En 12 días de paro, Gobierno reporta más de 5.569 actividades de manifestación social

Ante los ojos del mundo, se ha visto cómo en Colombia la situación de derechos humanos (DD.HH.) está en riesgo: la Defensoría del Pueblo habla de 43 muertos en el marco del paro nacional, que este miércoles cumple 14 días, y centenares de personas desaparecidas. En su rol de protección de los DD.HH., la consejería del Gobierno que lleva ese nombre sacó un informe que revela datos, riesgos y recomendaciones para la protección de los derechos humanos.

Son varias las cifras que comparte la Consejería, en cabeza de Nancy Patricia Gutiérrez, en principio, contabilizó 5.569 actividades de manifestación desde el 28 de abril y el 10 de mayo, con una participación de más de 878.000 personas. Estas se dividen en 2.682 concentraciones, 1.215 marchas, 299 movilizaciones y 11 asambleas.

Entendiendo esto, el informe se concentra principalmente en los delitos de terceros contra los derechos humanos, incluyendo lesiones personales, daños a bienes públicos y privados, amenazas, entre otros. Aunque hay un zoom en este tipo de delitos, el informe no deja de informar sobre casos de abuso de poder por parte de la Fuerza Pública, de los que algunos ya están en conocimiento de las autoridades (Fiscalía, Procuraduría y Justicia Penal Militar).

En ese sentido, la Consejería recoge que, durante el 28 de abril y el 9 de mayo, se han registrado 35 homicidios, 12 amenazas, dos actos de violencia sexual, 181 víctimas de lesiones personales y cinco víctimas de lesiones personales en circunstancias de agravación.

En cuanto a daños a bienes, registró cuatro incendios, dos casos de perturbación en el servicio de transporte público, cuatro casos de obstrucción a vías públicas, seis casos de terrorismo, cuatro asonadas, seis víctimas de hurto a motos, dos casos de piratería terrestre, cuatro casos de hurto a entidades financieras, 143 casos de hurto a entidades comerciales, cinco casos de hurto a residencias y 105 personas víctimas de robo.

Igualmente, se recogieron casos de delitos informáticos (2), injuria y calumnia (1), receptación (1), destrucción y ocultamiento de documento privado (1). Así mismo, reportó que ha habido 491 casos de violencia contra servidores públicos, de los que han resultado 573 víctimas. A la vez, de 16 casos de abuso de autoridad arbitrario e injusto. En total, la Consejería recoge 1.337 casos de delitos en el marco del paro, de los que han resultado 1.490 víctimas.

Sobre los desaparecidos, un tema que organizaciones sociales y de derechos humanos ha visualizado y denunciado, la Consejería replica los datos de la Fiscalía y la Defensoría, que activaron el Mecanismo de Búsqueda Urgente, informando que, de 548 casos de personas reportadas como desaparecidas durante las manifestaciones, 227 fueron localizadas, 153 solicitudes de búsqueda infundadas y 168 casos siguen activos.

Como actores del paro, la Consejería reconoce a los manifestantes, personas que buscan alterar el orden con fines políticos, infiltrados para promover el vandalismos y grupos armados, sin mencionar, por ejemplo, el papel del Gobierno y la Fuerza Pública.

“Al quebrantarse la connotación pacífica del derecho de reunión y manifestación pública, estamos ante un riesgo inminente de vulneración de otros derechos que, tienen la misma importancia y preponderancia a la luz de los Derechos Humanos”, señala el documento.

En la escalada de violencia, la Consejería rechaza cualquier acto que la alimente, “de quienes pretenden justicia por mano propia”, y sobre la violencia por parte de la Fuerza Pública no hace caracterización alguna, adicional a afirmar que el Estado está garantizando la judicialización y sanción de miembros de la Fuerza Pública que exceden el uso de la fuerza y “no cumplen con los límites de necesidad, racionalidad y proporcionalidad contenidos en el derecho internacional de derechos humanos (DIDH)”.

Son 65 investigaciones disciplinarias abiertas por la Policía contra uniformados, 10 por la Procuraduría y 21 en la Justicia Penal Militar.

Los riesgos que reconoce la Consejería en el marco del paro están vinculados, principalmente, con la seguridad alimentaria por los bloqueos, las dificultades en el acceso a la salud, así como la preocupación del repunte de casos de COVID-19 por las aglomeraciones, la pérdida de trabajos informales y la democracia, en cuanto consideran la “deslegitimación de las instituciones y pérdida de la confianza, por exceso en uso de la fuerza, noticias falsas y violencia)”.

Por último, las recomendaciones que da la Consejería es el refuerzo de los programas sociales, que responderían al llamado en las calles por incremento de índices sociales como pobreza, desempleo y hambre; capacitación a la Fuerza Pública en materia de derechos humanos y derecho internacional humanitario; la creación de una cultura protectora de los derechos humanos dentro del Estado; y entablar diálogo entre las autoridades y la ciudadanía.

