubo faltas graves como omisión al principio de planeación (ante las dificultades para la inscripción de cédulas), extralimitación (por hablar de supuestos ataques informáticos) y su intención de solicitar un reconteo, “cuando no está contemplado por la ley y no hace parte de sus funciones”.
Al hacer un recuento de las presuntas irregularidades que se presentaron durante las pasadas elecciones legislativas del pasado 13 de marzo, una alianza de veeduría electoral pidió a las altas cortes que, con miras a la primera y segunda vuelta presidencial, se nombre un registrador ad hoc en remplazo de Alexander Vega.
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La alianza, conformada por la Fundación Paz y Reconciliación, el Extituto de Política Abierta y el Instituto Anticorrupción, responsabilizó al registrador de lo ocurrido en desarrollo de los comicios y sostuvo que un funcionario que lo remplace durante las elecciones presidenciales favorecería la legitimidad del proceso.
“La situación es tan dramática que habría la posibilidad de que las cortes estudiaran la posibilidad de un registrador ad hoc, al menos para estos dos eventos electorales. Sería un mensaje muy fuerte, para no dejarlo en la voluntad del registrador, porque mucha gente le ha pedido la renuncia, pero en Colombia nadie renuncia en los escándalos más grandes”, explicó León Valencia, director de la Fundación Paz y Reconciliación.
Según denunció la alianza, que ha venido haciendo seguimiento y monitoreo a las supuestas irregularidades, se han presentado dificultades en procesos como la selección de jurados de votación, la inscripción de cédulas e identificación biométrica, así como aparentes extralimitaciones del registrador.
“Es un desastre, para empezar, que se hayan reconocido por parte del registrador dificultades o irregularidades en 23.000 de las 112.000 mesas de votación instaladas en el país para el Congreso de la República y que se esté echando la culpa parcialmente a los jurados de votación, cuando hay errores dentro del proceso de diseño de material electoral, como los E-14, la capacitación y el escrutinio”, explicaron.
A lo anterior, se suman dificultades en la página web de la Registraduría para la inscripción de cédulas. Se estima, denunciaron con base en registros de la propia Registraduría, que 800.000 ciudadanos no pudieron ejercer su derecho al voto al no poder inscribir su documento.
También, el supuesto hackeo que, en pleno desarrollo de los comicios, denunció el registrador: “Vega tiene una actitud de absoluta irresponsabilidad, porque lo que primero dijo fue que se había presentado un hackeo de la web de la Registraduría, luego la Fiscalía dijo que no hubo sabotaje”, señalaron, insistiendo en que hay inseguridad jurídica con el registrador y que hay irresponsabilidad en sus declaraciones públicas.
Por otro ello, cuestionaron que contra Alexander Vega no haya un proceso disciplinario o una investigación judicial en curso para determinar su eventual responsabilidad en lo ocurrido. Ante eso, interpusieron una queja ante la Procuraduría advirtiendo que hubo faltas graves como omisión al principio de planeación (ante las dificultades para la inscripción de cédulas), extralimitación (por hablar de supuestos ataques informáticos) y su intención de solicitar un reconteo, “cuando no está contemplado por la ley y no hace parte de sus funciones”.