En el Congreso conservadores insistirán en reglamentar la protesta social

Paralelo al proyecto de ley que promoverá el Gobierno Nacional relacionado con una ley antidisturbios y antivandalismo, este viernes se conoció que el senador Juan Diego Gómez (Partido Conservador), insistirá en una iniciativa estatutaria para reglamentar la protesta social.

Gómez, quien figura desde ya como próximo presidente del Senado, explicó que se trata de un proyecto que busca evitar la criminalización y estigmatización de la protesta, garantizando el derecho a manifestarse pacíficamente, el derecho de libre asociación, de reunión y de locomoción por el territorio nacional.

“Se plantea un capítulo de prohibiciones para los servidores públicos que intervengan en las marchas, así como la posibilidad de identificar a los promotores, a los participantes y a los financiadores de las marchas. Adicionalmente, un sistema de sanciones pedagógicas que evitarán la criminalización”, explicó Gómez, quien reclamó que la Comisión Primera del Senado dejó hundir la iniciativa en la legislatura pasada.

“Hoy, ante la realidad de que la Comisión Primera del Senado no pudo dar debate a este proyecto, la decisión es radicarlo nuevamente el 20 de julio, para que nos permita conectar el artículo 37 de la Constitución con el resto del ordenamiento jurídico, garantizando el ejercicio de este derecho fundamental, pero también el ejercicio de los derechos de los demás ciudadanos”, agregó el parlamentario.

Esta misma semana, el presidente Iván Duque le pidió al Congreso que en la próxima legislatura, que inicia el 20 de julio, saque adelante un proyecto de ley antidisturbios y antivandalismo. Lo dijo el miércoles durante la ceremonia de ascenso del general Jorge Luis Vargas Valencia, director de la Policía, a quien le impuso el cuarto sol, en la Escuela de Policía General Francisco de Paula Santander, en Bogotá.

En contexto: Gobierno pide al Congreso que discuta proyecto antidisturbios y antivandalismo

En ese espacio, y de cara a la Fuerza Pública, Duque expresó que dicho proyecto tendría el objetivo de rechazar la violencia que ha tenido lugar en las protestas, más recientemente en el marco del Paro Nacional y en las últimas manifestaciones que se han dado en la capital. Así las cosas, sería una iniciativa del Gobierno para la que, agregó, espera que se trabaje en conjunto con el legislativo.

En el evento, aseguró que el ejecutivo le exige completamente a la Policía un comportamiento ético, moral, e institucionalidad, cosa que, agregó, también se le debería exigir a la ciudadanía. “Así como se hace esa exigencia a los miembros de la Fuerza Pública y de nuestra Policía, también como sociedad debemos hacer una clara exigencia en que ningún ciudadano tiene el derecho a agredir a la institucionalidad, de agredir a quien protege a la ciudadanía, de agredir a quien defiende los derechos de los ciudadanos”, dijo.

También, manifestó que si bien el país debe rechazar la estigmatización de la protesta, hay que “llamar por su nombre a quien transgrede la ley y a quien atenta contra la ley”. Enfatizó que la protesta debe estar exenta de violencia, vandalismo y bloqueos porque, según el mandatario, la protesta pacífica no debe afectar los derechos colectivos.

“Por eso, es muy importante también diferenciar entre lo que debe ser una expresión pacífica y lo que es vandalismo, terrorismo urbano de baja intensidad, destrucción de la infraestructura o violentar los derechos de la ciudadanía”, indicó, siguiendo el discurso oficial que han centrado en afirmar que las acciones violentas son “terrorismo de baja intensidad”.

Paralelo al proyecto de ley que promoverá el Gobierno Nacional relacionado con una ley antidisturbios y antivandalismo, este viernes se conoció que el senador Juan Diego Gómez (Partido Conservador), insistirá en una iniciativa estatutaria para reglamentar la protesta social.

Gómez, quien figura desde ya como próximo presidente del Senado, explicó que se trata de un proyecto que busca evitar la criminalización y estigmatización de la protesta, garantizando el derecho a manifestarse pacíficamente, el derecho de libre asociación, de reunión y de locomoción por el territorio nacional.

“Se plantea un capítulo de prohibiciones para los servidores públicos que intervengan en las marchas, así como la posibilidad de identificar a los promotores, a los participantes y a los financiadores de las marchas. Adicionalmente, un sistema de sanciones pedagógicas que evitarán la criminalización”, explicó Gómez, quien reclamó que la Comisión Primera del Senado dejó hundir la iniciativa en la legislatura pasada.

“Hoy, ante la realidad de que la Comisión Primera del Senado no pudo dar debate a este proyecto, la decisión es radicarlo nuevamente el 20 de julio, para que nos permita conectar el artículo 37 de la Constitución con el resto del ordenamiento jurídico, garantizando el ejercicio de este derecho fundamental, pero también el ejercicio de los derechos de los demás ciudadanos”, agregó el parlamentario.

Esta misma semana, el presidente Iván Duque le pidió al Congreso que en la próxima legislatura, que inicia el 20 de julio, saque adelante un proyecto de ley antidisturbios y antivandalismo. Lo dijo el miércoles durante la ceremonia de ascenso del general Jorge Luis Vargas Valencia, director de la Policía, a quien le impuso el cuarto sol, en la Escuela de Policía General Francisco de Paula Santander, en Bogotá.

En contexto: Gobierno pide al Congreso que discuta proyecto antidisturbios y antivandalismo

En ese espacio, y de cara a la Fuerza Pública, Duque expresó que dicho proyecto tendría el objetivo de rechazar la violencia que ha tenido lugar en las protestas, más recientemente en el marco del Paro Nacional y en las últimas manifestaciones que se han dado en la capital. Así las cosas, sería una iniciativa del Gobierno para la que, agregó, espera que se trabaje en conjunto con el legislativo.

En el evento, aseguró que el ejecutivo le exige completamente a la Policía un comportamiento ético, moral, e institucionalidad, cosa que, agregó, también se le debería exigir a la ciudadanía. “Así como se hace esa exigencia a los miembros de la Fuerza Pública y de nuestra Policía, también como sociedad debemos hacer una clara exigencia en que ningún ciudadano tiene el derecho a agredir a la institucionalidad, de agredir a quien protege a la ciudadanía, de agredir a quien defiende los derechos de los ciudadanos”, dijo.

También, manifestó que si bien el país debe rechazar la estigmatización de la protesta, hay que “llamar por su nombre a quien transgrede la ley y a quien atenta contra la ley”. Enfatizó que la protesta debe estar exenta de violencia, vandalismo y bloqueos porque, según el mandatario, la protesta pacífica no debe afectar los derechos colectivos.

“Por eso, es muy importante también diferenciar entre lo que debe ser una expresión pacífica y lo que es vandalismo, terrorismo urbano de baja intensidad, destrucción de la infraestructura o violentar los derechos de la ciudadanía”, indicó, siguiendo el discurso oficial que han centrado en afirmar que las acciones violentas son “terrorismo de baja intensidad”.