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A tres meses de las legislativas, y cinco meses para la primera vuelta, ¿qué panorama hace la MOE en materia de vigilancia electoral?
Lo primero son los contextos de violencia, que afectan tanto a candidatos como a ciudadanos. En ese sentido, vemos las afectaciones de los liderazgos sociales, justo cuando por primera vez vamos a celebrar la elección de las 16 curules especiales para la paz, y la característica clave es que se realizarán en las zonas rurales donde hubo la mayor afectación del conflicto armado, principalmente por cuenta de las Farc. Sin embargo, esas afectaciones no están resueltas y estamos viendo que los líderes sociales, en zonas rurales, están haciendo campaña, pero en territorios donde aún hay presencia de grupos armados que seguramente fueron sus victimarios. Por ello, hay que brindarles garantías para evitar proselitismo electoral de manera segura.
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¿Cuál es la región que les genera mayor preocupación?
Uno ve lo de Arauca, y lo que concluye es que no hay garantías para hacer campaña en zonas rurales. En este momento Arauca está asediada por grupos al margen de la ley. Pasa lo mismo en Chocó. En nuestro informe de diciembre, diferentes organizaciones humanitarias y la Iglesia hablan de poblaciones confinadas por parte de grupos armados. Si eso afecta a los ciudadanos, también a los candidatos.
Nos preocupa que se tenían que establecer nuevos puestos de votación, sumados a un proceso de cedulación e información. Se definieron los puestos, pero no hemos visto pedagogía ni campañas de cedulación. Solicitamos los criterios para la definición de esos nuevos puestos de votación y no nos la han entregado. Tampoco sabemos lo de la inscripción de cédulas, que es un mecanismo que permite hacer un seguimiento minucioso para llegar a determinar la trashumancia electoral. Aquí empezamos a hablar del acceso a la información.
Ante ese contexto de violencia, ¿les convence el “Plan Democracia” que anunció el presidente Iván Duque para garantizar la seguridad de las elecciones?
Todos los gobiernos sacan planes de democracia y realmente no cambian mucho de un gobierno a otro. Lo que se necesita en este momento es un ajuste para los candidatos de las circunscripciones transitorias especiales de paz. Es muy difícil en este país -que tiene violencia y presencia de grupos armados- dar garantías de seguridad plena a los candidatos y la ciudadanía.
¿Qué podría hacer el Gobierno en esa estrategia para robustecer la seguridad?
En este “Plan Democracia” nos faltan las decisiones de cómo se va a trabajar para brindar garantías a los líderes que se presentan para las curules, especialmente en zonas rurales. Ahí es donde no se ha trabajado. Ese trabajo hay que hacerlo con las autoridades locales de los municipios y departamentos en los que hay circunscripciones transitorias especiales de paz, y eso no existe
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Además, hemos visto que, lamentablemente, apenas llevamos dos comisiones de seguimiento electoral. La segunda se hizo el 27 de diciembre, y ojalá se empiecen a hacer a la brevedad a escalas departamental y municipal, que es donde de verdad se pueden adoptar medidas de seguridad y de protección de manera diferencial.
Retomemos el tema de acceso a la información. ¿Cuáles son las dificultades en ese frente?
La MOE ha pedido, desde el pasado 13 de marzo, información permanente y accesos para poder hacer el seguimiento a la inscripción de cédulas desde cada puesto de votación. En otras administraciones nos han autorizado para hacer el seguimiento y determinar dónde se puede estar haciendo trashumancia electoral por movimientos atípicos de inscripción de cédulas. Por ejemplo, si en un puesto de votación se inscriben 200 nuevas personas, hacemos el análisis de lo que pasó e inmediatamente, en diálogo con las autoridades, alertamos si hay posible trashumancia.
Hay que decir que solo hasta hace dos semanas nos autorizaron los accesos para consultar esa información. Es decir, durante 11 meses la MOE no pudo hacer seguimiento a la inscripción de cédulas y no nos autorizaron el detalle para llegar al análisis hasta el puesto de votación como siempre se hacía, sino únicamente hasta el nivel municipal. Esto significa que tenemos graves problemas en la forma en cómo se está brindado información para poder hacer seguimiento, control y monitoreo a este proceso de elecciones.
¿Qué motivos les han dado para no autorizarles los accesos?
Aquí hemos ido con los ojos cerrados durante 11 meses sobre cómo ha sido el proceso de inscripción. Hay una plataforma nueva y no nos han podido dar el ingreso para hacer el seguimiento permanente, como había ocurrido desde 2006. Esa plataforma, que es parte de un contrato de $1,6 billones, tiene también un problema de acceso que se sigue presentando para la inscripción de los ciudadanos en el país y fuera de él.
Luego de ver este panorama hay claramente un riesgo, pues existe un problema enorme de acceso a la información por parte de quienes están haciendo la vigilancia y el seguimiento al proceso electoral. Insisto, por primera vez no se sabe cuánta gente se ha inscrito, no se ha podido hacer el monitoreo permanente y no se puede llegar al nivel de mesa de votación.
¿Estas dificultades fueron visibles en la pasada elección de los Consejos de Juventud en diciembre?
En esas elecciones tuvimos el mismo problema de acceso a la información: era 23 de diciembre y acá no se tenían los resultados. Esto tiene explicación. Antes teníamos acceso inmediato a los resultados electorales por mesa desde el mismo día de las elecciones, y ahora no. Lo que nos hemos encontrado es que, de una parte, dicen que tienen mayores sistemas y mejores software, pero del otro lado -como son nuevos- no tienen la capacidad de vigilancia, diálogo y control.
