¿Qué dijeron los candidatos a la presidencia en el primer debate ambiental?
Este miércoles, en la Universidad Nacional, tuvo lugar el primer debate enfocado en temas ambientales de candidatos, precandidatos y precandidatas presidenciales. Entre los temas abordados estuvo la política minero-energética y la crisis ambiental en Colombia. Recopilamos algunas de sus respuestas.
En el Auditorio de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Colombia tuvo lugar este miércoles el primer debate centrado en temas ambientales entres quienes aspiran a la presidencia del país en 2022. (Lea: Instalan primer Puesto de Mando Unificado Ambiental contra la deforestación)
El espacio, organizado por el Movimiento Nacional Ambiental, la Alianza Colombia Libre de Fracking, el Centro Interdisciplinario de Estudios sobre el Desarrollo (CIDER) de la U. de los Andes, y el Instituto de Estudios Ambientales de la Universidad Nacional de Colombia, se centró en que presentaran sus posturas frente a la política minero-energética y la crisis ambiental en Colombia. Del evento participaron por el Pacto Histórico: Francia Márquez, Arelis Uriana, Gustavo Petro y Camilo Romero. Por la Coalición de la Esperanza: Jorge Robledo, Carlos Amaya, Sergio Fajardo y Juan Manuel Galán. Como candidato independiente estuvo Luis Gilberto Murillo. Pese a que se invitaron a integrantes del Equipo por Colombia y el Centro Democrático, no participaron del evento.
¿De qué se habló en el debate?
El debate tuvo cuatro fases. Aquí presentamos un resumen de las principales intervenciones de los candidatos, precandidatos y precandidatas presidenciales para cada fase.
La primera parte estuvo centrada en el debate alrededor de los megaproyectos minero-energéticos y sus impactos ambientales. “¿Cuál es la política que van a elaborar ustedes para abordar los megaproyectos que ya están y los impactos ambientales?”, fue la pregunta que se hizo.
Ante esta pregunta, Jorge Enrique Robledo aseguró que su visión sobre la minería se resumía en una frase: “Minería sí, pero no así”. Al respecto, aseguró que “no podemos existir sin la transformación de la naturaleza. Sin minería no seríamos lo que somos. Pero si no cuidamos la naturaleza la destruimos a ella y a nosotros mismos”. Por eso, afirmó que hay minerías que no se pueden hacer como en páramos o en Parques Naturales, que hay proyectos que necesitan condiciones laborales para trabajadores y que hay que hacer minería, pero bien hecha.
Camilo Romero planteó que el debate actualmente es analizar cómo hacemos para revertir el daño que hemos causado a la naturaleza. “El punto está en reconocernos no como dueños de, sino como parte de la naturaleza. Debe haber voluntad política que asuma con responsabilidad esta amenaza y catástrofe. No podemos hablar de desarrollo si no paramos esta lógica extractivista”, aseguró. (Puede leer: MinAmbiente expide resolución para la “sustracción” en reservas forestales)
Juan Manuel Galán, por su parte, afirmó que uno de los temas principales para avanzar es el de enfrentar las estructuras criminales como el narcotráfico, el despojo de tierras y la minería ilegal. “Estos son los obstáculos para ir a la fuente del problema”. Asimismo, aseguró que se “opone al fracking no solo por su impacto ambiental, sino también al impacto social y de conflictividad” que ya están dejando en los territorios.
Arelis Uriana dijo que, como mujer indígena, cuidadora de la vida y protectora de la naturaleza, quería resaltar que Colombia debe empezar por reorganizar el país alrededor del agua. “Nuestra propuesta del Pacto Histórico es rodear a Colombia para garantizarle la vida a la ciudadanía”.
Luis Gilberto Murillo aseguró que Colombia, como país de la Biodiversidad, debía basar su desarrollo en las nuevas cadenas de valor que tienen que ver con la conservación de los recursos naturales. “El papel del sector mineroenergético tiene que ser secundario en el desarrollo del país, con mayor participación de las regiones y las comunidades.
