Justo cuando se celebran los 30 años de la constituyente y la Constitución de 1991, nuevamente hay pedidos de convocar a la ciudadanía para hacer una nueva carta magna. La idea es de distintos sectores, tanto del uribismo como de partícipes del paro nacional. Estos últimos están inspirados en el caso chileno, que, tras múltiples jornadas de protestas -muy parecidas a lo que se está viviendo en varias ciudades del país-, el gobierno abrió la puerta a un proceso constituyente para reemplazar el texto vigente desde la dictadura de Augusto Pinochet.
En medio de este debate, El Espectador dialogó con cinco miembros de la asamblea constituyente de 1991 de distintas listas para discutir este planteamiento que cobra fuerza. Uno de estos fue Jaime Fajardo Landaeta, que llegó a la Asamblea Constituyente como parte del proceso de paz con la guerrilla del EPL. Este hizo parte de la Comisión Cuarta, encargada de temas de justicia. En esta célula constitucional, Fajardo Landaeta se destacó por su cercanía con Álvaro Gómez, que los llevó a trabajar de la mano para sacar adelante varios temas como la Fiscalía o la Corte Constitucional. En entrevista con este diario, el exmiembro del Epl fue bastante crítico con la postura de una nueva constituyente.
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¿Qué opina usted de la idea de una nueva constituyente?
Ese tema se ha tocado en varias oportunidades, incluso en reuniones de constituyentes y gente que conoció el procesos de la Constitución de 1991. Y la conclusión a la que hemos llegado es que no se requiere una nueva constitución para firmar un proceso de paz, para ampliar mayores posibilidades democráticas ni para mayores elementos de inclusión política. En el fondo todo eso está en la Constitución de 1991. Es más, muchos de los desarrollos han estado dirigidos a limitar su alcance. Se han hecho contrarreformas muy lesivas contra la Constitución, pero aún así el espíritu de la constitución sigue y ahí está para nuevos procesos, nuevas aperturas democráticas, para desarrollo de los derechos fundamentales. Puede que se requiera algunos retoques pero eso se puede hacer vía Congreso. No hay necesidad de una nueva Constituyente. El peligro de una constituyente es lo contrario. De pronto se termina dando lo que ha dicho Uribe, de trabajar por una constituyente que rescate los elementos de la constitución de 1886. Se le quitaría mucha legitimidad a los avances en la participación ciudadana, la justicia e imponer modelos que ya quedaron en el pasado.
¿Y una constituyente solo para reformar?
También es peligrosa. Uno sabe dónde comienza una constituyente, pero no dónde termina. Eso pasó con la del 91. Álvaro Gómez llegó a decir que éramos omnipotentes y teníamos todos los poderes. Fuimos muy claros en lo que íbamos a hacer con la nueva constitución, que no teníamos límites, y por eso introdujimos tantos cambios frente a la constitución de 1886. Pero un proceso constituyente es muy peligroso porque se pueden introducir los temas que sean. La reforma está clara en la constitución y se puede hacer vía Congreso. O se abren todos los escenarios de participación ciudadana. Se pueden poner a discusión del constituyente primario vía consulta popular, por eso no se requiere una constituyente para una reforma.
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¿Lo que se está viviendo no es muestra de que la Constitución de 1991 tiene muchos vacíos?
Al contrario, lo que se está viviendo es que ha faltado la aplicación en varios aspectos de la Constitución de 1991. Han tratado de tergiversar y limitar los alcances. Tuvimos un periodo en que en busca de la seguridad democrática se violó la Constitución de 1991. Se han limitado. Por ejemplo, se tenía que hacer consultas populares en temas como el fracking pero no ha sido así. El problema es que no se está aplicando en plenitud la constitución de 1991. Sin dudas puedo decir que cerca del 80% de la constitución está sin aplicación y que la arremetida contra ella fue desde que la terminamos de hacer. Necesitamos mayor desarrollo de la constitución, que la conozcan y que la vivan.
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¿Cuáles son los ajustes que tendría que hacerse a la Constitución?
A diferencia de Chile, el problema que tenemos en Colombia no es porque la constitución no esté recogiendo el querer de la gente. Aquí hay un movimiento que está exigiendo una gran cantidad de elementos que están en la constitución. Algunos aspectos de la justicia podrían arreglarse mejor, el problema es que muchos lo que han querido es politizarla cuando plantean reformas. Pero hay que insistir que la razón de esta insatisfacción no está en la constitución. La gente está pidiendo protagonismo y poder político, que la Constitución de 1991 se lo dio con su papel del constituyente primario. La gente está reclamando es por algo que viene del 91 y no se está aplicando.
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Entonces, no se necesita una nueva constitución sino cumplirla...
Cumplirla, nuevos liderazgos, modificar aspectos claves del Congreso y de los partidos para que se acerquen a la constitución. Se han alejado de la constitución de 1991 y se meten en unos temas que son intereses partidistas y no intereses de la ciudadanía o de la constitución. Por ejemplo, no se atiende los reclamos de la gente porque no se están haciendo consultas populares, cabildos abiertos o referendos. Hemos tenido gobiernos que no han estado apegados a la constitución, sobre todo en los gobiernos de principios de siglo. Pero hay que destacar que el acuerdo de paz sirvió para que nos diéramos en cuenta que hay una constitución en marcha que puede recoger esos acuerdos. Incluso las Farc primero la niega y después, ya desmovilizada, la acoge. Además, es que esa constitución tuvo un efecto interesante de que le quitó validez a la lucha armada porque le quitó legitimidad a la violencia.