Esto nos preocupa muchísimo para el próximo proceso electoral, porque si esa fue la demora en unos Consejos de Juventud, donde se estaban probando esos software, no me quiero imaginar cómo va a ser para las elecciones al Congreso, que tendrá una votación mucho más grande, con más puestos y mesas de votación, y en las que se tiene que hacer una transmisión de datos muchísimo más rápido. Además, hay mayores escenarios de riesgo, y son unas elecciones delicadas.
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Esta semana hubo dificultades para el registro de cédulas en la página de la Registraduría. ¿Qué tan normales o atípicas son esas fallas en este momento de la contienda?
Eso no es normal, no podemos entender que sea normal. Los ciudadanos tienen muy poco tiempo para hacer la inscripción de cédulas y los que están haciéndolo para participar en la elección de las curules de paz tienen dos meses, con la dificultad de que se hace en zonas donde hay mayores barreras para la inscripción. Para los colombianos en el extranjero y para la consolidación del censo electoral se debe tener buen sistema, que funcione. Esto no es normal y no es aceptable. Aquí se tiene que entregar la información. No sabemos exactamente de qué tamaño es la afectación que se ha generado, porque no se entrega la información completa.
¿Cuál es la solicitud precisa que le hacen a la Registraduría?
Aquí hay una necesidad por parte de la Registraduría, de mayor transparencia, diálogo y un esfuerzo por brindar la información de manera oportuna. Hay aspectos que deben ser explicados para que no se conviertan en un problema en estas elecciones tan delicadas. También se requiere revisar el tema de las nuevas plataformas y las dificultades para acceder a la información. Es que estamos viendo inconvenientes técnicos muy serios en los temas de resultados, consolidación y entrega de información.
Todo esto debería llevar a la convocatoria de una comisión de seguimiento electoral a finales de la próxima semana, una vez la Registraduría termine de consolidar el censo electoral o una decisión de ampliación de los tiempos para la inscripción de cédulas, que es más difícil porque está reglado por ley. Esto no es de un comunicado de prensa, esto implica un análisis de impacto. Insisto, no es normal, no podemos pensar que es normal y aquí falta un informe de cuál ha sido el impacto de la caída.
En el tema netamente de campañas y la contienda electoral, ¿qué han identificado?
Este ha sido un proceso electoral muy largo. Oficialmente empezó el 13 de noviembre con el período de inscripción de candidatos, pero sabemos que la campaña arrancó hace rato, lo que genera cansancio y confusión en los ciudadanos. Los niveles de confusión han sido aterradores: si este o el otro van a ser candidatos, cómo se conformaron las listas, si son abiertas o cerradas y la gran cantidad de partidos políticos que hay. Son en total 22 organizaciones políticas con personería jurídica, algunas de ellas obtenidas de último momento vía sentencia judicial como mecanismo de reparación. En paralelo están todas las tensiones que se dan por las controversias de las elecciones, hablando más de mecánica interna que de propuestas frente a la ciudadanía.
Esperamos que una vez se haga el proceso de inscripción de candidaturas a la Presidencia se puede empezar a depurar la campaña electoral en las propuestas, porque lo que ha sido y lo que se ha hablado es de mecánica electoral, pero frente a los temas de democracia, recuperación económica o salud muy poco se ha dicho.
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Ante esa campaña anticipada, ¿qué tanto cree que se pueda ensombrecer el ambiente sin las restricciones de la Ley de Garantías que levantó el Congreso?
Lo que ha venido pasando en el Congreso -y ha sido muy lamentable que desde el Gobierno Nacional no hubiera intentos de modificar la legislación electoral en temas como los convenios interadministrativos- obliga a hacer un seguimiento más juicioso para que los recursos públicos no sean utilizados para favorecer campañas políticas. El uso de los recursos y la debilidad por parte del Estado para el control de la corrupción quedó en evidencia con el tema de Centros Poblados.
Aquí se requiere mayor seguimiento a los diferentes contratos, por lo que precisamente es muy importante tener acceso a esa información de manera organizada. Hacer seguimiento a la contratación pública requiere un esfuerzo institucional muy grande y es muy costoso, y eso no debería implicar esfuerzos para entidades que, como la nuestra, hacen seguimiento a estos temas. Debería ser de fácil acceso y poder determinar los contratos que se están haciendo entre el orden nacional y departamental, y en el departamental y municipal. Todo esto para saber exactamente cuáles son los productos que se esperan y cómo se está haciendo la subcontratación.
Con unas elecciones enmarcadas en un contexto de violencia, con poco acceso a la información y sin las restricciones de contratación, el panorama no parece alentador y parece más grave que en otros comicios…
No sé si más grave, pero sí requieren mayor cuidado, acompañamiento y vigilancia, porque hoy tenemos menos información que en los últimos procesos electorales. La MOE observa elecciones desde 2006 y siempre, en cada proceso electoral, se ha mejorado el acceso a la información, no solamente para nosotros, sino también para las diferentes entidades que pueden hacer seguimiento de acuerdo con sus funciones. Lo que hemos visto es un gran retroceso, y la explicación de eso son las nuevas tecnologías. Pero esa no debería ser la causa: ante la modificación de tecnología debería haber también mayor acceso para que los ciudadanos puedan entender qué es lo que está pasando.
Lo que sí esperamos son acciones claras, como comisiones de seguimiento electoral más seguidas, mayores niveles de transparencia por parte de la autoridad electoral y mayores niveles de acceso a la información para poder hacer observación electoral en tiempo real. El hecho de que vengan una serie de organizaciones de observación electoral internacional es importante para el proceso, pero sí hay una diferencia entre el seguimiento que se hace a nivel nacional que el internacional, y el que se hace aquí es en tiempo presente y de manera permanente. La observación internacional toca esperarla hasta marzo.
JAVIER GONZÁLEZ PENAGOS
TWITTER: @Currinche