“Nuestra causa es la vida y siempre ha sido seguir defendiendo la vida”, aseguró por su parte Francia Márquez. “El principal desafío que tenemos es hacer una revisión de cómo viene funcionando la Ley Ambiental, que hoy está en favor de propiciar el extractivismo, y no de cuidar la biodiversidad.
Carlos Amaya hizo énfasis en que el agua debe estar por encima de todo. “Este país debe ordenar el territorio alrededor del agua. Y en esa orientación debemos decir con contundencia no al fracking y no a la minería en páramos”, afirmó. También respaldó la idea de que los proyectos no solo deben tener licencia ambiental, sino también licencia social, y pidió que se cumplan las leyes sobre el cierre y abandono de las minas.
En su intervención, Gustavo Petro planteó que el objetivo como nación es construir una economía para la vida. “Se debe decidir sobre tres grandes conceptos: el impacto sobre la vida en la tierra, sobre el agua local y el aire local, y sobre la vida local en el territorio. En esa medida, proyectos como hidrocarburos van contra la vida en general del planeta, y el fracking contra el agua local. Ese filtro es el que debe determinar si se acepta o no un proyecto, dependiendo del impacto”. (Le puede interesar: Secretaría de Ambiente reportó mejoría “considerable” en calidad del aire en Bogotá)
Sergio Fajardo aseguró que el país tiene un censo minero de 2011 desactualizado, un código minero que no corresponde con la apuesta de que la riqueza de Colombia es la biodiversidad. “Entender esa riqueza de biodiversidad es una condición esencial para el desarrollo”, aseguró. Propuso planes de ordenamiento territorial actualizados, mejorar el manejo de las regalías y el trabajo con las comunidades, solicitar la licencia ambiental desde antes del proyecto de exploración y trabajar en la formalización de la pequeña minería.
Transición energética y crisis climática
En la segunda fase estuvo centrada en temas como la transición energética y crisis climática. Puntualmente, a las y los participantes se les preguntó: ¿Cuáles van a ser sus políticas en materia de los mercados de bonos de carbono? ¿Considera que esto es importante para mitigar la crisis climática?
Camilo Romero afirmó que se debe entender que el debate es global, y una responsabilidad con la humanidad. “Un nuevo gobierno debe platearse la emergencia climática, que implica tomar decisiones claras y contundentes”, aseguró. Frente a los bonos manifestó que es necesario pensar en ellos, pero no puede ser lo que sustente de fondo. “No podemos seguir haciendo daño pensando que tenemos un bono de compensación, se necesita un cambio de lógica”.
Galán aseguró que “la deforestación era nuestro principal problema, y hay que buscar que el modelo económico cambie”. Explicó que, actualmente, a mayor crecimiento del PIB, mayor es la “depredación y daño ambiental”, y que lo que hay que buscar es que, a mayor restauración del daño ambiental, haya mayor crecimiento del PIB”.
Arelis Uriana insistió en que, si se quiere garantizar la vida, se debe “cambiar el modelo extractivista ya”. Y que se viene construyendo un programa de gobierno en el Pacto Histórico desde el sentir de la defensa de la naturaleza, una defensa -señala- que han hecho milenariamente los pueblos indígenas.
Para Murillo, el principio de los mercados de carbono era sencillo: se debían pagar por las emisiones y los recursos se canalizarían para beneficiar a las comunidades. “Ahí está la esencia de hacia dónde debe moverse el país en los mercados de carbono. Pero no es lo único, la transición socioecológica debe tener otras herramientas, como negocios verdes y empleos para la gente”.
Francia Márquez, por su parte, aseguró que hablar de los mercados de carbono es hablar de justicia ecológica. “A todos el impacto ambiental no les afecta de la misma manera. La gente pobre y la gente racializada se ve mayormente afectada por el cambio climático. Si no hay una revisión en la lógica de esos proyectos, seguiremos afectando a esas comunidades”, aseguró, agregando que actualmente, en el Pacífico, los bonos de carbono están generando conflictividad.
