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El Ejército de Liberación Nacional (Eln) se va en contra de la “paz total” que propone el gobierno del presidente Gustavo Petro. Mediante un comunicado, la guerrilla rechazó la intención del ejecutivo de negociar con otros actores armados y le pidió que no la iguale con las bandas criminales. Todo esto ocurre semanas después de que el comisionado de Paz, Danilo Rueda, y el canciller Álvaro Leyva, entre otros, retomaran los diálogos con los altos mandos de la insurgencia.
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El comunicado se conoció este lunes. En él, el comando central del Eln manifestó que es “confuso” el proyecto de ley con el que el Gobierno quiere modificar la Ley de Orden Público. Esta iniciativa busca el aval del Congreso justamente para ampliar las facultades del ejecutivo para negociar con los diversos actores armados que generan violencia en el territorio. Para explicar su punto de vista, la guerrilla se devuelve, incluso, al antecedente que marcó el expresidente Álvaro Uribe cuando abrió la puerta a negociar con los paramilitares. Según ellos, el exmandatario le dio “estatus político” en esa época a los paramilitares, lo que, supuestamente, desapareció en ese contexto el delito político.
“Por mandato de los gringos, el régimen ya había buscado confundir y destruir la noción de delito político, que distingue la acción realizada por motivos altruistas, trató cada vez más a los rebeldes como delincuentes comunes y a sus bandas criminales como rebeldes con el fin de sumar a su estrategia contrainsurgente”, dice el documento.
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En esa línea, la guerrilla dice que, ahora, el proyecto de Orden Público, en el marco de la denominada “paz total, se pretende “que estructuras que ejercen violencia sistemática por razón de negocios de lucro y acumulación de capital, tengan el ropaje que el Derecho Internacional sólo otorga a partes contendientes; así, implica dos grandes trampas el plausible objetivo de desactivar con método dialógico a grupos criminales que han crecido exponencialmente, por la propia inmersión estructural en la miseria, por la exclusión que rodea a miles de muchachos dedicados al narcotráfico”, indicó.
Así, el Eln se va en contra de esa idea del Gobierno porque considera que es un exabrupto “calificar a bandas del crimen organizado, sin motivaciones del alzamiento armado, conectadas a los intereses de las élites, como si fueran organizaciones de oposición, amparándose de forma retorcida en requisitos convencionales del Derecho Humanitario”.
En ese sentido, el grupo armado relaciona el control territorial y la dirección de un mando responsable como requisitos que estaría teniendo en cuenta el Gobierno. Cabe recordar que ambos elementos son reconocidos por el CICR como fundamentales a la hora de reconocer la existencia de un conflicto armado. A pesar de la relación que hace la guerrilla, es necesario aclarar que el CICR ha reiterado en múltiples ocasiones que esos elementos no derivan en que los grupos armados entren a tener carácter político.
“Tenemos cuidado al interpretar nuestra calificación de los conflictos armados. Nosotros tenemos el Derecho Internacional Humanitario como guía y hay unos criterios claros para establecer donde hay conflicto y donde no lo hay. Uno es el nivel de intensidad de las hostilidades y el nivel de organización de los grupos armados. No está escrito en ningún lado que un grupo debe tener objetivos políticos o económicos. Es por eso que no entramos en ese debate. Esa actitud rigurosa hace que podamos tener diálogo, acceso y posibilidad de ayudar en comunidades”, manifestó por ejemplo Lorenzo Caraffi, jefe de la delegación del Comité Internacional de la Cruz Roja en Colombia (CICR), a El Espectador.
Además de eso, el Eln afirmó que le genera problema el modelo que trajo a las antiguas Farc a la vida civil y lo reseñó como un “fracaso”, por lo que no lo van a replicar. Esto es un precedente importante porque, a pesar de que se retoman los diálogos, de entrada el comando central de la guerrilla dice que va a negociar para asumir un proceso de reincorporación como el de las antiguas Farc, firmado en 2016. En su comunicado, dejan claro que se moverán bajo sus propias normas:
“Un horizonte de salida política dialogada y negociada podrá generar una nueva legitimidad, no antes, el ELN mantiene sus propias normas, sus estructuras, sus programas, su sistema de resistencia, por lo tanto, la legitimidad no deriva de la capacidad de fuerza sino de los valores de un proyecto político e histórico que supere el desastre del DDR, Proyecto de una Colombia democrática, sobre el cual esperamos poder conversar para encaminar los cambios de fondo que el pueblo necesita”, concluyó.
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