Elecciones regionales: las ventajas de los que dicen ser “independientes”

Hace menos de un mes, apenas el 27 de julio, venció el plazo para la inscripción de candidatos a gobernaciones, alcaldías, asambleas, concejos y juntas administradoras locales, y desde ese día están autorizados para divulgar propaganda política y arrancar en firme su carrera proselitista. Sin embargo, con intención o no, desde hace meses otros aspirantes arrancaron campaña, sumando apoyos, reuniendo plata y haciéndose visibles. No se trata de una ilegalidad ni mucho menos de un fenómeno nuevo, sino del aprovechamiento de lo que algunos consideran el “lado flaco” de la normatividad electoral que, con ocasión de las regionales, se dispara.

Le puede interesar: Recolección de firmas: la campaña anticipada

Detrás de todo está la figura de los Grupos Significativos de Ciudadanos (GSC), consagrados a través de la Ley 1475 de 2011 que, como lo advierte el Consejo Nacional Electoral (CNE), no son partidos o movimientos políticos con proyección a largo plazo, sino organizaciones meramente coyunturales, creadas para “postular listas y candidatos en un determinado certamen electoral”.

Contrario a un aval, quienes apuestan por este mecanismo formalizan su aspiración mediante la recolección de firmas. Si bien se trata de una alternativa pensada para aquellos grupos minoritarios que no tienen cabida o no están identificados con los partidos tradicionales, lo cierto es que la figura tiende a desvirtuarse y cada vez son más quienes le apuestan.

Las razones son obvias: el ungido puede salir a las calles para sumar apoyos, logrando reconocimiento; recoge recursos sin que se vigilen los montos; puede posar de independiente y marginarse de organizaciones políticas tradicionales —muchas de ellas desprestigiadas— e incluso, bajo el paraguas de las firmas y el supuesto respaldo ciudadano, tiene licencia para gestar escenarios de negociación con los partidos, bien sea para agregar maquinarias, establecer alianzas o pactar los cargos, por ejemplo, desistiendo de ser candidato a una alcaldía para encabezar la lista al concejo con el aval del movimiento. En otras palabras, una patente de corso para hacer campaña anticipada y medir el pulso político antes de la inscripción.

Un vistazo a las estadísticas da cuenta del boom de estos Grupos Significativos. Según el más reciente informe de la Misión de Observación Electoral (MOE), mientras en las elecciones regionales de 2011 la inscripción de estas organizaciones ascendió a 213 y 181 terminaron aprobadas, en 2015 fueron 810 las que se presentaron —es decir, se cuadruplicó—, pero apenas 194 (el 25 %) fueron admitidas. Para esta contienda, los inscritos fueron 1.253, un incremento del 488 %, pero 278 terminaron avalados y otros 130 terminaron haciendo alianzas con otros partidos. (Ver infografía al final)

Lea también: Arrancó la lucha por el poder regional

Ese boom ya se vislumbraba en las presidenciales. Marginándose de sus partidos, varios de los precandidatos apostaron por firmas en lugar de movimientos políticos. Gustavo Petro, Sergio Fajardo, Clara López o Juan Carlos Pinzón fueron algunos de los casos; sin embargo, el más visible fue Germán Vargas Lleras que, a pesar de contar con toda la maquinaria y el respaldo de Cambio Radical —del cual es jefe—, prefirió las firmas para hacer campaña.

Para Alejandra Barrios, directora de la MOE, aunque no se puede “satanizar” la figura de los Grupos Significativos, sí urge una reforma a la normatividad electoral para regularla, establecer restricciones y, especialmente, hacer obligatoria la divulgación de la financiación. “La campaña no arrancó el 27 de julio, comenzó el año pasado. Hay una serie de ciudadanos que de verdad representan alternativas al poder local, pero lo usual son grupos que apelan a todos los vacíos para sacar provecho. Se tiene que hacer una revisión porque se está permitiendo la entrada de plata sin control”, señala.

Por otro lado, un informe de la Fundación Paz y Reconciliación advierte que de 98 candidatos sobre los que pesan cuestionamientos por corrupción, parapolítica o vinculación con grupos al margen de la ley, doce apostaron por la recolección de firmas y otros diez, que también se la jugaron por rúbricas, terminaron haciendo alianzas con partidos.

Según Ariel Ávila, subdirector de la Fundación Paz y Reconciliación, los GSC les dan ventaja además a los candidatos en líos —que, de lo contrario, no tendrían oportunidad de hacerse a un aval— y les permite salirse de partidos con los que ya no comparten ideología o no están satisfechos para no incurrir en doble militancia. “Hay un limbo, una línea gris muy ancha alrededor de estos movimientos. Es una forma de asimetría en la competencia electoral. Es tarea del Congreso o del CNE regularlos, pero pareciera que es muy conveniente tenerlos así. Aquí no hay una ilegalidad, pero se raya en lo ético y eso no sirve en una democracia”, asegura.