Carlos Amaya insistió en que los mercados de carbono son una acción complementaria, pero no una solución. “La solución”, dijo, “debe ser de fondo. Conservar el amazonas y pensar proyectos de mayor impacto”. (Lea también: Colombia y la Unión Europea acuerdan aumentar la cooperación medio ambiental)
Gustavo Petro aseguró que los bonos de carbón era “una solución neoliberal a un problema neoliberal”. “Se construyó la tesis de que el mercado puede solucionar un problema que produjo el mercado. Yo dudo de que ese mecanismo solucione el problema central”, aseguró.
Teniendo en común el planteamiento de todos los participantes, de que la biodiversidad era la gra riqueza de Colombia, Sergio Fajardo insistió en que el país debería construir un modelo de desarrollo que entienda esa riqueza. “La deforestación es nuestro primer problema, debemos actuar en conservar, restaurar y hacer conciencia de nuestros bosques. Después nuestro gran reto es aprender a utilizarla, cómo convertirla en riqueza para nuestra sociedad. Sin duda que tenemos quedarle sentido al pago por servicios ambientales, y todavía nos falta mucho por precisar”, afirmó.
Violencia contra líderes ambientales y democracia ambiental
La tercera parte estuvo centrada en la participación actual de las comunidades en el desarrollo de megaproyectos, la democratización de los asuntos ambientales y las medidas de protección de liderazgos ambientales. La pregunta que se hizo fue: Ustedes, en su proyecto, ¿qué van a hacer para volver a vincular a todas estas comunidades que hoy están marginadas de unos proyectos y procesos que les cambian la vida?
Frente a esta pregunta, todos los participantes del debate estuvieron de acuerdo en que es necesario ratificar el Acuerdo de Escazú. Juan Manuel Galán aseguró que ratificarlo iba a ser “su prioridad para proteger a los líderes ambientales amenazados, pero también para poder tener acceso a la información”.
Arelis Uriana aseguró que, como luchadora de los derechos colectivos de los pueblos indígenas, en su gobierno iba a “defender el derecho a la Consulta Previa”. “No voy a dejar que otros decidan por nosotros, porque ese derecho nos costó la vida de nuestros mayores, y esa consulta es un trabajo que hemos hecho milenariamente”, aseguró.
Murillo enfatizó en que “es una contradicción que, en el país en el que la visión de desarrollo debería estar enfocada en la biodiversidad, sea el país también más peligroso para los líderes ambientales, quienen las defienden”. Por eso, insistió, es importante que se implementen las medidas y protección de lideres y lideresas pactadas en el Acuerdo de Paz, y fortalecer la capacidad de los organismos de control para resolver estos crímenes. “La mayoría quedna impunes. También manifestó la urgencia de ratificar el Acuerdo de Escazú, herramienta -dijo- que permitiría democratizar las deicisones ambientales.
Márquez dijo que “su lucha ha sido garantizar la protección de los líderes sociales. Y que hace parte del compromiso de un gobierno de cambio del Pacto Histórico”. Además de respaldar las Consultas Previas, aseguró que era necesario reglamentar la Ley 70 DE 1993, “una deuda que tiene el Estado con la población afrodescendiente”. También aseguró que era “importante revisar los contratos de concesión minera que se han hecho en el marco de los Tratados de Libre Comercio (TLC), donde Colombia ha suscrito cláusulas de seguridad jurídicas para estas empresas, y cuando la comunidad exige la consulta, esas empresas entran a demandar. Es parte lo que tenemos que hacer para otorgar las garantías plenas a quienes habitan el territorio”, dijo.
Carlos Amaya manifestó que era importante que las audiencias públicas con comunidades campesinas también fueran de carácter vinculante. “Es necesario garantizar que las comunidades campesinas tengan la posibilidad de decidir sobre su territorio”.
