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Llegó la hora para que la plenaria de Senado defina si hunde o aprueba el proyecto de ley anticorrupción. Pese a que fue presentado el 20 de julio de 2017 por el exfiscal Néstor Humberto Martínez, la propuesta “por medio de la cual se adoptan medidas en materia penal y administrativa en contra de la corrupción” será discutida este lunes para darle fin al largo trámite en el Congreso. Ahora, en su último debate para decidir si pasa a sanción presidencial, los legisladores deben votar cinco artículos que aún están pendientes. ¿Qué tantas posibilidades tiene de ser aprobado?
El pasado 11 de junio, Germán Varón Cotrino, senador de Cambio Radical y coordinador ponente, expresó en entrevista con la W que no entendía por qué una iniciativa de este calibre e interés nacional estaba en el puesto 10 del orden del día y no en el primer lugar. “No le encuentro explicación” fue su expresión. Luego de ello, la propuesta está hoy en el primer lugar del orden del día. Según los cálculos del senador Varón Cotrino, de contar con las mayorías y ganar esta vuelta, el martes tendrían listo el informe “para anunciarlo el miércoles y votarlo el jueves”, manifestó.
Lea: A un paso de ser aprobado proyecto de la consulta anticorrupción
Sin embargo, parece que no hay ambiente político para votar positivamente la totalidad del proyecto. Cuando llegó a la plenaria de Senado, más de 40 congresistas se declararon impedidos, dilatando su aprobación. Algunos, incluso, dejaron la sala. Varón Cotrino señaló que entre los que se salieron están José Alfredo Gnecco, Miguel Amín Scaf, José David Name, Berner Zambrano (de la U); Esperanza Andrade, Juan Carlos García, Efraín Cepeda, Laureano Acuña (del Partido Conservador); Didier Lobo, Fabián Castillo (de Cambio Radical); Lidio García, Jaime Durán Barrera, Fabio Amín, Rodrigo Villalba (del Partido Liberal); y Sandra Ortíz (Alianza Verde). Hasta ahora ese panorama de rechazo no ha cambiado mucho.
Eliminación de la casa por cárcel: la prueba de fuego para los congresistas
La polémica la genera el artículo que elimina el beneficio de la casa por cárcel a corruptos. La reforma dice que esa ayuda “no será procedente frente a los delitos que afecten el patrimonio del Estado y los delitos dolosos contra la administración pública. La razón para haber considerado esta modificación normativa se origina en que la política criminal actual, así como algunos instrumentos internacionales ratificados por Colombia, han otorgado un lugar preponderante a la lucha contra la corrupción”, . Así mismo, cumplir una pena desde la residencia no será posible para delitos como trata de menores, genocidio, desaparición forzada, entre otros.El problema es que varios familiares de congresistas, acusados y que están accediendo al beneficio de casa por cárcel no lo tendrían más. Ese artículo, que está dentro de los cinco que falta por definir, se ha vuelto el viacrucis en el Senado. De hecho, según Varón Cotrino, la subcomisión encargada para dirimir diferencias en torno a él “no llegó a acuerdo. Será la plenaria la que defina si es viable o no”.
“Yo aspiro a que sea aprobado. Siento que hay varios a favor, pero no podría asegurar qué proporción está de ese lado. Confío en que habrá mayoría para avanzar”, dijo el senador de Cambio Radical. Según su concepto, no cree que “peligre” el proyecto como tal. En ese caso, la plenaria daría el visto bueno, pero sin incluir ese punto. “Si deciden no apoyar este, hay otra serie de conductas que bien vale la pena revisar y que en este proyecto ya están establecidas, como lo son concursión, cohecho y prevaricato. Son artículos que buscan que las penas sean más proporcionales con el daño causado”, manifestó.
Pero, a ojos de otras fuentes, eliminar dicho beneficio podría ser contraproducente: ¿quién va a colaborar con la justicia sin este tipo de opciones? es el interrogante que planteó un sector político. Para Varón Cotrino, ese no es el único camino: “Los jueces pueden llegar a acuerdos con las personas sindicadas de delitos. La reducción de penas, por ejemplo, es un elemento que permite que las personas colaboren y digan la verdad”.
Proyecto anticorrupción: ¿pone en peligro el ejercicio periodístico?
Ahora, aparte de ese punto, la presión sobre la iniciativa en contra de la corrupción aumentó la última semana por el artículo 28, que prohíbe la revelación de información reservada o secreta. Con la modificación, el servidor público que “indebidamente dé a conocer documento o noticia reservada, incurrirá en pena de prisión de cuatro a ocho años”, dice el informe. Así mismo, tendría una multa que oscila entre los 20 y 120 salarios mínimos legales, y será inhabilitado para ejercer cargos en el sector público por 10 años.Para contexto: Proyecto de ley anticorrupción: ¿pone en riesgo el ejercicio del periodismo?
El artículo prendió las alarmas en algunos sectores que indican que, si bien existe desde 2004, para los periodistas pondría en riesgo la colaboración de sus fuentes en temas de interés nacional. Luego de que se prendieron las alertas sobre él en medios de comunicación, Varón Cotrino le expresó a este diario que este lunes se le propondrá a la plenaria adicionar una la frase "sin perjuicio del secreto profesional que se le confiere a los periodistas para efectos de mantener en reserva la fuente", que blinde el ejercicio periodístico, según dijo el coordinador ponente del proyecto.
Por demás, los otros artículos pendientes tratan de establecer que los delincuentes de la corrupción no se alojen en batallones o estaciones militares y de policía, sino en instalaciones del Inpec; obligar a que todos los contratistas paguen por cuenta bancaria y no en efectivo, para hacerle seguimiento a esos dineros; y fijar que la administración sea la que dé fin a los convenios laborales entre contratistas inhabilitados y el Estado, y que estos no puedan traspasar un contrato o subcontratar.
Con esas vicisitudes por delante, el Congreso retomará el calvario en el que se convirtió debatir el proyecto anticorrupción, que vuelve a estar en el radar luego de que se priorizara la ley TIC, aprobada en las pasadas semanas. Pese a que se volvió en la talanquera de la agenda y a solo tres días de que se termine este periodo legislativo, los congresistas saben que los proyectos anticorrupción son una prioridad para los colombianos, luego de que la iniciativa de esa misma índole de la Alianza Verde estuviera a punto de hundirse, se empaquetó con el del exfiscal. A la actual iniciativa se le adicionaron artículos propuestos por esa colectividad y eso evitó que naufragaran los puntos de la Consulta Anticorrupción de 2018. Así las cosas, el Legislativo sabrá que 11’674.951 votos de esa consulta ciudadana respaldan la iniciativa.