Casos “significativos”

Los casos llamativos y curiosos de candidatos que se la jugaron por firmas, pese a tener respaldos sólidos e incluso estructuras políticas conformadas, se presentan en casi todas las regiones y no discriminan cargo administrativo.

Según la MOE, de los 1.253 GSC inscritos, más de la mitad (707) van por alcaldías, seguidos de concejos (339), juntas administradoras locales (134), gobernaciones (63) y asambleas (10). Frente a las alcaldías, se evidencia que las ciudades con mayor número de comités inscritos son Bogotá (21), Cartagena (15) y Medellín (14), mientras que para gobernaciones llevan la batuta Antioquia (siete), Atlántico y Santander (ambos con cinco).

Al revisar los nombres sobresalen las particularidades. Por ejemplo, en Bogotá el caso más llamativo es el de Miguel Uribe Turbay, exsecretario de Gobierno de la administración Peñalosa, quien pese a haber construido su carrera política alrededor del Partido Liberal, apostó por firmas y recogió 400.000 a través del movimiento Avancemos. Con todo, luego terminó sumando apoyos de los mismos liberales, Partido Conservador, Centro Democrático, MIRA y Colombia Justa Libres. Pese a estos respaldos, el candidato ha señalado que su principal aval son las firmas, aunque se necesita unión.

También figura Aníbal Gaviria, quien aspira a la Gobernación de su departamento por el movimiento Es el Momento de Antioquia, con el que recogió más de 500.000 firmas. Si bien Gaviria tiene una tradición alrededor del Partido Liberal —con el que se hizo gobernador y luego alcalde de Medellín—, prefirió conformar su propio GSC, al que terminó adhiriéndose la maquinaria nada despreciable de los partidos Liberal, Cambio Radical, Alianza Verde, la U y MAIS.

No menos curioso es el caso de Elsa Noguera, quien, a pesar de haberse hecho alcaldesa de Barranquilla por Cambio Radical y llegar al Ministerio de Vivienda con la bendición de Germán Vargas Lleras, ahora apostó por movimiento propio (La Clave es la Gente) para llegar a la Gobernación del Atlántico. Alrededor de su candidatura, la exministra no solo congregó el respaldo de la familia Char —barones electorales en la región—, sino de los partidos Cambio Radical, Liberal, Conservador, la U y Centro Democrático.

Muy de cerca a Noguera aparece Luis Miguel Cotes, quien aspira a volver a la Gobernación a través de la coalición Magdalena Gana, con la que recogió 416.000 firmas. Si bien el Mello, como es conocido, también apostó en 2011 por una coalición, se hizo elegir diputado en 2008 con el aval del Partido Liberal. Ahora, en su intento de retornar a la Gobernación —hoy en cabeza de su tía, Rosa Cotes (Cambio Radical)— está respaldado por los partidos Liberal, Cambio Radical, Centro Democrático, Conservador y la U.

A propósito, la Fundación Paz y Reconciliación recuerda que Cotes “es hijo de Álvaro y sobrino de Luis Miguel Cotes Vives, conocidos como Los Conejos, quienes aparecen en varias investigaciones por actividades irregulares y por su cercanía con políticos condenados o procesados por parapolítica”. Agrega que está imputado por supuestamente “haber ayudado a direccionar la licitación del chance que, en 2012 y bajo su gobierno, se ganó la cuestionada exempresaria Enilce López la Gata”.

Valle del Cauca no está exento del fenómeno, pues allí aspira a la Gobernación Clara Luz Roldán, exdirectora de Coldeportes, considerada la heredera de la actual mandataria: Dilian Francisca Toro. Si bien Roldán contempló recoger firmas, resolvió conformar una gran coalición con Cambio Radical, MAIS, liberales, la U y Colombia Renaciente. La candidata es investigada tanto por la Procuraduría como por la Fiscalía por contratos presuntamente irregulares cuando estuvo al frente de Coldeportes.

Todos estos movimientos evidencian no solo el boom de los Grupos Significativos de Ciudadanos, sino cómo escalan hasta convertirse en grandes coaliciones políticas a partir de la recolección de firmas. Insistiendo en que no es una irregularidad, los expertos advierten que, en búsqueda de mayor transparencia, urgen reformas para no desvirtuar el mecanismo y no termine siendo usado como trampolín para eludir las normas. La pelota queda en el campo de las autoridades electorales.