“Me comprometo a hacer todos los esfuerzos para que el Estado colombiano recupere todo el monopolio sobre las armas y sobre la fuerza, con una fuerza pública que sea garantista de los derechos humanos”, dijo por su parte Jorge Robledo. Esto, haciendo alusión al “mar de violencia” que hay en el país.
Fajardo aseguró que cada propuesta debe ir ligada con “una propuesta de lucha contra la corrupción”. Su concepto fundamental, insistió, es que los proyectos no solo tengan licencia ambiental, sino también licencia social. (Lea: 190 académicos piden a Duque detener la deforestación de la Amazonía)
“Las posibilidades de Colombia son enormes en los espacios de una economía descarbonizada”, aseguró Gustavo Petro. “Y esa perspectiva implica nuevas relaciones sociales de producción, que se traduce en empoderamiento popular o democracia ambiental. Lograr que las comunidades se vuelvan dueños, copropietarios, de la generación de energía limpia, o de la revitalización de la selva”.
Finalmente, Camilo Romero insistió en que “la garantía de derechos, que debería ser un papel del Gobierno, la están asumiendo los ciudadanos en el territorio, que son quienes le ponen el pecho”. Además de recalcar en la necesidad de ratificar el Acuerdo de Escazú, aseguró que era necesario no solo garantizarle la vida a los líderes ambientales, “sin también potenciar esa fuerza que estás allí en los territorios.
Preguntas de “sí” o “no”
La última ronda tuvo tres preguntas en las que solo se podía responder sí o no. Estas fueron:
- ¿Negaría permisos a proyectos mineros como el de Santurbán o el del Suroccidente Antioqueño?
Sí: Gustavo Petro, Camilo Romero, Juan Manuel Galán, Arelis Uriana, Luis Murillo, Francia Márquez y Carlos Amaya.
Abstención: Jorge Enrique Robledo.
- ¿Prohibiría el fracking?
Todos respondieron que sí
- ¿Prohibiría las aspersiones con glifosato?
Todos respondieron que sí
- ¿Propondría un Proyecto de Ley del agua como derecho fundamenta?
Todos respondieron que sí
- ¿Prohibiría los plásticos de un solo uso?
Todos respondieron que sí
- ¿Apoyaría una reserva de la biósfera transfronteriza?
Todos respondieron que sí
En el Auditorio de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Colombia tuvo lugar este miércoles el primer debate centrado en temas ambientales entres quienes aspiran a la presidencia del país en 2022. (Lea: Instalan primer Puesto de Mando Unificado Ambiental contra la deforestación)
El espacio, organizado por el Movimiento Nacional Ambiental, la Alianza Colombia Libre de Fracking, el Centro Interdisciplinario de Estudios sobre el Desarrollo (CIDER) de la U. de los Andes, y el Instituto de Estudios Ambientales de la Universidad Nacional de Colombia, se centró en que presentaran sus posturas frente a la política minero-energética y la crisis ambiental en Colombia. Del evento participaron por el Pacto Histórico: Francia Márquez, Arelis Uriana, Gustavo Petro y Camilo Romero. Por la Coalición de la Esperanza: Jorge Robledo, Carlos Amaya, Sergio Fajardo y Juan Manuel Galán. Como candidato independiente estuvo Luis Gilberto Murillo. Pese a que se invitaron a integrantes del Equipo por Colombia y el Centro Democrático, no participaron del evento.
¿De qué se habló en el debate?
El debate tuvo cuatro fases. Aquí presentamos un resumen de las principales intervenciones de los candidatos, precandidatos y precandidatas presidenciales para cada fase.
La primera parte estuvo centrada en el debate alrededor de los megaproyectos minero-energéticos y sus impactos ambientales. “¿Cuál es la política que van a elaborar ustedes para abordar los megaproyectos que ya están y los impactos ambientales?”, fue la pregunta que se hizo.
