Miguel Uribe acusa de parcializado a magistrado del Consejo Nacional Electoral
El candidato al Senado y cabeza de lista por el Centro Democrático dice que Luis Guillermo Pérez es socio político de Gustavo Petro y busca restringir su derecho a la libertad de expresión, al interponer una solicitud para que se investigara una valla de Uribe.
Las vallas y la publicidad en estas elecciones no han estado exenta de polémica. El capítulo más reciente es entre Miguel Uribe, cabeza de lista del Senado por el Centro Democrático, y el magistrado del Consejo Nacional Electoral (CNE), Luis Guillermo Pérez, quien pidió investigar a Uribe por un aviso haciendo campaña contra Gustavo Petro y el Pacto Histórico.
Tras la solicitud de Pérez, el candidato uribista lo acusó de parcializado y de socio de Petro. “Me acabo de enterar por medios de comunicación que el magistrado Pérez, cercano a Gustavo Petro, Piedad Córdoba, es decir, a todo el petrismo, pretende censurar mi derecho a la libertad de expresión. Mucho más en una contienda electoral donde tenemos que desenmascarar a los enemigos de la democracia y la libertad”, dijo en primera instancia.
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Lo que más cuestionó fue una decisión anterior de Pérez con relación a otra valla política que mencionaba a Karen Abudinen, exministra de las TIC. “Él es el mismo magistrado que se negaba a que Katherine Miranda bajara las vallas en contra de la exministra de Comunicaciones, porque, según él, no vulneraba ningún derecho, pero ahora le parece muy conveniente acusarme a mí y promover una queja por iniciativa propia para hacerme bajar una valla que desenmascara a sus socios políticos”, señaló como denuncia.
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A lo que se refiere es al salvamento de voto de Pérez con el que se apartó la decisión mayoritaria de la Sala Plena del CNE de ordenar a la candidata Miranda, de la Alianza Verde, partido de oposición, retirar sus vallas que usan “abudinear” como sinónimo de robar. Situación que hace alusión al caso de la exministra y Centros Poblados, en el que se perdieron $70.000 millones.
El argumento de Pérez en su salvamento de voto fue la protección de la libertad de expresión.
Cosa que, a juicio de Miguel Uribe, no lo aplicó en su caso. Por eso terminó diciendo en su denuncia que “este es solo un preámbulo de la manera en la que Gustavo Petro y sus socios van a perseguir a quienes no estemos de acuerdo”, concluyó, invitando a votar bien.
El magistrado Pérez respondió a los señalamientos explicando su posición frente al caso de Katherine Miranda. “El CNE no consideró que la ‘vulneración al buen nombre’ de la exministra Karen Abudinen no se originó en la valla de la candidata Miranda, sino en uno de los hechos de corrupción más graves del gobierno de Iván Duque”, se lee en Twitter.
En ese mismo sentido, defendió que la decisión del CNE no se podía separar del contexto de la investigación sobre Miranda. Y así argumentó que “el hecho (la valla) no constituye un mensaje de ‘odio’ ni se trata tampoco de ‘violencia política contra las mujeres’ (…) el reproche público es legítimo”, apeló.
También agregó en su postura jurisprudencia de la Corte Internacional de Derechos Humanos sobre la exposición de funcionarios públicos. “En una sociedad democrática los funcionarios públicos están más expuesto al escrutinio y a la crítica del público. Este diferente umbral de protección se explica porque se han expuesto voluntariamente a un escrutinio más exigente”, compartió fragmento de la sentencia Kimel vs Argentina.
Y, por último, recordó la sentencia C-1153 de 2005 de la Corte Constitucional sobre propaganda política negativa: “Cuando se despliegue dentro de los límites que no conllevan conductas delectuales, teniendo en cuenta que es una manifestación directa del derecho a la libertad de expresión”, citó el fallo.
Sobre el caso de Uribe no se refirió para evitar inhabilitarse una vez se vote el proyecto de fallo que presentará el magistrado José Nelson Polanía.
Las vallas y la publicidad en estas elecciones no han estado exenta de polémica. El capítulo más reciente es entre Miguel Uribe, cabeza de lista del Senado por el Centro Democrático, y el magistrado del Consejo Nacional Electoral (CNE), Luis Guillermo Pérez, quien pidió investigar a Uribe por un aviso haciendo campaña contra Gustavo Petro y el Pacto Histórico.
Tras la solicitud de Pérez, el candidato uribista lo acusó de parcializado y de socio de Petro. “Me acabo de enterar por medios de comunicación que el magistrado Pérez, cercano a Gustavo Petro, Piedad Córdoba, es decir, a todo el petrismo, pretende censurar mi derecho a la libertad de expresión. Mucho más en una contienda electoral donde tenemos que desenmascarar a los enemigos de la democracia y la libertad”, dijo en primera instancia.
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Lo que más cuestionó fue una decisión anterior de Pérez con relación a otra valla política que mencionaba a Karen Abudinen, exministra de las TIC. “Él es el mismo magistrado que se negaba a que Katherine Miranda bajara las vallas en contra de la exministra de Comunicaciones, porque, según él, no vulneraba ningún derecho, pero ahora le parece muy conveniente acusarme a mí y promover una queja por iniciativa propia para hacerme bajar una valla que desenmascara a sus socios políticos”, señaló como denuncia.
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A lo que se refiere es al salvamento de voto de Pérez con el que se apartó la decisión mayoritaria de la Sala Plena del CNE de ordenar a la candidata Miranda, de la Alianza Verde, partido de oposición, retirar sus vallas que usan “abudinear” como sinónimo de robar. Situación que hace alusión al caso de la exministra y Centros Poblados, en el que se perdieron $70.000 millones.
El argumento de Pérez en su salvamento de voto fue la protección de la libertad de expresión.
Cosa que, a juicio de Miguel Uribe, no lo aplicó en su caso. Por eso terminó diciendo en su denuncia que “este es solo un preámbulo de la manera en la que Gustavo Petro y sus socios van a perseguir a quienes no estemos de acuerdo”, concluyó, invitando a votar bien.
El magistrado Pérez respondió a los señalamientos explicando su posición frente al caso de Katherine Miranda. “El CNE no consideró que la ‘vulneración al buen nombre’ de la exministra Karen Abudinen no se originó en la valla de la candidata Miranda, sino en uno de los hechos de corrupción más graves del gobierno de Iván Duque”, se lee en Twitter.
En ese mismo sentido, defendió que la decisión del CNE no se podía separar del contexto de la investigación sobre Miranda. Y así argumentó que “el hecho (la valla) no constituye un mensaje de ‘odio’ ni se trata tampoco de ‘violencia política contra las mujeres’ (…) el reproche público es legítimo”, apeló.
También agregó en su postura jurisprudencia de la Corte Internacional de Derechos Humanos sobre la exposición de funcionarios públicos. “En una sociedad democrática los funcionarios públicos están más expuesto al escrutinio y a la crítica del público. Este diferente umbral de protección se explica porque se han expuesto voluntariamente a un escrutinio más exigente”, compartió fragmento de la sentencia Kimel vs Argentina.
Y, por último, recordó la sentencia C-1153 de 2005 de la Corte Constitucional sobre propaganda política negativa: “Cuando se despliegue dentro de los límites que no conllevan conductas delectuales, teniendo en cuenta que es una manifestación directa del derecho a la libertad de expresión”, citó el fallo.
Sobre el caso de Uribe no se refirió para evitar inhabilitarse una vez se vote el proyecto de fallo que presentará el magistrado José Nelson Polanía.