Hace menos de un mes, apenas el 27 de julio, venció el plazo para la inscripción de candidatos a gobernaciones, alcaldías, asambleas, concejos y juntas administradoras locales, y desde ese día están autorizados para divulgar propaganda política y arrancar en firme su carrera proselitista. Sin embargo, con intención o no, desde hace meses otros aspirantes arrancaron campaña, sumando apoyos, reuniendo plata y haciéndose visibles. No se trata de una ilegalidad ni mucho menos de un fenómeno nuevo, sino del aprovechamiento de lo que algunos consideran el “lado flaco” de la normatividad electoral que, con ocasión de las regionales, se dispara.

Le puede interesar: Recolección de firmas: la campaña anticipada

Detrás de todo está la figura de los Grupos Significativos de Ciudadanos (GSC), consagrados a través de la Ley 1475 de 2011 que, como lo advierte el Consejo Nacional Electoral (CNE), no son partidos o movimientos políticos con proyección a largo plazo, sino organizaciones meramente coyunturales, creadas para “postular listas y candidatos en un determinado certamen electoral”.

Contrario a un aval, quienes apuestan por este mecanismo formalizan su aspiración mediante la recolección de firmas. Si bien se trata de una alternativa pensada para aquellos grupos minoritarios que no tienen cabida o no están identificados con los partidos tradicionales, lo cierto es que la figura tiende a desvirtuarse y cada vez son más quienes le apuestan.

Las razones son obvias: el ungido puede salir a las calles para sumar apoyos, logrando reconocimiento; recoge recursos sin que se vigilen los montos; puede posar de independiente y marginarse de organizaciones políticas tradicionales —muchas de ellas desprestigiadas— e incluso, bajo el paraguas de las firmas y el supuesto respaldo ciudadano, tiene licencia para gestar escenarios de negociación con los partidos, bien sea para agregar maquinarias, establecer alianzas o pactar los cargos, por ejemplo, desistiendo de ser candidato a una alcaldía para encabezar la lista al concejo con el aval del movimiento. En otras palabras, una patente de corso para hacer campaña anticipada y medir el pulso político antes de la inscripción.

Un vistazo a las estadísticas da cuenta del boom de estos Grupos Significativos. Según el más reciente informe de la Misión de Observación Electoral (MOE), mientras en las elecciones regionales de 2011 la inscripción de estas organizaciones ascendió a 213 y 181 terminaron aprobadas, en 2015 fueron 810 las que se presentaron —es decir, se cuadruplicó—, pero apenas 194 (el 25 %) fueron admitidas. Para esta contienda, los inscritos fueron 1.253, un incremento del 488 %, pero 278 terminaron avalados y otros 130 terminaron haciendo alianzas con otros partidos. (Ver infografía al final)

Lea también: Arrancó la lucha por el poder regional

Ese boom ya se vislumbraba en las presidenciales. Marginándose de sus partidos, varios de los precandidatos apostaron por firmas en lugar de movimientos políticos. Gustavo Petro, Sergio Fajardo, Clara López o Juan Carlos Pinzón fueron algunos de los casos; sin embargo, el más visible fue Germán Vargas Lleras que, a pesar de contar con toda la maquinaria y el respaldo de Cambio Radical —del cual es jefe—, prefirió las firmas para hacer campaña.

Para Alejandra Barrios, directora de la MOE, aunque no se puede “satanizar” la figura de los Grupos Significativos, sí urge una reforma a la normatividad electoral para regularla, establecer restricciones y, especialmente, hacer obligatoria la divulgación de la financiación. “La campaña no arrancó el 27 de julio, comenzó el año pasado. Hay una serie de ciudadanos que de verdad representan alternativas al poder local, pero lo usual son grupos que apelan a todos los vacíos para sacar provecho. Se tiene que hacer una revisión porque se está permitiendo la entrada de plata sin control”, señala.

Por otro lado, un informe de la Fundación Paz y Reconciliación advierte que de 98 candidatos sobre los que pesan cuestionamientos por corrupción, parapolítica o vinculación con grupos al margen de la ley, doce apostaron por la recolección de firmas y otros diez, que también se la jugaron por rúbricas, terminaron haciendo alianzas con partidos.

Según Ariel Ávila, subdirector de la Fundación Paz y Reconciliación, los GSC les dan ventaja además a los candidatos en líos —que, de lo contrario, no tendrían oportunidad de hacerse a un aval— y les permite salirse de partidos con los que ya no comparten ideología o no están satisfechos para no incurrir en doble militancia. “Hay un limbo, una línea gris muy ancha alrededor de estos movimientos. Es una forma de asimetría en la competencia electoral. Es tarea del Congreso o del CNE regularlos, pero pareciera que es muy conveniente tenerlos así. Aquí no hay una ilegalidad, pero se raya en lo ético y eso no sirve en una democracia”, asegura.