Ante esta pregunta, Jorge Enrique Robledo aseguró que su visión sobre la minería se resumía en una frase: “Minería sí, pero no así”. Al respecto, aseguró que “no podemos existir sin la transformación de la naturaleza. Sin minería no seríamos lo que somos. Pero si no cuidamos la naturaleza la destruimos a ella y a nosotros mismos”. Por eso, afirmó que hay minerías que no se pueden hacer como en páramos o en Parques Naturales, que hay proyectos que necesitan condiciones laborales para trabajadores y que hay que hacer minería, pero bien hecha.
Camilo Romero planteó que el debate actualmente es analizar cómo hacemos para revertir el daño que hemos causado a la naturaleza. “El punto está en reconocernos no como dueños de, sino como parte de la naturaleza. Debe haber voluntad política que asuma con responsabilidad esta amenaza y catástrofe. No podemos hablar de desarrollo si no paramos esta lógica extractivista”, aseguró. (Puede leer: MinAmbiente expide resolución para la “sustracción” en reservas forestales)
Juan Manuel Galán, por su parte, afirmó que uno de los temas principales para avanzar es el de enfrentar las estructuras criminales como el narcotráfico, el despojo de tierras y la minería ilegal. “Estos son los obstáculos para ir a la fuente del problema”. Asimismo, aseguró que se “opone al fracking no solo por su impacto ambiental, sino también al impacto social y de conflictividad” que ya están dejando en los territorios.
Arelis Uriana dijo que, como mujer indígena, cuidadora de la vida y protectora de la naturaleza, quería resaltar que Colombia debe empezar por reorganizar el país alrededor del agua. “Nuestra propuesta del Pacto Histórico es rodear a Colombia para garantizarle la vida a la ciudadanía”.
Luis Gilberto Murillo aseguró que Colombia, como país de la Biodiversidad, debía basar su desarrollo en las nuevas cadenas de valor que tienen que ver con la conservación de los recursos naturales. “El papel del sector mineroenergético tiene que ser secundario en el desarrollo del país, con mayor participación de las regiones y las comunidades.
“Nuestra causa es la vida y siempre ha sido seguir defendiendo la vida”, aseguró por su parte Francia Márquez. “El principal desafío que tenemos es hacer una revisión de cómo viene funcionando la Ley Ambiental, que hoy está en favor de propiciar el extractivismo, y no de cuidar la biodiversidad.
Carlos Amaya hizo énfasis en que el agua debe estar por encima de todo. “Este país debe ordenar el territorio alrededor del agua. Y en esa orientación debemos decir con contundencia no al fracking y no a la minería en páramos”, afirmó. También respaldó la idea de que los proyectos no solo deben tener licencia ambiental, sino también licencia social, y pidió que se cumplan las leyes sobre el cierre y abandono de las minas.
En su intervención, Gustavo Petro planteó que el objetivo como nación es construir una economía para la vida. “Se debe decidir sobre tres grandes conceptos: el impacto sobre la vida en la tierra, sobre el agua local y el aire local, y sobre la vida local en el territorio. En esa medida, proyectos como hidrocarburos van contra la vida en general del planeta, y el fracking contra el agua local. Ese filtro es el que debe determinar si se acepta o no un proyecto, dependiendo del impacto”. (Le puede interesar: Secretaría de Ambiente reportó mejoría “considerable” en calidad del aire en Bogotá)
Sergio Fajardo aseguró que el país tiene un censo minero de 2011 desactualizado, un código minero que no corresponde con la apuesta de que la riqueza de Colombia es la biodiversidad. “Entender esa riqueza de biodiversidad es una condición esencial para el desarrollo”, aseguró. Propuso planes de ordenamiento territorial actualizados, mejorar el manejo de las regalías y el trabajo con las comunidades, solicitar la licencia ambiental desde antes del proyecto de exploración y trabajar en la formalización de la pequeña minería.
Transición energética y crisis climática
En la segunda fase estuvo centrada en temas como la transición energética y crisis climática. Puntualmente, a las y los participantes se les preguntó: ¿Cuáles van a ser sus políticas en materia de los mercados de bonos de carbono? ¿Considera que esto es importante para mitigar la crisis climática?
