En un comunicado público, la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, de la cual hace parte Juan Fernando Petro, hermano del candidato presidencial Gustavo Petro, aclaró que en la visita que este se hizo el pasado 8 de abril a la cárcel La Picota, en compañía de Danilo Rueda y que fue gestionada por el abogado Pedro Niño, “en ningún momento y en ninguna circunstancia se habló de ofrecer rebajas de penas, amnistías, indultos o de beneficios judiciales por nuestra presencia, ni de dineros, ni de votos a favor de una campaña por nuestra presencia. Nunca nuestra organización hablo de perdón social, siempre de derecho restaurador”.
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La visita del hermano de Petro a dicho centro carcelario ha generado una tormenta política alrededor del candidato del Pacto Histórico, a quien le han llovido críticas por parte de sus contradictores políticos que incluso lo señalan de estar buscando alianzas con los corruptos. En respuesta, Petro ha dicho que “ni en pesadillas” se les ha ocurrido esa idea, pues lo que buscan es “tener a todos los corruptos presos en la cárcel”, asegurando además que sus rivales “sí los tienen (a los corruptos) de aliados y listos para ejercer el poder”. “A esos corruptos condenados, que hoy muestran como si fueran nuestros aliados, quienes los han hecho coger presos somos nosotros”, enfatizó.
En el comunicado, la Comisión Intereclesial reconoció que efectivamente la visita de Juan Fernando Petro y Danilo Rueda fue realizada a través del abogado Pedro Niño, a quien definen como “defensor de derechos humanos y reconciliación”, representante además del condenado exgobernador de La Guajira Juan Francisco ‘Kiko’ Gómez. La visita, dice, hizo parte “del proceso de acercamiento y diálogo con distintos actores de nuestro país en la construcción de garantías de no repetición, que promueve nuestra organización en la búsqueda de la paz con justicia desde las verdades que transforman”.
Asimismo, recalca que los tres visitantes ingresaron cumpliendo el protocolo establecido por la institución carcelaria, que en ningún momento los funcionarios del INPEC preguntaron a Rueda por su identidad, ni por relación con entidad alguna, mucho menos por la Comisión de la Verdad. Y que en la visita se desarrollaron dos espacios privados, uno con Iván Moreno y otro con Álvaro García, conocido como “el gordo” y condenado por la masacre de Macayepo, por petición de ellos.
La Comisión reveló también que hubo otras reuniones grupales, “bastante cortas y atropelladas”. Y agregó: “Siempre hubo una actitud de escucha y la intervención de nuestro defensor de derechos humanos se planteó entorno a la pregunta: ¿la experiencia de su vida qué deja para reconstruir sus vidas y que puede aportarle esto al país? Este primer acercamiento tampoco fue de esclarecimientos de hechos del pasado, más sí de preguntas para los privados de su libertad y de escucha de sus historias”.
Por otra parte, aclaró que a los defensores de derechos humanos solo pudieron salir del centro carcelario hacia las 2:30 de la tarde, y que “nunca se sostuvo una reunión de seis horas. Ni se fue testigo de reuniones privadas con llantos en ese lugar, mucho menos, se es parte de acuerdos de impunidad”. Concluyendo que la visita “es solo una acción, de una multiplicidad que venimos desarrollando desde junio de 2002, como resultado de un encuentro internacional en el territorio del Cacarica, departamento del Chocó, sobre comisiones de verdad, jurisdicción universal y salidas a la impunidad en crímenes de lesa humanidad”.
En este sentido, la Comisión Intereclesial explicó que desde hace seis años viene adelantando un proceso de derecho restaurador, el cual se adelanta con más de 160 procesos étnico-territoriales y campesinos, junto a jóvenes de Bogotá y Cali, lo cual dio impulso a los actos de reconocimiento de responsabilidad de las Farc en Bojayá y La Chinita. Igualmente, que ha gestado espacios de acercamiento con exmilitares de diversos rangos, con exparamilitares y exguerrilleros, firmantes de distintos procesos de paz con diversas metodologías y dinámicas.
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“Esta iniciativa es conocida y pública (…) comprendemos la ligereza y el enjuiciamiento a nuestra labor en tiempo electoral. Invitamos a todos los que enquistan su mirada descalificadora en lo que hicimos a qué miren más allá de esos lentes, con una mirada distante de pasiones políticas ideologizadas o de las emociones tristes. Reconocemos la imprudencia cometida al ingresar con el hermano de un candidato, en una contienda electoral tan polarizada; torpeza que asumimos al ver que nos estaban grabando y guardamos silencio en nuestro acceso”, dice el comunicado.
Incluso, plantea una serie de preguntas de cara a la actual polémica en plena campaña presidencial: “¿Por qué las fuentes oficiales del INPEC pretenden relacionar a nuestro defensor de derechos humanos Danilo Rueda con la Comisión de la Verdad, cuando nunca le preguntaron de qué organización venía, y solo le dijeron que posiblemente en el Patio ERE-2 no había visita, y segundos después le dieron el paso?, ¿Con qué propósito y quién hizo seguimiento a la visita y lo grabó en video? ¿De dónde salen unos chats con temas que nunca fueron abordados? ¿Quiénes tienen dispositivos celulares dentro del centro carcelario? Recalcando que en el lugar de reunión no había ninguna cámara, celular o grabadora.
“Nuestra organización ni es ente judicial, ni puede prometer rebajas de penas, pues eso corresponde al Legislativo, a las cortes y al Ejecutivo. Acaso como en el pasado, ¿continuamos siendo seguidos, estigmatizados y perfilados, para someternos a eventuales montajes y amenazas por nuestra legitima labor?, ¿Estamos en una nueva fase de esas operaciones? Lamentamos las consecuencias de nuestras acciones, exentas de cálculos políticos, por las afectaciones a ciudadanos que tienen sus esperanzas en un candidato presidencial”, enfática el comunicado, que habla de una “manipulación mediática de fotos y de una grabación de video, con hechos que nunca ocurrieron y que acrecientan por desdicha, odios, pasiones y opiniones críticas sin contexto, desde otras campañas y voces ciudadanas”.
“A las comunidades, nuestro más sincero ofrecimiento de disculpas, pues sabemos que tanto horror y mentira afecta; también sabemos de su fuerza y coraje, del cual hemos aprendido a templar el alma, imaginando por un segundo la posibilidad del encuentro entre contrarios, la resolución de la contradicción en la verdad, con el reconocimiento del daño causado y su transformación justa (…) en derecho actuaremos para intentar esclarecer lo que se dice falsamente sobre nuestro vínculo y el de nuestro defensor de derechos humanos con la Comisión de la Verdad en esta visita y sobre lo que está sucediendo con esas grabaciones desde el personal que está dentro de las cárceles. ¿Quiénes están detrás de este plan, tan seguros para habernos grabado y con capacidad para distorsionar la realidad? A la vida, gracias por esta nueva oportunidad para seguir aprendiendo, para ser mejores seres humanos y mejorar en nuestro servicio por un país de derechos para todas y todos, en honor de la vida digna desde y con los territorios de la exclusión, que son esperanza”, concluye la Comisión Intereclesial Justicia y Paz.