Ante los ojos del mundo, se ha visto cómo en Colombia la situación de derechos humanos (DD.HH.) está en riesgo: la Defensoría del Pueblo habla de 43 muertos en el marco del paro nacional, que este miércoles cumple 14 días, y centenares de personas desaparecidas. En su rol de protección de los DD.HH., la consejería del Gobierno que lleva ese nombre sacó un informe que revela datos, riesgos y recomendaciones para la protección de los derechos humanos.

Son varias las cifras que comparte la Consejería, en cabeza de Nancy Patricia Gutiérrez, en principio, contabilizó 5.569 actividades de manifestación desde el 28 de abril y el 10 de mayo, con una participación de más de 878.000 personas. Estas se dividen en 2.682 concentraciones, 1.215 marchas, 299 movilizaciones y 11 asambleas.

Entendiendo esto, el informe se concentra principalmente en los delitos de terceros contra los derechos humanos, incluyendo lesiones personales, daños a bienes públicos y privados, amenazas, entre otros. Aunque hay un zoom en este tipo de delitos, el informe no deja de informar sobre casos de abuso de poder por parte de la Fuerza Pública, de los que algunos ya están en conocimiento de las autoridades (Fiscalía, Procuraduría y Justicia Penal Militar).

En ese sentido, la Consejería recoge que, durante el 28 de abril y el 9 de mayo, se han registrado 35 homicidios, 12 amenazas, dos actos de violencia sexual, 181 víctimas de lesiones personales y cinco víctimas de lesiones personales en circunstancias de agravación.

En cuanto a daños a bienes, registró cuatro incendios, dos casos de perturbación en el servicio de transporte público, cuatro casos de obstrucción a vías públicas, seis casos de terrorismo, cuatro asonadas, seis víctimas de hurto a motos, dos casos de piratería terrestre, cuatro casos de hurto a entidades financieras, 143 casos de hurto a entidades comerciales, cinco casos de hurto a residencias y 105 personas víctimas de robo.

Igualmente, se recogieron casos de delitos informáticos (2), injuria y calumnia (1), receptación (1), destrucción y ocultamiento de documento privado (1). Así mismo, reportó que ha habido 491 casos de violencia contra servidores públicos, de los que han resultado 573 víctimas. A la vez, de 16 casos de abuso de autoridad arbitrario e injusto. En total, la Consejería recoge 1.337 casos de delitos en el marco del paro, de los que han resultado 1.490 víctimas.

Sobre los desaparecidos, un tema que organizaciones sociales y de derechos humanos ha visualizado y denunciado, la Consejería replica los datos de la Fiscalía y la Defensoría, que activaron el Mecanismo de Búsqueda Urgente, informando que, de 548 casos de personas reportadas como desaparecidas durante las manifestaciones, 227 fueron localizadas, 153 solicitudes de búsqueda infundadas y 168 casos siguen activos.

Como actores del paro, la Consejería reconoce a los manifestantes, personas que buscan alterar el orden con fines políticos, infiltrados para promover el vandalismos y grupos armados, sin mencionar, por ejemplo, el papel del Gobierno y la Fuerza Pública.

“Al quebrantarse la connotación pacífica del derecho de reunión y manifestación pública, estamos ante un riesgo inminente de vulneración de otros derechos que, tienen la misma importancia y preponderancia a la luz de los Derechos Humanos”, señala el documento.

En la escalada de violencia, la Consejería rechaza cualquier acto que la alimente, “de quienes pretenden justicia por mano propia”, y sobre la violencia por parte de la Fuerza Pública no hace caracterización alguna, adicional a afirmar que el Estado está garantizando la judicialización y sanción de miembros de la Fuerza Pública que exceden el uso de la fuerza y “no cumplen con los límites de necesidad, racionalidad y proporcionalidad contenidos en el derecho internacional de derechos humanos (DIDH)”.

Son 65 investigaciones disciplinarias abiertas por la Policía contra uniformados, 10 por la Procuraduría y 21 en la Justicia Penal Militar.

Los riesgos que reconoce la Consejería en el marco del paro están vinculados, principalmente, con la seguridad alimentaria por los bloqueos, las dificultades en el acceso a la salud, así como la preocupación del repunte de casos de COVID-19 por las aglomeraciones, la pérdida de trabajos informales y la democracia, en cuanto consideran la “deslegitimación de las instituciones y pérdida de la confianza, por exceso en uso de la fuerza, noticias falsas y violencia)”.

Por último, las recomendaciones que da la Consejería es el refuerzo de los programas sociales, que responderían al llamado en las calles por incremento de índices sociales como pobreza, desempleo y hambre; capacitación a la Fuerza Pública en materia de derechos humanos y derecho internacional humanitario; la creación de una cultura protectora de los derechos humanos dentro del Estado; y entablar diálogo entre las autoridades y la ciudadanía.