Camilo Romero afirmó que se debe entender que el debate es global, y una responsabilidad con la humanidad. “Un nuevo gobierno debe platearse la emergencia climática, que implica tomar decisiones claras y contundentes”, aseguró. Frente a los bonos manifestó que es necesario pensar en ellos, pero no puede ser lo que sustente de fondo. “No podemos seguir haciendo daño pensando que tenemos un bono de compensación, se necesita un cambio de lógica”.
Galán aseguró que “la deforestación era nuestro principal problema, y hay que buscar que el modelo económico cambie”. Explicó que, actualmente, a mayor crecimiento del PIB, mayor es la “depredación y daño ambiental”, y que lo que hay que buscar es que, a mayor restauración del daño ambiental, haya mayor crecimiento del PIB”.
Arelis Uriana insistió en que, si se quiere garantizar la vida, se debe “cambiar el modelo extractivista ya”. Y que se viene construyendo un programa de gobierno en el Pacto Histórico desde el sentir de la defensa de la naturaleza, una defensa -señala- que han hecho milenariamente los pueblos indígenas.
Para Murillo, el principio de los mercados de carbono era sencillo: se debían pagar por las emisiones y los recursos se canalizarían para beneficiar a las comunidades. “Ahí está la esencia de hacia dónde debe moverse el país en los mercados de carbono. Pero no es lo único, la transición socioecológica debe tener otras herramientas, como negocios verdes y empleos para la gente”.
Francia Márquez, por su parte, aseguró que hablar de los mercados de carbono es hablar de justicia ecológica. “A todos el impacto ambiental no les afecta de la misma manera. La gente pobre y la gente racializada se ve mayormente afectada por el cambio climático. Si no hay una revisión en la lógica de esos proyectos, seguiremos afectando a esas comunidades”, aseguró, agregando que actualmente, en el Pacífico, los bonos de carbono están generando conflictividad.
Carlos Amaya insistió en que los mercados de carbono son una acción complementaria, pero no una solución. “La solución”, dijo, “debe ser de fondo. Conservar el amazonas y pensar proyectos de mayor impacto”. (Lea también: Colombia y la Unión Europea acuerdan aumentar la cooperación medio ambiental)
Gustavo Petro aseguró que los bonos de carbón era “una solución neoliberal a un problema neoliberal”. “Se construyó la tesis de que el mercado puede solucionar un problema que produjo el mercado. Yo dudo de que ese mecanismo solucione el problema central”, aseguró.
Teniendo en común el planteamiento de todos los participantes, de que la biodiversidad era la gra riqueza de Colombia, Sergio Fajardo insistió en que el país debería construir un modelo de desarrollo que entienda esa riqueza. “La deforestación es nuestro primer problema, debemos actuar en conservar, restaurar y hacer conciencia de nuestros bosques. Después nuestro gran reto es aprender a utilizarla, cómo convertirla en riqueza para nuestra sociedad. Sin duda que tenemos quedarle sentido al pago por servicios ambientales, y todavía nos falta mucho por precisar”, afirmó.
Violencia contra líderes ambientales y democracia ambiental
La tercera parte estuvo centrada en la participación actual de las comunidades en el desarrollo de megaproyectos, la democratización de los asuntos ambientales y las medidas de protección de liderazgos ambientales. La pregunta que se hizo fue: Ustedes, en su proyecto, ¿qué van a hacer para volver a vincular a todas estas comunidades que hoy están marginadas de unos proyectos y procesos que les cambian la vida?
Frente a esta pregunta, todos los participantes del debate estuvieron de acuerdo en que es necesario ratificar el Acuerdo de Escazú. Juan Manuel Galán aseguró que ratificarlo iba a ser “su prioridad para proteger a los líderes ambientales amenazados, pero también para poder tener acceso a la información”.
Arelis Uriana aseguró que, como luchadora de los derechos colectivos de los pueblos indígenas, en su gobierno iba a “defender el derecho a la Consulta Previa”. “No voy a dejar que otros decidan por nosotros, porque ese derecho nos costó la vida de nuestros mayores, y esa consulta es un trabajo que hemos hecho milenariamente”, aseguró.
