En el marco de la COP26, Gobierno radicó una vez más el Acuerdo Escazú
La iniciativa fue radicada el viernes pasado, pero apenas tomó relevancia este fin de semana en el que el presidente Iván Duque participa de la Conferencia de Naciones Unidas contra el Cambio Climático (COP26). La oposición critica que se haya radicado tarde y sin mensaje de urgencia.
El viceministro de Ambiente, Francisco Cruz, a nombre del Gobierno, radicó nuevamente uno de los compromisos del presidente Iván Duque que, en la legislatura pasada, fracasó: el Acuerdo Escazú. Aunque el proyecto fue presentado ante la Secretaría del Congreso el pasado viernes, apenas, hasta este lunes, tuvo repercusión en los medios, cuando el primer mandatario asiste a la XXVI Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP26).
Lea: Dejan hundir Acuerdo de Escazú en Congreso.
A diferencia del primer intento, este segundo proyecto no llevará mensaje de urgencia. “Desde el Ministerio de Amiente estaremos en cada uno de los escenarios, de los debates, defendiendo esa radicación que se presentó sin mensaje de urgencia, así como fue el compromiso del presidente que, al 30 de octubre, lo estaríamos presentando. El viernes a las 5:00 p.m. fue radicado en el Congreso”, dijo Carlos Correa, ministro de Ambiente, a RCN Radio.
El mensaje de urgencia es una solicitud que solo puede hacer el presidente de turno para que el Congreso, de manera rápida, expedita y prioritaria en la agenda, tramite un proyecto de ley. En vez de cuatro debates regulares, con esta herramienta se reducen a tres, pues las comisiones asignadas, en este caso las segundas, sesionarían y votarían de manera conjunta la propuesta, y las plenarias de Senado y Cámara terminarían el debate para su aprobación.
“Es evidente que el único propósito de radicar sin mensaje de urgencia la ratificación del tratado de Escazú es la de mandar una imagen superficial y falaz sobre el hecho de que este Gobierno tendría una política para contrarrestar los efectos del cambio climático”, opinó el senador Iván Cepeda, del Polo Democrático, sobre la presentación del proyecto, que, en este caso, el Ejecutivo es el único capacitado para hacerlo.
Antonio Sanguino, de la Alianza Verde, recordó que, en el trámite del primer proyecto de ratificación, la bancada de gobierno buscó por todos los medios posibles dilatar la discusión, logrando archivar la iniciativa al no cumplir con la aprobación, en primer debate, en las comisiones segundas de Senado y Cámara. Y este mismo destino le atina al segundo proyecto, aún más cuando no tiene mensaje de urgencia. “Es muy probablemente que el Acuerdo de Escazú ni siquiera inicie su discusión en el Congreso”, opinó el senador verde.
Lea más: Oposición informará a la ONU sobre “incumplimiento del Gobierno con el Acuerdo Escazú”.
Sobre las estrategias de dilación, Cepeda prevé que la bancada de gobierno “buscará hacer nuevas sesiones de difusión y pedagogía sobre el contenido de Escazú. Esto no tiene otro propósito que buscar nuevamente el archivo. Por eso, lo que el Gobierno hace es intentar de manera cosmética presentar una imagen proambientalismo, pero en realidad es una administración que falta a sus obligaciones en un asunto tan estratégico para la humanidad hoy”, concluyó Cepeda.
La senadora de Comunes, Sandra Ramírez, manifiesta que la radicación del proyecto en el marco de la participación del Gobierno en la COP26 es algo meramente cosmético para demostrar que están cumpliendo. “Llegaron al evento y junto radican el Acuerdo de Escazú sin mensaje de urgencia. O sea, como para que digan que trabajan por el medio ambiente, pero sabemos que lo hundirán las mayorías con el aval del presidente. ¡Gobierno hipócrita!”, escribió en Twitter.
Por su lado, el representante uribista y quien fue presidente de la Comisión Segunda de la Cámara, Juan David Vélez, criticó que el Gobierno presentara de nuevo el proyecto. “Error garrafal del ministro Correa al volver a radicar el proyecto de ley que busca ratificar Acuerdo de Escazú. La socialización del acuerdo ha confirmado el rechazo de la totalidad del sector productivo del país y la problemática de riesgo a nuestra soberanía jurídica”, opinó en Twitter.
El Acuerdo de Escazú es un compromiso suscrito por varios países para promover la información, la participación pública y el acceso a la justicia en materia ambiental, con un enfoque de uso sostenible. Además, esta se convierte en una herramienta para la protección de los defensores ambientales en el país.
Lea otras noticias sobre la COP26.
Colombia es el país más riesgoso para ejercer el liderazgo ambiental en el mundo, según Global Witness, por eso los defensores del medio ambiente le han pedido al Gobierno ratificar el Acuerdo lo más pronto posible. Contrario a la premisa del representante Vélez, la WWF destacó que “Escazú no atenta contra la soberanía nacional, pues no contiene disposiciones sobre los espacios terrestre, marítimo o aéreo del territorio nacional”.
Aclarado esto, la oenegé ha insistido en la necesidad que “Colombia refuerce las garantías constitucionales asociadas con los derechos de acceso y políticas de sostenibilidad en línea con las disposiciones del Acuerdo de Escazú”.
