Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
0:00
/
0:00
Aunque el cierre del informe de Mapa de Riesgo Electoral por factores de violencia en tiempo preelectoral de la Misión de Observación Electoral (MOE) tuvo cierre el pasado 1 de marzo, a días de los comicios legislativos, la organización optó por actualizar dicho informe debido a los últimos eventos de violencia vividos en el país por cuenta del paro armado del Clan del Golfo, que ocurrieron faltando 20 días para las elecciones presidenciales.
La actualización de datos, sumando el paro armado del Clan del Golfo, da cuenta que en el período preelectoral se reportaron 747 acciones armadas, 547 amedrantamientos, 27 eventos de desplazamiento (del 1 de marzo al 13 de mayo de 2022), afectando a 5.877 personas. En ese sentido, son 375 municipios afectados y con algún nivel de riesgo por factores de violencia. Los Grupos Armados Ilegales (GAI), las disidencias de las Farc y el Eln son los principales perpetradores, además, indica la MOE, estos logran mantener un control social sobre la población, como se vio durante el paro armado.
>Lea más sobre las elecciones de 2022 y otras noticias del mundo político
Las manifestaciones de ese control social se pudieron evidenciar con el confinamiento de poblaciones, toques de queda, restricciones a la movilidad y hasta orden de suspensión de todas las campañas políticas.
Del 1 de marzo al 13 de mayo, los municipios con algún tipo de riesgo incrementaron en un 9%. Estas poblaciones con más riesgos se encuentran en Antioquia, Cauca, Chocó, Norte de Santander, Nariño, Arauca, Guaviare, Caquetá y Putumayo. Siendo Antioquia el departamento que más sufrió por cuenta del paro armado.
Otro elemento que ha registrado la MOE es que ha aumentado el nivel de riesgo de violencia de municipios reportados a corte del 1 de marzo. En contraste, nueve municipios bajaron su nivel de riesgo, pero sigue preocupando que el 87.5% de las ciudades capitales presentan algún nivel de riesgo y concentran hechos de violencia contra liderazgos, algunos de ellos, que participan en las elecciones.
Le puede interesar: Tras paro armado, piden trasladar tres puestos de votación en Frontino, Antioquia.
Durante el paro armado, las más afectadas fueron Montería (Córdoba), Sincelejo (Sucre), Barranquilla (Atlántico) y Medellín (Antioquia) y el 48.8% de los hechos de violencia contra líderes ocurrieron en ciudades capitales.
“Adicionalmente, el voto en esas grandes ciudades en la elección presidencial toma una importancia mayúscula pues, en las 28 capitales en riesgo, se concentra el 44.5% del total del censo electoral del país”, recalca la MOE.
Tener en cuenta estos factores de riesgo es esencial para prever posibles implicaciones en el marco de las elecciones del próximo 29 de mayo. La MOE ha señalado que la población ha recibido amenazas por compartir publicidad política de candidatos a la Presidencia.
“Al analizar los niveles de participación en aquellos municipios con niveles más altos de riesgo se advierte que es muy fuerte la correlación entre presencia de grupos armados ilegales y la participación electoral y podría indicar que en algunos casos la fuerte presencia de estos grupos realmente afecta que la población acuda a las urnas”, complementa el informe.
Más: El paro armado terminó, pero no la presencia de las Agc en los territorios.
En comparación a 2018, los municipios en riesgo aumentaron este 2022, pasando de 310 a 375. El aumento se ve más significativamente en las poblaciones en riesgo alto y extremo, que en 2018 fueron 58 y este año son 95 (aumento del 31%). “Es necesario aclarar que los datos presentados en este comparativo no responden a la misma fecha de corte con relación a los períodos de elecciones nacionales, pues el 2022 es la primera vez que el equipo técnico de los Mapas de Riesgo Electoral realiza esta actualización en las fechas de corte para la elección presidencial”. Esto producto de la coyuntura por el paro armado.
Antioquia tiene el mayor número de municipios en riesgo, 60 en total, eso significa el 48% del territorio departamental. Sin embargo, el 100% de Arauca está comprometido, el 93% Caquetá, el 90% de Chocó, el 76% de Cauca y Putumayo, y el 75% Guaviare.
“Se hace evidente el reto del Estado de generar las condiciones de seguridad y orden público necesarias para el desarrollo de los comicios. Se debe garantizar que en los 7.681 puestos de votación pertenecientes a alguno de los municipios en riesgo por violencia los ciudadanos no vean afectados sus derechos políticos y puedan acudir a votar con tranquilidad”, pidió la MOE.
Ese reto de hacer presencia en los municipios en riesgo, insistió la MOE, no solamente debe verse traducido en Fuerzas Militares, “sino tener el acompañamiento de las instituciones civiles del Estado como la Defensoría del Pueblo y el Ministerio Público”.