Murillo enfatizó en que “es una contradicción que, en el país en el que la visión de desarrollo debería estar enfocada en la biodiversidad, sea el país también más peligroso para los líderes ambientales, quienen las defienden”. Por eso, insistió, es importante que se implementen las medidas y protección de lideres y lideresas pactadas en el Acuerdo de Paz, y fortalecer la capacidad de los organismos de control para resolver estos crímenes. “La mayoría quedna impunes. También manifestó la urgencia de ratificar el Acuerdo de Escazú, herramienta -dijo- que permitiría democratizar las deicisones ambientales.
Márquez dijo que “su lucha ha sido garantizar la protección de los líderes sociales. Y que hace parte del compromiso de un gobierno de cambio del Pacto Histórico”. Además de respaldar las Consultas Previas, aseguró que era necesario reglamentar la Ley 70 DE 1993, “una deuda que tiene el Estado con la población afrodescendiente”. También aseguró que era “importante revisar los contratos de concesión minera que se han hecho en el marco de los Tratados de Libre Comercio (TLC), donde Colombia ha suscrito cláusulas de seguridad jurídicas para estas empresas, y cuando la comunidad exige la consulta, esas empresas entran a demandar. Es parte lo que tenemos que hacer para otorgar las garantías plenas a quienes habitan el territorio”, dijo.
Carlos Amaya manifestó que era importante que las audiencias públicas con comunidades campesinas también fueran de carácter vinculante. “Es necesario garantizar que las comunidades campesinas tengan la posibilidad de decidir sobre su territorio”.
“Me comprometo a hacer todos los esfuerzos para que el Estado colombiano recupere todo el monopolio sobre las armas y sobre la fuerza, con una fuerza pública que sea garantista de los derechos humanos”, dijo por su parte Jorge Robledo. Esto, haciendo alusión al “mar de violencia” que hay en el país.
Fajardo aseguró que cada propuesta debe ir ligada con “una propuesta de lucha contra la corrupción”. Su concepto fundamental, insistió, es que los proyectos no solo tengan licencia ambiental, sino también licencia social. (Lea: 190 académicos piden a Duque detener la deforestación de la Amazonía)
“Las posibilidades de Colombia son enormes en los espacios de una economía descarbonizada”, aseguró Gustavo Petro. “Y esa perspectiva implica nuevas relaciones sociales de producción, que se traduce en empoderamiento popular o democracia ambiental. Lograr que las comunidades se vuelvan dueños, copropietarios, de la generación de energía limpia, o de la revitalización de la selva”.
Finalmente, Camilo Romero insistió en que “la garantía de derechos, que debería ser un papel del Gobierno, la están asumiendo los ciudadanos en el territorio, que son quienes le ponen el pecho”. Además de recalcar en la necesidad de ratificar el Acuerdo de Escazú, aseguró que era necesario no solo garantizarle la vida a los líderes ambientales, “sin también potenciar esa fuerza que estás allí en los territorios.
Preguntas de “sí” o “no”
La última ronda tuvo tres preguntas en las que solo se podía responder sí o no. Estas fueron:
- ¿Negaría permisos a proyectos mineros como el de Santurbán o el del Suroccidente Antioqueño?
Sí: Gustavo Petro, Camilo Romero, Juan Manuel Galán, Arelis Uriana, Luis Murillo, Francia Márquez y Carlos Amaya.
Abstención: Jorge Enrique Robledo.
- ¿Prohibiría el fracking?
Todos respondieron que sí
- ¿Prohibiría las aspersiones con glifosato?
Todos respondieron que sí
- ¿Propondría un Proyecto de Ley del agua como derecho fundamenta?
Todos respondieron que sí
- ¿Prohibiría los plásticos de un solo uso?
Todos respondieron que sí
- ¿Apoyaría una reserva de la biósfera transfronteriza?
Todos respondieron que sí