El proyecto sin mensaje de urgencia debe ser aprobado, en primer debate, antes del 20 de junio de 2022. Si cumple con este trámite, tendrá hasta un año más para su aprobación total.
El viceministro de Ambiente, Francisco Cruz, a nombre del Gobierno, radicó nuevamente uno de los compromisos del presidente Iván Duque que, en la legislatura pasada, fracasó: el Acuerdo Escazú. Aunque el proyecto fue presentado ante la Secretaría del Congreso el pasado viernes, apenas, hasta este lunes, tuvo repercusión en los medios, cuando el primer mandatario asiste a la XXVI Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP26).
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A diferencia del primer intento, este segundo proyecto no llevará mensaje de urgencia. “Desde el Ministerio de Amiente estaremos en cada uno de los escenarios, de los debates, defendiendo esa radicación que se presentó sin mensaje de urgencia, así como fue el compromiso del presidente que, al 30 de octubre, lo estaríamos presentando. El viernes a las 5:00 p.m. fue radicado en el Congreso”, dijo Carlos Correa, ministro de Ambiente, a RCN Radio.
El mensaje de urgencia es una solicitud que solo puede hacer el presidente de turno para que el Congreso, de manera rápida, expedita y prioritaria en la agenda, tramite un proyecto de ley. En vez de cuatro debates regulares, con esta herramienta se reducen a tres, pues las comisiones asignadas, en este caso las segundas, sesionarían y votarían de manera conjunta la propuesta, y las plenarias de Senado y Cámara terminarían el debate para su aprobación.
“Es evidente que el único propósito de radicar sin mensaje de urgencia la ratificación del tratado de Escazú es la de mandar una imagen superficial y falaz sobre el hecho de que este Gobierno tendría una política para contrarrestar los efectos del cambio climático”, opinó el senador Iván Cepeda, del Polo Democrático, sobre la presentación del proyecto, que, en este caso, el Ejecutivo es el único capacitado para hacerlo.
Antonio Sanguino, de la Alianza Verde, recordó que, en el trámite del primer proyecto de ratificación, la bancada de gobierno buscó por todos los medios posibles dilatar la discusión, logrando archivar la iniciativa al no cumplir con la aprobación, en primer debate, en las comisiones segundas de Senado y Cámara. Y este mismo destino le atina al segundo proyecto, aún más cuando no tiene mensaje de urgencia. “Es muy probablemente que el Acuerdo de Escazú ni siquiera inicie su discusión en el Congreso”, opinó el senador verde.
Lea más: Oposición informará a la ONU sobre “incumplimiento del Gobierno con el Acuerdo Escazú”.
Sobre las estrategias de dilación, Cepeda prevé que la bancada de gobierno “buscará hacer nuevas sesiones de difusión y pedagogía sobre el contenido de Escazú. Esto no tiene otro propósito que buscar nuevamente el archivo. Por eso, lo que el Gobierno hace es intentar de manera cosmética presentar una imagen proambientalismo, pero en realidad es una administración que falta a sus obligaciones en un asunto tan estratégico para la humanidad hoy”, concluyó Cepeda.
La senadora de Comunes, Sandra Ramírez, manifiesta que la radicación del proyecto en el marco de la participación del Gobierno en la COP26 es algo meramente cosmético para demostrar que están cumpliendo. “Llegaron al evento y junto radican el Acuerdo de Escazú sin mensaje de urgencia. O sea, como para que digan que trabajan por el medio ambiente, pero sabemos que lo hundirán las mayorías con el aval del presidente. ¡Gobierno hipócrita!”, escribió en Twitter.
Por su lado, el representante uribista y quien fue presidente de la Comisión Segunda de la Cámara, Juan David Vélez, criticó que el Gobierno presentara de nuevo el proyecto. “Error garrafal del ministro Correa al volver a radicar el proyecto de ley que busca ratificar Acuerdo de Escazú. La socialización del acuerdo ha confirmado el rechazo de la totalidad del sector productivo del país y la problemática de riesgo a nuestra soberanía jurídica”, opinó en Twitter.
El Acuerdo de Escazú es un compromiso suscrito por varios países para promover la información, la participación pública y el acceso a la justicia en materia ambiental, con un enfoque de uso sostenible. Además, esta se convierte en una herramienta para la protección de los defensores ambientales en el país.
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Colombia es el país más riesgoso para ejercer el liderazgo ambiental en el mundo, según Global Witness, por eso los defensores del medio ambiente le han pedido al Gobierno ratificar el Acuerdo lo más pronto posible. Contrario a la premisa del representante Vélez, la WWF destacó que “Escazú no atenta contra la soberanía nacional, pues no contiene disposiciones sobre los espacios terrestre, marítimo o aéreo del territorio nacional”.
Aclarado esto, la oenegé ha insistido en la necesidad que “Colombia refuerce las garantías constitucionales asociadas con los derechos de acceso y políticas de sostenibilidad en línea con las disposiciones del Acuerdo de Escazú”.
El proyecto sin mensaje de urgencia debe ser aprobado, en primer debate, antes del 20 de junio de 2022. Si cumple con este trámite, tendrá hasta un año más para su aprobación total.