Casos “significativos”

Los casos llamativos y curiosos de candidatos que se la jugaron por firmas, pese a tener respaldos sólidos e incluso estructuras políticas conformadas, se presentan en casi todas las regiones y no discriminan cargo administrativo.

Según la MOE, de los 1.253 GSC inscritos, más de la mitad (707) van por alcaldías, seguidos de concejos (339), juntas administradoras locales (134), gobernaciones (63) y asambleas (10). Frente a las alcaldías, se evidencia que las ciudades con mayor número de comités inscritos son Bogotá (21), Cartagena (15) y Medellín (14), mientras que para gobernaciones llevan la batuta Antioquia (siete), Atlántico y Santander (ambos con cinco).

Al revisar los nombres sobresalen las particularidades. Por ejemplo, en Bogotá el caso más llamativo es el de Miguel Uribe Turbay, exsecretario de Gobierno de la administración Peñalosa, quien pese a haber construido su carrera política alrededor del Partido Liberal, apostó por firmas y recogió 400.000 a través del movimiento Avancemos. Con todo, luego terminó sumando apoyos de los mismos liberales, Partido Conservador, Centro Democrático, MIRA y Colombia Justa Libres. Pese a estos respaldos, el candidato ha señalado que su principal aval son las firmas, aunque se necesita unión.

También figura Aníbal Gaviria, quien aspira a la Gobernación de su departamento por el movimiento Es el Momento de Antioquia, con el que recogió más de 500.000 firmas. Si bien Gaviria tiene una tradición alrededor del Partido Liberal —con el que se hizo gobernador y luego alcalde de Medellín—, prefirió conformar su propio GSC, al que terminó adhiriéndose la maquinaria nada despreciable de los partidos Liberal, Cambio Radical, Alianza Verde, la U y MAIS.

No menos curioso es el caso de Elsa Noguera, quien, a pesar de haberse hecho alcaldesa de Barranquilla por Cambio Radical y llegar al Ministerio de Vivienda con la bendición de Germán Vargas Lleras, ahora apostó por movimiento propio (La Clave es la Gente) para llegar a la Gobernación del Atlántico. Alrededor de su candidatura, la exministra no solo congregó el respaldo de la familia Char —barones electorales en la región—, sino de los partidos Cambio Radical, Liberal, Conservador, la U y Centro Democrático.

Muy de cerca a Noguera aparece Luis Miguel Cotes, quien aspira a volver a la Gobernación a través de la coalición Magdalena Gana, con la que recogió 416.000 firmas. Si bien el Mello, como es conocido, también apostó en 2011 por una coalición, se hizo elegir diputado en 2008 con el aval del Partido Liberal. Ahora, en su intento de retornar a la Gobernación —hoy en cabeza de su tía, Rosa Cotes (Cambio Radical)— está respaldado por los partidos Liberal, Cambio Radical, Centro Democrático, Conservador y la U.

A propósito, la Fundación Paz y Reconciliación recuerda que Cotes “es hijo de Álvaro y sobrino de Luis Miguel Cotes Vives, conocidos como Los Conejos, quienes aparecen en varias investigaciones por actividades irregulares y por su cercanía con políticos condenados o procesados por parapolítica”. Agrega que está imputado por supuestamente “haber ayudado a direccionar la licitación del chance que, en 2012 y bajo su gobierno, se ganó la cuestionada exempresaria Enilce López la Gata”.

Valle del Cauca no está exento del fenómeno, pues allí aspira a la Gobernación Clara Luz Roldán, exdirectora de Coldeportes, considerada la heredera de la actual mandataria: Dilian Francisca Toro. Si bien Roldán contempló recoger firmas, resolvió conformar una gran coalición con Cambio Radical, MAIS, liberales, la U y Colombia Renaciente. La candidata es investigada tanto por la Procuraduría como por la Fiscalía por contratos presuntamente irregulares cuando estuvo al frente de Coldeportes.

Todos estos movimientos evidencian no solo el boom de los Grupos Significativos de Ciudadanos, sino cómo escalan hasta convertirse en grandes coaliciones políticas a partir de la recolección de firmas. Insistiendo en que no es una irregularidad, los expertos advierten que, en búsqueda de mayor transparencia, urgen reformas para no desvirtuar el mecanismo y no termine siendo usado como trampolín para eludir las normas. La pelota queda en el campo de las autoridades electorales.